POLITICA
La AGN cuestionó los programas de vivienda en los gobiernos de Macri y Fernández: se gastaron $276 mil millones sin planificación
La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la gestión habitacional del Estado: más de $276.000 millones gastados sin diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación. El presunto desmanejo detectado por los auditores en los planes de vivienda se dio en un período en el cual la proliferación de villas y asentamientos siguió creciendo. El último Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), actualizado en diciembre de 2025, revela la existencia de 6.467 barrios en los que viven la población más vulnerable, y están habitados por más de cinco millones de personas. Allí, casi el 60% de las casas tienen una conexión irregular a la red eléctrica y de agua; y el 65,92% no tiene red cloacal. El 81,24% de estos barrios son considerados “asentamientos” y el 17,41% “villas”. En 2001 los barrios populares eran 1.300. En este contexto de extrema necesidad por la falta de techos y una vivienda digna con servicios se enmarca el informe de la AGN.
La auditoría ya fue elevada al Congreso de la Nación, del cual depende el organismo de control y del ministro de Economía, Luis Caputo, ya que las competencias que antes ejercían el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fueron absorbidas por el Palacio de Hacienda después de la reorganización del Estado, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, quien eliminó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía, específicamente a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de control externo que reporta al Congreso de la Nación, no deja dudas en cuanto a la detección de “fallas estructurales en el diseño, la planificación y la evaluación de los programas de construcción de viviendas ejecutados entre 2017 y 2022″.
El informe concluye que el Estado nacional devengó más de 276.868 millones de pesos —el equivalente a aproximadamente 4.210 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cada año— en programas habitacionales sin contar con información de calidad para orientar esas decisiones, sin planes estratégicos formalizados y sin mecanismos para medir si los objetivos se alcanzaron.
El período auditado abarca desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022 y comprende dos presidencias y dos estructuras ministeriales distintas.
Durante la gestión de Mauricio Macri, los programas estuvieron bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, conducido durante todo ese período por el entonces ministro Rogelio Frigerio. A partir del 10 de diciembre de 2019, con la asunción de Alberto Fernández, esa cartera fue dividida y se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que tuvo tres titulares sucesivos: María Eugenia Bielsa (diciembre de 2019 – noviembre de 2020), Jorge Ferraresi (noviembre de 2020 – noviembre de 2022) y Santiago Maggiotti (noviembre de 2022 – diciembre de 2023). Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.
El trabajo de los auditores se extendió a lo largo de cinco programas y junto a sus subprogramas Habitar Comunidad, Autoconstrucción de Viviendas Participativa Cáritas y Habitar la Inclusión. El gasto devengado creció de manera sostenida: de $15.164 millones en 2017 pasó a $113.261 millones en 2022, con un salto pronunciado en 2021, cuando el Programa Producción Integral y Acceso al Hábitat ejecutó $84.323 millones.
Sin diagnóstico previo
El primer hallazgo de la AGN apunta directamente al punto de partida de cualquier política pública: el diagnóstico. Los auditores constataron que “no surge evidencia de que los entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hayan utilizado información de diagnóstico de calidad para diseñar y planificar los Programas de Construcción de Viviendas durante el periodo auditado”.
El organismo auditado respondió que el diagnóstico lo realizaban los entes ejecutores —provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales— a través de la presentación de proyectos, y que consideraba documentos de diagnóstico los reglamentos particulares y los manuales de ejecución de los programas. Los auditores rechazaron esa interpretación: esa documentación se refiere a proyectos específicos a financiar y no constituye una instancia previa al diseño de los programas.
La situación se agravó por la desactualización estadística. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas disponible al momento de diseñar los programas era el de 2010. El Observatorio Federal Urbano (OFU), creado en 2017 precisamente para generar, recopilar y difundir información sobre déficit habitacional e indicadores urbanos, tampoco fue utilizado para diseñar prioridades. “No surge evidencia de la articulación ni de retroalimentación alguna con el auditado durante todo el periodo bajo análisis”, señala el informe respecto de ese organismo.
Las cifras sobre el déficit habitacional que manejaban los propios ministerios eran inconsistentes entre sí. El Informe de Gestión 2016-2019 de la Secretaría de Vivienda citaba 3.500.000 hogares en déficit, mientras que el Observatorio Federal Urbano refería a 4.000.000. Ninguna de las dos cifras contaba con respaldo documental del análisis previo que las sustentara.
Sin planificación estratégica ni operativa
El el segundo tramo de análisis, los auditores destacaron la ausencia de una arquitectura de planificación. La AGN verificó que “no surge evidencia de la existencia de un Plan Estratégico Institucional ni de una Planificación Operativa de los Programas de Construcción de Viviendas” en ninguno de los dos ministerios durante el período examinado.
Ante la consulta de los auditores, tanto Frigerio como los sucesivos titulares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat remitieron la normativa de creación y reglamentaria de los programas como respuesta a la pregunta por la planificación estratégica. Los auditores señalaron que esa documentación no equivale a un plan.
La única vinculación parcial que se detectó fue entre los objetivos de algunos programas y las metas físicas presupuestarias definidas ejercicio por ejercicio. Esa conexión, advirtió la AGN, no reemplaza una planificación que articule objetivos, acciones y recursos de manera integrada.
Indicadores sin sustento técnico
El tercer hallazgo describe un sistema de indicadores que existía en el papel, pero carecía de los elementos mínimos para ser utilizado. Los reglamentos particulares de los programas definían indicadores —cantidad de viviendas terminadas, proyectos ejecutados, mejoramientos concluidos—, pero “no se precisa para ninguno de ellos fuente de información, ni método de cálculo, periodicidad de medición ni línea de base”.
Los auditores advirtieron además que esos indicadores estaban orientados a la evaluación presupuestaria y no a la medición del impacto de las políticas.
El Programa Reconstruir directamente no definió ningún indicador en su Reglamento Particular, pese a que sus considerandos estimaban en 55.000 las viviendas paralizadas o en estado de abandono que debía atender.
Ausencia de monitoreo
El cuarto hallazgo es la consecuencia directa del anterior: la ausencia total de monitoreo y evaluación. El propio informe de gestión de la Secretaría de Vivienda de noviembre de 2019 reconocía que desde 2015 se había identificado la necesidad de desarrollar una estrategia de monitoreo, pero esa estrategia nunca se materializó.
En entrevistas con los auditores, funcionarios del área fueron explícitos. No hubo evaluación de por sí y los indicadores que se usaron eran aquellos vinculados al presupuesto. No existe institucionalmente un organismo que se encargue de evaluar las políticas públicas, declaró el ex Director Nacional de Gestión Operativa de Proyectos Habitacionales ante los auditores. Otro funcionario fue en la misma dirección: “No se llegó a realizar monitoreo sistemático alguno con utilización de indicadores. No se llegaron a utilizar los indicadores que estaban definidos en el Plan ni tampoco se midió el impacto”.
El sistema informático “Habitans”, citado como herramienta de seguimiento, fue descartado por los auditores como mecanismo de evaluación de programas: su función se limita al monitoreo de proyectos y obras individuales, no al análisis de los programas como política pública.
El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin respaldo
Tanto el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat eran los responsables de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles—, en particular con su Meta 11.1, que busca garantizar el acceso universal a viviendas y servicios básicos adecuados y mejorar los barrios marginales para 2030.
La AGN constató que “no se tuvo evidencia de que los entonces ministerios realizaran el proceso de vinculación con los Programas de Construcción de Viviendas conforme los principios de la Agenda 2030”. Eso impide evaluar si ese proceso fue participativo, inclusivo y si incorporó perspectiva de género.
El indicador adaptado por Argentina para medir esa meta —el porcentaje de la población que vive en viviendas deficitarias y en situación de tenencia irregular— contaba con una línea de base del 6%, según el Censo 2010 y una meta intermedia del 3% para 2019. Al cierre de ese año, el indicador no registró ejecución. En 2020 se repitió sin asignación de valor, y en 2021 y 2022 desapareció de la programación presupuestaria.
Cuando los auditores requirieron información al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) —organismo rector de la implementación de la Agenda 2030 en el país— sobre la metodología de vinculación con la meta propuesta la respuesta fue que esa información debería ser provista por el ministerio responsable. El ministerio, a su vez, no aportó documentación que describiera la metodología utilizada.
Sin respuesta sobre los hallazgos
La AGN remitió el informe al organismo auditado para que formulara comentarios. Vencido el plazo inicial, se reiteró el pedido. La respuesta llegó de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Economía, que señaló que los programas identificados excedían las competencias de esa dependencia y correspondían al ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y al ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La subsecretaría no aportó comentarios sobre los hallazgos.
Las recomendaciones de la AGN incluyen diseñar mecanismos de diagnóstico previo articulados con provincias, municipios y organismos especializados; crear indicadores medibles con línea de base; institucionalizar el monitoreo y la evaluación de los programas; documentar el proceso de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; e incorporar categorías presupuestarias que permitan rastrear el gasto destinado.
LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof culpó al gobierno de Javier Milei por la inseguridad en el Gran Buenos Aires. En una visita a Ezeiza, tras el crimen de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz, aseguró que el Presidente “sigue ajustando en seguridad” y se quejó: “Nos han dejado solos”.
Lo dijo durante la inauguración de una subcomisaría en Tristan Suárez, en Ezeiza, donde se mostró junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y aseguró que la provincia está fortaleciendo los dispositivos de prevención.
Casi en simultáneo, la senadora nacional Patricia Bullrich instó al gobernador a dar la cara: “¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror?”, se preguntó la exministra de Seguridad, luego de que este jueves un hombre fuera baleado en la puerta de una escuela en El Palomar.
“Si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele. Todos los días pasa lo mismo. Siempre el conurbano”, enfatizó Bullrich. Y arremetió: “El colmo; si son menores quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, en referencia a Marta Pascual, magistrada en Lomas de Zamora y exministra de Niñez durante la gobernación de Eduardo Duhalde, que esta semana suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia.
La declaración de Kicillof llegó justamente desde el Gran Buenos Aires. “Estamos fortaleciendo los dispositivos de prevención para dar respuestas más rápidas y concretas”, dijo. “Esto lo hacemos mientras Javier Milei sigue ajustando en seguridad, salud y educación: nos han dejado solos, pero la provincia y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente”, agregó.
Rápida respuesta
La oposición política salió a criticar al gobernador, que ayer estuvo en Misiones junto a Alonso en una recorrida que incluyó firmas de convenios con el gobernador de esa provincia, Hugo Passalacqua, con el armado político hacia las elecciones de 2027 como telón de fondo.
Los cuestionamientos llegaron desde el Senado: “La Provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de inseguridad que exige presencia, gestión y respuestas concretas de su Ministro de Seguridad”, dijo el senador Marcelo Leguizamón.
“Hace dos años que esperamos que venga al Senado a dar explicaciones. Mientras tanto, los bonaerenses viven todos los días con miedo y la violencia no da tregua. Su responsabilidad está acá, ministro, en la provincia de Buenos Aires. La seguridad no puede quedar en segundo plano por una campaña política”, se quejó el legislador radical.
En 2025 subieron los homicidios en ocasión de robo un 12,9% en comparación con el año anterior en este territorio, de acuerdo con estadísticas de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
Los pedidos por más seguridad se replican en todo el Gran Buenos Aires. Incluso más cerca de esta capital, en Villa Elisa, se reiteraron los robos en el barrio monte servente. Los vecinos no se quejan de la comisaría local. Sólo esperan más presencia policial en la zona, en horas de la noche y de la madrugada.
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se informó desde que Kicillof llegó al gobierno se invirtieron 425.160 millones en fondos de fortalecimiento de Seguridad, para compra de patrulleros, camionetas, motos,cámaras, alarmas, drones y puesta en valor de dependencias policiales.
Se compraron 9.649 patrulleros, 1000 camionetas rurales y se sumaron 16.000 nuevos efectivos
subcomisaría en Tristan Suárez, en Ezeiza, donde se mostró junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso,,María José Lucesole,Conforme a
POLITICA
Nuevo contrapunto entre el gobierno nacional y el bonaerense: duro cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof
El tiroteo frente a una escuela de El Palomar que terminó con la muerte de un ex comisario de la Policía Bonaerense que llevaba a su hija a clases, derivó en un nuevo cruce entre el gobierno nacional y el de la Provincia por la inseguridad en el conurbano.
Primero se manifestó en sus redes sociales Patricia Bullrich, senadora nacional y ex ministra de Seguridad: “¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror? Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen. Nota tras nota, siempre el Conurbano», lanzó la legisladora oficialista.
Además, ironizó sobre la orden judicial que frenó la vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires: “El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”.
Desde la administración de Kicillof la respuesta no tardó en llegar. Fue a través de su ministro de Seguridad, Javier Alonso.
“Patricia, no sea contradictoria. Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy, Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos? Explique cómo serían esos resultados sin el trabajo de la Provincia, que está todos los días en los 135 municipios, invirtiendo y fortaleciendo la seguridad con recursos provinciales», comenzó su publicación el funcionario.
Y dejó una queja: “Dejen la chicana, trabajen y devuélvanles a los bonaerenses los miles de millones de dólares que les quitaron. Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una Provincia más segura”.
“Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener. ¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense? Y no se pongan nerviosos. El Gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas. No gestionan, no invierten, no les importa el prójimo. Nuevamente, ¿será que mostrar indignación en las redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos? Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente», concluyó Alonso.
Bullrich no se quedó atrás ante el embate del ministro bonaerense y redobló sus críticas.
“Su ministro responde, Gobernador. Pero estos datos los tiene que tomar en cuenta usted, porque la seguridad de los bonaerenses es responsabilidad de su Gobierno. Primero: la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su Ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión. Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno Nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la Provincia de Buenos Aires”, expuso.
Y detalló: “En los municipios del Conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la Provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año. Escudarse en el cuento de los 135 municipios les permitió durante años profundizar sus políticas pro delincuentes”.
“El esfuerzo para sacar a la Argentina de la catástrofe que dejó su Gobierno en 2023 lo estamos haciendo todos, menos su Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo?“, insistió.
Bullrich, concluyó, sin dirigirse en ningún momento a Alonso: “Gobernador, esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”.
Lejos de culminar la discusión con ese mensaje, y a pesar de no haber sido nombrado por la senadora, Alonso volvió a responder. Destacó que Buenos Aires “tiene la cifra más baja de homicidios de su historia” y que la administración de Kicillof está “haciendo la mayor inversión en seguridad de la historia de la Provincia”.
“La inversión en seguridad que su Presidente le negó a la Provincia fue afrontada por nuestro Gobernador, reasignando partidas para sostener los recursos que necesitaban los bonaerenses. Mientras ustedes recortan, nosotros invertimos. Mientras ustedes hablan, nosotros ponemos patrulleros en la calle”, expuso el ministro.
POLITICA
Estados Unidos aprobó la venta de helicópteros militares a la Argentina por USS$140 millones
El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Peter Lamelas, anunció que el gobierno de Donald Trump aprobó “una posible venta” de helicópteros militares a la Argentina por US$140 millones, para “fortalecer la defensa y responder a emergencias.
La primera entrega comprenderá el envío de cuatro helicópteros UH-60L Blackhawk, a lo que se sumarán otros equipos relacionados con el equipamiento militar.
“La Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias”, reveló el jefe de la misión diplomática en las redes sociales. La decisión fue aprobada por el Departamento de Estado.
Lamelas explicó que “no se trata solo de equipamiento: es llegar a tiempo y salvar vidas”. Y anticipó que el gobierno de su país seguirá “trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país más fuerte y más seguro”.
Según la información difundida por la administración de Trump, el gobierno de Javier Milei solicitó “la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk; y dos motores T700-GE-701D.
El acuerdo por el equipamiento militar se da en momentos en que el gobierno argentino espera la llegada del segundo lote de seis aviones caza F-16, que se sumarán a las unidades que se encuentran desde diciembre del año pasado en el Área Material Río Cuarto de la Fuerza Aérea.
“Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos, al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”, explicó el gobierno norteamericano.
Además, mejorará “la capacidad de la Argentina para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al proporcionarle capacidad adicional para la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y la asistencia humanitaria/respuesta ante desastres”.
“La Argentina no tendrá dificultades para integrar estos artículos y servicios a sus Fuerzas Armadas”, aseguró la representación diplomática.
Se informó, en tanto, que “la venta propuesta de este equipo y el apoyo correspondiente no alterarán el equilibrio militar básico en la región”. El contratista principal será Sikorsky, una empresa de Lockheed Martin, con sede en Stratford, Connecticut. Y se informó que la operación “no tendrá ningún impacto negativo en la capacidad de defensa de Estados Unidos.
También se incluirán en la operación otros equipos de defensa, como un sistema de referencia de rumbo de actitud simple o doble; un transpondedor de identificación amigo o enemigo (IFF) APX-100; un transpondedor IFF APX-123, un receptor del sistema de aterrizaje instrumental/visual omnidireccional AN/ARN-123 o AN/ARN-147 y un receptor de radio radiogoniómetro automático AN/ARN-89 o AN/ARN-149.
Se incluirá, además, una radio de alta frecuencia AN/ARC-220; radio de muy alta frecuencia ARC-186, un sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750, una radio multibanda Cobham C-5000, un transmisor localizador de emergencia EBC 406HM, sistemas internos de tanques de combustible auxiliares, un sistema de extracción de inserción de cuerda rápida, un cabrestante de rescate, conjuntos de equipos de cabrestante de rescate, un gancho de carga y un cubo Bambi, según el detalle difundido.
La compra comprenderá dispositivos y software de mantenimiento y entrenamiento de tripulaciones aéreas; cascos; transporte; equipo organizativo; repuestos y piezas de reparación; equipo de apoyo; herramientas y equipos de prueba; datos técnicos y publicaciones; capacitación de personal y equipo de entrenamiento; ingeniería del Gobierno de EE. UU. y de contratistas; servicios de apoyo técnico y logístico; y otros elementos relacionados con la logística y el apoyo al programa.
September 10, 2026,Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Estados Unidos,Conforme a
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