ECONOMIA
La demora de los cambios a la ley de Inocencia Fiscal genera expectativas de una nueva prórroga para Ganancias

“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al tratamiento de la nueva Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso. Pero el tiempo corre, y el vencimiento para la presentación jurada del Impuesto a las Ganancias se acerca. Ante la mora en el envío del nuevo proyecto al Congreso, se especula con que nuevamente se prorrogue la fecha, aunque sería con un sexto anticipo o pago a cuenta para no afectar la recaudación y la relación con las provincias.
La discusión sobre el futuro del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y la regularización de dólares no declarados se trasladó al plano de la urgencia fiscal y la coordinación política. El propio Caputo, en conferencia de prensa por el programa financiero hasta 2027, destacó la importancia de que se apruebe la nueva versión.
“La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes”, sostuvo.
La cuestión es que a fines de julio vence el plazo de presentación de la declaración jurada de Ganancias y el Gobierno todavía no envió la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Según pudo saber Infobae, giraría el proyecto en la semana del 20 de julio. Los tiempos no alcanzan para que se apruebe antes de la fecha limite para presentar la declaración jurada. Por eso los contadores creen que podría haber una nueva prorroga.

El CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, analizó el escenario ante Infobae. “Inocencia Fiscal tiene que pasar por el Congreso, no se sabe cuánto tiempo va a demorar ese trámite, pero es inminente que prorroguen el plazo de vencimiento de Ganancias, por lo menos para los que se van a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias“, explictó. Hoy hay muchos contribuyentes que quieren estar en el RSG, pero por los parámetros impuestos por la ley vigente no pueden ingresar y están esperando el proyecto que reforma para poder incluirse en el régimen.
Litvin también identificó la tensión entre la urgencia de recaudar del Gobierno y la de ofrecer alternativas a los contribuyentes. “Acá se produce una disyuntiva desde el punto de vista de que la recaudación de julio tiene que ser mejor que la de junio, hay necesidad de que ingrese el dinero de Ganancias y, por otro lado, hay necesidad de prorrogar el vencimiento porque el Congreso se demoró en tratar este tema”, marcó.
Entre las opciones, el tributarista sugirió que lo más conveniente, como ha ocurrido en otras ocasiones, podría ser establecer un anticipo nuevo o pago a cuenta para que no se haya una baja de la recaudación, el Gobierno pueda obtener algo y, por el otro lado, dar más tiempo para que los contribuyentes puedan optar por el RSG y esterilizar dólares del colchón originados en actividad lícitas.
Ante la consulta de Infobae, fuentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), no habían respondido sobre la posibilidad de postergar el vencimiento.
El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, aportó su visión: “Si bien se conoció el anteproyecto de Inocencia Fiscal II, esto se ha ido dilatando por cuestiones políticas: no está presentado en el Congreso y lo harán antes del 20 de julio, según dijeron. La intención está, pero no se sabe si va a ser posible su aprobación o no”.
Según Domínguez, lo ideal, dado que el Gobierno quiere modificar la Ley, es establecer una prórroga. Al respecto, advirtió que la recaudación de Ganancias no sólo impacta en el Estado nacional, sino también en las provincias y en CABA, por su carácter coparticipable.
El especialista explicó que para lograr una postergación suelen realizarse conversaciones con los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “Hay que ver si están dispuestos a una nueva postergación”, sostuvo.
Domínguez también analizó los resultados esperados y los límites del régimen: “El objetivo del Gobierno es la utilización de dólares no declarados, el Régimen, como está, tiene falencias y muy pocos contribuyentes están dispuestos a usar los dólares del colchón. Pero difícilmente lo haya usando en 2025 cuando la ley no existía. Entonces, que no haya prórroga no afecta la utilización de dólares del colchón, pero sí afecta a la cantidad de gente que se adhiera al RSG, aunque el Gobierno quiere mostrar un número alto”, sostuvo.

Pero además del inconveniente del tiempo entre el envío de la nueva Ley de Inocencia fiscal, la aprobación en el Congreso y la fecha para la presentación de la declaración jurada de Ganancias, está la cuestión política. Por más de Caputo aseguró que no ve razón para que los diputados y senadores no vuelvan a acompañar el proyecto ya que se trata de una versión mejorada. La discusión en el reciento estará cruzada por lo que sucedió con el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está siendo investigado presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas y se adhirió al RSG. Aunque ello no implique necesariamente que lo hizo para sacar dólares del colchón.
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ECONOMIA
Entra en vigencia este lunes un plan de ARCA con el que Economía busca ayudar a las Pyme




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ECONOMIA
Por qué crece la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras

- Mayor incertidumbre o expectativas de devaluación. Una brecha que crece suele reflejar que los inversores y actores del mercado desconfían de que el tipo de cambio oficial pueda sostenerse a su valor actual, anticipando un salto devaluatorio o cambios en la política cambiaria.
- Presión sobre el Banco Central. Si el tipo de cambio oficial se mantiene quieto -incluso “atrasado” si se lo coteja con el avance de la inflación- mientras el CCL sube, crecen las tensiones sobre las reservas internacionales y los incentivos para liquidar o retener exportaciones e importaciones.
El CCL permite comprar un activo en pesos en Argentina y venderlo contra dólares depositados en una cuenta fuera del país
- Mayor demanda de divisiones en el exterior. El CCL permite comprar un activo en pesos en Argentina y venderlo contra dólares depositados en una cuenta fuera del país. Cuando aumenta su precio respecto a otros tipos de cambio -como el dólar MEP, que queda en el país-, crece la necesidad o el deseo de fugar o posicionar capitales en el exterior.
- Distorsiones en la economía. Una brecha elevada complica el comercio exterior. En el pasado, con un control de cambios estricto y brechas mucho mayores, generó incentivos a la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, y suele trasladarse a los precios internos de la economía.
Para que la divergencia se corrija de manera sostenible, será necesario que mejore la percepción de riesgo soberano o que el tipo de cambio real recupere competitividad (PPI)
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ECONOMIA
Día, Burger King, Tía Maruca: ola de fusiones de último momento, antes de que entre en vigor un cambio regulatorio en materia de competencia

Hay una tendencia que se viene dando hace, por lo menos, tres años: luego de la salida de empresas multinacionales de la Argentina, las marcas quedan en manos de empresarios locales. El fenómeno, que muchos analistas explican por la dificultad de las grandes corporaciones globales para entender el mercado interno argentino, se aceleró aún más en las últimas semanas ante la inminencia de un cambio regulatorio en materia de competencia que podría dificultar la concreción de estos negocios.
De hecho, la semana pasada, José Luis Manzano -accionista de grandes firmas como Edenor y Metrogas- cerró su ingreso como socio en la cadena de supermercados Dia junto a Francisco de Narváez, mientras que a través de su vehículo de inversión, Integra Capital, también se confirmó su adquisición de los 107 restaurantes de Burger King en el país, anteriormente en manos de Alsea, el holding mexicano que también opera la marca Starbucks en el país.
Horas más tarde, Molinos Río de la Plata anunció la compra de la emblemática marca de galletitas Tía Maruca. Estas tres operaciones se cerraron en un solo día y, aunque los actores son distintos, todos comparten un denominador común: las transacciones se anunciaron o cerraron antes del 17 de noviembre, la fecha en que entrará en vigor un cambio regulatorio que alterará las reglas del juego para las fusiones y adquisiciones en la Argentina.
Qué cambia el 17 de noviembre y por qué los empresarios lo miraron con atención
Desde este martes, la Ley de Defensa de la Competencia 27.442 empezará a incluir un régimen de control previo de concentraciones económicas. El mecanismo implica que determinadas fusiones y adquisiciones —las que superan ciertos umbrales de facturación— deberán obtener la autorización de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) antes de concretarse.

Hasta ahora, las empresas podían cerrar el negocio y notificar después. La entrada en vigencia del nuevo esquema opera un año después de la constitución formal del organismo de competencia, plazo que se cumple precisamente este 17 de noviembre.
La diferencia no es menor. “Al final del camino, las autoridades tendrán más poder si opinan antes de que se cierre la transacción que si lo hacen después. Este contexto apuró negocios en los últimos meses, sin dudas”, explicó un especialista en el sector a Infobae.
En tanto, para aquellas operaciones en las que el impacto sobre la competencia es más debatible —los casos más “opinables”, en la jerga del sector—, la obligación de conseguir el visto bueno previo introduce una capa adicional de incertidumbre que puede condicionar el precio, el diseño de la operación e incluso su viabilidad.
El caso Telecom-Telefónica, el ejemplo de lo que puede ocurrir
El antecedente más elocuente de lo que implica que el regulador opine antes es la fusión entre Telecom y Telefónica Móviles Argentina. Anunciada en febrero de 2025, la operación fue suspendida preventivamente en marzo de ese año por la Secretaría de Industria y Comercio y, recién en junio de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dio su autorización, pero con condiciones severas.
El organismo exigió a Telecom la transferencia de 6 millones de clientes móviles activos a un competidor independiente —4 millones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 2 millones en el interior—, junto con la cesión del espectro radioeléctrico necesario para prestar el servicio. Además, ordenó la desinversión de la cartera de abonados de Movistar en 28 localidades de cinco distritos, que comprenden 211.400 abonados en telefonía fija, servicios corporativos y mayoristas.
Desde Telecom —operador de la red móvil Personal— cuestionaron la resolución. “Es un encuadre competitivo antiguo que no refleja el mercado de telecomunicaciones actual. Tenemos a Starlink operando en banda ancha satelital y siguen contando los abonados uno por uno en las distintas regiones del país”, señalaron entonces desde la empresa en declaraciones a Infobae. “Nos obligan a una desinversión que es complicada y no tiene antecedentes”, agregaron en aquella oportunidad. El caso dejó en claro que, cuando el regulador opina antes, puede imponer condiciones que reconfiguran el negocio de manera sustancial.
Día cerró cinco días antes del cambio normativo
Una de las operaciones que llamó la atención en los últimos días fue la venta de Supermercados Dia Argentina al grupo GDN, la firma controlada por Francisco De Narváez, propietario de ChangoMás. El acuerdo, por USD 53,8 millones, se anunció el 5 de noviembre y cerró el 12 de noviembre, exactamente cinco días antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.
La cadena española, previamente controlada por el fondo de inversión LetterOne del empresario ruso Mijail Fridman, decidió abandonar el mercado local tras acumular pérdidas contables por 54 millones de euros y un consumo de caja de 14 millones de euros en los 12 meses finalizados en junio de 2026. Con la incorporación de las más de 900 sucursales de Dia, GDN alcanza una red de más de 1.000 tiendas distribuidas en 22 provincias. El grupo español venía buscando hace tiempo desprenderse de su negocio en Argentina.
La novedad trascendió el 14 de noviembre, cuando se confirmó que también Manzano había ingresado como socio en GDN a través de Integra Capital, bajo la sociedad Dorinka. Según informó la propia compañía, el grupo inversor de Manzano se incorpora para “fortalecer el plan de crecimiento, la capacidad de inversión y la expansión en el mercado”. De Narváez, sin embargo, seguirá siendo socio mayoritario, mientras que Dia y ChangoMás continuarán funcionando como empresas separadas hasta que la ANC apruebe la integración.
Manzano también se quedó con Burger King y sumó las estaciones Shell
El mismo 14 de noviembre, Alsea, la firma mexicana que operaba Burger King en la Argentina, confirmó la firma de un acuerdo vinculante para vender los 107 restaurantes de la cadena. En el mercado identificaron a Integra Food & Hospitality —controlada por Integra Capital— como la compradora. La operación todavía está pendiente de autorizaciones regulatorias.

La adquisición cobra dimensión cuando se la conecta con otra operación anterior. En junio pasado, Mercuria Energy Group, el fondo suizo que es socio mayoritario de Manzano en Integra Capital dentro la petrolera Phoenix Global Resources, adquirió los activos de downstream de Raízen Argentina por USD 1.420 millones. Esa transacción incluyó la refinería de Dock Sud —rebautizada Signar Energy— y una red de 894 estaciones de servicio de la marca Shell en todo el país.
La hipótesis de negocios es sumar los restaurantes de Burger King a esa red de estaciones, tal como hizo YPF en su alianza con McDonald’s.
La trama del ecosistema Manzano tiene un eslabón adicional. Edenor, la distribuidora eléctrica en la que Integra Capital también tiene participación, informó, también la semana pasada, a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que su subsidiaria Edenor Inversiones S.A.U. suscribió acciones representativas del 20% del capital social de Latam Downstream Holdings Ltd. (LTDH), la sociedad controlante de las empresas del negocio de refinería de hidrocarburos que incluye a Signar Energy y la red de surtidores Shell. Edenor justificó la inversión como parte de su estrategia de crecimiento y la alineó con su propósito de contribuir a la transición energética, en particular el creciente rol de la electricidad en la movilidad.
Molinos aceleró dos operaciones en octubre y noviembre
Molinos Río de la Plata, la empresa insignia del Grupo Pérez Companc, también concentró operaciones en las semanas previas al cambio regulatorio. El 28 de octubre, la compañía presidida por Luis Pérez Companc anunció la adquisición del 100% de Grupo Ayudín en Argentina, Uruguay y Paraguay, que comprende las marcas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton, además de dos fábricas, un centro de distribución y oficinas comerciales en la región. La operación, cuya implementación fue declarada como sujeta al cumplimiento de autorizaciones habituales, se acordó con Apex Capital y Superior Brands.
El 14 de noviembre, además, Molinos anunció la compra de Tía Maruca, la histórica marca de galletitas fundada en 1998. La operación abarca la marca en la Argentina y determinados países de la región, y también está condicionada a la obtención de la autorización correspondiente.
Con estas dos incorporaciones, Molinos avanza en su objetivo de convertirse en una de las empresas de consumo masivo más importantes de la región, en un portfolio que ya incluye marcas como Matarazzo, Lucchetti, La Salteña, Don Vicente, Granja del Sol y NotCo, entre otras.
Un mercado en máximos históricos, con compradores locales al frente
Estas operaciones se inscriben en un año de actividad récord para el mercado de fusiones y adquisiciones en la Argentina. Según un informe de la consultora Aon, el capital movilizado en M&A creció 38% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, con USD 4.672 millones en 129 operaciones. El dato de PwC Argentina coincide en la tendencia: 56 transacciones por USD 5.700 millones en el primer semestre, lo que posiciona al período como el tercer semestre más activo por valor desde 2010.

Los compradores locales lideraron el proceso: según PwC, el 59% de las operaciones del semestre tuvo a inversores argentinos como adquirentes. “Resulta evidente que casi todos los compradores fueron locales. Ya no se trata de oportunidades de comprar barato, sino de entender la lógica argentina para armar planes de largo plazo, maximizar sinergias con sus negocios existentes y potenciar el crecimiento”, dijo Patricio Rotman, director de F&G Advisors.
La explicación del fenómeno tiene varias capas. Para Eugenio Aramburu, del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam), los inversores locales suelen liderar los procesos de M&A al inicio de un nuevo ciclo macroeconómico por su mayor capacidad de adaptación y flexibilidad en la evaluación del riesgo. “Pasó en la época de Menem y está pasando en el ciclo de Milei”, señaló.
Valeriano Guevara Lynch, Chairman de Allende & Brea, sintetizó la dinámica con una frase que circula entre los operadores del sector: “Donde la multinacional ve volatilidad, el empresario argentino ve precio”. Para Guevara Lynch, el año que viene tendrá dos mitades bien diferenciadas: “una carrera por firmar antes de las elecciones y una pausa para ver qué dicen las urnas”.
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