POLITICA
Juicio del caso Cuadernos: un exdirectivo de Techint admitió haberle pagado cerca de un millón de dólares a la mano derecha de De Vido

Héctor Zabaleta, exdirectivo de Techint, declaró este martes como testigo en el juicio oral del caso de los cuadernos de las coimas y admitió haber realizado seis pagos en pesos a Roberto Baratta que sumaron el equivalente a cerca de un millón de dólares.
Las visitas de Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido, al edificio de Techint en Puerto Madero constan en los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno. Son seis visitas en las que, entre junio y diciembre de 2008, quedaron registrados retiros de “paquetes”.
“Sí, es cierto”, ratificó Zabaleta ante la consulta de la fiscal Fabiana León. “Eran de dinero”, precisó. “Cada entrega estaba en el orden de los 600.000, 700.000 pesos. El total de las entregas, la instrucción que me había dado Betnaza, era que tenía que ser de cerca de un millón de dólares”, sumó el testigo.
“A mí me instruyó entregar esos paquetes Luis Betnaza”, reafirmó, en alusión al también exdirectivo de la compañía, y agregó: “Lo que me pedía Luis y estaba dentro de lo que yo entendía que era lógico, lo cumplía”.
Las situaciones de Zabaleta y de Betnaza, también citado para hoy, son especiales. Por estos pagos a Baratta, ambos estuvieron procesados en la causa, pero su caso recibió un trato diferenciado en un expediente aparte, porque la Justicia entendió que los desembolsos se habían realizado por una situación de emergencia, en un contexto diferente al de los pagos por la obra pública.
Por eso en la empresa resaltan que no se trató de “coimas” sino de “pagos indebidos”.
Los desembolsos se produjeron en medio del conflicto que Techint atravesaba en Venezuela por la expropiación de Sidor, la siderúrgica que estaba bajo su control y que el gobierno de Hugo Chávez decidió expropiar en 2008. En medio de la negociación por la empresa, se había generado un clima de fuerte hostilidad hacia los trabajadores argentinos, cuyo regreso al país tras la expropiación no estaba garantizado.
Los pagos, según la Justicia argentina, se habrían producido en ese marco y con la intención de que el gobierno de Cristina Kirchner, de buenos y fuertes lazos con el de Chávez, intercediera en favor de Techint y lograra la salida de los empleados.
Con este fundamento, en 2020, el juez Marcelo Martínez de Giorgi revocó los procesamientos de Betnaza y Zabaleta y, más tarde, el juez Julián Ercolini los sobreseyó, igual que al CEO de la empresa, Paolo Rocca.
Al inicio de la audiencia, el tribunal le advirtió a Zabaleta sobre su situación y el riesgo latente de autoincriminarse y le recordó que tenía derecho a guardar silencio. El testigo, sin embargo, respondió todas las preguntas formuladas por la fiscalía, la defensa de Baratta y la UIF, que es querellante y es representada por Mariano Galpern.
Zabaleta dio cuenta de la relación de confianza que mantenía con Paolo Rocca; contó que fue apoderado del empresario, que administró un campo suyo en General Villegas y que estuvo al frente de distintas gestiones personales, entre ellas, la compra de un avión.
Negó haberse puesto en contacto con integrantes de Techint durante el periodo que estuvo detenido. Relató detalles sobre los días en los que estuvo detenido y, entre otras cuestiones, que dos teléfonos suyos y un pendrive en donde guardaba información de su día a día en la empresa se perdieron durante la investigación. “En cambio, me devolvieron una laptop que por el número era parecida, pero no era la mía”, sostuvo.
La denuncia de una defensora
El presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le rechazó a la defensa del exfuncionario Baratta el pedido para marcar una presunta “contradicción” entre la declaración que Zabaleta prestó como arrepentido en la causa -durante la instrucción- y la de hoy en el juicio oral.
“Estamos en un caso inédito del señor Zabaleta, inédito para la historia de la Justicia argentina y probablemente del mundo. Tenemos un imputado arrepentido que reconoce delitos y que queda sobreseído en esta misma causa. Pero que esos mismos delitos que él declara como arrepentido se van a usar de cargo porque por esos hechos Baratta llega a este juicio. Inédito”, sostuvo la abogada de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta.
A su pedido, y pese a que Baratta es el único funcionario imputado por estas entregas de dinero, se plegaron otras ocho defensas.
Luego de un cuarto intermedio, el tribunal resolvió por mayoría hacer lugar al planteo y Zabaleta fue confrontado por las supuestas diferencias entre sus declaraciones.
“Cuando Luis me pide que haga esos pagos, yo hablé a la oficina mía del exterior […] y dije que necesitaba en Buenos Aires el contravalor de un millón de dólares, en pesos”, recordó el testigo.
El testigo describió una estructura societaria de múltiples capas vinculada a Techint y explicó que, como apoderado, tenía control sobre cuentas de la compañía en el exterior. Según dijo, para hacerse del dinero exigido echó mano de un fondo en el que se acumulaban dividendos de la empresa. “Me lo dieron a mí y yo lo custodié para pagárselo a Baratta”, declaró.
Negó haber hablado de esos pagos con otros directivos de la empresa y marcó: “En ningún momento Paolo Rocca habló conmigo de eso”.
Las razones
El motivo por el que Techint le habría pagado a Baratta quedó en una zona borrosa con la declaración de Zabaleta. La cuestión es relevante porque la Justicia apartó de este juicio y sobreseyó a los directivos de la empresa al entender que las entregas se realizaron en un contexto distinto al de la obra pública.
“Sabía que [Baratta] era un funcionario de nivel, sabía que era el segundo del ministro De Vido, pero no tenía la menor idea de por qué le estaba pagando. Me bastaba la palabra de Luis Betnaza para pagarle”, dijo el testigo.
En su declaración como arrepentido, en 2018, el hombre -que fue gerente administrativo de la compañía- describió un cuadro de amenazas o presiones por parte de Baratta del que formaba parte la situación de los trabajadores argentinos en Venezuela, pero también la posibilidad de que Techint dejara de recibir en el futuro obra pública por parte del Gobierno.
Este martes relativizó parte de aquellos dichos por las malas condiciones en las que declaró, según dio a entender. Sí contó que percibió como una advertencia que Baratta le dijera que ya sabía qué tenía que hacer con los “tubos” que la empresa tenía en Campana si los pagos seguían siendo en pesos y no en dólares.
Sin embargo, dijo que nunca dio el brazo a torcer, que las entregas siempre fueron en pesos, y que tiempo después a los hechos supo que estas nunca estuvieron atadas a la suerte de Techint en la obra pública, sino circunscritas solo a la emergencia que atravesaban los trabajadores argentinos en Venezuela.
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Sobreseyeron a tres hermanos del ministro Caputo en la causa que investigó el financiamiento de Revolución Federal

El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la causa que investigó, en una de sus líneas, el presunto financiamiento de la familia a Revolución Federal, el violento grupo de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y quedó ligado al atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.
La hipótesis que hoy descartó el juez se apoyaba en pagos que hizo la sociedad Caputo Hermanos a Jonatan Morel, líder del grupo, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería. Para el juez, la investigación no probó que esos desembolsos -por un total de más de 6 millones de pesos, detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF)- hayan sido para financiar las actividades de la agrupación.
El juez dio por acreditado que el trabajo de carpintería existió, que los muebles en cuestión fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento ligado al despegue de la zona por Vaca Muerta.
“Es decir, no se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”, dice el fallo.
Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.
En esta misma causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral a cinco de sus integrantes, entre ellos Jonatan Morel y Leonardo Sosa, acusados por el accionar de la agrupación y las amenazas.
Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, el kirchnerismo mantuvo viva esa hipótesis, dentro y fuera del expediente, apoyado en distintas circunstancias, como que los autores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos condenados- , participaron de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del atentado.
La defensa de los Caputo estuvo a cargo de Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Javier Milei.
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La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM y presentó una denuncia contra Abel Furlán en el fuero penal

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso un giro radical en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ordenó la designación de un nuevo interventor en la seccional Zárate-Campana y de un triunvirato a nivel nacional, que integra Alberto Biglieri, el actual interventor, para administrar y llamar a elecciones con el fin de normalizar la vida interna de la organización gremial metalúrgica.
Al mismo tiempo, trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, al considerar que allí se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.
Para ello, se remitió el informe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde se tramitan las causas en las que se investiga la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar millonarios fondos sindicales.

La sentencia desmenuza el informe presentado por Biglieri, quien describió dificultades “insalvables” para concretar elecciones tanto en la seccional Zárate-Campana como a nivel nacional. La imposibilidad de normalizar con mayor rapidez al gremio derivó en la intervención directa del tribunal, que apunta ahora a una reconfiguración integral de la intervención: designó al abogado Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana de la UOM, desplazando a Biglieri.
En el fallo se subraya que Iglesias “formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notablesy muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno” que su antecesor. La misión que le atribuyen es llamar a elecciones y restablecer la democracia sindical en el menor tiempo posible.
Además, el fallo determinó que la conducción de la UOM a nivel nacional no quedará en manos de un solo interventor, sino de un triunvirato con poder de decisión: estará formado por Biglieri, Iglesias y Ariel Martín Alonso, con iguales atribuciones y rango, y sus “decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría”.

La medida, según la sentencia, busca garantizar gobernabilidad y evitar que “la conducción pudiera presentar –disidencia, ausencia, enfermedad, etc.–” vacío de poder o bloqueos decisorios.
La resolución judicial apuntaría a garantizar el objetivo de la intervención en la UOM debido a que Biglieri tendrá simultáneamente otras tareas vinculadas con su candidatura como titular de una de las listas que participará de las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.

Para fundamentar su fallo, los camaristas Pesino y González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.
El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Contraofensiva de Furlán
La semana pasada, como anticipó Infobae, Furlán presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.
Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.
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Los abogados de Cristina Kirchner anunciarán “información de relevancia” sobre la presentación ante la ONU por la causa Vialidad

Más de un mes después de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner –Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego– brindarán esta tarde una conferencia de prensa en un hotel porteño para “anunciar una información de relevancia” respecto de la estrategia internacional.
Con la “comunicación individual” presentada el 29 de julio, la exmandataria apunta a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales de 2027, en medio de la cruda interna que atraviesa el peronismo. En rigor, una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional reclama que se le levante la inhabilitación para poder competir el año próximo.
Es que Cristina Kirchner fue condenada en el caso Vialidad a seis años de prisión –que cumple de forma domiciliaria en su departamento de San José 1111– y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó la última queja de la defensa.
Además del intento de revertir la inhabilitación, la presentación incluye otras dos medidas cautelares que pretenden relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y modificar la composición de la Corte con el argumento de que no puede tener solo tres jueces.
La resolución final del Comité adopta la forma de una “recomendación” al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.
El anuncio de las novedades respecto de la presentación en Naciones Unidas llega un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.
Tal como lo hicieron tras el anuncio original de la estrategia, Beraldi, Valim y Borrego, los tres abogados al frente de esta presentación, encabezarán hoy la rueda de prensa. Beraldi es el abogado que llevó la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad, mientras que Valim y Borrego se sumaron recientemente al equipo de abogados en tren de encarar la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la conferencia de prensa pasada, Beraldi señaló que la Justicia condenó a “una persona inocente” por un delito que “de ningún modo pudo cometer”, mientras Borrego consideró que en el proceso hubo “tantísimas violaciones y arbitrariedades”.
El brasileño Valim, profesor universitario especialista en “lawfare”, participó de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien acudió al mismo Comité en 2016 tras su condena por corrupción. Su presentación fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión. No obstante, la decisión llegó cuando la sentencia en su contra ya había sido anulada por la justicia de Brasil.
Por su parte, el español Borrego es exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Participó de un congreso organizado por Vox –en el que protagonizó una polémica al simular ser una mujer llamada “Francisca Javiera”– y presentó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, dos referencias de la ultraderecha europea.
Candidatura
La estrategia internacional de Cristina Kirchner reactivó la esperanza de La Cámpora respecto de una candidatura presidencial de su jefa política en 2027. La organización que comanda Máximo Kirchner agita un operativo clamor por su postulación. El diputado nacional advirtió que su madre “se prepara y por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos”.
La propia Cristina Kirchner publicó aquel 29 de julio una carta que cerró con una frase que entusiasmó a sus seguidores: “Muy pronto volveremos a encontrarnos”.
Tal como reconstruyó tras la presentación ante la ONU, todos los sectores del peronismo asumen que la jugada internacional –si no prosperara a nivel judicial– podría volver a ubicar a la expresidenta, al menos, en la mesa de negociaciones.
Respecto de una eventual voluntad de participación de la expresidenta en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la defensa planteó una interpretación técnica sobre el alcance de la inhabilitación.
“¿Las elecciones primarias son para ocupar un cargo público? No. Son elecciones preparatorias de las futuras elecciones. Entonces se podría presentar”, sostuvo Borrego. Sin embargo, ante la repregunta puntual sobre esa postulación, Beraldi matizó la postura y dijo que está sujeta a cómo avance el proceso “en el plano internacional”.
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