El gobierno bonaerense intervino en el conflicto y congeló por 15 días la decisión de la empresa de despedir a 150 trabajadores

01/07/2026 – 18:02hs

La conciliación obligatoria llegó a tiempo para 150 trabajadores de Tenaris SIAT. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires suspendió este miércoles los despidos que la compañía del Grupo Techint tenía previsto comenzar a efectivizar desde este 1° de julio en su planta de Valentín Alsina, partido de Lanús.

La medida congela el conflicto por un plazo inicial de 15 días. Durante ese período, la empresa deberá retrotraer la situación al inicio de la disputa y sentarse a negociar con el sindicato.

La cartera laboral, encabezada por Walter Correa, dispuso retrotraer la situación al inicio del conflicto y convocó a la empresa y al gremio a una audiencia de conciliación para el próximo 13 de julio, con el objetivo de abrir una instancia de negociación.

La resolución ministerial calificó el caso como de «extrema gravedad». Los despidos masivos comunicados por la empresa justificaron la intervención del Estado provincial para «promover una solución pacífica legal al conflicto existente».

Las desvinculaciones alcanzaban a alrededor del 43% de la dotación de la planta. Hasta esta semana, unos 350 operarios trabajaban en el establecimiento de Valentín Alsina, dedicado a la fabricación de tubos para obras de infraestructura energética.

Despidos en Tenaris: cómo sigue el conflicto, tras la conciliación obligatoria

La conciliación obligatoria impone reglas claras a ambas partes. El sindicato deberá suspender cualquier medida de acción directa mientras dure la negociación.

Del otro lado, la empresa deberá «abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal». También está obligada a retrotraer las decisiones que dieron origen al conflicto, lo que en los hechos deja sin efecto las desvinculaciones mientras dure el proceso.

«Tenemos el compromiso con el pueblo bonaerense de estar presente como Estado ante cada conflicto laboral y acompañar la paz social como una herramienta de bienestar de nuestra comunidad, máxime teniendo en cuenta que Tenaris es el principal contribuyente del municipio de Lanús«, afirmó Correa.

El ministro apuntó directo contra la compañía. Sostuvo que «los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de este modelo, y menos en un conflicto inducido».

Por qué Tenaris decidió despedir a 150 operarios de su planta

El trasfondo del conflicto arranca varios meses atrás. La planta SIAT de Valentín Alsina arrastra desde abril un esquema de suspensiones acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como consecuencia de la menor carga de trabajo.

La fábrica había vivido su mejor momento durante la construcción del entonces Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. En ese período, llegó a emplear a más de 550 trabajadores bajo convenio y operó en tres turnos para abastecer la demanda de caños destinados a esa obra.

Pero una vez finalizados esos proyectos, la actividad comenzó a desacelerarse. La planta quedó a la espera de nuevas contrataciones de magnitud que nunca llegaron.

El golpe más duro vino cuando Tenaris perdió la licitación para proveer los tubos del gasoducto vinculado al proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy. Ese contrato finalmente fue adjudicado a la empresa india Welspun.

Para el ministro Correa, el conflicto está directamente vinculado a esa decisión comercial. La compañía quedó fuera de dos licitaciones abiertas por el Gobierno nacional relacionadas con la iniciativa para exportar GNL desde Vaca Muerta.

La conciliación obligatoria abre ahora una ventana de negociación entre la empresa y el sindicato. El objetivo es destrabar un conflicto que impacta sobre una de las principales plantas industriales del Grupo Techint dedicada a la fabricación de tubos para obras de infraestructura energética.

La audiencia del 13 de julio será clave para definir el futuro de los 150 trabajadores cuyas desvinculaciones quedaron congeladas. Durante los próximos 15 días, las partes deberán encontrar un punto de equilibrio que permita resolver una disputa que pone en tensión la paz social en uno de los municipios industriales más importantes del conurbano bonaerense.

Por el escándalo del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la agenda del Gobierno en el Congreso sufrió una virtual parálisis y con ello, se demoró el envío de la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Ahora, consideran que en la reunión de mesa política de la semana podría definirse como una de las prioridades de la nueva estrategia legislativa. Sin embargo, los tiempos corren tanto para la fecha de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias como para la remonetización de la economía que busca el ministro Luis Caputo.

La postergación del proyecto genera inquietud entre asesores y contribuyentes. El ministro de Economía Caputo prometió subsanar los puntos débiles de la ley original tras reunirse con contadores, pero la crisis política frenó el avance en el Congreso. Fuentes consultadas por Infobae aseguran que, tras la asunción de Diego Santilli, la mesa política retomará sus reuniones la semana próxima, instancia en la que podría definirse la estrategia legislativa pendiente. Es más fue el presidente Javier Milei quien este miércoles le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que avancen a fondo con las reformas entre ellas Inocencia Fiscal.

El vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025, previsto para fines de julio, representa un factor de presión. El retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Algunos especialistas advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Desde el sector de los asesores tributarios, la preocupación se focaliza en la falta de certezas. Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, sostuvo que el nuevo proyecto resolvía muchas cuestiones que hoy son interrogantes. “El vencimiento es el 27 de julio y todos esperábamos que esto se resuelva durante julio. Si no se trata entonces habrá clientes que van a quedar fuera del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) mientras que otros no se va a sumar porque tiene incertidumbres particulares que lo asustan y tornan desaconsejable el Régimen”, afirmó.

Pero el impacto del retraso también se percibe entre quienes ya cumplen con los parámetros de ingreso y aguardan la sanción de la nueva norma para evitar contingencias. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, señaló que varios contribuyentes esperan que la nueva ley quede definitiva antes de decidir si depositan los dólares no declarados.

“Muchos contribuyentes, si bien ya se encuentran en condiciones de adherir, están esperando que la ley quede definitiva para ver cuáles son los cambios finales, para poder sentirse seguros y con la previsibilidad tal de que depositar los dólares del colchón no le genere ninguna contingencia, ni ningún problema con el fisco u otro organismo”, explicó Girardi. Es que la ley actual no permite la adhesión de quienes tienen ingresos mayores a $1.000 millones, por lo que muchas personas quedan excluidas hasta que se apruebe la reforma.

En esa misma línea fue el contador Marcos Felice quien consideró que la demora complica la posibilidad de adhesión masiva al nuevo régimen. “La ley modificatoria trae muchas cosas más beneficiosas que hacen que más gente pueda adherir por contar con mayor seguridad jurídica a futuro”, afirmó en conversación con Infobae. Y que, a estas alturas, resulta inviable la aprobación en el Congreso antes de los vencimientos del 27 de julio. “Sería bueno al menos que se informe si el proyecto se aplicará recién para las declaración jurada que vencen el año que viene o que se oficialice una nueva prórroga hasta tanto salga la nueva ley”.

Pero hay quienes consideran que el impacto de la demora en el tratamiento de la nueva ley es limitado como el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebatían Dominguez. “Ahora se presenta la declaración jurada 2025, en general vaya a utilizar los dólares del colchón y para lo que requiere de la modificación legal, es para usarlos en 2026”. Domínguez remarcó que la reforma cobra importancia para robustecer el régimen desde el 2026, generando incentivos para que más contribuyentes formalicen sus fondos. “Cuanto más se demore la ley, tiene impacto en la demora en la remonetización de la economía”, advirtió. Además, explicó que prorrogar el vencimiento de julio traería problemas financieros a las provincias, porque Ganancias es coparticipable y los gobernadores se opondrían a una postergación, aun si la impulsa el fisco nacional.

Inocencia Fiscal fue una de las variables en las que se basó el Caputo para asegurar que a partir de mayo/junio comenzaban los “mejores 18 meses”. Es que si bien el ministro Caputo sostiene que la economía está creciendo, reconoce que el ritmo en que lo hace importa porque todavía hay argentinos que la están pasando mal. Y solo puede crecer a una mayor velocidad en la medida en que se produzca una formalización de los ahorros que están fuera del sistema, que se calculan que son USD 170.000 millones. Todavía esta por verse si el oficialismo, luego de la adhesión de varios funcionarios al RSG (pese a que no significa necesariamente que saquen los dólares del colchón), logra la aprobación de la nueva Ley en el Congreso

La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo récord histórico de 12,7% en mayo, según datos de la consultora 1816. Es el 19° mes consecutivo de aumento en este indicador.

El dato surge del análisis de deudas con al menos 90 días de atraso, información que proviene de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). La consultora aclaró que el Banco Central puede actualizar estos números más de una vez, por lo que la cifra definitiva podría modificarse marginalmente.

El deterioro dejó una cifra alarmante: casi 7 millones de personas quedaron excluidas del sistema crediticio. Se trata del 27% de quienes habían tomado préstamos y ahora enfrentan atrasos significativos en sus pagos.

La morosidad se mide en deudas impagas por más de tres meses, un plazo que refleja no solo dificultades pasajeras sino problemas financieros estructurales en los hogares.

En el segmento de empresas, la mora también subió. Pasó de 3,3% a 3,5% en el mismo período. Al considerar todo el sector privado en conjunto, el indicador trepó de 7,3% a 7,7%.

El contexto hace más dramático el panorama: a fines de 2024, apenas el 2,5% de los créditos en familias estaban en situación irregular. En menos de seis meses, esa cifra se multiplicó por cinco.

Qué segmentos están más golpeados por la morosidad

Las líneas de crédito más afectadas son dos: préstamos personales y tarjetas de crédito. Ambas representan los productos más comunes entre las familias argentinas.

El informe de 1816 reveló que 26 de las 30 entidades financieras analizadas registraron aumentos en su morosidad durante mayo. No se trata de un problema aislado en algunos bancos, sino de una tendencia generalizada.

Pero el dato más preocupante está fuera del sistema bancario tradicional. En las entidades no financieras, que concentran el 17% de los créditos a privados, la tasa de morosidad saltó a 32,2%.

Este universo incluye financieras, casas de crédito y comercios que otorgan financiamiento propio. Son justamente estos prestamistas los que atienden a sectores con mayor vulnerabilidad económica o menor acceso al crédito bancario.

Las entidades no financieras tienen requisitos más flexibles que los bancos, pero cobran tasas más altas y enfrentan niveles de incumplimiento mucho mayores, lo que refleja el perfil de riesgo de sus clientes.

Por qué los jóvenes son el grupo más vulnerable

La consultora hizo especial énfasis en la situación de los menores de 35 años. Casi el 40% de los jóvenes con créditos vigentes tiene al menos un préstamo irregular.

Esta cifra no distingue entre entidades financieras y no financieras. Habla de una generación que entró al sistema de crédito en un momento de alta inflación y caída del poder adquisitivo.

Los jóvenes suelen tener ingresos más inestables. Muchos están en trabajos informales o recién arrancando sus carreras profesionales. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, son los primeros en quedar expuestos.

El problema no es solo individual. Una generación entera de potenciales consumidores está quedando fuera del sistema crediticio. Eso tendrá efectos en el consumo y en la capacidad de reactivación económica a mediano plazo.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, dijo la semana pasada en Córdoba que la morosidad tocó un pico en el segundo trimestre. Según su visión, los próximos datos podrían empezar a mostrar una desaceleración en esta tendencia preocupante.

Qué puede pasar con el crédito de acá a las elecciones

En mayo y junio, el crédito en pesos al sector privado dejó de caer en términos reales. Pero tampoco mostró mejoras considerables.

La consultora 1816 no ve que, de acá a las elecciones del año que viene, el crédito a familias sea un motor relevante de la actividad económica. Esto contrasta con lo que pasó en el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025.

Más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser ‘sujetos de crédito’, es decir, perdieron su capacidad de acceder a nuevos financiamientos por su historial de morosidad.

La razón es clara: cuando más de un cuarto de quienes tomaron créditos queda inhabilitado para volver a pedir prestado, el mercado se achica automáticamente. Los bancos se vuelven más selectivos. Las tasas suben. El acceso se complica.

Sin embargo, la consultora cerró con un matiz. El peso del crédito en la economía argentina es tan pequeño que su estancamiento no implica necesariamente una caída del PBI.

La economía local puede seguir creciendo en los próximos 12 meses, aunque sea sin el impulso del financiamiento a familias. Es una señal de que el crédito, históricamente relevante en otras economías, tiene aún un rol marginal en Argentina.