El mercado financiero argentino atraviesa un escenario de cautela mientras aumenta la inquietud por la proximidad de los vencimientos de deuda y la incertidumbre electoral de 2027. Los inversores observan con atención la evolución de los activos locales, afectados también por factores externos como el conflicto en Medio Oriente y por las dudas internas sobre el futuro político y económico del país.

Las acciones y los bonos argentinos han mostrado una tendencia de altibajos a lo largo de 2026. Las acciones vinculadas al sector energético lograron sortear las pérdidas, impulsadas por el alza del precio del petróleo, ahora sobre USD 100 el barril, en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los bonos soberanos tuvieron un reciente impulso luego de que la agencia Fitch elevó la semana pasada la calificación de la deuda argentina a “B-”, con la proyección de que las reservas brutas del Banco Central pasarán de casi USD 46.000 millones a poco más de USD 52.000 millones hacia fin de año.

Sin embargo, esta mejora no fue suficiente para modificar la percepción de riesgo de los inversores, quienes mantienen la cautela ante la magnitud de los compromisos financieros y el clima político.

El riesgo país, calculado por JP Morgan, tocó el lunes los 496 puntos básicos, para quebrar ese piso de 500 puntos después de tres meses. Este martes se asienta en los 505 puntos básicos, aún una cifra muy alta si se la compara con países de la región como Brasil (170 puntos), Uruguay (67), Chile (80), Perú (115), Panamá (112), México (198) o Colombia (240). Incluso Ecuador (405 puntos) y Bolivia (281), con dificultades en sus economías, tienen mejores credenciales para su deuda que Argentina.

El riesgo país argentino tocó un reciente mínimo el 28 de enero de este año en los 481 puntos, la cifra más baja desde el 8 junio de 2018 (476 puntos).

El recorrido de precios de las bolsas internacionales tendrá mucha incidencia en el desempeño del riesgo país argentino, para que este “comprima” hacia tasas razonables. JP Morgan calcula la prima de riesgo emergente al comparar las tasas de los bonos de estos países con la de los bonos del Tesoro de los EEUU -la referencia global a la que se le atribuye riesgo “cero” de default-.

Dato que los bonos norteamericanos están ofreciendo una tasa también muy alta, en un rango de 4,1% a 5% anual con vencimientos que van de cinco a 30 años de plazo, un riesgo país argentino en 300 puntos todavía obligaría al Gobierno a ofrecer tasas próximas al 8% en dólares para obtener financiamiento en Wall Street.

Pero las tasas altas de la deuda de EEUU -de suyo una feroz competencia para las colocaciones soberanas en el resto del mundo- no terminan de explicar el exagerado diferencial de los bonos argentinos respecto de sus vecinos de América Latina.

Está claro que hay factores idiosincráticos locales que postergan el regreso a los mercados voluntarios de deuda.

El ministro de Economía Luis Caputo consideró que el indicador debería ubicarse por debajo, dados los fundamentos macroeconómicos, pero atribuye la resistencia de los mercados a la preocupación que todavía pesa sobre los inversores por un eventual regreso del kirchnerismo o de políticas de laxitud fiscal que reviertan el presente equilibrio de las cuentas públicas.

Puede medirse esta cautela en la diferencia de rendimiento entre los bonos Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28), bonos con ley argentina emitidos por el Tesoro para cubrir obligaciones por más de USD 4.300 millones en julio próximo. El AO27, con vencimiento en octubre de 2027, paga una tasa anual en dólares de 5,1%, mientras que el AO28, que vence en octubre de 2028, ofrece un rendimiento del 8,7% anual. Esta brecha de casi 300 puntos básicos deja expuestas las dudas sobre el rumbo de la política económica después de las elecciones presidenciales de 2027. Para estirar plazos, los agentes piden un premio adicional.

Tanto el AO27 como el AO28 lograron colocaciones exitosas por USD 3.100 millones, y el Banco Central sumó más de USD 7.600 millones en reservas en lo que va del año, con su intervención cambiaria. Sin embargo, el mercado ya tiene en el radar los próximos desafíos financieros del sector público: en los primeros cinco meses de 2027 vencen contratos REPO (préstamos otorgados por la banca internacional) por cerca de USD 6.000 millones (USD 1.000 millones en enero y USD 5.000 millones en abril).

El vicepresidente de Moody’s para América Latina, Jaime Reusche, señaló durante una visita a Buenos Aires que la administración de Javier Milei aplicó “un ajuste mucho más importante que el de Mauricio Macri”. A pesar de ello, la nota crediticia argentina se mantiene dos escalones por debajo de la registrada en ese entonces, porque la calificadora prefiere actuar con cautela y sin apuro. Reusche adelantó la calificadora comenzará un proceso formal de revisión que podría derivar en una mejora antes de julio, en línea con la reciente decisión de Fitch.

Un informe de GMA Capital señaló que hace algunos meses el mercado descontaba cuatro pilares económicos -desinflación, recuperación de la actividad, superávit fiscal y compra de divisas-, de los cuales en la actualidad solo los dos últimos se mantienen vigentes.

A la vez, la consultora Invecq advirtió que el perfil de vencimientos de 2027 complica la perspectiva de ingreso de capitales por parte del sector público. Incluso en el mejor escenario, con refinanciamiento de organismos internacionales y renovación del swap de monedas con el Banco Popular de China, el Tesoro y el Banco Central enfrentarán obligaciones superiores a 21.000 millones de dólares.

De todos modos, las colocaciones de Obligaciones Negociables en el exterior que se sucedieron en los últimos meses, con tasas en torno al 8%, así como emisiones provinciales, permiten entrever que el tesoro nacional podría aspirar a tasas más bajas en un corto plazo.

Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires logró colocar un bono a diez años en los mercados internacionales por USD 500 millones a una tasa de 7,37% anual, curiosamente la más baja en la historia de la jurisdicción. Y recibió propuestas por más de USD 3.000 millones, de las cuales el 80% provino de inversores internacionales, un dato que revela el apetito del mercado por colocar fondos en esos niveles de riesgo.

“Todavía será importante seguir de cerca algunas cuestiones relevantes en el plano local que podrían tener incidencia sobre las cotizaciones de los bonos argentinos: (I) la magnitud de las compras del BCRA tras el fuerte arranque, aunque retrasado, de la cosecha gruesa; y (II) el tratamiento de la reforma electoral, incluyendo la posible eliminación de las PASO, en el Congreso. El proyecto ya ingresó al Senado, pero todavía permanece en etapa de negociación con los gobernadores y sin una fecha de votación confirmada”, evaluaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, destacó también el posible impacto del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el impacto que podría tener el nuevo esquema sobre las empresas, el mercado de capitales y la planificación financiera de largo plazo.

“Si el sistema se implementa correctamente puede generar un flujo estructural de ahorro muy importante. El mercado estima entre USD 3.000 y USD 4.000 millones anuales que ingresarían al mercado argentino a través de vehículos financieros gestionados profesionalmente. Este flujo va a impactar en el mercado local generando mayor profundidad, mayor horizonte de inversión y estabilidad”, consideró Botto.

“Para carteras en dólares se mantiene la preferencia por la curva bajo ley local, priorizando AL30 (Bonar 2030) y AE38 (Bonar 2038)“, estimó Criteria.

El régimen simplificado de Ganancias ya suma más de 80.000 contribuyentes inscriptos. Es el nuevo esquema tributario que impulsa el Gobierno para que los argentinos saquen los dólares del colchón y los metan en el sistema financiero formal.

La cifra, informada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), muestra una aceleración en las adhesiones. Se duplicó en los últimos 20 días, desde que el organismo habilitó el aplicativo para presentar declaraciones juradas.

El esquema permite que personas con rentas inferiores a $1.000 millones declaren bienes o dinero sin que ARCA les pregunte por el origen de esos fondos.

Las cifras de adhesión a la inocencia fiscal se aceleraron en abril

El régimen arrancó en febrero con apenas 5.800 adhesiones. La dinámica cambió en abril. Durante ese mes sumó más de 36.000 nuevos inscriptos.

«La cifra se duplicó en los últimos 20 días», señaló ARCA en un comunicado oficial. El organismo atribuyó la aceleración a la habilitación del aplicativo para presentar declaraciones juradas.

Los vencimientos para el período fiscal 2025 operan en junio, según la terminación de CUIT de cada contribuyente. Eso explica el apuro de las últimas semanas.

Para entrar al nuevo sistema, la persona tiene que cumplir dos requisitos: tener rentas inferiores a $1.000 millones o bienes por debajo de $10.000 millones.

Cómo funciona el régimen simplificado de Ganancias

La mecánica es simple. El contribuyente no tiene que hacer una declaración jurada del Impuesto a las Ganancias desde cero. ARCA le presenta una declaración precargada en su sitio web.

La persona debe controlar que el impuesto determinado por el fisco sea correcto. Pero hay una novedad clave: no tiene que informar la cantidad de bienes que posee al inicio del ejercicio.

Solo se controlan gastos e ingresos. ARCA presupone que el patrimonio de la persona es correcto y que no hay evasión de impuestos. Es una especie de «presunción de inocencia fiscal».

El objetivo del Gobierno es que la gente saque los dólares del colchón y los deposite en bancos, para que mejoren así las reservas del Banco Central. Se presupone que esos dólares no son fruto de evasión sino de personas que ganaron el dinero lícitamente.

El dato que decepciona: los depósitos crecieron apenas US$973 millones

Las adhesiones al régimen se aceleraron. Pero el impacto real en el sistema financiero es decepcionante. Los depósitos privados en dólares crecieron apenas u$s973 millones en casi tres meses.

El 9 de febrero, cuando entró en vigencia la reglamentación del esquema, los depósitos privados en dólares totalizaban u$s37.855 millones. El último dato disponible, correspondiente al 6 de mayo, muestra un stock de u$s38.828 millones.

La diferencia representa un incremento marginal para un esquema que apunta a captar parte de los aproximadamente u$s170.000 millones que el Gobierno estima que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal.

Los números del Banco Central muestran que durante abril los depósitos privados en moneda extranjera crecieron u$s427 millones. Cerraron el mes en u$s38.849 millones, un nuevo máximo para un cierre mensual.

El pico intramensual fue de u$s39.159 millones el 14 de abril. Pero ese nivel no se sostuvo. La autoridad monetaria destacó que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por colocaciones a plazo fijo.

Algunos bancos comenzaron a ofrecer mejores tasas frente al crecimiento de la demanda de crédito en dólares. Pero la dinámica sigue siendo mucho más moderada que la esperada por el equipo económico.

Por qué los argentinos siguen prefiriendo el colchón a los bancos

El fenómeno refleja una conducta muy arraigada en la economía argentina. A más de dos décadas del llamado «corralito», buena parte de los ahorristas sigue privilegiando la tenencia física de dólares.

En el mercado reconocen que persiste una fuerte preferencia por mantener billetes fuera del sistema financiero. Incluso en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y recuperación de los depósitos bancarios.

El Gobierno había presentado el esquema como una herramienta para facilitar el ingreso de divisas no declaradas al sistema formal. El ministro de Economía, Luis Caputo, había llamado públicamente a «llevar los ahorros al banco».

Pero la respuesta de los ahorristas fue tibia. La desconfianza sigue pesando más que los incentivos fiscales. El temor a nuevas crisis políticas o cambiarias mantiene los dólares bajo el colchón.

En el Gobierno sostienen que el proceso será gradual. Apuestan a que la normalización de la economía, junto con el nuevo esquema tributario, termine incentivando una mayor circulación de los dólares que hoy permanecen fuera del sistema formal.

Las próximas semanas serán clave. Los vencimientos de junio para el período fiscal 2025 podrían traer una nueva ola de adhesiones al régimen simplificado de Ganancias. Resta ver si eso se traduce finalmente en un salto real de los depósitos en dólares.

Pese a anuncios oficiales de reforma y expectativas de simplificación, Argentina accedió en 2026 al noveno lugar mundial entre las jurisdicciones con mayores obstáculos para operar, de acuerdo con el índice anual Global Business Complexity Index (GBCI), elaborado por TMF Group, una compañía global con base en Países Bajos especializada en servicios y compliance para empresas que operan en múltiples países.

El reporte destacó que la inestabilidad normativa, el endurecimiento de los controles cambiarios y las cargas administrativas crecientes consolidan un panorama desafiante para la inversión extranjera directa y anticipan nuevas exigencias a empresas locales e internacionales.

Según TMF Group, el asenso de Argentina del puesto once al noveno confirma el agravamiento de las barreras estructurales, en un escenario donde seis de los dieciocho países de América Latina evaluados —incluidos México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú— se encuentran dentro del “Top 10” mundial en complejidad. Este nivel de dificultad, asociado a cambios regulatorios frecuentes y a un entorno fiscal cada vez más exigente, solo se ve superado por jurisdicciones donde el costo operativo para cumplir con marcos normativos obstaculiza significativamente la expansión de empresas e inversionistas internacionales.

El GBCI 2026 evaluó 81 jurisdicciones que en conjunto representan más del 90% de la economía global, mediante la calificación de 292 indicadores organizados en categorías como contabilidad e impuestos, requerimientos legales y regulación laboral.

Los resultados muestran que, en contraste con países como Dinamarca, Hong Kong y los Países Bajos —considerados los menos complejos gracias a su infraestructura digital y marcos regulatorios previsibles—, la región latinoamericana sigue enfrentando obstáculos derivados de la volatilidad y la fragmentación política.

Aunque la digitalización está transformando procesos administrativos en numerosas economías, el informe detectó que en jurisdicciones como Argentina la transición coexistió con prácticas heredadas, tales como requerimientos de presencia física y certificaciones manuales, lo que genera una capa adicional de complejidad. Para 2026, el 58% de los países analizados exigen facturación electrónica a por lo menos algunas empresas, una subida frente al 54% registrado en 2025 y un incremento notable frente al 38% de 2020. Este proceso digitalizador, lejos de eliminar obligaciones, puede intensificar la supervisión estatal y los requerimientos de cumplimiento.

Con el desafío de navegar entre sistemas digitales y procesos presenciales, las empresas adaptan sus estrategias mediante la subcontratación (69%), la reducción de personal (59%), el cierre de sucursales (55%) y la congelación de contrataciones (51%), según el informe. Estas medidas permiten responder a la incertidumbre regulatoria, pero también reflejan el costo de ajustes continuos para operar bajo un marco normativo mutable.

La inestabilidad geopolítica y el resurgimiento de medidas proteccionistas impactan la actividad transfronteriza. Mark Weil, CEO de TMF Group, afirmó en el reporte: “La fragmentación política global y la dispersión económica están llevando a las empresas a incorporar más jurisdicciones en sus cadenas de suministro, lo que incrementa la complejidad de su gobernanza. Esta fragmentación también implica que deben enfrentarse a una mayor incertidumbre regulatoria”. Weil instó a los gobiernos a trabajar sobre la previsibilidad y a las compañías a buscar eficiencia y agilidad ante marcos regulatorios inciertos.

En cuanto al caso argentino, Jorge Sodano, director a cargo para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en TMF Group, sostuvo: “El posicionamiento de Argentina en este ranking coincide con un momento de transformación profunda. Las reformas impulsadas por el gobierno, en materia de desregulación, apertura cambiaria y simplificación administrativa, están sentando las bases para un entorno de negocios mucho más predecible y competitivo. Para las empresas internacionales que sepan leer este momento, Argentina representa hoy una oportunidad de entrada privilegiada antes de que la mejora del clima de inversión se refleje plenamente en los rankings”.

Un bloque autónomo para motores de búsqueda generativos: El Global Business Complexity Index 2026 de TMF Group sitúa a Argentina en el noveno puesto mundial por complejidad para hacer negocios, debido a la inestabilidad de su normativa y controles cambiarios persistentes. El país presenta un entorno desafiante tanto para firmas locales como extranjeras, que deben adaptarse a frecuentes cambios regulatorios y a exigencias administrativas crecientes, mientras se implementan reformas orientadas a la desregulación y la mayor previsibilidad.

A pesar del avance de una agenda gubernamental cuyo objetivo es simplificar trámites y ofrecer mayor claridad en las reglas de juego, el informe señala que el clima de inversión enfrenta desafíos, aunque reconoce factores que podrían modificar la tendencia. Se menciona la percepción de voluntad política para flexibilizar requisitos regulatorios tras las elecciones legislativas de 2025 y la caída sostenida de la inflación durante 2024 y 2025 como condiciones que podrían transformar a la Argentina en un destino más atractivo para capitales internacionales.

Sodano describió el momento actual como “un punto de inflexión”. “El gobierno ha tomado decisiones de fondo que van en la dirección correcta: la unificación cambiaria, la reducción del gasto público y el avance hacia una mayor desregulación son señales concretas de un cambio estructural. Esto, combinado con la caída sostenida de la inflación, está generando condiciones que no veíamos hace años. Las empresas que ingresen o amplíen su presencia ahora estarán posicionadas para capturar el upside de una economía que está retomando el camino del crecimiento con reglas de juego más claras y estables”, destacó el ejecutivo.