POLITICA
La Cámara Nacional Electoral intervino al PJ de Salta y desplazó a los interventores designados por Cristina Kirchner
A más de un año de que se desataran las fricciones partidarias entre el Partido Justicialista (PJ) nacional, bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, y los dirigentes que representaban al espacio en Salta, la Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió la intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) Distrito Salta.
En línea con esto, las autoridades electorales designaron como interventor judicial a José Luis Napoleón Gambetta. De esta manera, su tarea principal será normalizar el partido a través de elecciones internas, tras haber pasado más de un año bajo intervención partidaria ejercida por el PJ nacional.
La intervención original en el distrito Salta fue dispuesta el 24 de febrero de 2025 y ratificada por el Congreso Nacional del PJ el 20 de mayo del mismo año. En aquella instancia, la presidenta del PJ nacional designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso.
Posteriormente, el 20 de febrero, se nombró a dos referentes locales, Pablo Kosiner y Nora Cannuni, quienes habían convocado a celebrar elecciones internas para el 25 de octubre de 2026, es decir, varios meses después del vencimiento del plazo original de intervención. No obstante, la propuesta estaba pendiente de ser tratada en el Congreso Nacional programado para este martes 19 de mayo.
A pesar de esto, en el fallo emitido por la CNE, se consideró que los distintos interventores designados no realizaron actos concretos ni convocatorias verificables durante el periodo de intervención. Según la información obtenida por El Tribuno, las autoridades electorales lo interpretaron como un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados del PJ en Salta.
Según la resolución, la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas.
De la misma manera, el tribunal remarcó que el uso reiterado y prolongado de la intervención por parte del PJ nacional se transformó en un “mecanismo abusivo”, que no logró resolver los conflictos internos del distrito y comprometió tanto la autonomía como la democracia interna del partido.
En línea con esto, la Cámara Nacional Electoral señaló que la convocatoria a internas para el 25 de octubre de 2026 resultaba “tardía” en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.
Por este motivo, plantearon que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por ello, Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.
Mientras que desde el PJ Nacional no hubo una respuesta al fallo, el ex interventor Kosiner repudió la decisión de las autoridades electorales. Por medio de un comunicado, denunció que “la decisión de la Justicia Federal de intervenir el Partido Justicialista de Salta vulnera gravemente la autonomía y la vida interna de un partido político”.
“Cuando existían mecanismos institucionales en marcha para normalizar y ordenar el proceso interno, se optó por una intervención que altera la voluntad partidaria y debilita la autonomía política garantizada por la Constitución”, reiteró el dirigente salteño al hacer referencia a que el cronograma electoral iba a ser aprobado formalmente el próximo martes.
Por otro lado, el ex titular del espacio consideró que “la resolución se inscribe en un preocupante clima de época en la Argentina”. Asimismo, apuntó que “se naturaliza y se avala desde sectores funcionales, la vulneración de instituciones, la afectación de autonomías y el avance sobre ámbitos que deberían resolverse dentro de las reglas democráticas y del respeto a la voluntad de las organizaciones políticas”.
“La autonomía de los partidos políticos es una garantía democrática”, sostuvo Kosiner. Finalmente, concluyó el comunicado con una reflexión: “Cuando se desconoce la voluntad de sus órganos y se interviene judicialmente aun existiendo mecanismos institucionales en marcha, lo que se debilita no es solo a un partido: es a la calidad democrática de la Argentina”.
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POLITICA
Retardo de Justicia. Presentan una queja contra el juez que ordenó la cautelar que protege a Tapia y Toviggino
Los abogados de dos periodistas formalizaron una queja por retardo de Justicia contra el juez de garantías Walter Federico Saettone, que ordenó la cautelar que protege a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA.
Esa medida del juez le impide a Nicolás Pizzi y Nicolás Gasulla y otros periodistas que investigaron a la AFA tomar contacto o acercarse a Tapia y Toviggino, además de difundir datos, imágenes o información de ambos dirigentes.
Los abogados de Pizzi y Gasulla apelaron esa cautelar, pero el juez Saettone no le dio trámite, dijeron en un escrito que su defensa presentó este viernes ante la Cámara Penal de San Isidro.
“Pese a haber transcurrido un mes de la apelación presentada por esta parte con relación a la cautelar dispuesta con fecha 13/05/2026 (en favor del Sr. Tapia) y más de 20 días de la apelación presentada en relación con la resolución de fecha 18/05/2026 (en favor del Sr. Toviggino), la causa continúa en la primera instancia a la espera de que se finalice el trámite de notificaciones a los imputados”, dice el texto, que lleva la firma de los abogados Hugo Wortman y Tomás Brady.
“En aquellas impugnaciones nuestros clientes señalaron una grave e inaceptable afectación al derecho de libertad de expresión a través de una vía de censura indirecta. Nuestros clientes son periodistas y necesitan investigar y que no se les condicione su labor profesional”.
La cautelar que cuestiona fue dictada en el marco de una denuncia de Tapia contra los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes iniciaron la causa que investiga a las autoridades de la AFA por la quinta de Villa Rosa, Pilar.
La versión de Tapia fue que, tras un conflicto por cámaras de fotomultas en la órbita del Ceamse, comenzó una campaña de presión con denuncias judiciales y exposición mediática sobre la AFA, su patrimonio y la quinta de Pilar. Esa denuncia quedó bajo la órbita del juez Saettone y la fiscalía de Pilar.
Los abogados sostienen que pasó un mes desde la apelación contra la cautelar concedida a Tapia y más de 20 días desde la apelación contra la medida dictada en favor de Toviggino, pero que el expediente continúa en primera instancia a la espera de que se completen notificaciones a otros imputados.
Para la defensa, esa demora configura un retardo de justicia. En la presentación, pidieron que la Cámara ordene al juez de primera instancia que, en un plazo de 24 horas, realice los trámites necesarios para que la Alzada pueda intervenir y revisar las cautelares cuestionadas.
El perfil público del juez incluye elogios a la expresidenta Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.
Walter Federico Saettone,Conforme a
POLITICA
La Corte ratificó la cautelar por el financiamiento: “Es una noticia que la comunidad universitaria estaba esperando”
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga al Gobierno argentino a cumplir, sin dilaciones, los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta decisión afecta a todas las universidades públicas nacionales. A partir de la resolución, las autoridades deben recomponer los salarios docentes y actualizar las becas estudiantiles. El objetivo es restablecer el nivel presupuestario que existía en diciembre de 2023, tras meses de pérdida provocados por la inflación y el retraso en las partidas.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, confirmó en Infobae Al Amanecer que la espera por el fallo generaba incertidumbre en el sector. “Es una noticia muy importante que la comunidad universitaria estaba esperando”, expresó. Según su testimonio, el pedido ante la Corte Suprema incluyó un pronto despacho para que la cautelar se resolviera con urgencia.
La medida judicial establece que el Estado debe aplicar de forma plena los artículos que fijan la recomposición salarial y la actualización de becas. El rector detalló que el reclamo no buscaba un aumento del presupuesto, sino revertir el deterioro que sufrieron los ingresos y beneficios.
“No es para incrementar el presupuesto de las universidades, es para recomponer el estado de cosas a como estábamos en diciembre del 2023, porque la pérdida ha sido muy fuerte a lo largo de este tiempo”, afirmó.
La recomposición y el alcance del fallo
El fallo de la Corte Suprema exige recomponer los salarios docentes y actualizar becas que alcanzan a miles de estudiantes. El impacto recae especialmente sobre el rubro salarial, donde el desfasaje alcanza entre 25% y 30%.
Bartolacci precisó que la actualización de las becas tampoco se había resuelto en su totalidad. “Lo que se recompuso es una parte, que es la beca Manuel Belgrano, que son las becas estratégicas, pero no se había hecho nada con las becas Progresar, que son las que comprenden la mayor cantidad de estudiantes en el sistema universitario y sí están comprendidas en el texto de la ley”, explicó.
La aplicación de la ley implica responder a un problema estructural que afecta tanto a docentes como a estudiantes de todo el país. El rector remarcó la importancia del fallo para la salud institucional de la nación. “Que una ley, debatida tantas veces, aprobada con tanta legitimidad, finalmente pueda empezar a aplicarse a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo.
El contexto previo incluyó negociaciones entre el Gobierno Nacional y las universidades. Esas instancias mejoraron de manera parcial los números, pero no resolvieron la totalidad de las pérdidas acumuladas. Bartolacci indicó que la última mejora no subsanó el desfasaje presupuestario. “El desfasaje quedaba aún entre un veinticinco, un treinta por ciento aproximadamente vinculado a lo salarial”, puntualizó.
Dilaciones del Gobierno y argumentos oficiales
El Gobierno Nacional demoró la aplicación de la ley, incluso ante fallos judiciales previos de primera y segunda instancia. Según Bartolacci, existió una intención de dilatar la definición. “Creo que había una intención de dilatar la definición bajo el argumento, que incluso con lo que pasó en junio quedó en evidencia que no era cierto, de que no había recursos y que no había atribuciones en el Poder Ejecutivo para redireccionar partidas”, señaló.
El rector agregó que los hechos demostraron que el Ejecutivo sí tenía capacidad para cumplir con los compromisos. “Lo que pasó en julio también ponía en evidencia que no hace falta una ley que diga expresamente en un artículo de dónde salen los recursos para poder cumplir con un objetivo que el Estado se propone”, opinó.
Las universidades públicas nacionales atravesaron una etapa de incertidumbre mientras aguardaban la definición judicial. Bartolacci manifestó que ahora sienten alivio y satisfacción por el deber cumplido. “Es alivio. Es la satisfacción del deber cumplido y la convicción de que vale la pena siempre. Cuando la causa es noble, vale la pena comprometerse”, expresó.
Consecuencias en el sistema universitario
La demora en la recomposición salarial y la actualización de becas tuvo efectos concretos en las universidades públicas. Bartolacci relató que docentes decidieron dejar sus cargos y buscaron otras fuentes de ingreso. “Por supuesto que pasó, no solo en Rosario, en todo el país. Y en algunas áreas disciplinares nos ha costado encontrar con qué reponer esos cargos”, afirmó.
El pluriempleo docente se extendió, según el rector. Muchos profesores combinaron la actividad académica con otros trabajos, algunos ajenos a su formación. “Conozco colegas que hacen las cosas más diversas, desde manejar un Uber hasta tener comercios o lo que fuera que le permita llegar a fin de mes”, describió.
La precariedad salarial también afectó la calidad de la enseñanza y la continuidad de proyectos científicos. “El 70% de la ciencia se produce en el sistema universitario público. Allí prácticamente todas las líneas de financiamiento están cortadas y estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos”, advirtió.
Bartolacci alertó que la pérdida de investigadores y proyectos no se recupera de inmediato. “En formación de recursos humanos y en líneas de investigación lo que se pierde después no lo recuperás con un acto administrativo en un solo momento. A veces te demanda décadas volver al punto anterior”, señaló.
Prioridades y desafíos para el futuro
El rector remarcó la necesidad de resolver la cuestión presupuestaria y salarial como tarea urgente. Propuso avanzar hacia una reforma estructural del sistema universitario. “Hay que provocar una especie de segunda reforma universitaria”, sugirió.
Al mismo tiempon consideró que la universidad pública argentina debe adaptarse a un contexto nacional e internacional en constante cambio. “En una Argentina que ya no es la misma, la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace veinte o treinta años atrás. Ahora, esa es la agenda que deberíamos estar discutiendo”, manifestó.
Según el rector, el sistema universitario y científico nacional debe reorientarse para aportar al desarrollo del país. Planteó la necesidad de transformar planes de estudio, métodos de enseñanza y la estructura de las carreras. “Hay que hacer una especie de revolución académica, pedagógica y curricular”, concluyó.
El fallo de la Corte Suprema marca un punto de inflexión. Las universidades aguardan la aplicación efectiva de la ley y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. La comunidad universitaria se prepara para afrontar los desafíos pendientes y contribuir al desarrollo nacional.
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POLITICA
Militantes del MTE, que responden a Grabois, prendieron fuego la municipalidad de La Plata: hay 22 detenidos
Graves incidentes se desataron este viernes en la Municipalidad de La Plata cuando cooperativistas prendieron fuego el edificio gubernamental en reclamo por modificaciones en el procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad.
Grandes columnas de humo y vidrios rotos se distinguieron en los videos publicados en redes sociales, mietras desde el gobierno local contabilizaban 22 detenidos y siete heridos tras los incidentes.
La Municipalidad de La Plata efectuó una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificada, por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización social fundada por Juan Grabois.
“Es una organización política que destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa”, explicaron desde la Municipalidad.
El grupo de manifestantes buscó irrumpir en el Palacio cerca de las 13, mientras realizaban una manifestación contra la licitación de los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de pasto y barrido.
En paralelo, en el interior del palacio, ubicado en el centro de la ciudad, se llevaba adelante un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con la presencia de más de 300 vecinos.
En ese momento, manifestantes comenzaron a arrojar objetos hacia las ventanas y puertas de la Municipalidad. Desde el gobierno local que conduce Julio Alak detallaron que un vecino resultó herido cuando un manifestante arrojó una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos.
Desde la Municipalidad repudiaron la violencia que se generó y que además causó que los vecinos no pudieran salir del establecimiento hasta que terminaran los incidentes.
“El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos”, expresó la administración local.
El conflicto por la licitación pública
El gobierno de La Plata denunció que la organización política buscaba mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales -más de mil millones al año- que se había originado en 2011, a pesar de que incumplía sus obligaciones así como tampoco respetaba el “nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”.
El nuevo procedimiento consiste en una modificación que se realizó en el último año cuando el Tribunal de Cuentas advirtió al municipio que no podía seguir contratando cooperativas por contratación directa y exigió que todas se realizaran a través del procedimiento de licitación pública.
Tras ello, la Municipalidad llamó a licitación pública para la contratación de los servicios y “convocó a todas las cooperativas y empresas con tiempo suficiente para que se adaptaran al nuevo sistema”.
Desde el gobierno local argumentaron que todas las cooperativas y empresas que venían prestando servicios, además de otras nuevas, adquirieron pliegos para presentarse a la licitación pública, excepto la organización de militantes políticos del MTE, que “no aceptó participar del procedimiento y decidió atacar violentamente las instalaciones del Palacio Municipal”.
“Si el municipio la hubiese contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, sumó el gobierno local.
Un día antes de la manifestación, el MTE de La Plata había anunciado una movilización y el corte de las calles en 12 y 53 desde las 9.30 del viernes. “El Municipio de La Plata decidió no renovar los contratos que tiene con las cooperativas, mediante los cuales se puede sostener el trabajo de 400 compañeros recicladores que se desempeñan en diferentes calles de la ciudad”, sostuvieron.
Y denunciaron que, como alternativa, la Municipalidad les ofreció “entregar Tarjetas Alimentar, reemplazando un sistema de trabajo por planes sociales”.
“Esta decisión desconoce la trayectoria de diez años de la cooperativa y busca destruir la única política socioambiental que tiene nuestra ciudad”, había advertido el MTE.
La Plata,Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE),La Plata,Juan Grabois,Conforme a,La Plata,,La Plata. Allanaron la casa de un chico de 16 años al que filmaron practicando tiro: había 25 armas y miles de municiones,,Empezaron las obras en el sur del conurbano. Se viene el cuarto carril en la autopista Buenos Aires-La Plata,,Apoyo. Kicillof, con Moyano y gremialistas internacionales: “Si el Gobierno les da la espalda, cuentan con la Provincia”
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