Desde el 20 de mayo, cuando se firmaron los dictámenes del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza intensificó las negociaciones para reunir los votos necesarios. En ese camino, introdujo modificaciones a la iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de destrabar su aprobación.

El oficialismo buscará avanzar este jueves al mediodía en la Cámara Alta, aunque algunos senadores aliados de la Unión Cívica Radical todavía reclaman cambios en varios capítulos del texto.

Para construir la mayoría, el Gobierno espera sumar a sus legisladores el respaldo del PRO, la UCR y de bloques provinciales vinculados con gobernadores aliados.

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El temario fue acordado el martes de la semana pasada entre la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Para la bancada libertaria, este proyecto fortalece la seguridad jurídica e impactará en la producción y en el desarrollo de nuestro país. El senador Pablo Cervi afirmó a TN: “Se busca brindar previsibilidad y reafirmar un principio fundamental: quien trabaja, ahorra, invierte o produce debe tener la certeza de que el fruto de su esfuerzo estará protegido. Se trata de crear las condiciones para que más argentinos se animen a invertir, emprender, producir y generar trabajo”.

Entienden que el derecho a la propiedad privada está establecido en la Constitución Nacional desde hace más de 170 años. El legislador por Neuquén agregó que “la experiencia demuestra que cuando la propiedad privada se relativiza, también se debilitan la confianza, la inversión y las posibilidades de crecimiento. Por eso esta ley no crea un derecho nuevo: lo fortalece, brinda reglas claras y da mayor previsibilidad a quienes producen y apuestan por el país”.

El resto del temario

Además de la iniciativa sobre la propiedad privada, la Cámara Alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y una treintena de pliegos de integrantes del Poder Judicial. Entre ellos se encuentra la extensión por cinco años del mandato del camarista del fuero laboral Víctor Pesino, que requiere el aval de la Cámara alta para continuar en su cargo antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio.

El juez Pesino fue quien habilitó la implementación de la Ley de Reforma Laboral, rechazando el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dejó sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral.

La agenda también incluye un proyecto de las senadoras Beatriz Ávila, del bloque Independencia, y Sandra Mendoza, de Convicción Federal, que proponen declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La iniciativa incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa se discutió en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. No obstante, fuentes parlamentarias no descartan que el articulado sea revisado durante su tratamiento en el recinto este jueves.

Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación de los denominados “desalojos exprés” para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma faculta al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste caución juratoria.

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El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.

En materia ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) en 2020, que impedía durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.

El senador Bartolomé Abdala, presidente provisional del Cuerpo, señaló a TN que “este proyecto va a generar estímulo para invertir en Argentina, que saca las trabas que tenía la ley anterior y que tiene libertad y espontaneidad que se necesita en este momento; por eso este tipo de reformas en nuestro país van a servir para potenciar su nivel de producción en los distintos ámbitos agrícolas, forestales, ganaderos, mineros tecnológicos”.

Y agregó: “Tenemos un país extenso, muy rico en geografía, pero debemos desarrollarlo y esta ley claramente va a ayudar en ese aspecto esencial de la Argentina, además de fortalecer el federalismo de las provincias”.

Senado, sesion, propiedad privada

El exsenador Edgardo Kueider apelará la sentencia que lo condenó por contrabando en grado de tentativa en Paraguay y dilata así su vuelta a Argentina, donde enfrenta dos causas judiciales más.

Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por intentar ingresar al país con más de 200 mil dólares sin declarar, ocultos en una mochila. Su pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y 10 meses en las mismas condiciones.

La defensa del entrerriano confirmó que interpondrá el recurso de apelación contra esa sentencia. Mientras tanto, ambos permanecen bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en un departamento de Asunción.

Con esta decisión, la estadía de Kueider y Guinsel en Paraguay se extenderá más allá del tiempo establecido en la condena. El exfuncionario enfrenta una segunda causa en el país vecino donde, con Guinsel, fueron procesados por lavado de activos.

En ese expediente se investiga la compra de seis departamentos y cocheras en el complejo Las Mercedes de Asunción a través de supuestos testaferros paraguayos. Las penas previstas para este delito oscilan entre cinco y 10 años de prisión efectiva. Las propiedades ya fueron embargadas como medida cautelar.

La situación de Kueider en Argentina

En Argentina, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider hace casi un año, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Fiscalía paraguaya dio su conformidad, pero condicionó la extradición a que el exsenador resuelva primero todas sus causas pendientes en ese país. Mientras tanto, la Cámara Federal de San Martín confirmó el rechazo a la eximición de prisión pedida por la defensa, por lo que, de pisar suelo argentino, Kueider quedaría detenido de inmediato.

Existe además un conflicto de competencia en la Corte Suprema entre la causa federal y otra radicada en Concordia, Entre Ríos.

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En este escenario, Kueider se encuentra así atrapado en un doble frente judicial. En Paraguay debe agotar la apelación del contrabando y enfrentar el juicio oral por lavado; en Argentina lo esperan procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Las fianzas impuestas —300 mil dólares en la causa de contrabando y un terreno valuado en unos 83 mil dólares en el expediente de extradición— refuerzan las medidas cautelares que lo mantienen bajo control en Asunción.

Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia