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POLITICA

La AGN cuestionó los programas de vivienda en los gobiernos de Macri y Fernández: se gastaron $276 mil millones sin planificación

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La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la gestión habitacional del Estado: más de $276.000 millones gastados sin diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación. El presunto desmanejo detectado por los auditores en los planes de vivienda se dio en un período en el cual la proliferación de villas y asentamientos siguió creciendo. El último Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), actualizado en diciembre de 2025, revela la existencia de 6.467 barrios en los que viven la población más vulnerable, y están habitados por más de cinco millones de personas. Allí, casi el 60% de las casas tienen una conexión irregular a la red eléctrica y de agua; y el 65,92% no tiene red cloacal. El 81,24% de estos barrios son considerados “asentamientos” y el 17,41% “villas”. En 2001 los barrios populares eran 1.300. En este contexto de extrema necesidad por la falta de techos y una vivienda digna con servicios se enmarca el informe de la AGN.

La auditoría ya fue elevada al Congreso de la Nación, del cual depende el organismo de control y del ministro de Economía, Luis Caputo, ya que las competencias que antes ejercían el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fueron absorbidas por el Palacio de Hacienda después de la reorganización del Estado, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, quien eliminó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía, específicamente a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.

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Alberro Fernández inaugura uno de sus planes de vivienda en la localidad bonaerense de Ensenada  Presidencia

La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de control externo que reporta al Congreso de la Nación, no deja dudas en cuanto a la detección de “fallas estructurales en el diseño, la planificación y la evaluación de los programas de construcción de viviendas ejecutados entre 2017 y 2022″.

El informe concluye que el Estado nacional devengó más de 276.868 millones de pesos —el equivalente a aproximadamente 4.210 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cada año— en programas habitacionales sin contar con información de calidad para orientar esas decisiones, sin planes estratégicos formalizados y sin mecanismos para medir si los objetivos se alcanzaron.

El período auditado abarca desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022 y comprende dos presidencias y dos estructuras ministeriales distintas.

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Durante la gestión de Mauricio Macri, los programas estuvieron bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, conducido durante todo ese período por el entonces ministro Rogelio Frigerio. A partir del 10 de diciembre de 2019, con la asunción de Alberto Fernández, esa cartera fue dividida y se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que tuvo tres titulares sucesivos: María Eugenia Bielsa (diciembre de 2019 – noviembre de 2020), Jorge Ferraresi (noviembre de 2020 – noviembre de 2022) y Santiago Maggiotti (noviembre de 2022 – diciembre de 2023). Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.

La Auditoría General de la Nación ha presentado un informe de auditoría de gestión sobre los programas de construcción de viviendas a Luis Caputo, Ministro de Economía.

El trabajo de los auditores se extendió a lo largo de cinco programas y junto a sus subprogramas Habitar Comunidad, Autoconstrucción de Viviendas Participativa Cáritas y Habitar la Inclusión. El gasto devengado creció de manera sostenida: de $15.164 millones en 2017 pasó a $113.261 millones en 2022, con un salto pronunciado en 2021, cuando el Programa Producción Integral y Acceso al Hábitat ejecutó $84.323 millones.

Sin diagnóstico previo

El primer hallazgo de la AGN apunta directamente al punto de partida de cualquier política pública: el diagnóstico. Los auditores constataron que “no surge evidencia de que los entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hayan utilizado información de diagnóstico de calidad para diseñar y planificar los Programas de Construcción de Viviendas durante el periodo auditado”.

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El organismo auditado respondió que el diagnóstico lo realizaban los entes ejecutores —provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales— a través de la presentación de proyectos, y que consideraba documentos de diagnóstico los reglamentos particulares y los manuales de ejecución de los programas. Los auditores rechazaron esa interpretación: esa documentación se refiere a proyectos específicos a financiar y no constituye una instancia previa al diseño de los programas.

El último Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) revela la existencia de 6.467 barrios en los que viven la población más vulnerable REUTERS/Agustín Marcarian

La situación se agravó por la desactualización estadística. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas disponible al momento de diseñar los programas era el de 2010. El Observatorio Federal Urbano (OFU), creado en 2017 precisamente para generar, recopilar y difundir información sobre déficit habitacional e indicadores urbanos, tampoco fue utilizado para diseñar prioridades. “No surge evidencia de la articulación ni de retroalimentación alguna con el auditado durante todo el periodo bajo análisis”, señala el informe respecto de ese organismo.

Las cifras sobre el déficit habitacional que manejaban los propios ministerios eran inconsistentes entre sí. El Informe de Gestión 2016-2019 de la Secretaría de Vivienda citaba 3.500.000 hogares en déficit, mientras que el Observatorio Federal Urbano refería a 4.000.000. Ninguna de las dos cifras contaba con respaldo documental del análisis previo que las sustentara.

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Sin planificación estratégica ni operativa

El el segundo tramo de análisis, los auditores destacaron la ausencia de una arquitectura de planificación. La AGN verificó que “no surge evidencia de la existencia de un Plan Estratégico Institucional ni de una Planificación Operativa de los Programas de Construcción de Viviendas” en ninguno de los dos ministerios durante el período examinado.

Ante la consulta de los auditores, tanto Frigerio como los sucesivos titulares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat remitieron la normativa de creación y reglamentaria de los programas como respuesta a la pregunta por la planificación estratégica. Los auditores señalaron que esa documentación no equivale a un plan.

La única vinculación parcial que se detectó fue entre los objetivos de algunos programas y las metas físicas presupuestarias definidas ejercicio por ejercicio. Esa conexión, advirtió la AGN, no reemplaza una planificación que articule objetivos, acciones y recursos de manera integrada.

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La AGN también cuestionó la falta de planificación y seguimiento de programas habitacionales en el gobierno de Mauricio Macri

Indicadores sin sustento técnico

El tercer hallazgo describe un sistema de indicadores que existía en el papel, pero carecía de los elementos mínimos para ser utilizado. Los reglamentos particulares de los programas definían indicadores —cantidad de viviendas terminadas, proyectos ejecutados, mejoramientos concluidos—, pero “no se precisa para ninguno de ellos fuente de información, ni método de cálculo, periodicidad de medición ni línea de base”.

Los auditores advirtieron además que esos indicadores estaban orientados a la evaluación presupuestaria y no a la medición del impacto de las políticas.

El Programa Reconstruir directamente no definió ningún indicador en su Reglamento Particular, pese a que sus considerandos estimaban en 55.000 las viviendas paralizadas o en estado de abandono que debía atender.

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Ausencia de monitoreo

El cuarto hallazgo es la consecuencia directa del anterior: la ausencia total de monitoreo y evaluación. El propio informe de gestión de la Secretaría de Vivienda de noviembre de 2019 reconocía que desde 2015 se había identificado la necesidad de desarrollar una estrategia de monitoreo, pero esa estrategia nunca se materializó.

En entrevistas con los auditores, funcionarios del área fueron explícitos. No hubo evaluación de por sí y los indicadores que se usaron eran aquellos vinculados al presupuesto. No existe institucionalmente un organismo que se encargue de evaluar las políticas públicas, declaró el ex Director Nacional de Gestión Operativa de Proyectos Habitacionales ante los auditores. Otro funcionario fue en la misma dirección: “No se llegó a realizar monitoreo sistemático alguno con utilización de indicadores. No se llegaron a utilizar los indicadores que estaban definidos en el Plan ni tampoco se midió el impacto”.

El sistema informático “Habitans”, citado como herramienta de seguimiento, fue descartado por los auditores como mecanismo de evaluación de programas: su función se limita al monitoreo de proyectos y obras individuales, no al análisis de los programas como política pública.

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Javier Milei eliminó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, específicamente a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana

El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin respaldo

Tanto el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat eran los responsables de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles—, en particular con su Meta 11.1, que busca garantizar el acceso universal a viviendas y servicios básicos adecuados y mejorar los barrios marginales para 2030.

La AGN constató que “no se tuvo evidencia de que los entonces ministerios realizaran el proceso de vinculación con los Programas de Construcción de Viviendas conforme los principios de la Agenda 2030”. Eso impide evaluar si ese proceso fue participativo, inclusivo y si incorporó perspectiva de género.

El indicador adaptado por Argentina para medir esa meta —el porcentaje de la población que vive en viviendas deficitarias y en situación de tenencia irregular— contaba con una línea de base del 6%, según el Censo 2010 y una meta intermedia del 3% para 2019. Al cierre de ese año, el indicador no registró ejecución. En 2020 se repitió sin asignación de valor, y en 2021 y 2022 desapareció de la programación presupuestaria.

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Cuando los auditores requirieron información al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) —organismo rector de la implementación de la Agenda 2030 en el país— sobre la metodología de vinculación con la meta propuesta la respuesta fue que esa información debería ser provista por el ministerio responsable. El ministerio, a su vez, no aportó documentación que describiera la metodología utilizada.

Sin respuesta sobre los hallazgos

La AGN remitió el informe al organismo auditado para que formulara comentarios. Vencido el plazo inicial, se reiteró el pedido. La respuesta llegó de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Economía, que señaló que los programas identificados excedían las competencias de esa dependencia y correspondían al ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y al ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La subsecretaría no aportó comentarios sobre los hallazgos.

Las recomendaciones de la AGN incluyen diseñar mecanismos de diagnóstico previo articulados con provincias, municipios y organismos especializados; crear indicadores medibles con línea de base; institucionalizar el monitoreo y la evaluación de los programas; documentar el proceso de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; e incorporar categorías presupuestarias que permitan rastrear el gasto destinado.

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El Coloquio de IDEA y la incertidumbre electoral: el debate empresario sin respuestas políticas claras

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La edición 62 del Coloquio de IDEA, desarrollada en la ciudad de Mar del Plata la semana pasada, mostró un gran interés de la dirigencia empresaria respecto de lo que puede llegar a pasar en 2027 durante el proceso electoral. Sin embargo, ese interés no se vio reflejado en la presencia de políticos en los pasillos del Hotel Sheraton de la ciudad costera.

“Todos mirando qué puede pasar en 2027. Parece que vamos a vivir en una montaña rusa”, explicó un hombre de negocios que representa en la Argentina a una empresa europea. “Tampoco tuvimos mucho para escuchar”, agregó.

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La presencia del Ejecutivo nacional estuvo representada por transmisiones desde París, Francia. Primero fue el presidente Javier Milei quien, aunque tuvo momentos en que cosechó aplausos —particularmente cuando apuntó contra Axel Kicillof—, se mostró bastante iracundo, en contraposición con lo que había sucedido minutos antes con el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien dijo que los presidentes deben tener “paciencia y prudencia”.

La presencia del precandidato del PRO Hernán Lacunza concentró la atención de los empresarios respecto del modelo económico. Pero quien acaparó el interés fue la senadora Patricia Bullrich, única figura de relevancia de LLA presente en el encuentro.

Patricia Bullrich

Bullrich pasó por Mar del Plata y pareció dar un nuevo paso en este escenario, en el que parece prepararse para tomar una decisión de cara a 2027. Y se movió con ese ritmo.

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Llegó, brindó una conferencia de prensa en la que dijo que representa “a un sector de los argentinos, me gustaría representar a todos”. Hizo referencia a que hace falta una economía “más amable con las familias” y a que la industria y el comercio deben sumarse a los sectores ganadores del modelo.

Bullrich se mostró como la racionalidad del Gobierno, pero aseguran que su posición no es escuchada en la mesa del poder del mileísmo. “Ella dice que lo plantea, pero que no la escuchan. No les entran las balas”, explicó un empresario que participó del almuerzo con la senadora.

La presencia de intendentes y jóvenes dirigentes de diferentes partidos quedó opacada por Bullrich, que se llevó la atención de los empresarios. Aunque fue invitada a exponer sobre la realidad del Senado, la escucharon con atención en un discurso que, en algunos momentos, calificaron como “una especie de plan de gobierno”. Un paso más.

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En esa estrategia, en la que plantea que lo que debe continuar es el modelo y no necesariamente quien lo conduce —ya que no lo nombra—, la senadora no confirmó pero tampoco desmintió que hay cada vez más sectores enfrentados dentro del Gobierno. Un ejemplo de eso es lo que puede llegar a suceder con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Diego Santilli

“Hay preocupación por ver qué pasa con las elecciones. No es lo mismo planificar el año con elecciones en agosto (PASO), octubre y noviembre (primera y segunda vuelta), que si solo vamos a la elección general. Pero no supo respondernos”, señaló una fuente que compartió el almuerzo de tres pasos.

La exministra no supo responder porque está “desentendida” del tema. El encargado de juntar los votos es Diego Santilli, el jefe de Gabinete. En el entorno de la legisladora aseguran que “el colorado dice que tiene los votos, y en el Senado no están. Ahora está con los gobernadores, que lo resuelva delante de Javier y de Karina. Que consiga los votos y listo”.

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El gran ausente: el DNU 70/2023

Lo llamativo fue que, en medio del debate sobre el mercado y el modelo económico actual que se sucedía en todas las reuniones y conversaciones, la sesión del 15 de octubre, que podría derogar el DNU 70/2023, pasó inadvertida.

La oposición llamó a una sesión especial para derogarlo como consecuencia del debate que generó la Corte Suprema sobre la ley de Tierras. La particularidad es que si Diputados logra votar la derogación, no solo volvería a tener efecto la ley de Tierras, sino que también recobrarían vigencia los controles sobre prepagas y las restricciones al comercio exterior, además de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, entre otras.

Los diputados no pueden derogar solamente el artículo referido a la ley de Tierras, ya que los DNU se tratan “a libro cerrado”. Si consiguen los votos, todo vuelve atrás, porque el decreto ya fue rechazado por la Cámara de Senadores.

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En ese contexto, los empresarios que estuvieron en IDEA plantean sus propios escenarios de cara a lo que van a planificar y contar a sus casas matrices o socios. El cambio en esas planificaciones pasa por si hay o no PASO, pero la gran mayoría entiende que habrá una segunda vuelta entre La Libertad Avanza y “el peronismo si se ordena”. Sin embargo, como pareció ser el mantra del mundo empresario este año, “todo es muy variable y parece que vamos a vivir 2027 en una montaña rusa, en una especie de serrucho”.

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Con los números ajustados para el quórum, la oposición apela a la presión social para derogar el DNU 70

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“Dependemos del clima social para empujar a algunos bloques”. A dos semanas de la sesión especial en la que se tratará la derogación del mega DNU 70, la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre mora y endeudamiento, la oposición todavía está lejos de tener el quórum garantizado y varios bloques provinciales especulan con su silencio.

Al igual que sucederá con otros debates clave, como la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, los gobernadores -especialmente los del norte- tendrán la palabra final. Pero muchos de ellos estuvieron recorriendo París junto al presidente Milei y en las filas del oficialismo reina el optimismo.

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“No tienen los números, de ninguna forma”, calculan los libertarios. La convocatoria estuvo respaldada por Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. “Están complicados para no dar quórum porque la senadora Vigo -del mismo espacio- estuvo muy activa con el tema de la venta de tierras y en Córdoba la movilización fue tremenda”, señalaron.

Por su parte, el oficialismo también ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Luis Caputo junto a cinco gobernadores y el presidente de YPF, Horacio Marín ((X: @LuisCaputoAR))

Ante este panorama, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Por eso en la oposición observaron con preocupación el clima amistoso y las selfies que Jaldo y Sáenz se tomaron con Milei y Luis Caputo en París, durante la Argentina Week. “¿Vos pensas que los que están en Francia con Milei van a volver para ir en contra del Gobierno?”, planteó un diputado que ponía en duda que la oposición llegue al quórum.

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Si bien los libertarios aclaran que la estrategia parlamentaria se terminará de definir el próximo martes en la reunión de la Mesa Política, entre las opciones disponibles se destacan volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado o presentar un texto aparte que se trataría en una eventual sesión el 21 de octubre, junto a los proyectos de endeudamiento y discapacidad.

Javier Milei y el gobernador de Salta Gustavo Sáenz

El oficialismo consiguió quedarse con los dictámenes de mayoría tanto en endeudamiento como en discapacidad y con algunas concesiones podría asegurarse una mayoría en ambos temas, esto también serviría para desinflar la sesión opositora.

De hecho, entre los bloques que apoyaron con disidencias la propuesta de LLA en Discapacidad no ocultaban su enojo con la oposición más dura por haber mezclado los temas en una misma sesión. “Están usando una causa noble para asegurarse el quórum”, lamentaron.

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Por otro lado, los libertarios consideran que la discusión sobre la venta de tierras a extranjeros perderá intensidad a raíz de una novedad anunciada por el Gobierno desde Francia.

Según explicaron, el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, a través del cual los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía argentina, hace que la ley de tierras “no tenga sentido”.

Luis Caputo - Ciudadanía por inversión

Esta iniciativa, presentada por Luis Caputo y Diego Santilli durante un encuentro de Argentina Week, habilitará trámites desde el cuarto trimestre de 2026 y destinará los recursos recaudados a reforzar la posición fiscal y financiera nacional. Quienes completen el trámite también obtendrán el pasaporte argentino.

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Los solicitantes podrán optar entre realizar un aporte directo, no reembolsable, al Tesoro Nacional de USD 350.000 o suscribir un título público a tasa cero creado específicamente para el programa por USD 800.000.

Florencia Carignano - Ciudadanía por inversión

“Con esta medida cualquier extranjero podría tener nuestra ciudadanía y comprar tierra de manera ilimitada. Además le significará un problema a los argentinos que viajen a Europa. La Unión Europea ya había advertido que de suceder esto, impondría un visado a los argentinos, porque nacionalidades que hoy no pueden entrar sin visa a Europa, lo podrían hacer comprando nuestra ciudadanía”, publicó en sus redes sociales la diputada peronista Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones.

A partir de este martes, el oficialismo comenzará a mostrar sus cartas y la oposición enfrentará el desafío de mantener el tema candente en la opinión pública para fomentar la movilización social.

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Luis Caputo,Gobernadores

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Economía y ley de Tierras: el Gobierno, frente a los daños por sus propios giros y un discurso sin límites

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Mensajes en las redes, un nuevo viaje internacional, platea de empresarios: todo vale para exponer un discurso que oscila entre el reciclado de promesas de bienestar y un discurso sin límites que atribuye a la acción de enemigos los datos de la economía que deshacen pronósticos anteriores. En proceso acelerado de campaña, con indisimulables internas que juegan en contra, Javier Milei marca los picos de la línea libertaria, que difunden -y en algunos casos amplifican- funcionarios, legisladores y tuiteros. El discurso incluye ya sin vueltas un corrimiento de plazos para las promesas económicas, acompañado por una profundización del relato sobre intentos desestabilizadores -sin soporte, algo agravado porque es dicho desde el máximo escalón del Gobierno- y algunos giros que también enredan al oficialismo.

En ese último sentido, el más reciente sacudón fue producido por una inesperada decisión de la Corte Suprema de Justicia que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas -ingrediente significativo en el actual contexto-, dejó vigente el artículo del decreto presidencial que permite la venta de tierras a extranjeros sin límite alguno. El cambio de clima político/social explica en buena medida el impacto. Pasaron casi tres años desde la presentación de aquél recurso y más de dos desde la primera resolución judicial favorable. Otros momentos. En todo caso, ese artículo en particular no asomaba como el principal foco de tensión por el famoso DNU 70.

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El punto es que en los últimos meses, especialmente después de la bandera por Malvinas en el Mundial, la cuestión de la soberanía fue creciendo en el temario público. Existen consideraciones diferentes entre consultores sobre la intensidad del hecho, pero está claro que todo vuelve a ir de la mano con las prevenciones sobre su uso político. Y el agregado significativo es que en el caso del mileismo, no representa una línea sino un giro. También, en las consideraciones más amplias sobre la cuestión de la soberanía.

La movida en este terreno fue atribuida por entero a Santiago Caputo, que, en lo personal, habría recuperado terreno doméstico frente a Karina Milei. La primera señal estuvo alimentada por el imaginario -más amplio que lo estrictamente futbolero, pero asociado a la huella mundialista- sobre una enorme y organizada campaña antiargentina. El Gobierno había quedado descolocado frente a la repercusión del episodio del “trapo” con la leyenda por Malvinas que bajó de una tribuna y terminó desplegado por jugadores de la Selección.

El Presidente avanzó entonces en la nueva línea. Se hizo cargo personalmente de potenciar el tema: llegó a acusar directamente a Brasil y apuntó con menos intensidad a México. En el primer caso, fue otra señal de su apuesta directa en la campaña brasileña: este domingo se enfrentan en primera vuelta Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

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Como sea, y por variados intereses propios -no sólo la apuesta regional alineada con Donald Trump-, el oficialismo colaboró con el clima que se venía insinuando. Curioso, tal vez no lo advirtió cuando, a contramano, se cerró en la intención de avanzar sin cambios con el proyecto original de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía entre otros puntos sensibles la venta de tierras a personas y capitales extranjeros. Hizo más que ruido y afectó las alianzas en el Congreso. Finalmente, el Gobierno debió aceptar en el Senado la poda de ese capítulo -también de Manejo del Fuego- para aprobar la iniciativa. El debate había quedado dominado por la ley de Tierras.

Por entonces, y en medio de los cruces con los críticos del proyecto -no sólo opositores duros, sino una amplia gama de espacios no libertarios-, Pablo Quirno dejó una frase con posterior eco político: dijo que el concepto de soberanía territorial era “anticuado”. Resultó un punto de arrastre para el canciller por la sucesión cronológica de los hechos: aquella votación del Senado fue el 7 de agosto y menos de un mes después, el 3 de septiembre, Milei realizaba la cadena nacional por Malvinas.

Martín Menem, al frente de Diputados. El tema de la ley de tierras altera el plan legislativo

Está claro que todos tomaron nota de lo ocurrido en el terreno legislativo y, además, el recorrido violeta siguió adelante. Esa combinación de política y clima más amplio alimenta ahora el oleaje generado por la referida decisión de la Corte, al punto que el propio tribunal decidió difundir una comunicado –algo inusual– para explicar que no se pronunció sobre la cuestión de fondo. Dijo que rechazó el amparo por una cuestión de legitimidad de los impulsores -con criterio restrictivo, según sus críticos- y que siguen abiertas instancias judiciales, además del camino legislativo.

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El segundo síntoma lo constituye la incomodidad del Gobierno, que queda otra vez frente a un tema que ya le produjo costos y enfrenta una inesperada alteración de sus planes legislativos. La oposición volvió a apuntar contra el DNU y decidió impulsar una sesión especial en Diputados para mediados de este mes. La suerte de esa movida es un interrogante. Pero alcanza para que el oficialismo analice alternativas. Necesita sumar aliados y provinciales detrás de alguna propuesta que deje de lado el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Por ahora, ideas variadas: impulsar una nueva ley, retomar el texto de propiedad privada con cambios, incluir el tema en el texto de la ley por Malvinas.

Los tiempos corren y en el plano judicial, para salvar el límite marcado por la Corte, asoman posibles jugadores legítimos. Puede ser alguna provincia en manos de gobernadores que no suelen responder a Olivos. Y también, legisladores. Por lo pronto, ya lo hicieron Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, que dejaron planteada la intención de recurrir directamente a la Corte si se demora la primera instancia judicial.

No es este el único que coloca a la gestión libertaria frente a contradicciones en su propio discurso. Es notable en materia económica. Y lo exponen Milei y Luis Caputo, protagonistas centrales de esta especie de costo autoprovocado en materia narrativa. El Presidente viene utilizando hasta escenarios internacionales para tratar de sostener el viraje en sus pronósticos, considerados al menos inoportunos en filas propias.

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El ejemplo más notorio tiene que ver con la evolución de la economía, que alguna vez el Presidente graficó con una frase soez sobre la velocidad del crecimiento. Y que el ministro definió, en abril, como el inicio de los “mejores” dieciocho meses de la economía. Cambiaron los tiempos y también las condiciones que demandaría ese vuelco. Primero desde Nueva York y esta semana desde París, Milei ató todo al resultado de los comicios del año que viene. “Si somos reeelectos, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”, dijo.

Pero no sólo eso. En la mirada de Olivos, los problemas tienen origen ajeno. Y los cambios de proyecciones -por ejemplo, la inflación con un cero adelante- son atribuidos a movimientos desestabilizadores. Milei repitió en estos días que enfrentó siete intentos de golpe, cuarenta proyectos en contra del equilibrio fiscal y hasta apuestas de algunos operadores de los mercados. Agregó otro ingrediente: “Gente haciendo actos terroristas en la calle”. Eso último, asociado a sus dichos sobre la expulsión o freno unos treinta mil “terroristas” que pretendían ingresar al país.

Está claro que ese cuadro carece de datos que lo sostengan. Asoma como parte de la acelerada carrera electoral, jugada desde el primer día a la polarización extrema con el kirchnerismo: una batalla que no deje espacio para ninguna propuesta diferente. Es una estrategia básica, con pinceladas cada vez más visibles de lo que suele calificarse como “campaña del miedo”.

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“El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo”, llegó a anatematizar Luis Caputo. ¿Suma o resta con ese tipo de declaraciones? La respuesta asoma en el doble ensayo de hacer campaña en esos términos y transmitir un mensaje de otro tono al mundo empresarial. Resulta difícil el intento de hacer equilibrio entre alarmar sobre riesgos ciertos de un triunfo opositor y, al mismo tiempo, negar esa posibilidad para no generar un efecto contractivo.

Ese es un riesgo. Y en cualquier caso, efecto directo de los giros y desmesuras del discurso. No se trata sólo de una cuestión de estilo.

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