Los argentinos atraviesan un período de «compresión del ingreso disponible» o «squeeze en el bolsillo» por ajuste tarifario y de servicios. Traducción: suben las cosas que no podemos dejar de pagar.

En teoría económica más amplia, esto se relaciona con: efectos de oferta o shocks de costos en precios regulados, inflación por corrección de precios relativos (no es inflación monetaria pura, sino reordenamiento) y con el concepto de pobreza de energía o costo de vida asimétrico cuando afecta más a ciertos grupos.

Es un costo transitorio típico de los procesos de normalización económica después de distorsiones prolongadas. Durante años, el Estado pagó parte de la luz, el gas y el transporte de cada hogar argentino. Esa cuenta nunca desapareció: se cobró en forma de inflación. Ahora que se está saldando, el bolsillo la siente de otra manera — y el consumo lo acusa.

En diciembre de 2023, un hogar tipo del AMBA pagaba unos $3.664 por la electricidad y $1.380 por el gas. Hoy esas mismas facturas rondan los $42.887 y los $28.025 respectivamente. No es que la empresa distribuidora se haya vuelto más cara de un día para el otro: es que durante años esos precios estuvieron subsidiados por el Estado, y ahora se están acomodando a lo que cuesta producirlos y distribuirlos.

Para entender la magnitud del cambio, hay que ver los números con perspectiva. En marzo de 2023, el salario promedio formal (RIPTE) era de $239.883. Hoy es de $1.734.357: subió un 623% en tres años. Mucho, sí. Pero la mayoría de los servicios públicos subieron bastante más.

El colectivo, por ejemplo, pasó de costar $52 por viaje a $700 — una suba del 3.138%. Para ponerlo en términos concretos: alguien que viajaba 60 veces por mes pagaba en 2023 lo mismo que hoy paga por menos de dos viajes. El subte trepó un 2.079%. La electricidad, un 1.070%. El gas, un 1.930%. El agua, un 2.236%. En todos los casos, la suba de esos servicios superó ampliamente la del salario.

«En 2023 la luz y el gas eran baratos no porque fueran baratos: eran baratos porque el Estado pagaba la diferencia con emisión monetaria».

Ahora bien, ¿cuánto pesan esos servicios hoy en el sueldo de una familia, en comparación con antes?

El primer dato que sorprende es el de la medicina prepaga. Con una familia de cuatro en relación de dependencia, la cuota pasó de representar un 43,8% del salario en 2023 a un 40% en 2026. Algo parecido pasó con el colegio privado (de 16,1% a 11,9%) y el seguro de auto (de 7,1% a 5,9%). ¿Por qué? Porque esos servicios privados se ajustaron libremente con la inflación, pero no partían de un precio artificialmente deprimido como los públicos.

El caso opuesto es el del transporte. El colectivo pasó de representar un 1,3% del salario a un 5,8%. El subte, del 0,7% al 2,0%. El agua, del 0,6% al 2,0%. Son exactamente los servicios que más tenían el precio reprimido — los que más subsidio recibían — y por eso su corrección fue más brusca.

Y el ajuste en el transporte no terminó. Las líneas de tren del AMBA tienen aumentos escalonados programados hasta septiembre. Para usuarios con SUBE registrada, la tarifa de la sección más corta (hasta 12 km) pasa de $330 en mayo a $530 en septiembre. La sección media (12 a 24 km) va de $429 a $689, y los viajes más largos (más de 24 km) de $528 a $848. Quien viaje sin SUBE registrada pagará tarifa plana: $1.100 en mayo, $1.700 en septiembre. La corrección tarifaria, en otras palabras, todavía está en curso.

Lo que el subsidio escondía: emisión e inflación

Mantener esos precios artificialmente bajos no era gratis. En 2023, el Estado gastó $2.654 millones en subsidios energéticos y $1.008 millones en transporte, sumando un total de $4.092 millones entre energía, transporte y agua — equivalentes al 2,3% del PBI. Como esos fondos no alcanzaban con la recaudación, el Banco Central transfería pesos al Tesoro para cubrir la diferencia: solo en 2023, los adelantos transitorios del BCRA sumaron $1.775.685 millones. En 2026, ese número es cero.

«El ciudadano pagaba una factura de luz barata, pero pagaba en otro lado: a través de precios más altos en el supermercado, en el alquiler, en todo»

Esa emisión se convertía en inflación. La misma inflación que licuaba salarios y ahorros. El resultado fiscal lo confirma: en 2023 el déficit primario fue del 2,9% del PBI. La proyección para 2026 es un superávit del 1,5% — un giro de más de cuatro puntos del producto en tres años.

La proyección para 2026 es un superávit del 1,5% , un giro de más de cuatro puntos del producto en tres años

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El camino de la inflación

Los números del IPC cuentan esa historia con precisión. En diciembre de 2023, con el primer gran ajuste de tarifas ya en marcha, la inflación general fue del 25,5% en un solo mes — con el IPC núcleo al 28,3%, señal de que el problema era sistémico y no solo tarifario. A partir de ahí, la tendencia fue de baja sostenida: 4,2% en mayo de 2024, 2,4% en octubre, y desde entonces oscilando entre el 2% y el 4% mensual.

Hay un dato en la serie que vale la pena detenerse: el IPC de regulados. En los primeros meses de 2024 — enero a abril —, los precios regulados subieron al 26,6%, 21,1%, 18,1% y 18,4% mensual respectivamente, muy por encima de la inflación general y del índice núcleo. Era el momento más intenso de la corrección tarifaria. Después se normalizó. Hoy el IPC de regulados corre apenas por encima o en línea con el general.

«La inflación de 2024 no fue solo inercia: fue en buena parte la factura diferida de años de precios artificiales pasando al frente de golpe.»

Desde enero de 2023 hasta marzo de 2026, la inflación acumulada fue del 875% en el índice general y del 1.120% en el componente de precios regulados — 245 puntos porcentuales más. Esa brecha es exactamente la magnitud de la distorsión que se estaba corrigiendo.

Lo que hay de inflación hoy no es del mismo tipo que la de 2023. Ya no es inflación por exceso de emisión monetaria — el grifo de los adelantos transitorios está cerrado. Es, en buena medida, el reordenamiento final de precios relativos que todavía no terminó de acomodarse.

El presupuesto familiar se reorganiza… y el comercio lo siente

Cuando los servicios básicos pasan a ocupar una porción mucho más grande del sueldo, algo tiene que ceder en el presupuesto familiar. Y lo que cede, en general, es el consumo de bienes. Los datos lo muestran con claridad. El índice de ventas en supermercados —desestacionalizado— pasó de 93,1 en febrero de 2023 a 81,8 en febrero de 2026: una caída del 12,1% en términos reales en tres años. Para dimensionarlo: es como si uno de cada ocho productos que se vendían en 2023 hoy simplemente no se vendiera — como si todos los supermercados del país cerraran un día y medio por mes comparado con tres años atrás.

Los shoppings cayeron un 2,3% en el mismo período. Las ventas minoristas relevadas por CAME cuentan la historia con más detalle. El índice tocó su piso en enero de 2024 con una caída interanual del 28,5% — el momento más duro del ajuste. Desde ahí rebotó: en enero de 2025 llegó a crecer un 25,5% interanual, traccionado por la baja de la inflación y cierta recuperación del salario real. Pero ese rebote no se sostuvo. Desde mayo de 2025 el índice volvió a territorio negativo y no salió más: abril de 2026 marca una caída del 1,3% interanual, con un índice de 93,4 que está todavía por debajo de los niveles de fines de 2023. El rebote fue real, pero no alcanzó para recuperar el nivel previo al ajuste.

La plata que antes se destinaba al supermercado ahora va a pagar servicios

«El dinero no desaparece: cambia de destino. Lo que antes se gastaba en el supermercado hoy se va en el colectivo, el subte o la factura del gas.»

El caso de los electrodomésticos es el más ilustrativo del cambio de comportamiento. En 2023, las ventas acumuladas de línea blanca crecieron un 124% nominal respecto al año anterior. En 2024, un 159%. Números que a primera vista suenan bien, pero que hay que leer en contexto: con una inflación que llegó al 211% anual en 2023, comprar una heladera o un lavarropas era una forma de protegerse de la pérdida de valor del peso. La gente no compraba porque le sobraba el dinero — compraba para no perderlo. En 2025 ese crecimiento se desplomó al 36,3%, en línea con una inflación que también bajó fuertemente: el incentivo de «ahorrar en bienes» se diluyó.

En 2025, el crecimiento en el rubro electro se desplomó al 36,3%, en línea con una inflación que también bajó fuertemente

El único rubro que muestra números positivos en toda la serie es el de los autos 0Km: los patentamientos acumulados de enero a marzo pasaron de 77.404 unidades en 2023 a 106.994 en 2026, un salto del 38%. Pero este caso tiene su propia lógica: el crédito prendario se reactivó con la desinflación, y el segmento de autos tiene una demanda embalsada de años de restricciones a las importaciones. Es la excepción, no la regla.

La regla es otra: cuando los servicios básicos se encarecen relativamente, el consumo de bienes absorbe el golpe. No es una caída por empobrecimiento generalizado, pero tampoco es un proceso indoloro. Mientras la inflación acumulada desde enero de 2023 a marzo de 2026 fue del 875%, el salario promedio formal (RIPTE) subió un 623% en el mismo período. Esa diferencia significa que el salario real perdió poder de compra. Las familias no solo están reasignando su gasto hacia servicios más caros: lo están haciendo con un ingreso que en términos reales vale menos que hace tres años. Eso explica buena parte de la presión que se siente en el consumo cotidiano, y también por qué la recuperación del poder adquisitivo es la otra cara indispensable de cualquier proceso de normalización que se sostenga en el tiempo.

El único rubro que muestra números positivos en toda la serie es el de los autos 0Km

Qué queda por delante: estabilización sin recuperación salarial

Lo que estamos viendo no es, en su mayor parte, una crisis de consumo: es un reordenamiento. Durante años, los precios de los servicios públicos estuvieron tan por debajo de su costo real que millones de familias habían perdido la noción de cuánto valía realmente enchufar un aire acondicionado, tomar el subte o abrir la llave del gas. El Estado pagaba la diferencia, y la diferencia se cobraba en inflación.

El proceso de corrección es costoso y no es neutral: las familias de menores ingresos son las más expuestas, porque destinan una proporción mayor de su presupuesto a los servicios básicos y tienen menos margen para absorber el ajuste. Pero la alternativa — seguir financiando subsidios con emisión monetaria — tenía un costo aún mayor: una inflación que destruía el salario real mes a mes, mucho más rápido y de forma mucho más regresiva que cualquier suba de tarifas.

La señal más clara de que el mecanismo cambió está en el Banco Central: en 2023 transfirió al Tesoro $1.775.685 millones en adelantos transitorios para financiar, entre otras cosas, esos subsidios. En 2026, esa cifra es cero. El déficit primario de 2,9% del PBI se convirtió en un superávit proyectado del 1,5%. Y la inflación mensual bajó del 25,5% en diciembre de 2023 a un rango del 2% al 3% en los últimos meses.

La inflación que queda no es del mismo tipo que la de entonces. Es, en buena medida, el precio de normalizar lo que estuvo distorsionado por años. Una vez que ese proceso cierre, la estructura de costos de la economía debería estabilizarse sobre bases más sólidas.

Pero la estabilización de precios es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad — la que todavía está pendiente — es la recuperación del poder adquisitivo del salario. El RIPTE subió un 623% entre 2023 y 2026, mientras la inflación acumulada fue del 875%. Esa brecha de 252 puntos porcentuales tiene una traducción muy concreta: un trabajador formal necesita hoy casi cuatro meses de sueldo para comprar lo que en 2023 compraba en tres. La corrección de precios relativos puede ser el principio del orden, pero el capítulo de la recomposición salarial está, por ahora, sin escribir.

A pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, manifiesta públicamente su convicción sobre la solidez de la Ley de Inocencia Fiscal y descarta riesgos para los contribuyentes en caso de un cambio de gestión en 2027, este jueves mantuvo una reunión con contadores que señalaron sus reservas para con la normativa. Ante estos planteos, surgió el compromiso de avanzar en una nueva norma jurídica destinada a ofrecer mayor seguridad a los argentinos que decidan ingresar sus dólares al circuito formal.

“Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la Ley de Inocencia Fiscal”, dijo el titular de Hacienda. “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen, agregó Caputo.

Durante el encuentro, el Ministro escuchó a los contadores y tomó nota de los principales puntos que generan inquietud entre los profesionales. Uno de los aspectos que concentró el debate fue el límite de ingresos de $1.000 millones para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Sobre todo, a los profesionales les preocupa entender qué va a entender la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por ingresos (si sólo habituales o, por ejemplo, herencias o donaciones). Ademas conversaron sobre los grises que existen a la hora de calcular la discrepancia significativa, condición que excluiría al contribuyente del régimen.

Según pudo saber Infobae con fuentes que participaron del encuentro Economía les planteo que están evaluando una nueva norma jurídica para darle seguridad a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón aunque no pudieron precisar una fecha. “Lo más rápido posible”, comentaron. Y es por este motivo que se explica la presencia de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzaba Murphy.

“Recepto las inquietudes que se le plantearon. Están evaluando generar alguna norma jurídica para los contribuyentes que ingresen la RSG”, comentó a una fuente que participó del encuentro a Infobae en off the record. Los especialistas hicieron hincapié en la importancia de que el régimen ofrezca reglas claras y previsibles. Explicaron que muchos contribuyentes mantienen reservas sobre la seguridad jurídica del proceso, especialmente ante la proximidad de un año electoral y la posibilidad de un cambio de administración en 2027.

De la reunión también participó el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vazquez, quien aseguran siempre se mostró dispuesto a implementar lo que le diga el poder político. Aunque, la batuta del encuentro la llevo Caputo quien se apoyaba técnicamente en Murphy para contestar a los contadores.

Entre los especialistas que participaron estuvo el CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, César Litvin; Alejandro Rosenfeld; Miriam Roldán; y Sonia Bercherman. También estuvo presente Liban Kusa, el socio del Departamento de Impuestos de Bruchou & Funes de Rioja aunque a él se lo suele ver con más frecuencia en el Palacio de Hacienda.

El aumento del 100.000% de las multas automáticas y la promesa de un recordatorio de 10/15 días del ministro Caputo, fue uno de los puntos que los contadores quisieron llevar a la mesa. Y si bien en Economía y ARCA escucharon los reclamos -sobre todo el impacto que tiene para las pequeñas y medianas empresas- no se planteo ningún tipo de solución. “No se avanzó mucho”, destacaron los contadores. Es que para el ministro, el foco de la reunión era otro: los dólares del colchón.

Caputo esta convencido de que la economía ya empezó a recuperarse después del shock político de las elecciones de medio termino, pero en sus propias palabras, sabe que aún hay personas que la están pasando mal y por eso necesita que el crecimiento sea más rápido. Y para ello es que mira los dólares del colchón, que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los argentinos tienen fuera del sistema USD 170.000 millones.

La semana pasada el Gobierno salió a festejar que más de 80.000 contribuyentes se adhirieron al RSG. Y fue en ese momento en que los contadores pusieron sus reparos: la noticia no significaba el éxito de la iniciativa, sino por el contrario muchos quizas de adhirieron y no van a sacar los dólares del colchón.

“De los 80.000 que se adhirieron, la gran mayoría no presentó la declaración jurada, por lo cual puede ser que alguien se adhiera y de acá al vencimiento de la declaración jurada en junio termine presentando por el régimen general, o puede ser alguien que todavía no se adhirió y lo haga más adelante por el RSG”, sostuvo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios en conversación con Infobae.

Para quien 80.000 es un “número provisorio”. En esa línea, remarcó que si bien las declaraciones juradas simplificadas tienen problemas, en términos generales, son más simples que las del régimen general, por lo cual puede haber incentivos a adherirse. “Puede haber contribuyentes que opten porque es más simple la declaración jurada, por los beneficios que tiene de presunción de exactitud y efecto liberatorio del pago, más allá de utilizar dólares no declarados”, marcó.

Ahora, luego de la reunión, el ministro Caputo comunicó que el vencimiento se extendió hasta fines de junio. “También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de junio”, escribió en la red social X aunque sin dar detalles exactos sobre cuándo serían.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,14 puntos durante mayo, lo que representa un incremento mensual del 1,26% y cortó tres períodos consecutivos en baja.

A pesar de esta recuperación respecto al mes anterior, el indicador todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados el año pasado.

Qué sectores muestran una mayor mejora en la confianza del consumidor

En el análisis regional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lideró el crecimiento con una suba del 6,42%, mientras que el Gran Buenos Aires avanzó un 0,48% y el Interior un 0,10%.

Por nivel de ingresos, el reporte destaca una marcada diferencia: los sectores de menores recursos mostraron una mejora del 6,86%, en contraste con los hogares de ingresos altos, donde la confianza retrocedió un 1,68%.

Los datos surgen del relevamiento realizado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. Según detalla el informe de la institución, «en la comparación interanual, el índice muestra una disminución de 11,76% respecto de mayo de 2025«.

Cómo evolucionaron los componentes internos del indicador

Respecto a los componentes del índice, los resultados fueron variados. El informe señala que «el mayor aumento se observó en Situación Macroeconómica (+4,46%), seguido por Bienes Durables e Inmuebles (+0,83%), mientras que Situación Personal registró una caída de -2,18%».

Esta baja en la percepción personal se compensó con la visión sobre la economía general y la planificación de compras mayores.

Finalmente, las perspectivas sobre el futuro cercano mostraron una evolución positiva. El estudio concluye que en mayo «tanto las Expectativas Futuras como las Condiciones Presentes registraron aumentos«, con incrementos del 1,94% y 0,24%, respectivamente.

La confianza de los consumidores se desplomó en abril

La confianza de los consumidores argentinos mostró un fuerte retroceso en abril. Según la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) el índice cayó 12,7% con respecto a marzo. Pero la baja es aún más pronunciada en términos interanuales. En este sentido, la reducción fue del 19,4% en relación con abril del 2011.

En tal sentido, Guido Sandleris, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, detalló que «la caída mensual del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en abril es la más pronunciada desde septiembre-2002″.

Además, amplió: «El comportamiento del indicador es negativo en todas las regiones del país. La confianza de los consumidores se reduce 14,3% en el Interior del país, 13,2% en el Gran Buenos Aires y 7,6% en Capital Federal».

Sandleris agregó que «el componente que captura la percepción de los encuestados acerca de la situación económica del país en el corto y mediano plazo presenta una variación negativa de 15,8% respecto del mes anterior, alcanzando su mínimo histórico».

«Asimismo, se observa una menor predisposición para la compra de bienes durables e inmuebles, con una caída de 15,1% y el factor que captura la situación económica personal del encuestado experimenta una variación negativa intermensual de 8%», apuntó.

También señaló que la reducción de la confianza se produjo «independientemente del poder adquisitivo». En este sentido, el índice cayó 16% para los sectores con menores ingresos y 6,2% para aquellos más pudientes.