POLITICA
Jones Huala inició una huelga de hambre en reclamo de “un juicio justo” y condiciones carcelarias “dignas”
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Facundo Jones Huala comenzó esta semana una huelga de hambre líquida para reclamar, según sostiene, por la vulneración de derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno.
A mediados del año pasado, el líder mapuche fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson (Chubut) tras ser detenido en El Bolsón durante un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA). En octubre de 2025, Jones Huala ya había iniciado otra huelga de hambre para exigir un “juicio justo” y el traslado a la Unidad 14 de Esquel, para estar más cerca de su familia.
Ahora, tal como informaron sus abogados, Jones Huala volvió a subrayar esa demandas, además de “condiciones carcelarias dignas, aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), medidas diferentes al encarcelamiento, y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuche”.
A Huala se lo investiga por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. Si bien en la audiencia de junio del año pasado se había definido que Jones Huala permaneciera preso por 90 días, a mediados de septiembre pasado, la Justicia le negó la excarcelación y prorrogó la prisión hasta diciembre. Y en marzo de este año, volvieron a prorrogar la prisión preventiva.
Esta semana, antes de iniciar la huelga de hambre, el líder mapuche envió un escrito al Juzgado Federal de Bariloche en el que explica las razones de su decisión. Según denunciaron sus abogados defensores, “el escrito fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal”.
En la nota dirigida al Juzgado Federal de Bariloche, al jefe de la Unidad Penitenciaria y al Poder Ejecutivo, Jones Huala indicó: “Me dirijo a ustedes en mi condición de preso político mapuche, con el fin de informar que nuevamente inicio huelga de hambre, líquida, de carácter indefinido, con posibilidades de convertirla en huelga seca. En carácter de lonko, autoridad tradicional de mi lof, comunidad, el velar por el respeto a mis derechos políticos y culturales es hacerlo para toda mi gente. No sólo vengo a denunciar la prisión política, sino, y por lo mismo, el agravamiento en las condiciones de detención”.
Además de subrayar que en la cárcel de Rawson “no existen condiciones carcelarias para nadie, menos para presos políticos de la cultura mapuche”, Jones Huala señaló: “En lo cotidiano no existe salida al patio, siendo obligatorio solo una vez por semana cuando quieren, incluso bajo lluvia y por procedimientos de requisa, donde en reiteradas ocasiones rompen pertenencias o hurtan. Dichos patios no tienen acceso a baños y debemos caminar entre orines y excrementos humanos”.
Y continuó: “En lo que atañe a mi cultura, es muy poco lo que se respeta. No puedo usar mi vestimenta, ni realizar mis prácticas más que cuando el servicio lo permite. Están rompiendo mis vínculos familiares y comunitarios, atentando a mi cultura y espiritualidad. No tengo acceso no solo al lawen (medicina), sino tampoco a alimentos mapuche, siendo que no sólo no estoy condenado ni siquiera procesado, aún con conducta diez”.
En tanto, sus abogados añadieron: “Como evidente represalia al inicio de la medida, inmediatamente le comunicaron a Facundo que no se le permitiría concurrir a clases, como lo viene haciendo cotidianamente, y se lo obligó a salir al patio durante el ‘recreo´ que los presos disponen como derecho, pero, desde ya, no como obligación. La razón de estas actitudes (como de la convergencia de fiscalía, juzgado y servicio penitenciario en negarle a Facundo su derecho a estar detenido en una cárcel más cercana a su familia y comunidad en Esquel) es su condición de preso político y su actitud de reivindicación de sus convicciones y de su derechos y los de todos los detenidos”.
Entre las demandas de Jones Huala figuran también la devolución del territorio ancestral a las lof en conflicto; la solución política, no judicial ni represiva, al conflicto histórico; la aplicación del artículo 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional (reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos); así como la intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para solución política acorde.
El líder mapuche también pide que se retire de la lista de organizaciones terroristas a todas las lof y organizaciones mapuche y considera que deben existir protocolos culturales acordes en el sistema penitenciario y toda institución que nos obligan a transitar. También demanda “el cese y retiro de mineras, petroleras, transnacionales y terratenientes del Wallmapu, y la libertad a todos los presos políticos mapuche”.
En julio de 2024, mientras permanecía preso en Chile por una condena impuesta en 2018, Jones Huala inició una huelga de hambre seca. Mantuvo la medida durante más de un mes y su estado llegó a ser de “de extrema gravedad”, según indicaron en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, a unos 35 kilómetros de la cárcel de Temuco. Finalmente, a mediados de agosto de 2024, la Corte Suprema de Chile resolvió que el líder mapuche estaba “ilegalmente privado de su libertad” en el país trasandino (había habido un error en el saldo de pena que le quedaba por cumplir) y dispuso su liberación.
trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson,Paz García Pastormerlo,Conflicto mapuche,Conforme a,,El show de Milei. Pulgares en alto, gestos provocadores y la frase final con la que ratificó a Adorni,,Informe especial. El Banco de España advirtió sobre las “limitaciones” de la economía argentina para los próximos meses,,Informe escrito. Adorni evitó responder sobre su patrimonio y se escudó en su carácter “confidencial”,Conflicto mapuche,,»Tengo que conocer la Argentina». Oona Chaplin: su famoso apellido, su especial viaje a Chile y el rodaje del último capítulo de Avatar,,Detuvieron en Chubut a un miembro de la comunidad mapuche que estaba prófugo,,Tomaron un predio de Parques Nacionales. Condenan a prisión en suspenso a seis mapuches por usurpaciones en Villa Mascardi
POLITICA
Río Negro: La Libertad Avanza obtuvo el reconocimiento partidario y se alista para competir por la gobernación
La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro obtuvo el reconocimiento de la Justicia Electoral como partido político de distrito y se perfila para participar con sello propio en las elecciones provinciales de 2027, además de otras contiendas previstas en el calendario electoral local.
Si bien el principal objetivo es disputar la gobernación, los armadores libertarios anticiparon que también buscarán competir en instancias previas, entre ellas la elección de convencionales constituyentes de Bariloche, prevista para el 1 de noviembre, en la que se reformará la Carta Orgánica municipal.
El senador Enzo Fullone encabeza el armado político de la fuerza y aparece como uno de los principales nombres para la contienda para suceder a Alberto Weretilneck al frente del Ejecutivo provincial.
En el mismo espacio también se encuentra el diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien se afilió a La Libertad Avanza hace pocas semanas. El legislador ya había manifestado en 2025 su intención de competir por la gobernación, aunque dentro del espacio no descartan que pueda integrar una fórmula como candidato a vicegobernador.
La fuerza que lidera Javier Milei desde la Casa Rosada celebró el reconocimiento oficial, que le permitirá competir con sello propio sin necesidad de integrar alianzas o frentes electorales.
Con este aval, además de proyectarse para la elección provincial de 2027, La Libertad Avanza podrá presentar candidatos en los comicios para convencionales constituyentes de Bariloche, convocados para revisar y modificar la Carta Orgánica de la ciudad más poblada de Río Negro.
La resolución fue firmada a principios de este mes por el juez electoral Carlos Da Silva, quien otorgó el reconocimiento y la personería jurídico-política a la fuerza para actuar tanto en el ámbito provincial como en el municipal.
El partido podrá utilizar oficialmente los tradicionales colores violeta y negro y contará con autorización para emplear distintos emblemas partidarios, entre ellos la “peluca” alusiva al presidente Javier Milei, diversas representaciones de un león, además del contorno de un águila y una serpiente.
En su resolución, el magistrado tuvo en cuenta que La Libertad Avanza posee reconocimiento definitivo como partido de distrito a nivel nacional, bajo el registro 174, con autoridades proclamadas y mandato vigente hasta marzo de 2029. La diputada nacional Lorena Villaverde figura como presidenta; el apoderado partidario, Damián Torres, como vicepresidente; y el senador Enzo Fullone, como tesorero.
Más allá de la estructura formal, Fullone es quien conduce el proceso de consolidación y expansión territorial del espacio. “Es el responsable del armado partidario en toda la provincia”, sostienen desde el sector, aunque aclaran que todavía no existe una definición respecto de una eventual candidatura a gobernador.
Si bien Villaverde continúa siendo la presidenta del partido, en el espacio reconocen que, desde la difusión de denuncias vinculadas a presuntas causas por narcotráfico en Estados Unidos, dejó de ejercer la conducción política. De hecho, tampoco participó de la celebración por la obtención del reconocimiento partidario.
Con esta resolución, La Libertad Avanza completó el último requisito legal que le restaba para competir con sello propio en las próximas elecciones de Río Negro.
Según datos oficiales, el partido que a nivel nacional lidera el presidente Javier Milei cuenta con 2.395 afiliados en la provincia y ya tiene aprobada su Carta Orgánica Partidaria.
POLITICA
Piden el juicio político para la vicegobernadora de Mendoza por sus dichos sobre la selección de Francia
MENDOZA.- No cesa la controversia por los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado contra la Selección de Francia al calificarla de “equipo africano de flojos modales”. Después de la carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador galo en Argentina para bajar la tensión, no sólo hubo una denuncia penal en contra de la funcionaria, sino que ahora se presentó un pedido de juicio político para sacarla del cargo.
La solicitud fue realizada por un grupo de dirigentes radicales, distantes del oficialismo provincial, liderado por el abogado mendocino y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, que considera que la número dos del gobierno local tuvo “conducta impropia” e incurrió en “mal desempeño de sus funciones”, causales que contempla la Constitución de Mendoza para el proceso de enjuiciamiento.
El reclamo se suma a otras iniciativas que elevó el justicialismo en la Legislatura para repudiar las polémicas declaraciones de Casado durante el Mundial de Fútbol 2026, además de una denuncia en la Justicia local, que ahora pasó a la órbita federal, impulsada por Alfredo Guevara, abogado de extracción kirchnerista, que la acusó del delito previsto en la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios.
El pedido de juicio político contra la vicegobernadora ingresó en la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, André Lombardi, también presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza y hombre de estrecha confianza del mandatario provincial.
Los denunciantes, entre los que también se encuentra el referente de la UCR y exdiputado nacional Fernando Armagnague, se basaron en el artículo 109 de la Carta Magna local para reclamar el inicio del proceso de juicio político contra la funcionaria. Además, la carta fue suscrita por Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Hugo Estrella Tampieri y José Jorge Chade.
La tensión con el gobierno europeo se acrecentó luego de que la embajada francesa en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a Casado, quien dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”. En contacto con este diario, dijo que no tenía razones para retractarse. Por su parte, el gobernador decidió calmar las aguas y presentar una carta a las autoridades galas donde se diferencia de su vice y cuestiona sus dichos, al considerarlos de “carácter discriminatorio”.
La funcionaria se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero. “Hacen un mundo de todo”, relativizó. De hecho, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, sostuvo que no tuvo comentarios de esas características.
“No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad», respondió la funcionaria mendocina, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”. Asimismo, la vicegobernadora elevó su reclamo a Nadal. “Es lamentable que el embajador considere peyorativo ser africano. Para mí, no es un calificativo racista”, sostuvo.
Los denunciantes que piden el juicio político de la vicegobernadora hacen hincapié en la inconducta evidenciada en las redes sociales, cuando escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. En este sentido, señalaron que se trata de declaraciones que “pintan de manera clara los prejuicios que nutre y manifiesta la segunda autoridad pública de Mendoza, desprestigiando la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”. Es más, en la presentación destacan que la funcionaria no ha pedido las correspondientes disculpas y que incluso continuó con otras expresiones en los partidos siguientes “sin exhibir el recato ni la discreción que debería tener un funcionario de tal nivel”.
Para los radicales que presentaron el pedido de juicio político, Casado provocó “un daño moral y material a la Provincia de Mendoza, a su Gobierno y a sus ciudadanos” y dejó “en ridículo su cargo”, además de poner “en riesgo la cooperación económica con la República Francesa y, por su intermedio, con la Unión Europea”. Asimismo, consideraron que tuvo “desorden de conducta”, obligando al gobernador a dar explicaciones ante el gobierno francés.
El artículo 109 de la Constitución de Mendoza dispone que el gobernador, sus ministros, el vicegobernador, los integrantes de la Suprema Corte y el procurador pueden ser sometidos a juicio político por “mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”. En tanto, la denuncia se basa en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Ley Nacional 23.592 contra actos discriminatorios y la Ley Provincial 4.970.
Ahora resta esperar el tratamiento que se le dé a la solicitud en la Legislatura provincial, con mayoría oficialista, que deberá expedirse por rechazarla o aceptarla. El primer paso, de acusación, lo debe dar Diputados, luego, el Senado realiza el juzgamiento, en ambos casos con los dos tercios de los votos. Aunque a la hora de las voluntades son pocas las posibilidades de que avance el proceso, en caso de que siga su curso podría derivar en la separación del cargo y en la destitución de la vicegobernadora.
“equipo africano de flojos modales”.,dijo que no tenía razones para retractarse.,considerarlos de “carácter discriminatorio”.,Pablo Mannino,Mendoza,Francia,Conforme a
La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital la orden del juez Ariel Lijo que rechazó suspender el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario, en el marco de la investigación por presunta corrupción en el organismo.
El planteo busca frenar la convocatoria para que Spagnuolo aporte una muestra de voz que permita cotejarla con las grabaciones que destaparon el caso.
Los abogados de Spagnuolo plantearon que obligarlo a generar una muestra de voz equivale a forzarlo a declarar contra sí mismo, lo que vulneraría la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación.
Los letrados sostuvieron que la voz no puede equipararse a pruebas materiales estáticas como huellas dactilares o ADN, ya que requiere una acción voluntaria y consciente del imputado.
Además, los abogados recordaron que está pendiente de resolución la presentación realizada para que los audios no sean incorporados como medida de prueba, ya que cuestionaron su autenticidad al sostener que fueron manipulados con inteligencia artificial.
Días atrás, Lijo rechazó suspender el peritaje de los audios y recordó que la medida está destinada a determinar la autenticidad de las grabaciones y que debe avanzar pese a la negativa del imputado a aportar una muestra de voz para su comparación.
En su fallo, Lijo distinguió entre la prohibición constitucional de autoincriminación, que rige para las declaraciones testimoniales o de contenido intelectual, y la obtención de datos biométricos como la voz, equiparables a las huellas dactilares o el ADN. Recordó además que la Cámara Federal ya había ordenado determinar “el origen y la veracidad” de los registros sonoros, y que suspender el peritaje impediría cumplir con esa directiva.
El ida y vuelta con el peritaje
“Los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”, dijo oportunamente a TN el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro. Además, agregó que “más allá de que son falsos, si admito la pericia descarto el planteo de su obtención ilegal, sin autorización judicial”.
Paralelamente, Spagnuolo designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien propuso puntos adicionales a la pericia como verificar la cadena de custodia de los archivos, solicitar información a Google y YouTube sobre el video alojado en el canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones, y determinar si existe integridad en el contenido o si se observan interrupciones o saltos.
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El fiscal federal Franco Picardi había solicitado esa medida como parte del peritaje técnico que la Gendarmería Nacional realizará sobre las grabaciones, a fin de determinar su origen, autenticidad y eventuales manipulaciones.
La Cámara Federal porteña había ordenado peritar los audios tras un planteo de las defensas, que cuestionaban su procedencia y sostenían que podrían provenir de escuchas ilegales o haber sido alterados. El juez Lijo reactivó el procedimiento la semana pasada y dispuso que la fuerza de seguridad realice un análisis comparativo con “material indubitado”, es decir, una muestra de voz del propio Spagnuolo.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Justicia
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