POLITICA
La Cámara Federal unificó dos causas por el “rulo financiero” en el juzgado de Ariel Lijo

La Cámara Federal unificó en el juzgado interinamente a cargo del juez federal Ariel Lijo las investigaciones judiciales contra funcionarios del Banco Central y de casas de cambio acusados de permitir maniobras millonarias para acceder a dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el Gobierno anterior.
El camarista Roberto Boico decidió que el Juzgado Federal N° 11 absorba el expediente que se tramitaba en el Juzgado N° 1, a cargo de María Servini.
Así unificó estas dos investigaciones donde están acusados Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, del Banco Central, y una decena de empresarios, como Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, entre otros dueños de agencias de cambio y cuevas.
La disputa comenzó el 8 de mayo de 2026, cuando Lijo le pidió la causa a Servini para sumarla a su propio expediente.
El argumento es que ambas pesquisas perseguían los mismos hechos: contar una red de personas y agencias de cambio que adquirían divisas al tipo de cambio oficial para luego inyectarlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias ilegítimas millonarias.
A esto se sumaba la connivencia o falta de control de los funcionarios del Banco Central (BCRA).
El juzgado de Servini dijo que había objetos procesales distintos y que solo compartían algunos pocos imputados.
El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, sostuvo el planteo de Servini, pero dijo que la causa de Lijo es más amplia porque también abarcaba irregularidades en la tramitación del sistema de importaciones SIRA, y concluyó que no había una identidad total de los hechos.
Boico estimó que existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros.
Además, el camarista valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.
El juez les dio especial relevancia a las posturas de las defensas y del fiscal Carlos Stornelli, que había coincidido en que, por la comunidad probatoria, unificar era necesario para lograr una investigación “integral, coherente y eficiente”, además de asegurar el derecho de defensa.
Boico entendió que “la mayor amplitud del objeto procesal no excluye la conexión: la refuerza” y dijo que acumular el caso en el expediente más grande y complejo permite reconstruir el suceso histórico criminal en toda su dimensión real, evitando un análisis fragmentario o sesgado de la maniobra global.
Por eso, para la “mejor y más pronta administración de justicia”, y sumado a que la causa del juzgado de Lijo presentaba un grado de avance “sensiblemente superior”, Boico ordenó hacer lugar a la inhibitoria y unificar los casos.
En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene otra causa por la misma maniobra con los mismos sospechosos y no se definió aún si se la queda, se inhibe o le plantea a Lijo que se excuse.
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Río Negro: Alberto Weretilneck anunció un proyecto para eximir de Ingresos Brutos a los turistas extranjeros

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó hoy que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para eximir del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los consumos realizados por turistas extranjeros.
Con esta iniciativa, Río Negro se encamina a ser la primera provincia del país en implementar una medida de este tipo.
La propuesta, que será remitida al cuerpo legislativo durante los primeros días de agosto, tiene como objetivo central fortalecer la competitividad de los destinos rionegrinos frente a otros centros turísticos internacionales, especialmente de Chile y otros países de Latinoamérica. Según explicó Weretilneck, el mecanismo de implementación tomará como referencia el régimen vigente de ARCA para la devolución o exención del IVA a visitantes del exterior.
Aunque la medida tendrá alcance provincial, se espera que los mayores beneficios se concentren en Bariloche y El Bolsón. En Bariloche, se estima que el 20% de los visitantes son de origen extranjero, con una fuerte afluencia de brasileños en invierno (alrededor de 55.000 esta temporada) y de chilenos durante el verano.
“Nuestro objetivo es contribuir a reducir costos y mejorar la competitividad turística, especialmente de Bariloche, el principal centro de turismo invernal de la Argentina”, afirmó Weretilneck durante una rueda de prensa.
La medida apunta principalmente al mercado del segundo semestre, con foco en turistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia, Israel, Brasil y Chile.
El gobernador aclaró que, si bien se busca celeridad, la exención no llegará a aplicarse en la actual temporada de invierno. No obstante, el proyecto llegará acompañado por otra iniciativa de incentivo y promoción a las inversiones turísticas.
Esta segunda ley, actualmente en redacción y bajo consulta con cámaras empresariales y sindicatos, ofrecerá beneficios impositivos (en impuestos automotor, inmobiliario, sellos e Ingresos Brutos) para quienes realicen inversiones en hotelería o desarrollen destinos emergentes, como la pesca en el río Limay.
Con estas políticas, el gobierno rionegrino busca consolidar una estrategia conjunta con el sector privado para potenciar la actividad económica y la generación de empleo. “Es muy importante que la provincia pueda mostrarle al mundo que, además de no cobrar IVA a los turistas extranjeros, ahora tampoco se les cobrará Ingresos Brutos”, concluyó el gobernador.
Desaceleración del turismo
El Informe de Coyuntura y Competitividad Turística de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB) reveló una desaceleración de la actividad al cierre del primer semestre de 2026.
Entre enero y junio arribaron 654.550 pasajeros a esta ciudad, lo que representa una caída del 7,1% respecto al mismo periodo de 2025. Las pernoctaciones también disminuyeron un 4,7%, aunque la estadía promedio aumentó un 2,5%, ayudando a mitigar el impacto de la menor afluencia. A su vez, junio mostró cifras más preocupantes, con una baja interanual del 14,1% en la llegada de pasajeros. Además, el gasto turístico total (ajustado por inflación) cayó un 16,7% en el último mes del semestre.
La caída en Bariloche no es aislada: el tráfico aerocomercial nacional descendió un 12% en junio. Bariloche registró una baja del 17% en vuelos, una cifra similar a la de destinos como Mendoza y El Calafate. Y el transporte terrestre de larga distancia también retrocedió un 17%.
Paz García Pastormerlo,Conforme a
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Nueva ley de Inocencia Fiscal: la oposición se endurece para evitar que incluya a funcionarios públicos

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó formalmente este miércoles la reforma del régimen de Inocencia Fiscal que el oficialismo impulsará en el Congreso a partir de agosto con el objetivo de formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal. Desde la oposición comenzaron a analizar el primer borrador del proyecto y denunciaron que busca premiar a los evasores. Sin embargo, la principal crítica es que los funcionarios públicos puedan adherir al régimen, especialmente tras el escandaloso episodio de Manuel Adorni.
Si bien el Gobierno aprobó la versión vigente del régimen de Inocencia Fiscal apenas en diciembre pasado, ahora buscará hacerle modificaciones porque no cumplió con las expectativas. Expertos tributaristas y asociaciones de contadores señalaron que la ley original expone a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027. Por eso, el equipo económico trabajó en una serie de modificaciones que apuntan a ampliar el universo de beneficiarios y, al mismo tiempo, otorgar mayores garantías a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.
Según Caputo, “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada”. “Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, explicó el ministro de Economía. No obstante, Caputo no hizo ninguna mención a las tensiones que puede haber por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.
Entre otros puntos, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente permitiendo así la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas. Otro aspecto clave es la definición de “discrepancia significativa”, un punto central en la interpretación del alcance del blanqueo y sus efectos tributarios.
La posibilidad de que los funcionarios, sus familiares directos u otras personas políticamente expuestas puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco del régimen de Inocencia Fiscal se convirtió en el principal blanco de las críticas de la oposición.
“La nueva ley de “Inocencia fiscal” beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”, planteó Agustín Rossi (Unión por la Patria) en sus redes sociales.

En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”. En ese sentido, presentó un proyecto de ley para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas del régimen de Inocencia Fiscal, al considerar que su aplicación a quienes ejercen funciones públicas resulta incompatible con los principios de transparencia, ética pública y prevención de la corrupción.
Valdés también recordó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que las Personas Políticamente Expuestas deben estar sometidas a controles reforzados por el mayor riesgo de corrupción asociado al ejercicio de funciones públicas.

Por otro lado, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también cuestionó la inclusión de funcionarios públicos. “La primera Inocencia Fiscal la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron. ¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La “Inocencia Fiscal 2” sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda”, dijo.
Su compañero de bloque, Esteba Paulón, también presentó un proyecto para excluir a los funcionarios de los beneficios del régimen. “La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”, sintetizó.

En diciembre, cuando se aprobó la primera versión de la Inocencia Fiscal, el oficialismo llegó a los 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz. Un esquema de alianzas que ha logrado sostener a los largo del año en la mayoría de las votaciones importantes.
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POLITICA
Faltan goles y sobra ruido en política y economía

Después del ilusionante índice de inflación por debajo del 2% por primera vez en 13 meses, otros indicadores económicos, sociales y políticos llamaron al Gobierno a morigerar euforias y a profundizar el trabajo para obtener resultados positivos en los próximos dos meses, que serán cruciales.
En eso está centrada tanto la tarea del ala de gestión política, que lleva adelante Diego Santilli, bajo la atenta y permanente supervisión de Karina Milei, como la del equipo económico, que conduce Luis Caputo.
Reformas económicas y acuerdos políticos que le den viabilidad, junto con un blindaje financiero, encabezan las prioridades de un Gobierno que ha quedado en medio de una polución auditiva, potenciada por el final no deseado del Mundial.
Lo que se ha dado en llamar la “ola anti-argentina”, con las críticas que precedieron y, sobre todo sucedieron, a la fallida actuación del seleccionado nacional contra el de España, desacomodó al oficialismo, que tuvo comportamientos ambivalentes al respecto. Aunque pretendió capitalizarla para su meneada y algo gastada batalla cultural, pero sin lograr apropiarse de la reacción.
Muy probablemente, Milei le agregue combustible a esa cuestión (y lejos esté eso de incomodarlo) con su agenda internacional de los próximos días. Empezará hoy con el viaje a Brasil para apoyar al candidato presidencial opositor, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha condenado por intento de golpe de Estado, y a quien el mandatario argentino intentó visitar, pero le fue impedido por disposición de la justicia brasileña.
El coro anti-argentino, también, dejó en offside a los opositores ubicados en el cuadrante progresista, dado el enrolamiento en ese espectro de las caras más conocidas o más representativas que potenciaron las críticas contra los argentinos, así como por el tenor de las acusaciones por tópicos caros a este sector, como el racismo o la discriminación, que forman parte neural de lo que se conoce como cultura woke, a la que combate virulentamente Milei. Demasiado ruido y confusión que trascendió al futbol y la política, para estallar en la agenda pública y ser motivo de conversación en casi cualquier mesa argentina.
El episodio demostró que la polarización nunca descansa y siempre vuelve recargada. Aunque en este caso el origen externo de las acusaciones, como siempre ocurre, logró cohesionar en el rechazo y la indignación a buena parte de los argentinos, aún a quienes se encuentran en veredas opuestas y fuera de esta actitud defensiva no tienen nada en común.
Por eso, varios analistas políticos y de opinión pública, como Andrés Malamud, Luis Costa, Luis Tonelli y Shila Vilker consideran que, el menos en lo inmediato, el efecto político interno ha sido relativo y no capitalizado por ningún sector, más allá de las imputaciones que se arrojen de un polo a otro.
Los opositores acusan al Gobierno de haber propiciado ese clima contra los argentinos con su discurso agresivo y divisivo, con su política económica ultraliberal, su “insensibilidad social”, sobre todo, con las minorías, y con sus alineamientos incondicionales con los Estados Unidos de Donald Trump y el Israel de Benjamín Netanyahu. A eso le agregan una “falta de nacionalismo”, que ahora Milei y los suyos buscaría reivindicar en su provecho ante los ataques externos.
El oficialismo, en tanto, enrostra a los opositores su identificación ideológica con las voces que descalifican a los argentinos. “Los kukas y los zurdos son parte de la internacional woke que quiere el fracaso de la Argentina por cuestiones ideológicas”, les tiran. El empate se mantiene.
Malestar potenciado
De todas maneras, la derrota futbolística y la consecuente ola anti-argentina opera para el Gobierno como una combinación de factores que potencia un malestar o incomodidades sociales e individuales existentes y excede lo esperado para el día después del Mundial. Un acontecimiento que durante 39 días concentró la atención social, hasta el último día, con la presencia del seleccionado argentino en la final y no terminó de la manera soñada, en demasiados aspectos.
El bajón anímico resultante llega, además, en un contexto, donde los resultados negativos o los efectos indeseados de la política económica no le dan respiro a algunas señales positivas, que no logran consolidarse y que, por el contrario, alternan avances con frecuentes retrocesos.
El humor social y la opinión respecto del Gobierno parece reflejar la dinámica en forma de serrucho de la economía, un poco para abajo y otro poco para arriba. Los últimos números del Indec que mostraron una nueva baja en el consumo de 2,7% y una caída tanto de la recaudación como de la actividad económica interanual, con muchas disparidades sectoriales, conocidos luego de una nueva desaceleración de la inflación, se espejan con la valoración de la gestión oficial.
“La recuperación le dura poco al Gobierno”, afirma Vilker sobre la base de los números de la última encuesta de su consultora Trespuntozero. Según ese trabajo, la evaluación positiva de la gestión de Milei cayó respecto de la anterior medición 3,8 puntos (de 39 a 35,2) y la consideración negativa aumentó tres puntos (de 60,3 a 63,3).
La última encuesta de Poliarquía, en tanto, muestra una variación un poco menor, algo más favorable para el Gobierno. Pero, en cualquier caso, se advierte que el piso de opinión positiva que tiene la gestión de Milei no logra superar los 40 puntos, aunque no desciende a los peores niveles que ha llegado a tener.
Lo notable de las últimas evidencias, que la encuesta de Trespuntozero ratifica, es que a los factores económicos parecen haberse sumado razones políticas para hacer subir la desaprobación, aun entre quienes siguen apoyando al Gobierno.
“Se advierte un cierto desencanto basado en razones políticas. Se empezó a poner en cuestión lo que lo llevó a Milei al poder, como la prédica anti-casta y la diferenciación con los demás actores políticos que ya habían estado en el poder. No solo por los escándalos de supuestos hechos de corrupción, como el AdorniGate. Además, crece una percepción de que el Gobierno es insensible con quienes han hecho esfuerzos en estos dos años y medio y siguen haciéndolo con pocos resultados positivos para ellos”, señala Vilker.
La confluencia de factores políticos y económicos parece potenciada por la evolución de la dinámica económica en los grandes centros urbanos.
“La recaudación volvió a caer este mes. Y está en niveles pandémicos”, afirma en referencia a la parálisis de la actividad que se produjo durante la pandemia del Covid-19 un alto funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después de ver los números que presentó hace unos días el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.
La misma calificación o en términos muy similares es utilizada por varios intendentes de los municipios más poblados del Gran Buenos Aires y por algunos gobernadores de las provincias más habitadas.
La temprana discusión del presupuesto para el año próximo con gobernadores dialoguistas y el empeño por avanzar en la muy demorada cesión de obras concesionables a las provincias y en la distribución de fondos o préstamos discrecionales del Tesoro expone la preocupación por tratar de mejorar un escenario muy complejo. En eso está enfrascado el jefe de Gabinete Santilli, por el impacto que tiene sobre la gestión y el avance de iniciativas cruciales para el Gobierno, que no admiten mucho más retraso.
Milei urge por la aprobación de proyectos de desregulación y de apertura, como la ley de Tierras, tanto como con la reforma político-electoral, que no han logrado avanzar hacia su sanción en el Congreso, menos por la dispersa resistencia de los opositores que por la falta de apoyo de los gobernadores y líderes territoriales dialoguistas con representación parlamentaria.
Las objeciones suelen ser menos por cuestiones de principios respecto de los efectos de esas iniciativas que por la falta de satisfacción de otros reclamos o necesidades de sus provincias, casi todas de índole económica.
La aprobación de esos proyectos en el bimestre en curso resulta crucial para el Gobierno. En el plano electoral, por ejemplo, pretende ir despejando lo antes posible el camino hacia los comicios presidenciales de 2027 en varias dimensiones.
Por un lado, la eliminación de las PASO, la posible aprobación del sistema de listas colectoras y la inclusión en la boleta única papel de un casillero para votar lista completa, junto con la eliminación del financiamiento público de las campañas, son los objetivos primordiales del proyecto que impulsa el oficialismo para fortalecer sus chances y complicar los armados de la fragmentada oposición.
Por otro lado, en manos de Santilli y de los primos Menem, laderos de Karina Milei, está la concreción de acuerdos electorales provinciales y municipales con los caciques locales, que no solo despejarían o darían cierta previsibilidad para los comicios del año próximo, sino que también sirvan para otorgar sustentabilidad a la gestión y emitan señales positivas para los actores económicos. La política es una de las mayores incógnitas de los mercados.
En este último plano, la reciente mejora en la calificación de la Argentina por parte de las calificadoras internacionales de riesgo crediticio han hecho un aporte central al blindaje financiero que buscan Milei y Caputo para afrontar con más tranquilidad el año electoral y, al mism, tiempo, alimentar una reactivación económica por ahora demasiado irregular en busca de sus efectos positivos en la dimensión electoral.
Son los goles que demandan tanto la política como la economía, mientras sobran los ruidos.
Claudio Jacquelin,Conforme a
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