La confianza del consumidor volvió a caer en julio. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,67 puntos, con una baja del 4,78% respecto de junio.

La cifra interrumpió tres meses consecutivos de recuperación. En mayo y junio, el indicador había mostrado señales de mejora.

La comparación interanual resultó aún más preocupante. El ICC retrocedió 12,3% frente a julio de 2024, marcando la mayor caída anual desde julio de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 había provocado un desplome del 13,6%.

El índice lo elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. El relevamiento estuvo a cargo de Poliarquía Consultores, que trabajó sobre una muestra de 1.000 casos en 40 centros urbanos entre el 2 y el 16 de julio.

Qué mide el índice de confianza del consumidor y por qué es clave

El ICC captura la percepción de los hogares sobre tres dimensiones: su situación económica personal, la evolución de la economía general y la predisposición para comprar bienes de mayor valor como electrodomésticos, autos o inmuebles.

El indicador también separa entre condiciones presentes y expectativas futuras. Esta distinción permite ver si el problema es solo la coyuntura actual o si los hogares también perdieron esperanza en lo que viene.

Los economistas siguen de cerca este índice porque suele anticipar el comportamiento del consumo privado. Y el consumo privado, a su vez, representa uno de los principales motores de la actividad económica.

Cuando la confianza cae, las familias postergan compras importantes. Ese freno termina impactando en las ventas, la producción y el empleo.

La confianza sigue lejos de su mejor momento reciente

El ICC alcanzó su punto máximo en enero de 2025, cuando llegó a 47,38 puntos. Desde entonces acumula una caída del 14,16%.

Sin embargo, todavía se mantiene 14,24% por encima del piso registrado en enero de 2024. En ese momento, el índice había descendido a 35,6 puntos durante las primeras mediciones del año.

La trayectoria del indicador muestra un patrón volátil. Tras tocar fondo a principios de 2024, recuperó terreno durante gran parte del año hasta alcanzar su pico en enero de 2025. Desde ahí comenzó un deterioro gradual que se aceleró en julio.

El deterioro llegó a todas las regiones del país

La caída de la confianza no respetó geografías. Se registró en las tres regiones relevadas, aunque con distinta intensidad.

El Gran Buenos Aires (GBA) sufrió el mayor golpe mensual. El ICC cayó 6,35% hasta los 38,12 puntos. En la Ciudad de Buenos Aires, la disminución fue del 6,24%.

El Interior mostró una retracción más moderada del 1,68%. Aun así, esta región continuó exhibiendo el nivel de confianza más elevado del país, con 45,55 puntos.

En la comparación interanual, todas las regiones marcaron retrocesos significativos. CABA registró una caída del 15,66%, el GBA descendió 13,56% y el Interior retrocedió 8,72%.

Los hogares de menores ingresos fueron los más golpeados

Entre los sectores de ingresos bajos, la confianza se desplomó 11,47% respecto de junio y quedó 20,42% por debajo del nivel de un año atrás, evidenciando un deterioro mucho más pronunciado que en otros segmentos.

Los hogares de ingresos altos, en cambio, mostraron una caída mensual de apenas 1,45%. La baja interanual alcanzó el 7,70%, menos de la mitad que en los sectores vulnerables.

La brecha entre ambos extremos volvió a ampliarse. El índice quedó en 35,99 puntos para los hogares de menores ingresos y en 43,45 puntos para los de mayores recursos.

En los sectores de bajos ingresos, el deterioro atravesó todos los componentes del indicador. La percepción sobre la situación personal cayó 11,93%, la visión sobre la economía general retrocedió 11,87% y la predisposición para adquirir bienes durables e inmuebles disminuyó 10,20%.

La diferencia en la intensidad de la caída sugiere que la incertidumbre económica impacta de manera desigual. Los hogares con menos margen financiero reaccionan con mayor sensibilidad ante señales negativas.

La visión sobre la economía general fue el componente que más cayó

El subíndice de Situación Macroeconómica registró el mayor descenso mensual entre todos los componentes. Cayó 8,49% en julio.

Por su parte, el indicador de Situación Personal retrocedió 3,89%. La disposición para la compra de Bienes Durables e Inmuebles mostró una disminución más moderada, del 0,48%.

En la comparación con julio de 2024, el componente de Situación Personal fue el que evidenció la mayor caída, con un retroceso del 14,98%. El índice de Bienes Durables e Inmuebles descendió 11,46%, mientras que el de Situación Macroeconómica cayó 10,54%.

Dentro de este último componente, la evaluación de la economía en el corto plazo mostró el mayor deterioro. Registró una baja mensual de 10,4% y una caída interanual del 17,9%.

Estos números reflejan que los consumidores no solo están preocupados por su situación personal. También perdieron confianza en el rumbo general de la economía.

Las expectativas futuras también se derrumbaron

El deterioro no se concentró únicamente en la percepción del presente: el subíndice de Expectativas Futuras disminuyó 7,19% respecto de junio, mientras que el de Condiciones Presentes retrocedió solo 1,24%.

En términos interanuales, las condiciones actuales se ubicaron 13,55% por debajo de las registradas en julio de 2024. Las expectativas para los próximos meses mostraron una caída del 11,38%.

La combinación de ambos factores resulta particularmente preocupante. Indica que los hogares no solo evalúan negativamente el presente, sino que tampoco ven mejoras en el horizonte cercano.

La intención de comprar bienes durables mostró comportamientos dispares

La predisposición para adquirir bienes durables e inmuebles mostró una baja marginal a nivel nacional. Sin embargo, hubo diferencias marcadas entre regiones.

En la Ciudad de Buenos Aires, el subíndice registró una caída del 17,5% mensual. La intención de compra de electrodomésticos se desplomó 21,8%, mientras que la de automóviles e inmuebles descendió 11,3%.

En contraste, el indicador aumentó 4,2% en el Gran Buenos Aires y 1,8% en el Interior del país.

A nivel nacional, la intención de compra de estos bienes se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior. Aun así, continuó ubicándose más de 11% por debajo de los niveles observados un año atrás.

La disparidad regional sugiere que el impacto de la incertidumbre económica no es uniforme. En algunas zonas, los consumidores mantienen cierta disposición a realizar compras importantes, mientras que en otras la cautela se profundiza.

El mercado internacional del petróleo volvió a encender las alarmas. El barril de Brent, la referencia para gran parte del comercio mundial de crudo, superó nuevamente los 100 dólares. Ahora fueron nuevos atentados de rebeldes hutíes contra petroleros sauditas en el Mar Rojo, que afectaron el transporte de crudo.

A diferencia de otros ciclos alcistas impulsados por una recuperación de la demanda mundial, esta vez el detonante es el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. La escalada entre Estados Unidos e Irán, sumada a los ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo y a las amenazas sobre el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo que consume el planeta— volvió a instalar el temor a una interrupción del suministro global.

Los mercados reaccionaron casi de inmediato. Ante la posibilidad de que una parte significativa de la oferta quede comprometida, los operadores comenzaron a incorporar una “prima de riesgo” en el precio del crudo. El resultado fue un fuerte rally que llevó al Brent nuevamente por encima de los tres dígitos.

Para el mercado local el escenario presenta una combinación de oportunidades y desafíos.

El primer efecto positivo aparece por el lado de las exportaciones. Con un barril más caro, cada tonelada de petróleo exportada genera mayores ingresos de divisas. Esto beneficia especialmente a Vaca Muerta, cuya producción viene creciendo sostenidamente y se consolidó como uno de los principales motores de generación de dólares del país.

Según estimaciones del mercado, Un barril de petróleo a USD 100 le permite a la Argentina sumar unos USD 5.000 millones adicionales en sus exportaciones de hidrocarburo. Además, ya avanzado el segundo semestre puede implicar un ingreso adicional de divisas en épocas de mayor escasez por motivos estacionales. Es decir que ingresarán pocos dólares del campo, pero habría más oferta por la balanza energética.

Las empresas argentinas del sector que cotizan en Wall Street tuvieron ayer un impacto favorable. Vista fue la más beneficiada, con una suba en la cotización de 3%, rozando nuevamente los USD 70. YPF operó casi todo el día en alza pero terminó con una leve baja del 1%. Igual se mantuvo cerca de los USD 52, un precio muy alto para su recorrido histórico.

Además del incremento en las exportaciones, un precio internacional elevado mejora la rentabilidad de las compañías petroleras y vuelve económicamente viables proyectos que con un barril de USD 60 o USD 70 resultarían menos atractivos. En otras palabras, un petróleo caro acelera inversiones, aumenta la perforación de nuevos pozos y fortalece las perspectivas de expansión del sector energético argentino.

Sin embargo, el beneficio para las exportaciones convive con un efecto menos favorable para los consumidores. Aunque la Argentina produce petróleo, el mercado local no está completamente desconectado de las cotizaciones internacionales. Las refinerías toman como referencia el valor del crudo y también enfrentan mayores costos cuando deben importar combustibles o derivados.

Por esa razón, un Brent por encima de los USD 100 suele traducirse en una mayor presión para aumentar los precios de la nafta y el gasoil. El traslado no siempre es inmediato, ya que depende de la política económica y de las decisiones regulatorias, pero el incentivo económico para ajustar los valores internos aumenta considerablemente. Por ahora, no habría planes de YPF de volver a incrementar el valor en los surtidores, pero depender de cómo sigue la cotización internacional.

La economía más dinámica impulsada por mayores exportaciones energéticas puede favorecer el ingreso de divisas al país. Pero, al mismo tiempo, el sector agropecuario depende intensamente del gasoil para sembrar, cosechar y transportar la producción.

Si el combustible aumenta, también lo hacen los costos operativos del productor, reduciendo parte de la rentabilidad. Para Argentina, el regreso del petróleo a los USD 100 resume una de las paradojas de las economías productoras de energía.

Por un lado, significa más exportaciones, más ingreso de dólares y un fuerte incentivo para el desarrollo de Vaca Muerta. Por otro, implica una presión creciente sobre el precio de los combustibles, mayores costos para el transporte y la producción y un nuevo desafío para contener la inflación.

El otro aspecto a tener en cuenta es que el salto adicional del barril complica la baja de la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, se aleja la posibilidad de una rebaja de tasas por parte de la Reserva Federal. Al contrario, crecerían las temores de una próxima suba de tasas, que había quedado casi descartada.

De hecho, la tasa a diez años voló hasta 4,70% anual, lo que impactó negativamente en los mercados. Los bonos argentinos lo sufrieron y el riesgo país volvió a superar los 430 puntos básicos, lo que aleja la posibilidad de salir a buscar financiamiento a los mercados.

ANSES aplicará un nuevo aumento sobre las jubilaciones y pensiones en agosto. Se trata de un ajuste del 1,9% sobre los haberes, que va en línea con la inflación de junio medida por el INDEC.

La suba alcanzará a todos los jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones que administra el organismo nacional. La actualización se realiza bajo el esquema de movilidad mensual que estableció el Decreto 274/2024.

Ese decreto fijó una fórmula automática, por lo que cada mes, los haberes se ajustan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para agosto, se toma como referencia el IPC de junio, que marcó 1,89%.

Cuánto cobrarán los jubilados de mínima y máxima en agosto

Con el aumento confirmado, los haberes quedarán así desde agosto:

• Jubilación mínima bruta: $419.776
• Jubilación mínima con bono: $489.776
• Jubilación máxima: $2.824.695

Estos valores representan un incremento nominal del 1,9% respecto a julio. Sin embargo, el impacto real varía según el tipo de haber que perciba cada beneficiario.

Quienes cobran jubilaciones por encima de la mínima recibirán el ajuste completo del 1,9% sobre su haber. Pero para los jubilados de la mínima, el cálculo es diferente.

El bono de $70.000 sigue vigente pero no se actualiza

El Gobierno mantendrá en agosto el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados con ingresos más bajos.  

En este contexto, los beneficiarios de la jubilación mínima cobran el bono completo. Quienes superen ese haber reciben un monto proporcional, hasta alcanzar el tope que fijó el Ejecutivo.

El problema es que el bono permanece congelado en $70.000 desde hace cinco meses. No se ajusta con la fórmula de movilidad ni sigue la inflación.

Como el bono no se actualiza, el aumento del 1,9% se aplica únicamente sobre el haber jubilatorio, no sobre el monto total que recibe el beneficiario.

Por qué el aumento real es menor para la jubilación mínima

En julio, la jubilación mínima bruta era de $411.990. El bono sumaba $70.000, lo que daba un total de $481.990.

En agosto, el haber mínimo sube a $419.776 (1,9% más). El bono se mantiene en $70.000. El total llega a $489.776.

La diferencia entre julio y agosto es de $7.786. Sobre el total de julio ($481.990), eso representa un incremento efectivo del 1,61%, según estimaciones previsionales.

Es decir: el aumento real para quienes cobran la mínima es inferior al 1,9% anunciado. La brecha se explica por el congelamiento del bono.

Mes a mes, el peso del bono dentro del ingreso total se reduce. En marzo representaba el 18,8% del total. En agosto bajará a cerca del 14,3%.

Qué diferencia hay entre jubilación y pensión

Aunque los aumentos alcanzan a ambas prestaciones, conviene aclarar las diferencias. No son lo mismo.

La jubilación es un derecho que se genera con aportes laborales. La cobrás porque trabajaste y aportaste al sistema de seguridad social durante tu vida activa.

La pensión, en cambio, se otorga por otras circunstancias. Las más comunes son el fallecimiento de un cónyuge o conviviente, o una incapacidad laboral permanente.

Ambas se administran a través de Anses y se actualizan con la misma fórmula de movilidad mensual.

Cómo funciona la jubilación ordinaria y cuáles son los requisitos

La jubilación ordinaria es la modalidad más común. Para acceder, hay que cumplir dos requisitos básicos establecidos por ley.

El primero es la edad: 60 años para mujeres y 65 años para hombres. El segundo son los aportes: 30 años de contribuciones al sistema previsional.

Si tenés la edad pero te faltan aportes, a veces el Estado habilita moratorias previsionales. Son planes de pago transitorios que te permiten completar los años faltantes.

Las cuotas se descuentan del futuro haber. Pero atención: las moratorias no son permanentes y dependen de leyes con plazos de vigencia.

La última moratoria previsional (Ley 27.705) venció en marzo de 2025 y no fue prorrogada, por lo que actualmente no existe un plan de pago vigente para completar aportes.

Lo recomendable es consultar directamente en los canales oficiales de Anses si existe algún mecanismo disponible al momento de iniciar el trámite. Podés revisar tu historial de aportes desde la web del organismo.

Qué otros tipos de jubilaciones existen en Argentina

Además de la ordinaria, hay otras modalidades pensadas para contextos particulares. No todos los caminos hacia la jubilación son iguales.

Jubilación por edad avanzada: está destinada a personas de 70 años o más con menos de 30 años de aportes. Requiere un mínimo de 10 años de contribuciones registradas, con ciertas condiciones sobre cuándo se realizaron.

Jubilación anticipada: no es una opción permanente. El Gobierno puede habilitarla por ley o decreto en situaciones específicas de desempleo o incapacidad laboral parcial.

Suele estar destinada a personas que ya cuentan con 30 años de aportes, pero están desempleadas y les faltan hasta 5 años para alcanzar la edad jubilatoria.

Retiro por invalidez: es una prestación para quienes, sin importar su edad, sufren una enfermedad o accidente que genera una incapacidad laboral permanente superior al 66%.

Una junta médica debe certificar esa incapacidad. Además, se debe cumplir con una cantidad mínima de aportes.

Regímenes especiales: algunas actividades profesionales cuentan con esquemas que permiten jubilarse con requisitos de edad o años de servicio diferentes. Algunos ejemplos son:

• Aeronavegantes
• Docentes
• Investigadores científicos
• Personal de casas particulares
• Trabajadores agrarios
• Trabajadores de la construcción
• Tareas declaradas como riesgosas o insalubres (minería, industria cárnica, entre otras)

Jubilación privada: además del sistema público, existen fondos de retiro que funcionan como un ahorro voluntario a largo plazo. Sirven para complementar los ingresos del Estado al jubilarte.

Qué tipos de pensiones administra ANSES

Las pensiones cubren situaciones distintas a las jubilaciones. Las más comunes son dos:

Pensión por fallecimiento: le corresponde a los familiares directos de una persona trabajadora que fallece, o de una persona ya jubilada. Incluye a cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): es una prestación para personas mayores de 65 años que no tienen aportes suficientes para una jubilación.

Su monto equivale al 80% de la jubilación mínima y otorga cobertura de salud a través de PAMI, aunque para obtenerla se realiza una evaluación socioeconómica.