La bombona de butano subirá casi un 5% a partir de este martes 21 de julio, con un precio máximo de venta al público que pasará de 17,16 euros a 17,83 euros para el formato de 12,5 kilos, según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El encarecimiento responde a la confluencia de varios factores. Veamos cuáles.

En primer lugar, la subida llega tras la expiración, el 30 de junio, de las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 7/2026, que habían mantenido el IVA reducido al 10%. La nueva resolución introduce, de forma paralela, una reducción temporal del Impuesto sobre Hidrocarburos (IH) de 3,75 euros por tonelada, establecida por el Real Decreto-ley 18/2026, que actúa como amortiguador parcial del alza.

Por otro lado, la fórmula de cálculo que aplica la Dirección General de Política Energética y Minas pondera cuatro variables que contribuyen a esta subida: la cotización de las materias primas en los mercados internacionales —que en esta revisión cayó un 33,35%—, el coste de los fletes —que se disparó un 51,88%—, el tipo de cambio euro-dólar —con una depreciación del 0,32%— y la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Sin el límite legal del 5% ni las medidas fiscales, el precio habría ascendido a 18 euros; la diferencia no desaparece, sino que se traslada a las próximas revisiones bimestrales.

El precio del gas licuado del petróleo (GLP) envasado en recipientes de entre 8 y 20 kilos no está liberalizado y se revisa cada dos meses, el tercer martes del mes. El producto, una mezcla de hidrocarburos de uso energético alternativo al gas natural de red, tiene especial presencia en hogares y núcleos sin conexión a la red de distribución. En 2025 se consumieron 57 millones de envases de distintas capacidades, aunque el consumo ha retrocedido más del 12% desde 2021.

La revisión del precio llega en un momento de tensión en el sector del reparto. La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP) ha exigido este lunes que se actualicen los costes del reparto domiciliario, una revisión que el marco legal obliga a realizar pero que lleva suspendida desde 2020, según ha informado Efe. La federación ha advertido que, mientras esa obligación permanece incumplida, el Ministerio para la Transición Ecológica estudia reformar el calendario de revisión del precio de la bombona —para que pase a actualizarse el día 15 de cada mes en lugar del tercer martes— con el objetivo de acercar el precio final a la evolución de las cotizaciones internacionales.

Según la FEDGLP, esa medida beneficiaría al precio del producto pero dejaría sin resolver la situación de las empresas distribuidoras, que constituyen “el eslabón más débil” de la cadena. La federación ha reclamado a los actores públicos que adopten medidas para hacer rentable la actividad regulada del reparto, de modo que “el precio refleje de forma realista lo que hoy cuesta comprar, transportar y distribuir el producto”, según el comunicado difundido por la organización.

El precio definitivo puede variar en Canarias, Ceuta y Melilla por sus regímenes tributarios propios y por las posibles modificaciones en los costes de comercialización aprobadas por sus autoridades competentes.

Con información de Efe