POLITICA
La Cancillería Argentina y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires suspendieron un acto por la presión de China
Una vez más el brazo represivo de China se hizo sentir en la capital argentina. Esta oportunidad tuvo como escenario la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tres fuentes diferentes confirmaron a Infobae que por pedido de la embajada del régimen de Beijing en el país, la Cancillería intervino ante el concejo de la Ciudad para suspender el acto -programado para este lunes 24 de agosto- en el que se debatiría acerca de los totalitarismos del Siglo XXI. Paradójicamente, las instituciones argentinas accedieron.
La embajada china comandada por Wang Wei nunca quiso que ese foro se desarrollara y encontró la excusa perfecta para actuar cuando supo que en el mitin organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) se presentaría Dolkun Isa, uno de los más importantes activistas uigures del mundo, radicado en Alemania y presidente del Congreso Mundial Uigur. Apenas supieron de su participación, los delegados diplomáticos iniciaron los trámites para intentar censurar la exposición.
En la región de Sinkiang, al noroeste de China, la etnia uigur es perseguida por el régimen de Xi Jinping, a tal punto que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos se multiplicaron en los últimos años y proliferaron imágenes de los campos de concentración donde Beijing “reeduca” a sus miembros. El Partido Comunista Chino (PCC) se propuso borrar el tema de la agenda internacional y lanzó una campaña para evitar que se hable sobre los uigures en todo el mundo. Por eso se dispararon alarmas en la embajada china en Buenos Aires.
Las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores encargadas de la misión ordenada por China para lograr la suspensión del acto en la Legislatura fueron la Dirección de Asia y Oceanía -al mando de Luis Fernando del Solar Dorrego– y la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, bajo la jefatura del ex embajador argentino ante Alemania, Fernando Brun.
Una vez bloqueada la Legislatura, Wang agradeció la intermediación y las gestiones de los funcionarios argentinos y a miembros de la Legislatura que accedieron al pedido de censura. Los organizadores supieron hace poco más de una semana sobre la cancelación y debieron recurrir a otros escenarios para que se desarrolle con “normalidad”.
El panel de Isa en la Legislatura llevaba como título: “¿Hay razones para la esperanza en la defensa internacional de los derechos humanos?» y tendría como otros de sus expositores a Marcelo Alegre y María de los Ángeles Lasa. Finalmente, la actividad se desarrolló este lunes 24 de agosto en el Club Alemán de Buenos Aires.
El Director general de CADAL, Gabriel Salvia, se refirió a estas presiones a las que accedió la Cancillería: “Vemos con mucha preocupación que desde un ámbito donde se aprobó una ley en la Legislatura porteña, de establecer el 23 de agosto como Día en Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo, no se pueda organizar una conferencia para hablar de derechos humanos”.
Salvia agregó que le alarmaba que “una embajada extranjera, como es la de China, presione a la Cancillería de nuestro país y esta a la Legislatura de la Ciudad”, y que se “cercene” el derecho a “expresarnos libremente, a reunirnos para debatir temas que hacen a los derechos humanos y que se le extienda, en el marco de la represión transnacional, el derecho de un defensor de derechos humanos, como es nuestro colega uigur Dolkun Isa”.
El hecho despertó inquietud en otras delegaciones diplomáticas. En estricto off the record, un funcionario extranjero de un país aliado al actual gobierno argentino se mostró sorprendido por el accionar oficial. “¿No hay libertad de expresión en la Argentina? ¿Tanto poder tiene China?“.
Desde la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron el hecho. Explicaron a Infobae que si bien el pedido de la sala del Palacio estaba solicitada -y nunca se niega para eventos de este tipo- se prefirió desistir de otorgar el lugar para hacer lugar al pedido tanto de Cancillería como de la Secretaría General y Relaciones Internacionales del gobierno local. Como excusa, a CADAL le argumentaron que no estaban todos los papeles necesarios para el préstamo del lugar. En 2025 la Legislatura sí había accedido al pedido.
Antecedentes
En abril pasado, Infobae ya exponía este tipo de prácticas en la Argentina ante la pasividad local. Fue durante una reunión que tenía prevista como sede la Universidad de Belgrano y en la que se hablaría, también, sobre los derechos humanos en China.
En esa oportunidad fue para impedir la presentación de un libro crítico del régimen de Beijing prevista para el 29 de abril. La actividad, llamada “China: la seducción comunicacional para normalizar a un régimen”, tenía como objetivo, además, la ponencia de dos paneles de profesionales y expertos en política internacional ante estudiantes e invitados especiales. La coacción diplomática resultó eficaz: la jornada académica, finalmente, fue cancelada.
La actividad había sido organizada por la Fundación Friedrich Naumann, el Center for the Study of Contemporary Open Sociaties (CESCOS) y promovido por el International Republican Institute (IRI), uno de los think tanks más importantes dentro del ecosistema del Partido Republicano de los Estados Unidos. Las autoridades del IRI se mostraron sorprendidas por la capacidad de maniobras del régimen en la Argentina.
En el caso de la casa de altos estudios argentina, las presiones se mantuvieron en el ámbito privado y ninguna oficina de Cancillería participó. Sin embargo, esa lógica se cortó. Ahora, la embajada de China ejerció su influencia sobre el Palacio San Martín que a su vez logró torcer la voluntad inicial de la Legislatura porteña.
X: @TotiPI
Fernando Brun,Wang Wei,China,diplomacia
POLITICA
Cambios en el Gobierno: renunció el superintendente de Servicios de Salud tras poco más de un año en el cargo
El Gobierno anunció este martes la renuncia de Claudio Stivelman al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo descentralizado que regula y controla a las Obras Sociales y a las empresas de medicina prepaga.
Lo reemplazará Horacio Guevara, un dirigente cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hasta ahora ejercía como el gerente general de la Superintendencia. Según explicaron desde la cartera, Stivelman dio un paso al costado “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”.
El ahora exfuncionario había asumido ese rol el 28 de junio del año pasado en lugar de Gabriel Oriolo. Antes de ese ascenso, Stivelman había sido director de Prestaciones Médicas en la empresa Modum Salud y gerente de Prestaciones en OSPEDYC (Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles).
“La Superintendencia de Servicios de Salud agradece a Claudio Stivelman por el trabajo realizado, su compromiso y la responsabilidad asumida. Durante su gestión se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”, enfatizaron desde el Ministerio.
Por su parte, Guevara fue promovido con la instrucción de “dar continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, según explicaron.
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, Superintendencia de Servicios de Salud
Claudio Stivelman, hasta hoy titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), renunció al cargo, y fue reemplazado por Horacio Guevara, quien desde agosto último ocupaba la Gerencia General del organismo. Guevara se convierte así en el cuarto titular del área, en la administración libertaria.
La información del cambio de autoridades fue confirmada por el organismo, dependiente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, a través de un comunicado difundido esta tarde.
De acuerdo al comunicado, Stivelman presentó su dimisión “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”. Estaba en el cargo desde junio del año pasado y antes había ocupado la gerencia general.
Según pudo reconstruir de fuentes oficiales, Guevara asumió hace poco más de un mes como segundo del organismo, proveniente del sector privado. Es ingeniero y con pasado en la gestión del sistema de salud privado. Durante más de una década se desempeñó como Director de Gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires, y pasó por distintas áreas.
La salida de Stilveman no sorprendió, según contaron fuentes oficiales. Y de hecho reconocían que poco después de la llegada de Guevara prácticamente comenzó una suerte de transición con Stivelman, hombre de extrema confianza de Lugones, desde hace años. Parte de las fuentes consultadas daban cuenta del “desgaste” que genera estar al frente de un área como la SSS para explicar su decisión de dejar el área.
Según informaron desde el organismo en su comunicado, Guevara “dará continuidad a las políticas y los objetivos trazados para impulsar la libertad de elección de los beneficiarios y promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”.
En tanto destacaron que durante la gestión de Stivelman, “se fortalecieron las capacidades de fiscalización del organismo, con foco en la trazabilidad de la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos”.
Stivelman fue el tercer titular de la SSS, luego de la renuncia, en 2025, del segundo titular del área, Gabriel Oriolo. En ese momento se habló de “motivos personales”, para explicar su dimisión y su reemplazo Stivelman, que al igual que Guevara, ocupaba la gerencia general en ese momento.
Oriolo, a su vez reemplazó a Enrique Rodríguez Chantore, que venía de las filas de PRO, estuvo 45 días en el cargo.
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POLITICA
Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió llevar a juicio oral a Ricardo Oreste Garione, exsubgerente de Estudios y Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado por un presunto enriquecimiento ilícito de $3.189.028.220,56.
El requerimiento, que fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a su pareja Cecilia Graciela Ortiz, su expareja Silvana Andrea Calderón, sus hijos Carola Garione y Manuel Garione y su exsocio Tomás Alberto Prato, a quienes atribuye haber intervenido como personas interpuestas para registrar activos, inversiones y fondos que serían del exfuncionario.
La fiscalía le imputó a Garione haber adquirido de manera injustificada 19 inmuebles en Córdoba, Rafaela, El Calafate, Ingeniero Maschwitz, la Ciudad de Buenos Aires, Tigre y Formosa. Entre ellos figura un terreno de 6.000 metros cuadrados en Maschwitz, una propiedad en Nordelta y participaciones en emprendimientos inmobiliarios cordobeses.
El documento menciona la compra de una motocicleta Harley-Davidson en 2010, una camioneta Volkswagen Amarok registrada a nombre de Calderón y vehículos incorporados a nombre de Ortiz y Carola Garione. A su vez, señala la obtención de USD 15.625 en enero de 2010 y de acciones de TECTA SA.
También le adjudicó supuestas operaciones con moneda extranjera, la obtención de acciones societarias y la participación en fideicomisos y desarrollos inmobiliarios. La pesquisa examinó aportes de capital, acreditaciones bancarias y operaciones efectuadas mediante familiares y socios.
El cálculo fiscal actualizado a julio de 2026 compara los ingresos y egresos de Garione con el patrimonio incorporado durante la década investigada. Según el requerimiento, los ingresos declarados en los períodos observados ascendieron a $1.473.244.025,94, una cifra que resultó insuficiente frente a los activos, consumos e inversiones examinados.
La acusación sostiene que varias escrituras y boletos de compraventa consignaron valores inferiores a las tasaciones efectuadas por organismos y peritos oficiales. También cuestiona préstamos que consideró ficticios o sin trazabilidad bancaria, además de operaciones inmobiliarias cuyo origen de fondos no habría sido acreditado.
Los supuestos testaferros
De acuerdo con la hipótesis de la PIA, Cecilia Ortiz, Silvana Calderón, Carola Garione, Manuel Garione y Tomás Prato fueron utilizados para incorporar y administrar bienes que supuestamente provenían de Garione.
Respecto de Ortiz y Calderón, el requerimiento señala que adquirieron inmuebles en Don Torcuato e inscribieron vehículos a su nombre durante 2008 y 2009 sin que la investigación hubiera hallado ingresos laborales, altas tributarias nacionales, saldos bancarios o acreditaciones que respaldaran esas operaciones.
Carola Garione fue incorporada a la causa por la adquisición de un departamento en la calle Sánchez de Bustamante, de la Ciudad de Buenos Aires, en 2016 y por la compra de un vehículo Peugeot. La fiscalía también examinó acreditaciones en su cuenta bancaria entre enero de 2017 y febrero de 2018 por más de $1.200.000, cuya procedencia consideró sin respaldo tributario suficiente.
En el caso de Manuel Garione, la acusación se concentra en un departamento de la avenida del Libertador, en CABA, registrado a su nombre en 2016. Su madre, Silvana Calderón, intervino como representante en esa operación, según consta en el expediente. Prato, ingeniero civil y socio de Garione en diversos proyectos privados, está señalado por haber actuado como apoderado del exfuncionario y por compartir inversiones inmobiliarias, fideicomisos y campos en Formosa.
Según las explicaciones presentadas en la causa, los imputados buscaron justificar el origen de los fondos y bienes con ingresos laborales, ventas de inmuebles y campos, préstamos privados, alquileres, donaciones y transferencias familiares.
Garione alegó que su patrimonio provenía de su sueldo como funcionario, actividades privadas, operaciones inmobiliarias y créditos recibidos de cooperativas, asociaciones y personas de su entorno.
Su expareja, Silvana Calderón, mencionó trabajos como modelo y promotora, ingresos vinculados a tareas con el trío humorístico Midachi y por haber acompañado a Magic Johnson durante una visita. Sus hijos, Carola y Manuel, atribuyeron fondos a ventas de propiedades, préstamos familiares, alquileres temporarios y transferencias entre parientes.
Por su parte, Tomás Prato afirmó haber otorgado un préstamo a Garione y justificó otras operaciones a través de su participación en sociedades y emprendimientos inmobiliarios.
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