La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento de Constitución donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.

La medida fue dispuesta por los jueces de la Sala IV del tribunal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

El fallo fue dictado en el tramo donde la Justicia pugna por ejecutar los bienes de la expresidenta para cumplir con el decomiso de 650 millones de dólares dispuesto por el tribunal que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. El Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso destinado a hacer efectivo el decomiso de hasta $684.990.350.139,86, según el monto actualizado por los jueces.

El TOF 2 había ordenado el 11 de agosto embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.

Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111 en el que vive Cristina Kirchner, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y distintas localidades de Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.

La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que esos inmuebles no son producto ni provecho del delito investigado en Vialidad y cuestionó que puedan ser embargados para ser decomisados.

También la defensa dijo que Cristina Kirchner podía recurrir pese a que los bienes pertenecen a las sociedades de sus hijos, ya que la afectación patrimonial derivaría de su propia condena.

Argumentó que además uno de los inmuebles embargados es la vivienda en la que reside. Según el planteo, la medida podía conducir a la privación definitiva de los bienes e incluso a quedarse sin el departamento donde vive, por lo que el recurso debía ser equiparable a una sentencia definitiva.

La Sala IV descartó esos argumentos. Señaló, en primer lugar, que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció. Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.

En particular, el tribunal consideró que el eventual perjuicio sobre el lugar donde vive Cristina Kirchner es, por el momento, “meramente eventual y conjetural”, dado el carácter cautelar, patrimonial y provisional del embargo.

Añadió que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a una definitiva, la defensa tampoco demostró la existencia de una cuestión federal suficiente que habilite el pronunciamiento de la Cámara. Por esas razones, concluyó que el recurso de Casación había sido correctamente denegado y no hizo lugar a la queja.

En paralelo, la Cámara de Casación tramita el recurso de casación presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra esos mismos embargos sobre los bienes de Hotesur y Los Sauces. Ambos comparecieron como únicos accionistas de las sociedades y formularon sus propios cuestionamientos respecto de la afectación de esos activos. Resta que se resuelva este último asunto.

El Tribunal Oral Federal N°5 condenó hoy al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso; al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había girado para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados.

El fallo fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con disidencias.

Por tratarse de una condena menor a 3 años y en suspenso, los condenados no irán presos, sino que deberán cumplir reglas de conducta durante el período de la condena.

“Es un absurdo: no se animaron a decir que después de 15 años no cometimos ningún delito. Está probado que no. Esto es Comodoro Py, y no se animaron, después de 15 años, a reconocer el disparate que habían hecho”, dijo Schoklender en la puerta de los tribunales tras el veredicto.

Y abundó: “No se desvió un puto fondo [sic.]”. Mencionó que efectivamente “si se hubiese cometido un delito, aun la pena de 6 años pedida por el fiscal hubiese sido chica. El haber impuesto una pena de 2 años y 8 meses en suspenso —una pena que, salvo condiciones mínimas, no tiene sentido— eso demuestra cómo funciona este sistema”.

“Hay votos en disidencia. No se animaron a reconocer la verdad y absolver. Este edificio es la muestra palpable del sistema judicial argentino”, dijo Schoklender señalando a Comodoro Py 2002.

En la sala de audiencias, durante la lectura de la sentencia, la única reacción de Schoklender al oír la condena fue consultar con sus defensores quién era el juez que votó en disidencia, que lo favoreció. Adrián Grumberg, le dijeron, según se deduce de la sentencia.

El juez Obligado votó también en disidencia respecto a la absolución de De Vido.

El fallo fue leído en el subsuelo del edificio de Comodoro Py 2002 por la jueza Adriana Paliotti, presidente del tribunal. Fue en una sala desangelada, fría, vacía, donde solo estaban los condenados y sus abogados, excepto De Vido, que cumple condena en su casa de Zárate. El tribunal no permitió que los periodistas pudieran estar en el sector destinado al público.

Los jueces absolvieron a los exfuncionarios santiagueños Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, y a los exfuncionarios de Planificación Federal Claudio Freidin y Carlos Castellano.

El fallo no consideró la responsabilidad política de Julio de Vido como ministro al decidir la firma de los convenios de construcción de viviendas sociales.

Los intendentes y gobernadores que firmaron los convenios para la construcción de estas viviendas no eran parte de este juicio porque ya habían sido sobreseídos.

Solo perduraron las acusaciones contra los que ejecutaron el programa, por eso las condenas a López y a los Schoklender.

El caso que llegó a juicio es lo que quedó después de una instrucción deficiente que realizó el entonces juez Norberto Oyarbide, ya fallecido.

La jueza Paliotti con el juez Obligado conformaron la mayoría del tribunal oral para las condenas de López, Fatala, Sergio y Pablo Schoklender. El juez Obligado votó en disidencia en la absolución de De Vido.

El juez Grumberg votó en disidencia la condena a López, Fatala y los Schoklender. Grumberg estuvo de acuerdo con Paliotti en absolver a De Vido.

El veredicto se leyó hoy en Comodoro Py al filo de la prescripción del caso, pues según la fiscalía, este martes se cumplen seis años desde el último acto interruptivo válido y la acción penal habría quedado extinguida.

El tribunal rechazó los planteos de prescripción de las defensas.

El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera, como querellante, habían reclamado la pena máxima prevista para el delito de seis años de prisión, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para De Vido, López, Fatala y los dos Schoklender, a quienes acusaron de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

Para los otros cuatro imputados, considerados partícipes secundarios, el pedido había sido de cuatro años.

El monto del decomiso de 206 millones de pesos será actualizado al momento en que la condena quede firme, con destino a programas de vivienda social.

Los jueces rechazaron los pedidos de nulidad y de prescripción del caso.

El expediente se abrió en 2011, cuando estalló la pelea entre los Schoklender y Hebe de Bonafini, y recién llegó a debate oral el 4 de marzo de este año.

Hubo seis meses de audiencias para una causa que lleva quince años. Se investigó el destino de los fondos que el Estado nacional giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por convenios firmados con el Ministerio de Planificación que conducía De Vido, para levantar viviendas y centros de salud en distintas provincias.

De los casi 748,7 millones de pesos que administró la fundación, la acusación sostuvo que 206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas a los apoderados.

En su alegato, Velasco describió un “plan criminal” diseñado desde el Estado nacional en coordinación con los responsables del programa: las obras se adjudicaron en forma directa, sin licitación, a la fundación, y desde allí los Schoklender derivaron parte del dinero a sociedades propias.

La representante de la UIF, Marianela Teich, habló de una “arquitectura delictiva” montada sobre la contratación pública.

En la audiencia del viernes pasado, el único que hizo uso de sus últimas palabras fue Sergio Schoklender, que defendió la ejecución del programa habitacional y deslizó una ironía dirigida a Cristina Kirchner.

Dijo que no iba a sostener, “como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Fatala y Pablo Schoklender desistieron de hablar.

Hebe de Bonafini estuvo procesada en el expediente hasta su muerte, en noviembre de 2022, y nunca llegó a sentarse en el banquillo.

En 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a otros 25 imputados, entre ellos exgobernadores que firmaron los convenios y la hija de Bonafini, al considerar que las provincias y los municipios habían tenido un rol inerte frente a la exigencia nacional de contratar a la fundación.

Las defensas anticiparon que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal, de modo que ninguna pena quedará firme por ahora y tampoco el decomiso.

Por el desvío de estos fondos queda pendiente un segundo tramo, por lavado de dinero, que sigue la ruta del dinero, pero no están incluidos los Schoklender en ese juicio, pues no existía en ese momento el delito de autolavado.