POLITICA
La Cámpora cree que Kicillof no quiere el apoyo de Cristina Kirchner y la ruptura es casi irreconciliable
El futuro es totalmente incierto. En el universo del peronismo sobrevuelan muchas hipótesis sobre lo que puede suceder en las elecciones del 2027. Hace algunos meses la que más asidero tenía era la de construir una unidad pragmática para intentar sacar a Javier Milei de la Casa Rosada. En las últimas semanas, y sobre todo en los últimos días, la que gana más peso es la que plantea un escenario donde el peronismo va terminar compitiendo dividido.
El meollo de ese cambio en los análisis de la dirigencia tiene que ver con la fractura del kirchnerismo. Axel Kicillof está de un lado. Cristina y Máximo Kirchner están del otro. Y ya nadie da muestras de querer atravesar esa línea divisoria que parece haber quedado marcada con tinta indeleble. En algún momento existió la convicción. Hoy ya no. Es imposible.
Los movimientos de cada sector van en caminos inversos. Al mismo ritmo que Kicillof decidió, junto a los suyos, utilizar el silencio como una herramienta para dejar que el tiempo pase y la interna no lo desgaste, el cristinismo aumentó la ofensiva, en términos discursivos, y empezó a poner más fuerza sobre el sello de traidor que pesa sobre la figura del ex gobernador.
Una de las últimas teorías que oscilan en el cristinismo tiene que ver con los movimientos de Kicillof en el campo político. En La Cámpora creen que el gobernador no quiere el apoyo de Cristina Kirchner. Que no le interesa su respaldo y que por eso no la visita ni busca tener contactos con sus dirigentes.
“Axel quiere despegarse todo lo posible de Cristina. No quiere estar identificada con ella. Si él quisiera eso, buscaría el modo para que suceda. Pero no lo hace y muestra lo que quiere”, indicó un dirigente muy cercano a la ex presidenta. El reproche por su decisión de no visitarla en San José 1111 sigue vigente y está latente en la conversación camporista.
En la agrupación de Máximo Kirchner justifican la falta de apoyo a Kicillof en la postura del propio gobernador. Dicen que no lo respaldan porque, en verdad, él no quiere que lo hagan. Sus gestos, sus decisiones y sus palabras tienen otra lógica que, según identifican en territorio ultra K, tiene que ver con salir a buscar el voto no kirchnerista.
“Axel tiene miedo de que le digan kirchnerista. Por eso no va a verla a San José 1111 y por eso toma distancia. La realidad es que él no quiere el apoyo de Cristina y su sector político. No quiere que el apoyo político se identifique con ella”, precisó un camporista que es parte del círculo chico de Máximo Kirchner.
El cristinismo apela a dar vuelta la carga de los hechos. El problema no son ellos que cuestionan a Kicillof, sino que es el Gobernador el que no quiere que realmente lo apoyen. En esa hipótesis el que rompe es el mandatario bonaerense y no Cristina Kirchner. Con ese cotexto, las posibilidades de una tregua son casi nulas y la unidad como una opción real para el 2027 tiene olor a utopía.
Sobre esa base, La Cámpora construye, con mayor dedicación, la idea de que la candidata a presidente del 2027 tiene que ser Cristina Kirchner. Aunque esté condenada, detenida e impedida de ejercer cargos públicos. Es ella porque es mejor que los demás que tienen posibilidades reales de competir. En ese planteo marcan con claridad que afuera de San José 1111 no hay nadie que pueda representar con solvencia y lealtad el proyecto que ellos tienen en su cabeza.
El jueves por la tarde, en Carmen de Areco, Máximo Kirchner volvió a hablar del rol que pretenden para su madre el año que viene y se refirió, como ha hecho las últimas veces, a Axel Kicillof sin nombrarlo. “Nosotros no vemos la política en términos individuales. Nunca la vimos así. Vamos a pelear contra los que tengamos que pelear”, sostuvo. A su lado lo escuchaba con atención el intendente local, Iván Villagrán, que fue el primero en promocionarlo como candidato a presidente para el año que viene.
“Agradezco el acompañamiento a Cristina. Cuando uno ve tanta dirigencia miserable y aparece el pueblo para acompañarla, me queda claro que la unidad tiene que ser con la gente y que la unidad secundaria es con los dirigentes”, precisó. Hacia adentro del peronismo la decodificación de ese mensaje tuvo varias coincidencias. La unidad, a la fuerza o por necesidad, ya no es un camino posible. Para nadie.
Entonces, empezó a florecer con más fuerza la idea de una fragmentación que quede retratada en el escenario electoral del año que viene. Cada uno por su lado. Al menos, Kicillof y los Kirchner. Los movimientos que haga el resto del peronismo aún son indescifrables. Porque faltan reglas de juego claras y unos cuántos meses por delante para que llegue el momento de las definiciones formales.
“Si mañana aparece Cristina bancando a Axel en las redes sociales, se convertiría en una mala noticia para quienes lo rodean. Nadie quiere eso. La estrategia es distanciarse, no acercarse. Axel no quiere que lo apoyemos”, reflexionó un dirigente cristinista que suele tener diálogo con la ex mandataria.
Los cuestionamientos al Gobernador alcanzan también otro tema. Frente a la posibilidad de que el gobierno nacional logre eliminar o suspender las PASO, en La Cámpora aseguran que Kicillof “no está haciendo demasiados esfuerzos para que queden en pie”. Y agregaron, con ironía: “Dicen que quieren una PASO con el candidato de CFK pero Axel no hace nada para que eso pase. Ni desde lo político ni desde lo mediático. Y es raro que un candidato a presidente del peronismo no pueda ejercer presión”.
En el fondo, lo que se preguntan es si realmente Kicillof quiere enfrentar a un candidato de la ex presidenta en una eventual elección primaria. “Axel no hace nada y quiere que las cosas sucedan. Y si no hay PASO, el principal perjudicado es él”, señalaron en el entorno de la ex mandataria. En esa afirmación reside una mirada sobre lo que viene que es preocupante para el peronismo. Si no hay PASO, las posibilidades de una fractura expuesta y de candidaturas múltiples es muy alta.
Entre tanta guerrilla política, en el cristinismo celebraron la homilía que dio el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el Tedeum del 9 de julio, pero, en especial, el mensaje que dio en una entrevista con el diario Perfil, donde aseguró: “Hay que cuidar el equilibrio fiscal, pero también es necesario un equilibrio social”.
La definición es similar a la que viene pronunciando Máximo Kirchner en los encuentros políticos que encabeza. “Es necesario construir justicia fiscal para que haya equilibrio social”, suele decir el líder de La Cámpora, en referencia al foco del proyecto económico que debe tener el peronismo si vuelve al poder el año que viene. En las palabras de García Cuerva sintieron la empatía de la Iglesia católica con las necesidades que ellos divisan en la gente y en el futuro del proyecto político. Algo de paz en el medio de una batalla que, por momentos, parece no tener final.
Máximo Kirchner,política,Carmen de Areco,acto,discurso
POLITICA
La fiscalía pidió nuevas medidas para comprobar si Adorni concretó las operaciones con las criptomonedas
La fiscalía que investiga el patrimonio de Manuel Adorni pidió nuevas medidas de prueba para establecer si las operaciones con Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justifica casi US$600.000 en efectivo fueron realmente suyas. Le encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe que responda 29 preguntas sobre quién controló esas cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, según supo TN de fuentes judiciales.
El pedido llega un día después de una primera verificación. Ayer, en la sede de la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, se comprobó que las ocho direcciones de Bitcoin que aportó la defensa existen y que sus movimientos coinciden con los que informó Adorni. También certificó que sus abogados tienen hoy las claves de acceso a esas cuentas.
Cada dirección de Bitcoin funciona como una cuenta y solo puede operarla quien tiene la clave privada. Quien tiene hoy esa clave puede demostrarlo, pero eso no prueba que la haya tenido siempre: las claves se pueden transferir y una persona puede obtener cuentas con operaciones ya registradas. Las nuevas preguntas de la fiscalía apuntan a despejar esa posibilidad.
La fiscalía les preguntó a los especialistas si existe alguna herramienta técnica para establecer desde cuándo alguien tiene las claves, o para comprobar si quien las tiene hoy es la misma persona que manejó las direcciones entre 2014 y 2018. También consultó si las firmas digitales de ayer acreditan un control exclusivo o compartido de las claves, y si es posible producir una firma válida sin tenerlas.
En la verificación de ayer, los abogados de Adorni firmaron en cada dirección un “mensaje de desafío” generado por la fiscalía. El método permite demostrar que alguien tiene la clave de una cuenta sin revelarla. Los defensores usaron las claves privadas que Adorni había entregado antes ante escribano, en un sobre cerrado, y técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA confirmaron que todas las firmas eran válidas. Todo quedó filmado y registrado en un acta, y las claves se volvieron a guardar en un sobre lacrado sin que nadie las viera.
En su respuesta al requerimiento de justificación patrimonial que le hizo la fiscalía en agosto, Adorni sostuvo que obtuvo US$591.544 con operaciones de Bitcoin. Según su presentación, hizo una primera inversión en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, compró las criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores y las vendió en efectivo, por fuera de plataformas reguladas. Dijo además que guardó el dinero en su domicilio hasta diciembre de 2023.
En paralelo, Pollicita pidió a principios de esta semana reconstruir los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que fueron mayores de edad, levantar el secreto fiscal y relevar compras de moneda extranjera entre 2011 y 2015, entre otras medidas. La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.
Las nuevas pruebas que pide la fiscalía
Uno de los puntos del pedido resume el estado de la investigación. La fiscalía señala que las direcciones se quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También dice que los movimientos registrados coinciden con los que informó la defensa y que la verificación criptográfica dio resultado positivo. Con esos elementos, les pregunta a los técnicos si es “técnicamente compatible” que el imputado haya controlado las direcciones mientras funcionaron. Y, en contrapartida, si existe alguna medida que permita afirmar con certeza que en ese período las manejaba otra persona.
El informe también tiene que analizar los 41 movimientos registrados en las ocho direcciones: si los pudo haber hecho una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si el registro público de Bitcoin, la llamada “blockchain”, tiene algún dato que identifique a quien controlaba las cuentas en ese momento. La fiscalía pregunta en particular si hay alguna forma de identificar quién depositó fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones. Según el pedido, en esas operaciones no aparecen conexiones con plataformas de intercambio.
Otra parte del cuestionario apunta a cómo se generaron y se guardaron las claves. Los investigadores también quieren saber si todavía se pueden rastrear las conexiones a internet desde las que se hicieron las operaciones.
Ante los empresarios de IDEA, Luis Caputo prometió una reforma tributaria para 2031
El pedido incluye preguntas sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y consulta qué tan confiables son las herramientas comerciales que vinculan direcciones de Bitcoin con plataformas y si sus resultados son auditables por terceros.
Por último, pidió precisiones sobre el marco legal de la época. Pregunta qué normas regían en la Argentina para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018, qué alcance tenía la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde cuándo existe el registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuándo incorporó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estándares específicos para estos proveedores.
Manuel Adorni, bitcoins
POLITICA
Murió el juez Augusto Belluscio, el último de los integrantes de la Corte del regreso a la democracia
A los 96 años, murió Augusto Belluscio, el último sobreviviente de la Corte Suprema de Justicia que refundó Raúl Alfonsín en 1993 con el regreso de la democracia. Se trata del último de los jueces que dejaron firme la histórica sentencia contra los excomandantes que lideraron el terrorismo de Estado en la Argentina.
Lo propuso para la Corte Suprema de Justicia el ministro de Justicia de Alfonsín, Carlos Alconada Aramburu, quien lo había conocido cuando ejercía como abogado ante su juzgado federal.
Puntilloso, de origen radical y obsesivo en la corrección de la sintaxis de sus votos, en la Corte, aun quienes discreparon ideológicamente con él, le tenían gran respeto como jurista.
Civilista de prestigio y autoridad indiscutida en derecho de familia, Belluscio fue juez de la Corte durante casi 22 años, entre diciembre de 1983 y septiembre de 2005.
Atravesó tres Cortes distintas, cuatro presidencias y algunos de los fallos más decisivos de la democracia recuperada.
Votó contra el divorcio vincular y a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Convalidó la obediencia debida, pero rechazó los indultos de Carlos Menem.
Enfrentó a Domingo Cavallo en el apogeo del superministro y respaldó la pesificación cuando los ahorristas golpeaban las puertas de Tribunales.
Había nacido en Buenos Aires el 10 de junio de 1930. Se recibió de abogado en la UBA en 1955 y se doctoró en 1960. Fue a la misma escuela primaria que Enrique Petracchi, con quien compartiría después dos décadas de Corte, aunque nunca coincidieron en las aulas: le llevaba cinco años.
Entró a Tribunales en 1957 como secretario de un juzgado civil. En 1965 fue designado juez nacional en lo civil y comercial federal y en 1974 ascendió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Dejó ese cargo durante la dictadura. Años más tarde explicaría que se fue porque la situación se había vuelto peligrosa.
Fue profesor de Derecho Civil V en la UBA desde 1962 y titular de la cátedra entre 1973 y 1996. Su Manual de Derecho de Familia es un clásico con nueve ediciones y dirigió el Código Civil comentado, anotado y concordado, de nueve tomos que le llevó un cuarto de siglo.
Alfonsín lo propuso el 13 de diciembre de 1983, al tercer día de su gobierno, por sugerencia de su ministro de Justicia, Alconada Aramburu. El Senado le dio acuerdo por unanimidad el 21 de diciembre.
Conformó el alto tribunal renovado por completo junto con Genaro Carrió, José Severo Caballero, Carlos Fayt y Enrique Petracchi: un radical, un radical cordobés, un socialista, un peronista y un jurista sin filiación, según los escribió él mismo en una entrevista con estudiantes de una revista universitaria en 2017.
Irónico, decía que Alfonsín había cometido el error de aceptar la propuesta, y que lo único que lo sorprendió en 1983 fue que el entonces presidente ganara esas elecciones.
Era el último de los jueces vivo que el 30 de diciembre de 1986 confirmó la sentencia del Juicio a las Juntas. Tuvo, sin embargo, un voto donde redujo las penas de Viola y Agosti y, con Caballero, argumentó en un voto por separado sobre el grado de responsabilidad de los excomandantes.
Meses después, tras la crisis de Semana Santa, convalidó con la mayoría la ley de obediencia debida en el caso Camps. En esos años firmó el fallo Bazterrica que declaró inconstitucional castigar la tenencia de drogas para consumo personal, en nombre de la esfera privada que protege el artículo 19 de la Constitución.
Y ese año votó contra el divorcio vincular al sostener que esa decisión le correspondía al Congreso, no a los jueces. Treinta años después contó que Alfonsín les había pedido en una reunión que declararan inconstitucional la vieja ley de matrimonio civil, y que él votó en contra igual.
“Por más que me presionen, no me sale jugo”, declaró. Una lección de independencia que trasciende las décadas.
En 1990, Carlos Menem amplió la Corte de cinco a nueve miembros y formó la “mayoría automática”. Belluscio fue la minoría de esa mayoría automática, junto con Petracchi y Fayt.
En 1990 la corte menemista volvió a penalizar la tenencia para consumo, pero Belluscio y Petracchi mantuvieron la disidencia. Cuando Menem indultó a los comandantes condenados, Belluscio votó en minoría por la inconstitucionalidad de esa medida presidencial.
En 1993, con Petracchi denunciaron el robo de una sentencia de la Corte del libro de protocolo. Ese fallo obligaba al Banco Central a pagar honorarios millonarios. Todos miraban a otro juez de la Corte en realidad.
Domingo Cavallo, en cambio, dijo que la habrían robado ellos mismos, y los jueces lo querellaron. Cavallo terminó pidiéndoles disculpas en público.
El episodio que más lo persiguió ocurrió en París, cuando en 1989, la abogada Mirta Schwartzman, de 40 años, murió al caer desde un cuarto piso en una habitación donde se encontraba con Belluscio. La policía francesa concluyó que se había tratado de un suicidio. Belluscio admitió ante los investigadores la relación sentimental que los unía.
El caso desató un escándalo político y su esposa le pidió el divorcio.
En la crisis de 2001 respaldó la pesificación y soportó la furia de los ahorristas que protestaban frente al Palacio de Justicia.
En 2003, Elisa Carrió pidió su juicio político por su actuación en sanciones a jueces inferiores. El pedido no avanzó, y en enero de 2004 Belluscio asumió la vicepresidencia del tribunal, junto a Petracchi como presidente.
En la reapertura de los juicios por la represión firmó con Fayt y Adolfo Vázquez una disidencia que consideraba prescripto el delito y rechazaba aplicar en forma retroactiva la convención de imprescriptibilidad.
Un fallo inspirado por sus ideas puede impactar aún hoy en la causa por la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, que recurrió a tribunales internacionales para revocarla.
Se trata del caso Bullascio de 2004, por la muerte de Walter Bullascio en 1991 en una comisaría tras un recital en Obras de los Redonditos de Ricota.
Allí aceptó reabrir la causa. Petracchi y Eugenio Zaffaroni sostenían que la Corte debía subordinarse a la Corte Interamericana. Belluscio y Juan Carlos Maqueda, en cambio, admitieron que los fallos del tribunal internacional eran obligatorios, pero basaron la reapertura en que la sentencia que declaró prescripto el delito era arbitraria y había que dictar una nueva.
En 2017 mantuvo su idea y dijo que la Corte Interamericana no podía revocar un fallo de la Corte Suprema, salvo para liberar a un condenado.
El 7 de junio de 2005, a días de cumplir 75 años, entregó su renuncia al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, hy presidente de la Corte. Estaba por cumplir la edad límite que fijó la Constitución para seguir siendo juez.
Belluscio dijo que no quería beneficiarse de un fallo que él mismo había firmado cuando extendió en el caso de Fayt la posibilidad de seguir más allá de ese límite legal. Quedarse, escribió, sería una incompatibilidad ética que no estaba dispuesto a aceptar.
Sus pares lo despidieron con un brindis y aplausos, a diferencia de lo que ocurrió cuando la mayoría automática menemista dejó la Corte.
En la profesión seguía ejerciendo en el estudio fundado por el civilista y procesalista Santiago Fassi, cuyo retrato exhibía en su despacho. Tenía una idea austera, casi monacal, del oficio. A los futuros jueces les recomendaba pegar el traste al asiento.
Se definía como un liberal clásico, convencido de que cuanto menos se metiera el Estado en la vida de las personas, mejor. Estaba contra el matrimonio igualitario y el divorcio sin causa, pero dijo que lo había vencido el modernismo.
La Corte lo recordará con una acordada y la colocación de su nombre en la placa que recibe a los visitantes en el cuarto piso del edificio de los tribunales.
Con su muerte, desaparece el último integrante del máximo tribunal de cinco miembros que en 1983 le devolvió una idea republicana a la Corte de la democracia.
gran respeto como jurista.,Hernán Cappiello,Corte Suprema de Justicia,Conforme a
POLITICA
Abel Furlán sufrió otro revés judicial en la batalla para recuperar la conducción de la UOM y de la obra social
La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó que los tribunales laborales y no el fuero civil federal son los competentes para resolver la disputa sobre la validez de las autoridades de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más grande de la Argentina, en un fallo que representa otro revés judicial para Abel Furlán, el desplazado líder gremial, en la disputa abierta por la conducción de la organización.
La resolución, firmada por los jueces Florencia Nallar, Juan Perozziello Vizier y Fernando Uriarte, confirmó la decisión que había declarado incompetente al fuero Civil y Comercial Federal para intervenir en la causa iniciada por Furlán contra el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y ordenó que el expediente sea remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para su radicación y posterior tramitación.
La disputa se originó cuando Furlán promovió una acción meramente declarativa —un mecanismo procesal que busca despejar una incertidumbre jurídica sin necesidad de un daño consumado— para que se reconociera la validez y legalidad de las autoridades electas de la obra social. La maniobra buscaba contrarrestar una decisión previa: la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había declarado nula esa misma elección del 18 de marzo y designado un interventor para la UOM.
El tribunal rechazó el argumento de Furlán de que la obra social no participó en el proceso laboral conexo y de que su situación se rige por el régimen federal de obras sociales y no por la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales. Para la Sala I, ese vínculo sustancial entre ambas causas era precisamente el que activaba el principio de perpetuatio jurisdictionis, regla procesal según la cual el juez que primero tomó contacto con los hechos de un caso mantiene prioridad para resolver las cuestiones vinculadas con el fin de garantizar coherencia y economía en la decisión.
El tribunal señaló que el desplazamiento de competencia por conexidad no equivale a una acumulación de procesos, figura que sí exige que los juicios se encuentren en etapas procesales comparables.
Destacó que la conexidad, en cambio, opera aun cuando uno de los procesos ya tenga sentencia dictada —aunque no firme, como ocurre en este caso con la causa del fuero laboral— porque su objetivo no es evitar fallos contradictorios sino concentrar ante un mismo juzgado los expedientes con comunidad de intereses.
El dictamen del Fiscal General ante la Cámara aportó un dato que el fallo recoge con peso particular: al momento de la resolución, 5 recursos de queja se encontraban en trámite ante la Corte Suprema, todos derivados del mismo conflicto electoral en la UOM.
Fueron presentados, en forma separada, por la propia UOM, la Junta Electoral Nacional de la UOM, los integrantes del Secretariado Nacional elegido el de marzo —entre ellos el propio Furlán junto a Pablo Molina, Rubén Urbano, Esteban Cabello y Oscar Martínez—, la Lista Violeta y Azul, y los abogados Álvaro Ruiz, Matías Cremonte y Carlos D. Zamboni Siri.
Ese cuadro de litigiosidad simultánea reforzó el criterio del tribunal: permitir que un juzgado federal civil avanzara sobre el mismo objeto ya examinado por el fuero laboral implicaría que un magistrado ingresara al conocimiento de un asunto que tramita ante otro juez, práctica que la Corte Suprema ha vedado de manera reiterada.
La resolución representa otro capítulo en la batalla judicial alrededor de la conducción de la UOM y de su obra social. Por ahora, el expediente iniciado por Furlán no seguirá su trámite en la Justicia Civil y Comercial Federal sino ante la Justicia Nacional del Trabajo, en línea con el proceso previo que ya había intervenido sobre la elección del secretariado nacional del gremio.
Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo
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