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POLITICA

Kicillof fue a la Corte para una audiencia con el Gobierno por una deuda de la Anses

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Este martes, desde las 11, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a recibir a representantes de los gobiernos nacional y bonaerense en la segunda audiencia convocada para tratar el pedido de una deuda de $2,2 billones que la administración del gobernador Axel Kicillof le exige a la del presidente Javier Milei.

Se trata de fondos por transferencias de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a la caja previsional provincial. Kicillof se presentó en los tribunales, a diferencia de la primera reunión que se realizó por el tema, el 17 de marzo, cuando estuvo representado por funcionarios.

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El encuentro en la Corte está pautado desde el 17 de marzo, cuando se realizó la primera audiencia convocada por el máximo tribunal para forzar un diálogo entre los gobiernos nacional y provincial, que sostienen un fuerte enfrentamiento.

En la primera audiencia, que se realizó ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, se definió la cita para el nuevo encuentro que se desarrolla esta martes. El máximo tribunal exigió que, para la audiencia de hoy, ambas administraciones hayan concretado intercambios de información. En la reunión, deben informar “acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo”.

Kicillof, en los tribunales de la calle Talcahuano, junto a Hernán Gómez (fiscal de Estado bonaerense), Pablo López (ministro de Economía provincial) y Santiago Pérez Teruel (asesor general de la Gobernación)Fabián Marelli

El gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que el gobierno nacional afirma que no está finalizada.

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Ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, en la primera audiencia, el gobierno provincial estuvo representado por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel, y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. Por el gobierno nacional, asistieron el secretario legal y técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica de esa dependencia, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.

En la audiencia del mes pasado, se especificó que el Instituto de Previsión Social; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia deben intercambiar información con la Anses.

En marzo de 2024, con el decreto 280, el gobierno de Milei suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo ese año. Esos artículos establecían cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, que dejaron de recibir el dinero.

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Roberto Baradel, del gremio SutebaSUTEBA

El lunes, el gremio docente Suteba -que conduce Roberto Baradel, un aliado de Kicillof- marchó a sedes de la Anses en la provincia de Buenos Aires, junto a representantes de otros sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense y de otros rubros. En un comunicado, el Suteba informó que se manifestó “para exigir la inmediata devolución de los fondos retenidos por el gobierno nacional, pertenecientes al Instituto de Previsión Social y a los trabajadores bonaerenses”.

“Ante esta situación y en la antesala de la audiencia que la Provincia y Nación mantendrán el martes 21 de abril en la Corte Suprema de Justicia, denunciamos que el gobierno nacional y la Anses están violando la normativa vigente al interrumpir las transferencias. Este accionar irresponsable encubre un objetivo mayor: avanzar sobre las condiciones de acceso a la jubilación, poniendo en riesgo los derechos adquiridos de los jubilados y de los que se jubilarán”, se subrayó en el comunicado del gremio docente difundido ayer.




Administración Nacional de Seguridad Social (Anses),Axel Kicillof,Anses,Javier Milei,Conforme a,,Discapacidad. Lugones propone nuevos cambios y reaviva un conflicto con alto costo político para el Gobierno,,»Una misma causa». Milei fue condecorado por el presidente de Israel y ratificó una alianza sin cuestionamientos,,Ante el fiscal. La dueña de la inmobiliaria declaró que el departamento de Adorni estuvo publicado en US$375.000,Axel Kicillof,,»Profunda crisis social imperante». Mario Ishii pidió declarar la emergencia alimentaria en Provincia y abrió fuego interno contra Kicillof,,»Obligación provincial». El Gobierno negó tener responsabilidad en el recorte de programas alimentarios de PBA,,Conflicto con Nación. Kicillof va a la Corte y se pone a la cabeza de la demanda bonaerense por la deuda de la Anses

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El gobernador de Misiones irá a la Justicia para frenar la venta de tierras sin límites a extranjeros

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó este viernes al Fiscal de Estado provincial a iniciar las acciones judiciales que correspondan para resguardar los derechos e intereses de la provincia frente a la eliminación de las restricciones nacionales para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El fallo de la Corte deja a Misiones en situación de “desprotección y vulnerabilidad” y el DNU 70/23 “lesiona la integridad territorial” de su provincia, evaluó Hugo Passalacqua al dictar la medida. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, agregó.

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El efecto práctico de esta instrucción es que la Fiscalía de Estado se opondrá en caso de que exista una venta de tierra en zona de frontera misionera. Misiones es la primera provincia que toma una medida directa para evitar los efectos de la derogación de la ley de tierras que fija límites a la adquisición por parte de no residentes.

El Gobernador consideró que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa “C.E.C.L.M.” tuvo como consecuencia la “inmediata vigencia del artículo 154 del DNU N° 70/2023”. Esto dejó a la provincia “en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras”.

Asimismo, sostuvo que la vigencia del DNU 70/23 “impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia”.

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Esto se debe a que altera de forma sustancial “las reglas normativas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial”. Asimismo, “lesiona de forma directa la integridad territorial, el control de los recursos naturales, cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras”.

“Resguardar los derechos de Misiones”

La provincia de la tierra colorada es el distrito con mayor porcentaje de áreas rurales en manos de extranjeros. Passalacqua explicó en X que tomó la decisión fiel a la postura que “siempre sostuvo en defensa del territorio y recursos naturales”.

El mandatario señaló que su provincia tiene “el 90% de frontera internacional” con Brasil y Paraguay. Y también “una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro”. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, sentenció.

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Los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz

El decreto 1935, dictado hoy, ordena al fiscal de Estado Eduardo Duarte “ejercitar, en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas, las acciones y defensas que pudieran corresponder para hacer valer y defender los derechos e intereses del Estado Provincial que pudiesen encontrarse afectados o vulnerados por la derogación de la Ley 26.737 efectuada por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023”.

El fallo de la Corte

El máximo tribunal sin efecto un fallo que había frenado el DNU 70/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La Corte consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.

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Tras el escándalo por su decisión, los vocales del alto cuerpo emitieron un comunicado en el que informaron que en el caso se decidió “un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

“La sentencia no afecta a otras medidas cautelares que están en trámite con el mismo objeto y toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, puede peticionar una medida cautelar, que esta decisión no impide”, resaltó.

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Ante la polémica, la Corte Suprema aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras

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Ante la polémica, la Corte Suprema de Justicia aclaró que no falló sobre la validez del régimen de tierras y que se limitó a una cuestión procesal. “La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, remarcaron.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, el máximo tribunal cuestionó a quienes promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.

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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkantz y Ricardo Lorenzetti aclararon que “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema”.

Además, que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”, y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.

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Elecciones en Brasil: Milei bajó la intensidad de sus ataques a Lula, pero apuesta al triunfo de Bolsonaro

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El ruido más fuerte se apagó hace ya casi dos meses. Luego de apoyar, en la convención del Partido Liberal de San Pablo, la candidatura presidencial de su aliado Flávio Bolsonaro y atacar con insultos a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei se llamó a silencio, y espació su respaldo al rival del mandatario brasileño en las elecciones del próximo domingo.

Más allá de su decisión de no inmiscuirse de modo directo durante buena parte de la campaña -desde el Gobierno evitaron explicar las razones- Milei y todo el gobierno estarán atentos a los comicios del domingo, que podrían comenzar a definir si el país más grande del continente y socio principal del Mercosur se suma o no a la “ola azul” de gobiernos de derecha, o si permanece como un bastión de la izquierda, lejos del eje que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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“Hubo una decisión del Gobierno de no complicar más las cosas, aunque con Milei nunca se sabe”, coinciden desde el Palacio San Martín e Itamaraty, la diplomacia brasileña. Con el vínculo reducido por decisión de Brasilia al nivel de encargados de negocios, y los embajadores de ambos países esperando instrucciones para regresar a sus puestos, los contactos institucionales continúan, pero está claro que la relación entre Milei y Lula ya no tiene retorno. “A nadie le conviene que esto escale. Ni a los empresarios, ni a los gobiernos”, contó otra fuente que conoce de primera mano el vínculo bilateral.

De todos modos, Milei volvió a atacar a Lula, sin la repercusión de episodios anteriores. En una entrevista con el diario francés Le Point, publicada esta semana, Milei volvió a acusar de “ladrón” a Lula da Silva, y expresó “grandes esperanzas de que mi amigo Flávio Bolsonaro gane las elecciones presidenciales de octubre para llevar adelante el saneamiento liberal indispensable”. “¡Lula es un ladrón! Salió de prisión gracias a un vicio de forma administrativa orquestado por un juez cómplice”, afirmó Milei durante la entrevista en relación al presidente brasileño, a quien no ve desde la cumbre de presidentes del Mercosur, en diciembre pasado, en Foz de Iguazú.

Metido de lleno en la campaña por su reelección, en la que eligió a Trump como principal rival, Lula no le contestó directamente a Milei, y sólo aludió al “complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina” que se sumaron al Escudo de las Américas impulsado por el presidente norteamericano. “Milei no tuvo influencia en esta campaña, Lula prefirió pelearse con Trump”, afirmó a este diario el periodista de Folha de San Pablo, Ricardo Della Coletta.

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“A nivel técnico se sigue trabajando y mucho”, contesta una voz autorizada de la gestión libertaria. El (¿ex?) embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, a quien Brasil echó a principios de agosto, participó durante el fin de semana de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolló en la Rural, con la esperanza de regresar a Brasilia, cualquiera sea el resultado de la primera vuelta electoral. Lo mismo ocurre con Julio Bitelli, el embajador de Brasil en Buenos Aires, que aguarda nuevas instrucciones a partir de que el panorama electoral comience a aclararse.

Las asperezas, con todo, siguen ganando la batalla. El 8 del mes pasado, y según pudo saber este diario, los hermanos Milei dieron la orden a sus funcionarios de no concurrir a los festejos por la independencia de Brasil, organizados en el Teatro Colón. Ningún alto funcionario argentino concurrió a la cita, salvo el sherpa argentino en el G20, Federico Pinedo; el diputado nacional karinista Sebastián Pareja y la ex canciller Diana Mondino, que parecían no haber sido avisados sobre el veto presidencial. “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, dijo entonces con tono tranquilo pero crítico Eduardo Uziel, el encargado de Negocios de Brasil en Argentina, en aquel festejo.

Unos días antes, la presencia de representantes brasileños del Mercosur en la reunión del Grupo Mercado Común en el Palacio San Martín (trataron el acuerdo comercial y de inversiones con Vietnam) representaba una señal de “normalidad” en el vínculo, al menos en lo que hace a la agenda del bloque regional. La posterior reunión de cancilleres del Mercosur, en Montevideo, fue otro paso adelante en el camino de la lenta reconstrucción del vínculo, aunque la desconfianza mutua entre Milei y Lula da Silva siga vigente, y lo estará al menos hasta que las urnas decidan (en la primera vuelta o en el ballotage, el 25 de octubre) si el actual presidente o su desafiante derechista será el interlocutor del país en los próximos años.

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La falta de interlocutores del Gobierno con la gestión de Lula da Silva convierte a la elección en una apuesta a todo o nada por Bolsonaro. Una situación que Milei repetirá en otras elecciones clave, como la de Israel- su aliado Benjamín Netanyahu se jugará su continuidad el 27 de este mes, y no hay lazos con sus opositores-o la legislativa de Estados Unidos, donde Milei apuesta sin dobles lecturas al triunfo de los candidatos de Trump, y no tiene prácticamente contactos con el partido Demócrata.

“Para la Argentina, el resultado no es neutro en el plano político: un nuevo mandato de Lula prolongaría la distancia con la Casa Rosada que caracterizó los últimos años, mientras que un triunfo de Bolsonaro abriría una etapa de mayor afinidad con el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el comercio bilateral se mantiene firme pese al enfriamiento diplomático, porque responde a una lógica productiva, con el intercambio automotriz como columna vertebral, que los vaivenes de la política no alcanzan a alterar”, sostuvo Gustavo Pérego, director de la consultora Abeceb que encabeza el exministro de Trabajo macrista Dante Sica.




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