POLITICA
Denunciaron al juez que suspendió la aplicación de la reforma laboral: por qué piden que sea sancionado con prisión e inhabilitación

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) denunció penalmente al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, acusándolo de cometer abuso de autoridad por haber dictado una medida cautelar que suspendió la aplicación de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral en todo el territorio argentino. Según la denuncia, Ojeda actuó en contra de la Constitución Nacional y de leyes expresas y su resolución generó un fuerte impacto institucional, afectando a millones de contratos de trabajo.
El escrito, firmado por Juan Méndez como presidente del MEAB y presentado con el patrocinio del abogado Pablo Abdón Torres Barthé, se formalizó en la Justicia Federal este martes y allí se sostiene que el juez Ojeda hizo uso indebido de sus facultades al intervenir en un expediente iniciado por la CGT que buscaba declarar inconstitucional la nueva ley laboral.
Según la denuncia, el 30 de marzo de 2026, Ojeda resolvió —mediante una medida cautelar— suspender la vigencia de buena parte de la Ley 27.802, otorgando efectos federales inmediatos a esa decisión. El fallo alcanzó a puntos que ni siquiera habían sido cuestionados por la CGT en su demanda, como los artículos 3, 25 y del 59 al 77, entre otros, ampliando de oficio el alcance del litigio y privando al Estado Nacional de la oportunidad de defenderse sobre esas cuestiones.

El denunciante remarca que la cautelar fue dictada con “una celeridad llamativa”, a pocos días de presentada la demanda y sin esperar siquiera el plazo para la contestación prevista en la Ley N° 26.854, que regula los procedimientos de medidas cautelares en los que interviene el Estado nacional. Esta premura, advierte, contrasta con el “grosero atraso” que caracteriza normalmente ese juzgado, donde más de 100 causas tienen sentencias demoras “largamente vencidas”.
En palabras de Méndez, “la resolución dispuso la suspensión de artículos que la propia actora no había incluido en su petición cautelar”, por lo que “esta extensión de oficio y sin petición de parte configura, por sí sola, una vulneración objetiva del principio de congruencia y del derecho de defensa del Estado Nacional demandado”.
Siete días después, el 6 de abril de 2026, el mismo juez revocó —por propia iniciativa— la suspensión de uno de los artículos alcanzados, el número 55, alegando haber realizado un “nuevo análisis” a partir de un “estudio de campo” producido por la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina. La denuncia subraya que este informe nunca fue incorporado formalmente al expediente ni comunicado a las partes, lo que implica, según el denunciante, “un absoluto desmanejo de las formas procesales”.

Este accionar secuencial —primero la suspensión cautelar con efectos generales, luego la revocación parcial sin intervención de las partes— es presentado por el MEAB como un patrón de “actuación precipitada que pone en evidencia que la resolución original se adoptó sin el análisis que la magnitud de la decisión demandaba”.
La presentación judicial enfatiza: “Esa precipitación es uno de los elementos que permite inferir, con sólidos fundamentos, la conciencia del magistrado sobre la ilegalidad de su propio accionar”.
La denuncia apunta a que el juez Ojeda incumplió el artículo 248 del Código Penal de la Nación, que sanciona con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial al funcionario público que dictare resoluciones contrarias a la Constitución o leyes nacionales. El eje de la presentación del MEAB está en la conciencia del acto prohibido: se sostiene que el magistrado era plenamente sabedor de los límites que su función le imponía, especialmente por precedentes de la Corte Suprema.

La denuncia cita el fallo “Thomas” de la Corte como doctrina consolidada que prohíbe suspender la vigencia de leyes con efectos generales, mucho menos de forma cautelar. Agrega que el juez “no sólo no conformó su decisión a la doctrina de la Corte, sino que falló en contra de la jurisprudencia dictada en concordancia con la doctrina del fallo Thomas”.
El documento ahonda en que el fallo de Ojeda transgredió varios artículos de la Constitución Nacional, entre ellos: el artículo 1, que consagra la separación de poderes y la forma federal; el artículo 75, inciso 12, que otorga al Congreso la potestad de dictar leyes laborales; el artículo 116, que limita la función de los jueces federales al caso concreto y el artículo 18, que garantiza el derecho de defensa y el debido proceso. Sobre este último punto, el denunciante advierte que la extensión de oficio de la cautelar a artículos no peticionados es una violación objetiva al derecho de defensa: “El magistrado denunciado suspendió normas que nadie le pidió que suspendiera respecto de las cuales el Estado demandado no tuvo oportunidad de producir descargo alguno”, afirma el escrito.
La denuncia destaca también la violación de la Ley N° 26.854, enfatizando que: Ojeda no verificó ninguno de los cinco requisitos acumulativos legalmente exigidos para suspender actos legislativos (como la existencia de perjuicios graves de imposible reparación, o que la suspensión no cause efectos irreversibles).
Además, el juez aceptó que la CGT presentara una mera declaración jurada en vez de la caución real exigida para entidades no vulnerables, lo que consideran “una distorsión grosera del texto legal”, y dictó una resolución que suspendió 48 artículos de la ley con muy escasa fundamentación (“no más de un párrafo de análisis por cada artículo”, resaltan en la denuncia).

En la denuncia se resalta otra anomalía: Ojeda fundamentó parte de su revocación en un “estudio externo” sin validez procesal, violando artículos del Código Procesal Civil y Comercial que regulan la prueba pericial y las medidas “de mejor proveer”.
La presentación afirma que la concatenación de hechos y la notoriedad de los precedentes judiciales descartan la posibilidad de un error. Entre los elementos de convicción enumerados para sostener el dolo, se remarca que el precedente Thomas lleva más de 15 años de vigencia y es de notorio dominio en la justicia laboral. Dice que la Ley N° 26.854 es clara en sus requisitos y su texto no admite “interpretaciones” como las ejecutadas.
La ampliación de la cautelar a artículos no pedidos por la CGT fue una decisión deliberada, a juicio de Méndez. La autocorrección parcial en la resolución posterior evidencia conciencia de que el fallo previo era irregular.
La acusación resume: “La corrección posterior, lejos de borrar la ilicitud original, la confirma. Resulta evidente que si el magistrado necesitó corregirse a sí mismo a los siete días, es porque sabía —o debería haber sabido al momento de dictar la medida— que su resolución era jurídicamente insostenible”.
El escrito denuncia que la suspensión de la ley generó una “incertidumbre jurídica” que afecta tanto a empleadores y empleados como a todo el sistema laboral. Añade que Ojeda, siendo juez ordinario de la ciudad de Buenos Aires, emitió una cautelar con efectos nacionales como si fuera un juez federal, agravando la violación del sistema federal.
A esto se suma que existía ya un pedido de inhibitoria pendiente en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, lo que, de acuerdo con el MEAB, debió haber frenado cualquier decisión de semejante alcance hasta tanto se resolviera esa cuestión de competencia.
Petitorio y pruebas ofrecidas
La denuncia solicita que se abra formalmente la investigación penal contra Raúl Horacio Ojeda, instando a la Justicia a requerir toda la documentación del caso, los antecedentes laborales del magistrado y a que eventualmente se aplique la pena de prisión e inhabilitación prevista por el Código Penal en su artículo 248. El expediente incluye como prueba tanto las resoluciones cuestionadas como el expediente completo y otros elementos relevantes vinculados a la causa.
El denunciante reserva además la posibilidad de ampliar la calificación legal a la figura de prevaricato (fallo dictado a sabiendas en contra de la ley), lo que podría agravar la situación judicial del juez denunciado en caso que así lo determine la investigación sobre este tema.
POLITICA
Los planes del Gobierno para acelerar la gestión y los intentos por aplacar la interna

Pese a la tensa calma que atraviesa el Gabinete tras la ensayada tregua en la interna entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem —del riñón de Karina Milei—, el Gobierno despliega nuevos intentos por intensificar la gestión, empantanada durante los últimos tres meses, y a imprimirle celeridad en la resolución de conflictos de cada ministerio.
Con algo más de aire en los últimos días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolvió retomar las reuniones de seguimiento con los equipos de las nueve carteras tras detectar demoras en la resolución de problemas que marcan la diaria. Además, tiene intenciones de recuperar la idea de fijar objetivos globales. “La intención es que sean a largo plazo para que puedan cumplirse independientemente a futuro”, argumentaron desde el entorno del funcionario.
El pasado miércoles, el ministro coordinador recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) junto a su equipo en el salón de los Escudos, y el viernes continuó con Juan Bautista Mahiques (Justicia) en lo que configuró las primeras reuniones de trabajo de la nueva tanda. Este martes continuará la serie con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa) en un encuentro conjunto.
Se trata de una política que adoptó el exvocero al asumir su nuevo cargo para dinamizar la comunicación entre los ministerios, pero que debió suspender, asediado por los movimientos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. “Hicimos un repaso de prioridades 2026 y ejes 2027. Son cosas que venimos hablando de forma cotidiana. Tenemos un diálogo muy fluido con Jefatura”, sostuvo uno de los asistentes a este medio.

En ese contexto, en Balcarce 50 aspiran a que la calma interna, con aires de triunfo para el asesor, se traduzca también en una reactivación de la dinámica de gestión y de la agenda parlamentaria. Luego de la reunión de Gabinete y de mesa política, el Poder Ejecutivo envió al Congreso la Ley de Sociedades Comerciales, diseñada por Sturzenegger, que busca habilitar la creación de empresas gestionadas por inteligencia artificial. Además, tiene intenciones de avanzar con un proyecto que introduzca cambios en Inocencia Fiscal.
Como contó este medio, el próximo jueves 4 de junio, el oficialismo buscará tratar en la Cámara de Senadores un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y algunos pliegos judiciales ya dictaminados.
Sin embargo, el Congreso aún acumula una extensa lista de iniciativas pendientes. Entre ellas figuran los proyectos de salud mental, Hojarasca, falsas denuncias, financiamiento universitario, etiquetado frontal, zonas frías y la postergada reforma política, además de las iniciativas vinculadas al fraude en pensiones por invalidez, la ley de lobby, el Súper RIGI y el PCT. “De todo lo enviado, las prioridades son reforma electoral, lobby, super RIGI y etiquetado frontal”, sintetizó ante Infobae un integrante de la mesa política encargada de definir la hoja de ruta legislativa.
Aunque la agenda parlamentaria vuelve a mostrar movimiento, dentro del oficialismo persiste la preocupación por el efecto que las tensiones internas podrían tener sobre la gestión. Algunos funcionarios creen que el conflicto ya impacta en el funcionamiento cotidiano del Gobierno desde hace meses. Con ese temor, le reclaman la intervención del presidente Javier Milei, que se niega a laudar, y que este martes participará del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Tras la baja del riesgo país, que se ubicó en los 493 puntos básicos, y la aceleración de las compras de reservas por parte del Banco Central, la administración transita una leve mejoría. En paralelo a los esfuerzos por intentar recomponer la dinámica, Adorni enfrenta además los movimientos en la causa judicial que lo involucra. Esta semana deberá terminar de definir la fecha para la presentación de su declaración jurada, reclamada por la senadora Patricia Bullrich. “Ni Bullrich ni Villarruel lo van a apurar”, sostuvo una fuente inobjetable.
Mientras tanto, la cúpula de poder se prepara para convocar a una nueva reunión de Gabinete, que podría tener lugar la próxima semana, en la que, bajo el argumento de “cuestiones de temario”, se limitarían solo a la plana del Ejecutivo, lo que significaría la exclusión de Bullrich y Martín Menem de esa edición.
A poco más de una semana del inicio del Mundial, en el oficialismo se esperanzan con que la fiebre mundialista aplaque las diferencias y apacigüe la situación judicial del jefe de Gabinete, quien promete que oficializará el detalle patrimonial antes del 15 de junio. “No creo que genere mucho impacto, aunque algo de mediatización va a tener. El Mundial barre con todo”, sostuvo un funcionario ajeno al equipo de Adorni.
El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá también funciona como una suerte de marcador temporal para La Libertad Avanza, que posterga hasta su finalización las definiciones electorales rumbo a las presidenciales de 2027. Mientras tanto, la actividad de gestión comienza a recuperar movimiento, aunque en el oficialismo admiten que el verdadero interrogante sigue siendo político: cuánto durará la tregua entre los principales actores del poder y si alcanzará para sostener la reactivación que el Gobierno intenta poner en marcha desde hace semanas.
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POLITICA
Los libertarios se preparan para una semana con comisiones y recinto en el Senado mientras esquivan leyes sin votos

Tras una semana con legisladores de viaje y un feriado que le sirvieron de excusa perfecta al oficialismo senatorial, que comanda la porteña Patricia Bullrich, para hacer la plancha y evitar inconvenientes, la Cámara alta tendrá 72 horas de abultada actividad y una casi segura sesión entre mañana y el jueves, aunque sin proyectos rutilantes. La única prioridad es que el recinto vote y gire rápido a Diputados un acuerdo entre el Estado argentino y dos holdouts por USD 171 millones, que se vencerá al término del corriente mes.
La confirmación de la sesión recién se consumará en las primeras horas del miércoles -11-, cuando se lleve a cabo la reunión de Labor Parlamentaria entre los diferentes jefes de bloque, en el despacho de la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Además de la iniciativa mencionada, La Libertad Avanza (LLA) pretende aprobar la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Desde la oposición “friendly” le desplumaron el texto a Bullrich, que se quedó sin herramientas ni ideas, y ante una Casa Rosada que sigue de cerca esta mecánica de curiosas concesiones. Aún resta saber si los pliegos judiciales dictaminados aterrizarán en el recinto, luego de las recientes tropelías del oficialismo en relación con esta cuestión. En vez de soluciones, nacen problemas creados por los propios libertarios.
La administración central se ve favorecida aún por las nulas intenciones de los aliados en cuanto a reingresar en una batalla con el Ejecutivo. Y con un cristinismo quebrado. No obstante, ciertos semáforos amarillos empiezan a agolparse, tras la palabra incumplida por Balcarce 50 -también de Bullrich- a varios dialoguistas. En algunas ocasiones, pocos son los que entienden a qué juega LLA. Ni hablar de sus internas. Casi todas, con dosis de humo a la vista.

Parte de la lógica libertaria: la comisión de Asuntos Constitucionales, que comanda el mileísmo, escondió la trabada reforma política que mandó la Casa Rosada -dinamitar PASO, cambios profundos en partidos, extensión de Boleta Única, Ficha Limpia, etcétera- en las últimas semanas y solo convocó para este miércoles por el proyecto “Horajasca”, que busca eliminar 70 normas viejas y que ya votó Diputados, hace menos de 15 días. Las “prioridades” que opera el Gobierno, a esta altura, generan risas en diversas oficinas.
En el ramillete de comisiones se asoman plenarios para firmar despachos de convenios internacionales avalados por la Cámara baja. No tendrá la misma fuerza el tema de ludopatía, que llegó días atrás. Otro, el delicado y que modificaría la ley de salud mental, continúa en charlas y se pretende el mayor consenso posible en todo el Senado. Algo casi imposible.
Hay otros articulados que se asoman y desaparecen rápido, como la dilatada discusión sobre el cierre de minas. O el etiquetado frontal. Sí llamó la atención el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda, para analizar —pasado mañana— la siempre pícara agenda de biocombustibles. Es, siempre, un gancho para sellar a los habituales dubitativos.
Al lado de la siesta sobre la reforma política se encuentra el proyecto que revierte un sector de las “zonas frías” y desactiva parte del descalabro energético que empujó, en su momento, Máximo Kirchner: ahora, se incorporan “zonas calientes”. Fue la gran idea que se le ocurrió al Gobierno para cerrar con mandatarios provinciales. Pese a ello, hay bancadas ofuscadas por el “tarifazo” al que -de forma inevitable- quedarán asociadas, sin dudas, junto a la administración central.
Más allá del panorama descripto, el envío de un nuevo lote de pliegos judiciales desde Balcarce 50 -que interesen a dialoguistas-, algún guiño por iniciativas trabadas, y el giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia distritos amigos se muestran, hasta hoy, como alicientes para contener a aliados que cumplen con acuerdos que después no respeta el oficialismo y Bullrich. No fue así durante las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasado.
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POLITICA
La pelea por la provincia de Buenos Aires: una decisión que en LLA depende de los acuerdos políticos y la interna

Mientras en la ciudad de Buenos Aires La Libertad Avanza ya comenzó a diferenciarse del PRO e inició una campaña con Patricia Bullrich a la cabeza, del otro lado de la General Paz el escenario todavía es más difuso y no solamente no hay un candidato con apoyo total por parte del oficialismo nacional para disputarle el poder a Axel Kicillof, sino que tampoco está claro si el elegido lo hará dentro de una alianza o en solitario.
“Les presento al próximo gobernador de la provincia”, exclamó exultante el diputado macrista Cristian Ritondo en octubre del año pasado, ante las cámaras de televisión que estaban apostadas en la entrada del Hotel Libertador, donde el presidente Javier Milei instaló su búnker para esperar los resultados de las elecciones legislativas.
A su lado se encontraba Diego Santilli, quien ese día había logrado revertir los pésimos resultados obtenidos en septiembre por los armadores violetas, quedando primero -por menos de un punto encima de Fuerza Patria- y destronando así al peronismo en su bastión que, además, es el distrito más poblado del país.
“El Colo” no fue la primera opción para encabezar la boleta en aquella oportunidad, sino que su liderazgo surgió a partir de un imprevisto: la cúpula había decidido que ese lugar lo ocupara alguien propio, José Luis Espert, pero en la previa de los comicios fue duramente cuestionado por sus vínculos con Fred Machado, un empresario que recientemente se declaró culpable de fraude y lavado en Estados Unidos, y terminó dando un paso al costado.

Fue así como Santilli se puso al frente de la campaña y de a poco se fue ganando la confianza tanto de Javier como de Karina Milei, que unas semanas más tarde, en medio de los cambios en el Gabinete, lo designaron ministro del Interior.
Sin embargo, para el 2027 la secretaria general de la Presidencia tiene en carpeta a otra figura como posible candidato, alguien que desde hace tiempo integra su círculo más cercano, el titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.
El armador viene construyendo músculo político en este distrito desde hace más de tres años, ya que es el encargado de organizar al espacio a nivel bonaerense desde el 2023, coordinando a los referentes de las distintas secciones electorales, organizando actos y movilizaciones y también controlando el accionar de los concejales que tiene La Libertad Avanza en cada municipio.
Esta tarea, no obstante, generó fricciones en algunos sectores del oficialismo, principalmente entre los militantes de las redes sociales, en su mayoría vinculados a “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que tiene al asesor Santiago Caputo como máximo referente.
Es conocida la discusión abierta que tiene desde hace tiempo con Esteban Glavinich, conocido en X como “Traductor Te Ama”, que en un cierre de campaña en Rosario llegó incluso a trasladarse a la vida real, cuando ambos protagonizaron una fuerte pelea, con golpes de puño incluidos, en el hall de un hotel.
Más recientemente, el forista, que tiene más de 280 mil seguidores en la mencionada plataforma, acusó a Pareja de permitir que los concejales libertarios en La Matanza apoyaran un proyecto del intendente local, Fernando Espinoza, para evitar el pago de una deuda de 69.816.989,18 pesos.

En paralelo, un grupo de ex candidatos del partido en la provincia de Buenos Aires denunció supuestas irregularidades en las elecciones de autoridades del espacio y en los procesos de afilición.
Ante esto, enviaron una solicitud formal al Observatorio de la Democracia del Parlasur para pedir veedores externos y, al mismo tiempo, recurrieron a la Justicia Federal Electoral para requerir informes.
En el entorno de Pareja, en tanto, remarcan que se trata de “caprichos individuales” por parte de personas que no lograron acceder a lugares de importancia dentro del esquema, por lo que “no da ni para responderles”.
“No le damos trascendencia. Que vayan a protestar a donde tengan ganas. Nadie le prohíbe a nadie afiliarse a LLA, que es el partido del presidente de la Nación, Javier Milei, y que trabaja para su reelección. Estas son tonterías de trasnochados que no saben qué hacer como para trascender”, argumentan.
Mientras tanto, el armador continúa organizando actos en varias partes de la provincia para organizar a su equipo: el 25 de mayo pasado, de hecho, convocó a un “cabildo abierto” del que participaron dirigentes de los 135 municipios bonaerenses.
Durante esa jornada, los concejales, consejeros escolares y legisladores locales se instalaron en distintos puntos de sus respectivas ciudades para conversar con vecinos y hacer un informe sobre las principales preocupaciones de la gente.

Por su parte, más allá de que tiene un mayor nivel de conocimiento en el electorado, Santilli también cuenta con el respaldo directo de Ritondo y, por lo tanto, de todo el aparato del PRO en Buenos Aires.
Por este motivo, “El Colo” se concentra más en sus deberes como ministro del Interior y sabe que, aunque tenga un perfil más tentado que Pareja para ese rol, su eventual candidatura dependerá de que La Libertad Avanza llegue a un acuerdo con el macrismo.
A diferencia de Bullrich, el funcionario nunca se afilió al oficialismo nacional y continúa siendo parte de la fuerza política fundada por Mauricio Macri, aunque evita participar de los eventos del ex mandatario, a la espera de que se resuelvan las diferencias.
De todas formas, hace tan solo unas semanas aceptó una invitación a la sede del PRO, ubicada a metros de la Casa Rosada, para conversar con los intendentes de ese bloque.
Tanto desde el sector de Pareja como desde el de Santilli coinciden en que el objetivo principal es ganarle a Kicillof y los dos sostienen que están “dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguirlo”, por lo que estarán “en el lugar que se les pida”, aunque eso, en definitiva, lo terminarán de decidir las cúpulas de sus respectivos espacios.
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