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Una palabra. Eso bastó para desencadenar un proceso judicial que derivó en un fallo sin precedentes en Argentina frente a los discursos de odio en redes sociales. El legislador porteño Waldo Wolff recibió en la plataforma X el mensaje “gordo jabón” de parte del usuario Marcelo Fredes, en el contexto de una discusión política. Lejos de ignorar el insulto, el diputado advirtió al agresor que esa expresión constituye un delito en el país y, ante la provocación del tuitero —quien le respondió “dale, hacelo”—, presentó una denuncia formal por discriminación y antisemitismo.

El término “jabón” no es un insulto vulgar ordinario. Su uso contra una persona judía evoca una de las prácticas más aberrantes del régimen nazi durante el Holocausto: la fabricación de jabón con los restos de los cuerpos de las víctimas asesinadas en los campos de exterminio. Se trata, por tanto, de una referencia directa al genocidio, y su empleo como arma en una disputa política online representa una forma de banalización de esa tragedia histórica.

Wolff lo explicó con precisión: “Saben lo que es el término jabón. Es lo que hacían los nazis con los judíos después de pasarlos por la cámara de gas”.

La denuncia no quedó en el vacío. La causa fue receptada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación, a cargo de la doctora Andrea Scanga, bajo la conducción del Fiscal General Martín López Zabaleta. El hecho fue encuadrado en el artículo 71 del Código Contravencional porteño, que tipifica las conductas discriminatorias. A lo largo de aproximadamente un año, la fiscalía logró identificar la cuenta desde la que se emitió el mensaje.

El tuit que originó la causa fue: “Mirá, nunca le pegás al desfinanciamiento de Nación, siempre le echás la culpa a PBA. Andá a meter presos a grafiteros, gordo jabón”. Con ese texto, Fredes no solo atacó al legislador con un epíteto antisemita, sino que lo hizo en el marco de un intercambio sobre política argentina, lo que subraya la naturalidad con la que ese tipo de expresiones puede circular en el debate público digital.

Una vez identificado el autor, el proceso avanzó hacia una instancia de mediación penal. Allí, Fredes reconoció los hechos y pidió disculpas públicas a Wolff, a la comunidad judía y a las víctimas del Holocausto y sus descendientes. Según relató el propio diputado, el agresor, “de manera sincera, se disculpó, dijo que no sabía lo que estaba diciendo” y formalizó ese reconocimiento mediante una carta dirigida a todos los damnificados.

“Los damnificados somos todos los argentinos, porque eso es ilegal”, subrayó Wolff.

Como parte del acuerdo alcanzado en la mediación, Fredes también se comprometió a participar de una jornada de reflexión y capacitación en el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires. La visita, que tendrá lugar este martes, tiene por objeto que el agresor tome contacto directo con el registro histórico del exterminio nazi y comprenda el peso real de las palabras que utilizó.

Wolff fue explícito al valorar el trabajo del Ministerio Público Fiscal: “Quiero agradecerle al doctor Martín López Zabaleta y a la doctora Scanga por el trabajo que hicieron”, declaró. El legislador también extendió el reconocimiento a Fredes por las disculpas ofrecidas e invitó a quienes participan del debate político a entender que “hay límites, que no vale todo”.

El caso instala un punto de inflexión en el tratamiento judicial del antisemitismo en plataformas digitales dentro del país. Hasta ahora, la impunidad relativa de los mensajes de odio en redes sociales se sostenía, en parte, en la dificultad para identificar a sus autores y en la falta de precedentes que demostraran la viabilidad de ese tipo de procesos.

“Esto sienta un precedente enorme en la Argentina. Tenés que saber que a partir de ahora que alguien te diga jabón es un delito”, resaltó Wolff.

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, corrigió su declaración jurada donde incorporó una herencia de $21 millones. El presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros (IAF) modificó además el monto de sus deudas, que crecieron de $45 millones a $57 millones.

La presentación fue realizada el 14 de mayo ante la Oficina Anticorrupción bajo el carácter de “Rectificativa 1”, apenas meses después de haber asumido al frente del organismo previsional militar. Allí declaró un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, contra los $62,3 millones informados al inicio del año.

La corrección llegó un día después de que trascendieran las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan para avanzar sobre el patrimonio del funcionario. La información solicitada es bancaria, fiscal e impositiva, con especial atención en un crédito otorgado por el Banco Provincia, uno de los puntos cuestionados en la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.

En la versión original de la declaración jurada correspondiente a 2025, Adorni había consignado que inició el año con una deuda hipotecaria de $130 millones y que logró reducirla a $57 millones al cierre del período. Esa diferencia de $73 millones era uno de los ejes sobre los que se apoyaba la denuncia por presunto incremento patrimonial injustificado.

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Ahora, en la declaración rectificativa el funcionario modificó esos números: ahora afirmó que la deuda inicial no era de $130 millones sino de $45 millones, mientras que el pasivo al cierre del año se mantuvo en $57 millones. Con ese cambio, ya no aparece un desendeudamiento sino un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.

En cuanto a la herencia incorporada por Francisco Adorni en esta nueva declaración jurada, en la documentación presentada ante la OA no se detalló el origen ni quién fue la persona fallecida que dejó esos fondos.

La declaración también muestra modificaciones en su patrimonio personal. Durante 2025, Adorni dejó de declarar una camioneta Chery Tiggo y pasó a informar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Además, mantuvo la declaración del 50% de una vivienda ubicada en City Bell.

En el dictamen que dio impulso a la investigación, Marijuan sostuvo que la investigación apunta a determinar si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, período en el que Francisco Adorni comenzó a ocupar cargos en el Ejecutivo nacional.

Como parte de las medidas de prueba, el fiscal solicitó a ARCA información sobre declaraciones juradas, pagos, Ganancias, Bienes Personales e IVA desde 2020. También pidió al Banco Central datos sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad.

Francisco Adorni desembarcó en el Gobierno libertario como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue promovido al frente del IAF. Desde diciembre de 2025 es diputado bonaerense por La Libertad Avanza.

Manuel Adorni, investigacion, Justicia