ECONOMIA
Ajuste en los hogares: así quedó el mapa del gasto familiar con el fin de los subsidios
Los argentinos atraviesan un período de «compresión del ingreso disponible» o «squeeze en el bolsillo» por ajuste tarifario y de servicios. Traducción: suben las cosas que no podemos dejar de pagar.
En teoría económica más amplia, esto se relaciona con: efectos de oferta o shocks de costos en precios regulados, inflación por corrección de precios relativos (no es inflación monetaria pura, sino reordenamiento) y con el concepto de pobreza de energía o costo de vida asimétrico cuando afecta más a ciertos grupos.
Es un costo transitorio típico de los procesos de normalización económica después de distorsiones prolongadas. Durante años, el Estado pagó parte de la luz, el gas y el transporte de cada hogar argentino. Esa cuenta nunca desapareció: se cobró en forma de inflación. Ahora que se está saldando, el bolsillo la siente de otra manera — y el consumo lo acusa.
En diciembre de 2023, un hogar tipo del AMBA pagaba unos $3.664 por la electricidad y $1.380 por el gas. Hoy esas mismas facturas rondan los $42.887 y los $28.025 respectivamente. No es que la empresa distribuidora se haya vuelto más cara de un día para el otro: es que durante años esos precios estuvieron subsidiados por el Estado, y ahora se están acomodando a lo que cuesta producirlos y distribuirlos.
Para entender la magnitud del cambio, hay que ver los números con perspectiva. En marzo de 2023, el salario promedio formal (RIPTE) era de $239.883. Hoy es de $1.734.357: subió un 623% en tres años. Mucho, sí. Pero la mayoría de los servicios públicos subieron bastante más.
El colectivo, por ejemplo, pasó de costar $52 por viaje a $700 — una suba del 3.138%. Para ponerlo en términos concretos: alguien que viajaba 60 veces por mes pagaba en 2023 lo mismo que hoy paga por menos de dos viajes. El subte trepó un 2.079%. La electricidad, un 1.070%. El gas, un 1.930%. El agua, un 2.236%. En todos los casos, la suba de esos servicios superó ampliamente la del salario.
«En 2023 la luz y el gas eran baratos no porque fueran baratos: eran baratos porque el Estado pagaba la diferencia con emisión monetaria».
Ahora bien, ¿cuánto pesan esos servicios hoy en el sueldo de una familia, en comparación con antes?
En el caso del transporte, por ejemplo, el colectivo pasó de representar un 1,3% del salario a un 5,8%
El primer dato que sorprende es el de la medicina prepaga. Con una familia de cuatro en relación de dependencia, la cuota pasó de representar un 43,8% del salario en 2023 a un 40% en 2026. Algo parecido pasó con el colegio privado (de 16,1% a 11,9%) y el seguro de auto (de 7,1% a 5,9%). ¿Por qué? Porque esos servicios privados se ajustaron libremente con la inflación, pero no partían de un precio artificialmente deprimido como los públicos.
El caso opuesto es el del transporte. El colectivo pasó de representar un 1,3% del salario a un 5,8%. El subte, del 0,7% al 2,0%. El agua, del 0,6% al 2,0%. Son exactamente los servicios que más tenían el precio reprimido — los que más subsidio recibían — y por eso su corrección fue más brusca.
Y el ajuste en el transporte no terminó. Las líneas de tren del AMBA tienen aumentos escalonados programados hasta septiembre. Para usuarios con SUBE registrada, la tarifa de la sección más corta (hasta 12 km) pasa de $330 en mayo a $530 en septiembre. La sección media (12 a 24 km) va de $429 a $689, y los viajes más largos (más de 24 km) de $528 a $848. Quien viaje sin SUBE registrada pagará tarifa plana: $1.100 en mayo, $1.700 en septiembre. La corrección tarifaria, en otras palabras, todavía está en curso.
Lo que el subsidio escondía: emisión e inflación
Mantener esos precios artificialmente bajos no era gratis. En 2023, el Estado gastó $2.654 millones en subsidios energéticos y $1.008 millones en transporte, sumando un total de $4.092 millones entre energía, transporte y agua — equivalentes al 2,3% del PBI. Como esos fondos no alcanzaban con la recaudación, el Banco Central transfería pesos al Tesoro para cubrir la diferencia: solo en 2023, los adelantos transitorios del BCRA sumaron $1.775.685 millones. En 2026, ese número es cero.
«El ciudadano pagaba una factura de luz barata, pero pagaba en otro lado: a través de precios más altos en el supermercado, en el alquiler, en todo»
Esa emisión se convertía en inflación. La misma inflación que licuaba salarios y ahorros. El resultado fiscal lo confirma: en 2023 el déficit primario fue del 2,9% del PBI. La proyección para 2026 es un superávit del 1,5% — un giro de más de cuatro puntos del producto en tres años.
La proyección para 2026 es un superávit del 1,5% , un giro de más de cuatro puntos del producto en tres años
El camino de la inflación
Los números del IPC cuentan esa historia con precisión. En diciembre de 2023, con el primer gran ajuste de tarifas ya en marcha, la inflación general fue del 25,5% en un solo mes — con el IPC núcleo al 28,3%, señal de que el problema era sistémico y no solo tarifario. A partir de ahí, la tendencia fue de baja sostenida: 4,2% en mayo de 2024, 2,4% en octubre, y desde entonces oscilando entre el 2% y el 4% mensual.
Hay un dato en la serie que vale la pena detenerse: el IPC de regulados. En los primeros meses de 2024 — enero a abril —, los precios regulados subieron al 26,6%, 21,1%, 18,1% y 18,4% mensual respectivamente, muy por encima de la inflación general y del índice núcleo. Era el momento más intenso de la corrección tarifaria. Después se normalizó. Hoy el IPC de regulados corre apenas por encima o en línea con el general.
«La inflación de 2024 no fue solo inercia: fue en buena parte la factura diferida de años de precios artificiales pasando al frente de golpe.»
Desde enero de 2023 hasta marzo de 2026, la inflación acumulada fue del 875% en el índice general y del 1.120% en el componente de precios regulados — 245 puntos porcentuales más. Esa brecha es exactamente la magnitud de la distorsión que se estaba corrigiendo.
Lo que hay de inflación hoy no es del mismo tipo que la de 2023. Ya no es inflación por exceso de emisión monetaria — el grifo de los adelantos transitorios está cerrado. Es, en buena medida, el reordenamiento final de precios relativos que todavía no terminó de acomodarse.
El presupuesto familiar se reorganiza… y el comercio lo siente
Cuando los servicios básicos pasan a ocupar una porción mucho más grande del sueldo, algo tiene que ceder en el presupuesto familiar. Y lo que cede, en general, es el consumo de bienes. Los datos lo muestran con claridad. El índice de ventas en supermercados —desestacionalizado— pasó de 93,1 en febrero de 2023 a 81,8 en febrero de 2026: una caída del 12,1% en términos reales en tres años. Para dimensionarlo: es como si uno de cada ocho productos que se vendían en 2023 hoy simplemente no se vendiera — como si todos los supermercados del país cerraran un día y medio por mes comparado con tres años atrás.
Los shoppings cayeron un 2,3% en el mismo período. Las ventas minoristas relevadas por CAME cuentan la historia con más detalle. El índice tocó su piso en enero de 2024 con una caída interanual del 28,5% — el momento más duro del ajuste. Desde ahí rebotó: en enero de 2025 llegó a crecer un 25,5% interanual, traccionado por la baja de la inflación y cierta recuperación del salario real. Pero ese rebote no se sostuvo. Desde mayo de 2025 el índice volvió a territorio negativo y no salió más: abril de 2026 marca una caída del 1,3% interanual, con un índice de 93,4 que está todavía por debajo de los niveles de fines de 2023. El rebote fue real, pero no alcanzó para recuperar el nivel previo al ajuste.
La plata que antes se destinaba al supermercado ahora va a pagar servicios
«El dinero no desaparece: cambia de destino. Lo que antes se gastaba en el supermercado hoy se va en el colectivo, el subte o la factura del gas.»
El caso de los electrodomésticos es el más ilustrativo del cambio de comportamiento. En 2023, las ventas acumuladas de línea blanca crecieron un 124% nominal respecto al año anterior. En 2024, un 159%. Números que a primera vista suenan bien, pero que hay que leer en contexto: con una inflación que llegó al 211% anual en 2023, comprar una heladera o un lavarropas era una forma de protegerse de la pérdida de valor del peso. La gente no compraba porque le sobraba el dinero — compraba para no perderlo. En 2025 ese crecimiento se desplomó al 36,3%, en línea con una inflación que también bajó fuertemente: el incentivo de «ahorrar en bienes» se diluyó.
En 2025, el crecimiento en el rubro electro se desplomó al 36,3%, en línea con una inflación que también bajó fuertemente
El único rubro que muestra números positivos en toda la serie es el de los autos 0Km: los patentamientos acumulados de enero a marzo pasaron de 77.404 unidades en 2023 a 106.994 en 2026, un salto del 38%. Pero este caso tiene su propia lógica: el crédito prendario se reactivó con la desinflación, y el segmento de autos tiene una demanda embalsada de años de restricciones a las importaciones. Es la excepción, no la regla.
La regla es otra: cuando los servicios básicos se encarecen relativamente, el consumo de bienes absorbe el golpe. No es una caída por empobrecimiento generalizado, pero tampoco es un proceso indoloro. Mientras la inflación acumulada desde enero de 2023 a marzo de 2026 fue del 875%, el salario promedio formal (RIPTE) subió un 623% en el mismo período. Esa diferencia significa que el salario real perdió poder de compra. Las familias no solo están reasignando su gasto hacia servicios más caros: lo están haciendo con un ingreso que en términos reales vale menos que hace tres años. Eso explica buena parte de la presión que se siente en el consumo cotidiano, y también por qué la recuperación del poder adquisitivo es la otra cara indispensable de cualquier proceso de normalización que se sostenga en el tiempo.
El único rubro que muestra números positivos en toda la serie es el de los autos 0Km
Qué queda por delante: estabilización sin recuperación salarial
Lo que estamos viendo no es, en su mayor parte, una crisis de consumo: es un reordenamiento. Durante años, los precios de los servicios públicos estuvieron tan por debajo de su costo real que millones de familias habían perdido la noción de cuánto valía realmente enchufar un aire acondicionado, tomar el subte o abrir la llave del gas. El Estado pagaba la diferencia, y la diferencia se cobraba en inflación.
El proceso de corrección es costoso y no es neutral: las familias de menores ingresos son las más expuestas, porque destinan una proporción mayor de su presupuesto a los servicios básicos y tienen menos margen para absorber el ajuste. Pero la alternativa — seguir financiando subsidios con emisión monetaria — tenía un costo aún mayor: una inflación que destruía el salario real mes a mes, mucho más rápido y de forma mucho más regresiva que cualquier suba de tarifas.
La señal más clara de que el mecanismo cambió está en el Banco Central: en 2023 transfirió al Tesoro $1.775.685 millones en adelantos transitorios para financiar, entre otras cosas, esos subsidios. En 2026, esa cifra es cero. El déficit primario de 2,9% del PBI se convirtió en un superávit proyectado del 1,5%. Y la inflación mensual bajó del 25,5% en diciembre de 2023 a un rango del 2% al 3% en los últimos meses.
La inflación que queda no es del mismo tipo que la de entonces. Es, en buena medida, el precio de normalizar lo que estuvo distorsionado por años. Una vez que ese proceso cierre, la estructura de costos de la economía debería estabilizarse sobre bases más sólidas.
Pero la estabilización de precios es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad — la que todavía está pendiente — es la recuperación del poder adquisitivo del salario. El RIPTE subió un 623% entre 2023 y 2026, mientras la inflación acumulada fue del 875%. Esa brecha de 252 puntos porcentuales tiene una traducción muy concreta: un trabajador formal necesita hoy casi cuatro meses de sueldo para comprar lo que en 2023 compraba en tres. La corrección de precios relativos puede ser el principio del orden, pero el capítulo de la recomposición salarial está, por ahora, sin escribir.
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ECONOMIA
El riesgo país tocó mínimos en ocho años: ¿pueden seguir subiendo los bonos argentinos en dólares?
La nueva caída del riesgo país hasta los 421 puntos refleja la solidez de los bonos en dólares. La mejora en la calificación de riesgo por parte de Fitch y Standard and Poor’s les dieron un importante envión en el último mes. La gran duda ahora es si hay espacio para que las cotizaciones sigan subiendo o por el momento ya se llegó a un límite.
Aunque los papeles de la deuda en dólares subió más de 10% en el primer semestre, las posibilidades de una mejora adicional se mantienen. Ahora el mercado espera el pago de capital y cupones de los Bonares, que se producirá a mediados de la semana que viene. La expectativa es que parte de los USD 4.200 millones que pagará el Tesoro se reinviertan y esto le dé un impulso adicional a las cotizaciones.
Sin embargo, el margen alcista es ahora mucho más acotado. Un informe de Delphos Investment indicó que “si bien queda la posibilidad de un nuevo impulso, vemos una ventana para capitalizar parte de las ganancias y administrar riesgo, con rotación hacia ON de empresas de primera línea como alternativa más defensiva”.
El informe destaca que el riesgo país perforó mínimos de los últimos ocho años y ayer finalizó a 421 puntos. Los países con calificación en el área de las “B”, similar a la que actualmente tiene Argentina, presentan niveles cercanos a los 300 puntos básicos. Por lo tanto, aún quedaría margen para una compresión adicional, pero que no es lineal ni inmediata.
En este análisis surge que todavía existiría espacio para una baja extra del riesgo del orden de los 130 a los 150 puntos básicos: “Ese diferencial es el que puede traccionar un flujo que hasta ahora se mantuvo afuera. La comparación contra Latinoamérica refuerza el argumento, con Argentina rindiendo por encima de sus pares regionales”.
En los bonos más largos en dólares es donde se mantendría un mayor potencial alcista. Si se compara contra El Salvador, Nigeria o Ghana, por ejemplo, la posibilidad de suba se ubica entre un 8% y un 16 por ciento.
“Sin embargo, para un inversor que capturó la mayor parte del rally desde niveles distress creemos que es momento de capitalizar parte de las ganancias y bajar exposición en una rotación hacia corporativos”, señalaron de Delphos. Mientras que los bonos soberanos todavía rinden alrededor del 9% en dólares, los títulos emitidos por empresas en el mercado internacional están en niveles promedio de 6,5% a 7,5% anual.
A pesar de la compresión del riesgo país, la posibilidad de colocar deuda en el mercado internacional sigue acotada. El motivo es que subió la tasa de interés norteamericana, lo que encarece las colocaciones locales. Por eso, la compresión de los rendimientos de los bonos locales fue compensada por la suba de tasas de los bonos norteamericanos a diez años, que ayer sufrieron un nuevo salto hasta 4,47% anual.
Por tercera rueda consecutiva el mercado cambiario mayorista negoció con muy alto monto de operaciones por encima de los USD 800 millones, volumen que a la vez coincidió con una suba del tipo de cambio, reflejo de una demanda que continúa muy activa.
El dólar mayorista ganó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.489, muy cerca del récord nominal de $1.492 del 24 de octubre del año pasado. En 2026 el dólar comercial sostiene una suba de 34 pesos o 2,3 por ciento. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó 823,9 millones de dólares.
La empresa Frutafiel S.A.S. entró en concurso preventivo. La Justicia entrerriana abrió el proceso para la reconocida firma que se dedica a la venta de aguas saborizadas con planta industrial en General Ramírez, que elabora productos alimenticios y atraviesa una profunda crisis financiera.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná dispuso la apertura. El juez Ángel Luis Moia dictó la resolución el 10 de junio, tras una presentación realizada el 22 de mayo.
La firma atribuyó su situación a la combinación explosiva de inflación sostenida, caída abrupta del consumo, aumento de costos operativos y dificultades para acceder al crédito bancario. Sin embargo, la empresa aseguró que mantiene perspectivas de recuperación y que la actividad puede ser rentable en el mediano y largo plazo.
El concurso preventivo es un mecanismo legal que permite a una empresa con dificultades financieras reorganizar sus deudas bajo supervisión judicial. Evita la quiebra inmediata y le da tiempo para negociar con los acreedores.
Una empresa de bebidas con 70 años de historia
Frutafiel es una empresa ubicada en la localidad entrerriana de General Ramírez, que se ubica a poco más de 60 kilómetros de Paraná y tiene algo más de 13.000 habitantes. Es uno de los pilares de empleo para la comunidad.
Según detalla en su página web, Frutafiel fue fundada en 1956. «Nació del sueño de llevar los sabores auténticos de nuestra tierra a cada hogar argentino. Desde nuestros inicios hemos mantenido un firme compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo nacional, consolidándonos como un referente en la industria de bebidas», detalla.
Y muestra sus cuatro productos estrella:
Aguas saborizadas sabores naranja, manzana, pera y multifruta en 1,5lts, 5lts y 600ml.
Aqualoea, una nueva bebida con «trocitos de pulpa de aloe vera, con un delicioso sabor frutal». «Aqualoe es una increiÌble forma de refrescarse, fuente de vitamina B1, C y calcio», destaca.
Otra bebida que ofrece es la que llama Vinto: 50% Vino Tinto y 50% Gaseosa, sabores LimoÌn, Naranja y Pomelo en un litro.
También tiene cerveza lager, con la marca Golden Saft
Qué medidas dispuso la Justicia para proteger a los acreedores
El magistrado adoptó una serie de medidas cautelares. Dispuso la inhibición general de bienes de la firma, lo que impide que Frutafiel venda o transfiera activos sin autorización judicial.
También designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura. Este equipo será el encargado de verificar los créditos y supervisar el proceso de reorganización de la empresa.
El cronograma judicial ya está fijado. Los acreedores podrán presentar los pedidos de verificación de créditos hasta el 9 de septiembre de 2026. Las observaciones e impugnaciones podrán formularse hasta el 6 de noviembre del mismo año.
La documentación presentada ante la Justicia desnuda el estado patrimonial de la empresa. Frutafiel reportó un activo total de $4.016.951.403,18, compuesto por un activo corriente de $1.313.082.606,29 y un activo no corriente de $2.703.868.796,89.
El pasivo asciende a $3.818.314.937,18. Esto deja un patrimonio neto positivo de apenas $198.636.466, una cifra que representa menos del 5% del activo total.
La diferencia entre activo y pasivo es mínima. La empresa está técnicamente solvente, pero con márgenes muy ajustados que le impiden hacer frente a sus obligaciones en los plazos estipulados.
Si bien en su página web figura que fue fundada en 1956, la sociedad en cuestión está inscripta desde noviembre de 1996 y tiene su domicilio legal en avenida República de Entre Ríos 1222 de General Ramírez. Actualmente es presidida por René Horacio Fritzler, quien firmó la presentación ante la Justicia.
Por qué una empresa rentable terminó en cesación de pagos
En su presentación, Frutafiel describió el contexto económico que la llevó a solicitar protección judicial. La empresa señaló que el proceso inflacionario produjo una gran pérdida del poder adquisitivo de la población.
Esto elevó los costos de insumos y transporte. Al mismo tiempo, redujo los márgenes de rentabilidad porque no era posible trasladar esos incrementos al precio final de los productos sin perder competitividad.
La disminución del consumo golpeó especialmente sus principales líneas de producción. «La caída del consumo de productos no esenciales afectó los volúmenes de venta», indicó la firma en su presentación.
El aumento del costo de la energía y de los combustibles agravó el panorama. Mientras tanto, el acceso al crédito bancario se volvió prácticamente imposible por las elevadas tasas de interés que rigen en el mercado.
La empresa debió realizar promociones con márgenes mínimos de rentabilidad. Era la única forma de sostener las ventas en supermercados y cadenas de distribución, pero profundizó el deterioro financiero.
La empresa precisó que la cesación de pagos comenzó entre marzo y abril de este año. A fines de marzo dejó de cumplir con los planes de facilidades de pago de ARCA, la agencia de recaudación nacional.
El 21 de abril comenzaron a rechazarse los cheques emitidos por la firma. Ese momento marcó el punto de quiebre que llevó a la decisión de presentar el concurso preventivo un mes después.
La cesación de pagos es el estado en el que una empresa no puede cumplir regularmente con sus obligaciones. Es el requisito legal para solicitar un concurso preventivo.
En la presentación judicial, la empresa también explicó que, con el objetivo de sostener el volumen de ventas en un escenario de consumo debilitado, implementó fuertes acciones comerciales que terminaron afectando su rentabilidad. En ese sentido, señaló que «la intención de generar mayor nivel de ventas, se hicieron promociones en supermercados y cadenas de distribución, con descuentos que implicaban un margen de utilidad casi nulo».
Nuevos lanzamientos no alcanzaron para apuntalar el consumo
A ese escenario se sumó el aumento de la morosidad de los clientes, otro de los factores que terminó deteriorando la situación financiera. Según detalló la compañía, durante ese período buscó mantener un equilibrio económico hasta la temporada de mayor demanda de sus principales productos. Para lograrlo, el presidente y principal accionista realizó un importante esfuerzo patrimonial.
«En este difícil contexto, se trató de mantener un equilibrio a fin de esperar a la época de consumo de sus productos principales, para poder acomodar las finanzas. Para respaldar esto, el presidente de la sociedad (y principal accionista), hizo un importante aporte de capital vendiendo un inmueble propio y aportando el producido a la sociedad, a fin de arrancar un nuevo proyecto, para potenciar la empresa», sostuvo la firma.
La empresa explicó además que esos recursos permitieron estabilizar transitoriamente las cuentas y avanzar con un nuevo proyecto orientado a diversificar su negocio: el lanzamiento de una cerveza de marca propia. La iniciativa también fue financiada mediante créditos bancarios, aunque los resultados estuvieron lejos de lo esperado.
«Esta inyección de capital permitió estabilizar la situación financiera durante un periodo, proyectando a mediano plazo el crecimiento deseado de la mano de la nueva línea (cerveza con marca propia). El apalancamiento también se hizo con créditos bancarios. La inversión de la nueva línea, no dio el fruto esperado, la implementación llevó más tiempo del previsto -recién se logró a principios del año 2025-. La novedad del producto dio un aire fresco a la economía de Frutafiel, pero al poco tiempo se generó un nuevo conflicto consecuencia de dos factores: por un lado, la empresa proveedora de la cerveza a granel que se embotella en su mandante, no cumplió con el volumen comprometido (lo que motivó tener gran demanda pero sin suficiente producto) y -además- la competencia copió la idea y también comenzó a vender un producto similar. Continuando en la búsqueda de alternativas que paliaran la situación, a fines del año pasado se lanzó en el mercado un nuevo producto«, detalló.
Pese a las dificultades, la firma considera que el proceso de reconversión comienza a mostrar resultados alentadores. De acuerdo con la presentación, la producción de cerveza y de vino con jugo, sin abandonar las líneas tradicionales, ya representa una porción significativa de la actividad. En ese sentido, destacó que «significan un 30 % de la facturación total de la empresa, lo que da muy buenas perspectivas en el mediano y largo plazo«.
Qué perspectivas de recuperación tiene la empresa entrerriana
Pese al escenario crítico, Frutafiel sostuvo que la continuidad de la actividad es viable. La firma argumentó que su negocio es rentable cuando se mira el mediano y largo plazo.
«El concurso preventivo producirá el desahogo financiero, permitiendo destinar esos recursos a la actividad productiva y afrontar las obligaciones pendientes mediante la continuidad del trabajo«, concluyó la empresa en su presentación.
La firma apuesta a que el proceso judicial le dará el aire necesario para reorganizar sus pasivos. El objetivo es concentrar los recursos en la operación productiva y no en el pago inmediato de deudas.
General Ramírez es una ciudad de poco más de 13.000 habitantes en el departamento Diamante. Frutafiel representa una fuente de empleo significativa para la región, lo que añade un componente social al proceso judicial.
El concurso preventivo durará varios meses. Durante ese período, la empresa deberá presentar una propuesta de pago a sus acreedores que pueda ser aprobada judicialmente.
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La actividad económica se mueve como subibaja, pero sin perder una trayectoria ascendente en el promedio general, aunque ni se refleja en el desempeño de los componentes de los recursos tributarios, y en las transferencias automáticas a las provincias, por la baja de impuestos a las exportaciones e importaciones, y también a productos de consumo interno.
ARCA informó que en junio las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $20 billones, un incremento nominal del 23,7 respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 33,2% en ese lapso. En términos reales registró una caída de 7,1 por ciento.
En el caso de Ganancias el informe de ARCA destacó que incidieron negativamente para que aumentara apenas 11,3% en los últimos 12 meses:
- La prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas hacia el mes de julio 2026. En el año anterior el vencimiento correspondiente al período fiscal 2024 había operado en junio.
- El mayor cómputo en junio 2026 de saldos a favor de los contribuyentes generados en el ejercicio 2024 y 2025, utilizados para la cancelación de otros impuestos.
Por otra parte, ARCA explica los factores que incidieron contractivamente en el mes por IVA impositivo y Aduanero:
- La utilización en junio 2025 de saldos a favor en otros impuestos para la cancelación de obligaciones en el IVA Impositivo.
- El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, en relación al año anterior.
- La desaceleración de las importaciones, debido a la alta base de comparación por el fuerte crecimiento en el año anterior.
Esos factores neutralizaron el efecto de contar el mes con dos días hábiles más que el año anterior.
En plena liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 3.007 millones durante junio. El monto representó un crecimiento del 12% respecto de mayo y una disminución del 18% en comparación con un año antes.
Los datos surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que precisaron además que el acumulado de la primera mitad del año totalizó USD 13.378 millones. Cotejado con el periodo enero-junio de 2025, significó un ingreso 13% inferior.
“Junio marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en el sector. En términos de recaudación, lo ingresado por retenciones disminuyó 18,3% en valores nominales y 38,3% en valores reales.
El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 53 millones de toneladas entre enero y mayo (Caputo)
El ministro Luis Caputo escribió este martes en X: “El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 53 millones de toneladas entre enero y mayo. Esto representó un crecimiento en los primeros cinco meses de 18% en volumen y 17% en valor, por USD 22.383 millones, en comparación con mismo período de 2025. Los principales complejos que explicaron este crecimiento récord fueron el Girasol; el Trigo; la Pesca; la Cebada; el Maíz; los Lácteos; los Cítricos Agros; y las Legumbres. Y los principales destinos de venta fueron Vietnam, Arabia, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India”.
En otro posteo, el ministro de Economía destacó: “Las exportaciones de carne vacuna crecieron 46% en valor entre enero y mayo, por un total de USD 1.765 millones. Las ventas también crecieron 11% en volumen por 332.207 toneladas equivalentes res con hueso».
No obstante, los ingresos por retenciones se contrajeron 27,8% en valores nominales, por efecto de la baja de las alícuotas, principalmente. ARCA informó que “en junio 2025 se habían registrado ingresos extraordinarios de estos derechos, por tratarse del último mes de vigencia de la disminución de los aranceles a los derechos de exportación estipulados por el Decreto 38/2025, lo que elevó la base de comparación”.
Además, destaca ARCA: “Este mes rigieron alícuotas más bajas, especialmente para soja, trigo y maíz (Decreto 877/2025), en relación a las vigentes en junio 2025. A esto se suma la disminución de la alícuota aplicada para el trigo, que pasó de 7,5% en mayo 2026 a 5,5% en junio 2026 (Decreto 423/26)”:
- porotos de soja: de 33%/26% en junio 2025 a 24% en junio 2026.
- aceite y pellets de soja: de 31%/24,5% en junio 2025 a 22,5% en junio 2026.
- trigo: de 12%/9,5% en junio 2025 a 5,5% en junio 2026.
- cebada: de 12%/9,5% en junio 2025 a 7,5% en junio 2026.
- maíz y sorgo: de 12%/9,5% en junio 2025 a 8,5% en junio 2026.
- girasol: de 5,5% en junio 2025 a 4,5% en junio 2026.
Los impuestos que generaron aumentos de recaudación superiores a la inflación de los últimos 12 meses fueron:
- A la transferencia de combustibles: 70,4% nominal;
- A los Bienes Personales: 46,2%;
- A los Créditos y Débitos Bancarios: 33,2%;
- Otros ingresos a la Seguridad Social (excluye aportes y contribuciones): 40,3%;
- Otros coparticipados: 66,1%
En los primeros seis meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $109,6 billones. El total implicó un aumento nominal del 25,9% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 5% respecto del año anterior.
A partir del período devengado mayo 2026 -se liquida en junio- comenzó a aplicarse el beneficio establecido en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El beneficio aplica a empleadores del sector privado y tendrá efectos en la recaudación a partir del mes que viene.
En junio de 2026, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $6,83 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5,44 billones girados en igual período del año anterior. La variación nominal fue del 25,7% y, al descontar la inflación del período, se tradujo en una disminución en términos reales del 5,6 por ciento.
Las transferencias automáticas a provincias cayeron 5,6% en valores reales en junio
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz, sostuvo que el factor determinante fue la caída en valores reales de lo percibido por ARCA por el Impuesto a las Ganancias e IVA.
En el acumulado del año a junio, los giros automáticos totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones sumaron $36,6 billones, y registraron una baja de 2,6% en valores reales (Iaraf)
Sobre la base de la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Iaraf destacó que las transferencias automáticas totales por jurisdicción registraron variaciones reales negativas en todos los casos, con una dispersión de 4,2 puntos porcentuales entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Catamarca 1,3 por ciento.
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