POLITICA
Caso Cerimedo: qué se sabe de la investigación al exasesor de Milei hoy, lunes 24 de agosto
El exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo fue detenido hace casi una semana en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, investigado tras un ataque a balazos contra su pareja, una abogada y activista boliviana identificada como Nadia Beller.
Cerimedo es el principal acusado del intento de homicidio. El viernes último, se le dictó la prisión preventiva y se lo envió a una cárcel. La sospecha es que él planeó el ataque, que fue llevado adelante por dos sicarios.
La fiscalía apunta contra Cerimedo como el autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa” y las autoridades siguen buscando a los autores materiales del presunto intento de homicidio. Se trata de dos personas que quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde fue el ataque.
Declaran dos presuntos cómplices
El fiscal Herland Rodríguez explicó este lunes quiénes eran los nuevos detenidos que fueron trasladados a los tribunales. Dijo: “Una de las personas sería la persona que le vende el arma al supuesto autor material que está siendo buscado. La otra persona es una mujer, concubina de este”. Precisó que el delito que se les imputa es “asesinato en complicidad, en grado de tentativa” y que, en el caso del hombre, también el de “porte y portación de armas de fuego”, que se le encontraron al momento de su arresto.
El fiscal informó que iba a pedir la “detención preventiva” de los dos.
Mientras tanto, Beller recibió el alta médica el sábado pasado y afirmó que quiere ampliar su declaración. Ella declaró ante la fiscalía menos de 24 horas después del ataque, poco después de la operación en la que le sacaron los restos de los proyectiles.
Fuentes judiciales dijeron a que estaba “muy conmocionada” cuando dio ese testimonio y que se limitó a hablar de cómo fue el ataque, pero que no había hablado de los negocios de su expareja ni de sus vínculos con los gobiernos de la Argentina y Bolivia (como sí lo hizo después, en las entrevistas que dio a distintos medios, incluido ).
Un liberado
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhony Coca, informó hoy que habían liberado a un hombre colombiano que creyeron que podía estar vinculado con el caso Beller. Los medios bolivianos El Deber y Unitel informaron que Coca detalló que lo habían dejado ir después de que declaró y brindó “información importante” para la investigación.
El jefe policial dijo que este hombre sería vecino de uno de los implicados en el ataque y que escapó en medio de un operativo policial; que por eso creyeron que era “parte de la organización” criminal. Coca contó que el domingo se presentó de forma voluntaria y declaró. “Nos han dado los elementos suficientes para tener ya una hipótesis clara y también una definición del curso de la investigación”, dijo el jefe policial.
Como la fiscalía consideró que no existían pruebas suficientes como para mantenerlo aprehendido, el hombre fue liberado.
Revés judicial para Cerimedo
La justicia le propinó un revés al exasesor Fernando Cerimedo, acusado de intentar matar a su novia Nadia Beller, al rechazar sus objeciones procedimentales a la manera en que se produjo su detención y permitir usar los mensajes de su celular en su contra.
De esa forma, el juez Wilson Espada permitió que los abogados de Beller usen un mensaje donde el exasesor presidencial habla de “eliminarla”.
Cerimedo había realizado cuatro cuestionamientos. Todos fueron rechazados. El primer incidente estaba relacionado con la pericia informática que se realizó al teléfono de Cerimedo.
El segundo incidente estaba relacionado con la presunta vulneración de los derechos de Cerimedo al no haber sido notificada la embajada argentina sobre la aprehensión.
El tercero sostenía que no existían argumentos legales para su detención, y el cuarto, pedía la nulidad de la imputación. Ninguno fue aceptado.
El intento de homicidio
Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, según publicó El Deber.
La acusación fiscal
La acusación de los fiscales contra el exasesor presidencial y especialista en campañas electorales Fernando Cerimedo es lapidaria: señala que “dirigió remotamente la emboscada” para matar a su novia Nadia Beller, la presionó para que se encontrara con sus asesinos, controló por teléfono el ataque y luego intentó huir de Bolivia en un avión.
Así se desprende de las 24 páginas de la acusación de los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón, publicada por el diario El Deber de Bolivia.
Allí se leen las evidencias que recogieron los acusadores para pedir la prisión preventiva sin límite de tiempo contra Cerimedo, o en su defecto la detención preventiva por el plazo máximo que prevé la ley boliviana, que son 180 días.
Las primeras declaraciones de Cerimedo, tras su detención
“Quiero ver a mis hijos”, les dijo el consultor derechista a los los medios que lo esperaron en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde lo trasladaron para una audiencia cautelar. Mientras,no paró de llorar, escoltado por uniformados de las fuerzas bolivianas y tapado con una capucha.
Abordado antes de ingresar a un ascensor, la prensa le preguntó a Cerimedo quién está detrás del atentado contra Beller y si la balacera fue orquestada. El consultor se limitó a mover su cabeza hacia ambos lados y sus hombros hacia arriba en señal de no estar al tanto, pero no ahondó.
Cuando lo interrogaron respecto de si citó a Beller al hotel donde fue interceptada por dos personas que le dispararon, lo negó, también corporalmente pero sin pronunciar palabra.
Las acusaciones de Nadia Beller
Nadia Beller está internada en la clínica Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra. Dice que tiene miedo de la Policía, del gobierno de Bolivia y hasta de la gente del sanatorio. El lunes por la noche le dispararon y sostiene que está convencida de que quien contrató a los sicarios era su pareja, Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y estratega del equipo del presidente de Bolivia. Cerimedo fue detenido horas después del ataque cuando intentaba abordar un avión.
En diálogo con , Beller relató que durante el tiempo que mantuvieron una relación sentimental -desde diciembre pasado hasta ayer- él le habló de negocios espurios que se hacían dentro del gobierno argentino. “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”, afirmó.
Beller contó que, según Cerimedo, el alejamiento del presidente argentino se debió a que “tenía un entorno demasiado podrido” y que todo terminó de romperse cuando Cerimedo y su esposa [Natalia Basil], que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo hablaba de sobornos en ese organismo. “Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció”, relató.
La reacción de Javier Milei
El presidente Javier Milei retuiteó hoy mensajes que sostienen que el atentado de Bolivia por el que está detenido el exasesor suyo Fernando Cerimedo tiene puntos inexplicables y esconde una “operación” política.
En las últimas horas, Milei replicó cinco posteos de X sobre el tema. Entre ellos, dos de la diputada libertaria Lilia Lemoine y uno de Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap), un youtuber cercano a Santiago Caputo, que dijo que el ataque a Natalia Beller “es toda una opereta”.
“La mina supuestamente recibió cuatro balazos, pero no se ve sangre, y apenas seis horas después, ya estaba hablando ante las cámaras desde una sala de operaciones”, dice el tuit de @FranFijap que esta mañana reposteó el Presidente. La referencia es a las entrevistas que dio, desde la clínica donde está internada, Nadia Beller, la expareja de Cerimedo.
Las declaraciones de la abogada de Cerimedo
Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusó el miércoles a Nadia Beller, pareja del exasesor de Milei y quien fue baleada en un hotel de Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, de haber orquestado un “autoatentado”.
“Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado. Creemos que ella fue la que ha armado todo para ocasionar este tipo de lesiones y poder también acusar a Fernando Cerimedo, que es muy cercano a Rodrigo Paz [el presidente de Bolivia]. Sobre lo que estoy diciendo, vamos a presentar pruebas”, dijo Arce en Radio Rivadavia.
E insistió: “Si mirás los videos [de las cámaras de vigilancia], se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder, son capaces de cualquier cosa. Podrá estar embarazada y todo pero…”.
Durante la charla, minimizó las acusaciones de Beller, que se expidió tanto en un video grabado desde el hospital donde está internada como en redes sociales. “Ella habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia [que la trasladó] se habló de dos tiros: uno en el hombro derecho y otro en el izquierdo”. “Ella [Nadia Beller] no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos”, remarcó a continuación.
El parte médico de Nadia Beller
Luego de que Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, acusara a Nadia Beller de realizar un “autoatentado”, accedió a un parte médico de la Clínica de las Américas, el sanatorio de Bolivia donde está internada la mujer, en el que se indica que sufrió “heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego”.
El documento fue enviado a por la propia Beller.
Según ese informe, ella ingresó a la clínica con heridas múltiples por proyectil de arma de fuego, con compromiso de mama derecha, brazo derecho y cuello y hombro izquierdo; una fractura expuesta conminuta de húmero derecho y una herida supraclavicular izquierda, sin evidencia radiográfica de compromiso óseo.
Esta información contrasta con las recientes declaraciones radiales de Arce, que afirmó: “Ella [Nadia Beller] habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia [que la trasladó] se habló de dos: uno en el hombro derecho y otro en el izquierdo. Ella no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos”.
Por otro lado, en el diagnóstico oficial se detalla un “postoperatorio de reducción” y “osteosíntesis de fractura expuesta de húmero derecho”, con “placa tipo Phylos larga y clavijas provisionales”, y una “extracción quirúrgica de dos cuerpos extraños” correspondientes a esquirlas de proyectil.
El documento expone asimismo una “gestación inicial de aproximadamente 4,6 – 5 semanas”. En una entrevista con , Beller había dicho que esperaba un hijo de Cerimedo y que en la clínica le confirmaron que su embarazo marchaba bien. Este punto también fue negado por la defensa del acusado. “Fernando me ha dicho que él no ha tenido relaciones sexuales con ella”, declaró Arce a Radio Rivadavia.
La noche de Cerimedo
El exasesor libertario fue arrestado el lunes por la noche en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra. Fue horas después de los disparos que recibió Beller. Ese ataque lo llevaron adelante dos personas, vestidas como repartidores de delivery, que llegaron al hotel en una moto robada. Interceptaron a la mujer y uno le disparó, mientras el otro le robó su cartera y su celular. Después, se fueron en una moto diferente de aquella en la que habían llegado. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad del hotel, que apuntaba hacia la calle.
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que “días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo” y que a él lo arrestaron justo antes de que dejara Bolivia. “Teníamos la información de que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, entonces desplegamos nuestro personal de aeropuerto, que procedió al arresto”, afirmó Gómez.
Lussich apuntó contra Cerimedo
En paralelo a la repercusión por la detención de Fernando Cerimedo, Rodrigo Lussich hizo pública una denuncia relacionada con un episodio que, según contó, su familia atravesó en Mar del Plata en 2012. El conductor aseguró que el consultor político estuvo involucrado en una presunta estafa inmobiliaria por la que sus familiares habrían pagado 35.000 dólares por un departamento que, de acuerdo con su relato, ya estaba escriturado a nombre de otras personas.
“Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo era un estafador que ya delinquía en el año 2012”, afirmó Lussich al recordar aquel episodio. Según explicó, en ese momento Cerimedo vivía en Mar del Plata, donde trabajaba como remisero y además tenía un comercio.
De acuerdo con el relato de Lussich, esa escritura nunca llegó y la familia terminó enfrentando una acusación por usurpación que derivó en el desalojo del departamento. “Cerimedo jamás devolvió ese dinero”, afirmó. El periodista también señaló que sus familiares iniciaron una causa judicial por estafa y que Cerimedo recibió una condena de prisión en suspenso, aunque, según aseguró, nunca pudieron recuperar los 35.000 dólares porque se declaró insolvente.
La historia volvió a tomar relevancia para Lussich a partir de la trayectoria que Cerimedo desarrolló posteriormente en la política. El conductor recordó su vínculo con Javier Milei y cuestionó su llegada a espacios de poder. “Para cuando el juicio tuvo sentencia ya asesoraba a Milei y su ejército de trolls en redes más todo lo que vino después, hasta su actual detención en Bolivia”, escribió. Y, en esa misma línea, concluyó: “De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos”.
Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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POLITICA
El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.
La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.
La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.
El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.
Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.
Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.
El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.
Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.
El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.
El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.
En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.
En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.
Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.
Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.
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Arrancó el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain con una fuerte polémica entre la defensa y los acusadores
El juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain arrancó este martes con cruces fuertes entre los acusadores y defensores del magistrado que está siendo juzgado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en dos hechos: un supuesto cobro de 200.000 dólares de coima al financista Fernando Whpei, que admitió que pagó tras arrepentirse en una causa judicial; y otro caso donde se cuestiona al juez federal por no haber informado sobre una causa judicial en su contra hace más de 20 años que derivó en una cesantía en el Poder Judicial.
Fue en el segundo caso en el que Salmain trastabilló, cuando decidió declarar en el jury de enjuiciamiento. Cuando la acusación comenzó a formularle preguntas, Salmain dijo que no se acordaba por qué lo habían echado hace dos décadas del Poder Judicial, afirmó que no lo declaró en su currículum para concursar porque no le “sumaba puntos” e insistió en calificar de “arrepentido serial” al financista que declaró cómo pactó una coima de 200.000 dólares a cambio de un fallo.
“Cortemos con la dulzura, Salmain tendría que estar preso”, disparó el senador Luis Juez, uno de los tres acusadores junto con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre. Sobre el juez suspendido pesa un procesamiento por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros. Si Salmain es destituido pasará a hacerse efectiva la prisión preventiva en su contra.
Salmain está acusado de autorizar a los tenedores del fideicomiso Attila, administrado por el financista rosarino Whpei, a adquirir los 10.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial, pese a que el Banco Central se oponía, en momentos en que regía el cepo cambiario. Según la investigación penal, el favor tenía un precio: el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, un pago que los fiscales calcularon en unos 200.000 dólares. Whpei es imputado colaborador en esa causa y, a la vez, está procesado en un expediente por extorsión en el que también está acusado el exjuez federal Marcelo Bailaque.
El encargado de exponer la acusación por el caso Attila fue Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien sostuvo que Salmain actuó en connivencia con terceros para beneficiar al demandante a cambio de la promesa de un retorno económico. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain, qué hizo frente al planteo de rechazo del BCRA y qué hizo la Cámara Federal que revocó esa medida”, anticipó.
La defensa, a cargo de Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, salió a negar cualquier vínculo entre el juez y el financista. “La acusación no va a poder probar nada. Va a quedar claro que Salmain no conoce a Whpei. Van a venir los secretarios a contar que esta persona ni siquiera entró al juzgado del doctor. Es imposible arreglar un sorteo en la Justicia Federal de Rosario que depende de la Cámara”, dijo Castro Bianchi. Y les pidió a los jurados que imaginaran a Salmain como alguien que estaba tomando un café en un lugar cualquiera y al que “después le hacen una cama”.
La segunda acusación se remonta a hace 24 años. Cuando Salmain era empleado de un juzgado de la seguridad social en Comodoro Py, y fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado N° 8, donde él trabajaba. Los nueve miembros de la Corte Suprema lo dejaron cesante por unanimidad, y la causa penal derivada terminó con una probation. El reproche es que nunca lo informó cuando concursó para ser juez. “Nadie en el Senado lo habría votado de saber ese antecedente”, había dicho el senador Luis Juez cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, también por unanimidad, abrir el jury.
Castro Bianchi replicó que cuando llegó la cesantía su defendido ya había dejado el Poder Judicial. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, dijo, y agregó que el sistema de inscripción a los concursos no permitía cargar ese tipo de antecedentes. Salmain fue en la misma línea, aunque con un lapsus que no pasó inadvertido: dijo que había dejado el cargo el 1° de febrero de 2002 “en virtud de la denuncia”, y enseguida se corrigió: “de la renuncia”. Con el vínculo laboral extinguido, planteó, la Corte ya no tenía potestad disciplinaria sobre él.
El argumento promete discusión, porque en los archivos del máximo tribunal hay una acordada unánime que documenta que fue echado por su participación en un intento de soborno. Salmain admitió que no consignó su paso por la Justicia al concursar “porque no daba puntos”, pero recordó que ante una pregunta del consejero Rodolfo Tailhade dijo haber trabajado dos años en el cargo más bajo. Lo que no mencionó, y es lo que le reprocha la acusación, es por qué se fue. Para reforzar su defensa apuntó contra el recién designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien según él concursó sin declarar dos sanciones de hace más de diez años. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años” como límite, explicó.
Ubeira, uno de los abogados más conocidos de Cristina Fernández de Kirchner, llevó la discusión al terreno político. Cuestionó que se haya rechazado la declaración de Whpei como testigo y trazó un paralelo con la causa Cuadernos por lo que considera un uso espurio de los arrepentidos. “Si la propia acusación lo baja a Whpei es porque no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque si lo escuchan encontrarán a un girador. Un girador al cual lo han apretado de la peor forma por otros crímenes cometidos. Y el girador a cambio entregó un juez”, afirmó. Según el defensor, detrás del caso hay una disputa de poder entre los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que se pretende saldar “con la liquidación del doctor Salmain”.
El jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.
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