El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz absolvió este miércoles a tres exjefes de la Armada Argentina y condenó al excapitán de navío, Claudio Villamide, a tres años de prisión en suspenso, en el veredicto del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Por otra parte, el resto de los imputados, el contralmirante, Luis López Mazzeo, el capitán de navío, Héctor Alonso, y el capitán de fragata, Hugo Correa, quedaron absueltos.

En la tragedia, ocurrida el 15 de noviembre de 2017, murieron 44 tripulantes. El próximo 21 de agosto se conocerán los fundamentos de la sentencia.

Tras conocerse la noticia, la querella mayoritaria, representada por Valeria Carreras y Lorena Arias, adelantó que apelarán la decisión de la Jusiticia.

“Es la primera vez en la historia argentina que un jefe naval es condenado penalmente por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz. Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas», sostuvieron las abogadas a TN.

En esa línea, las magistradas agregaron: “Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá —contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos— ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar».

“Como querella, adelantamos que vamos a recurrir esta sentencia una vez conozcamos sus fundamentos”, concluyeron Arias y Carreras.

Las últimas palabras de los acusados en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan previo al veredicto

En sus últimas palabras antes previo al veredicto, Villamide se declaró inocente: “No entiendo por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal”.

Villamide dijo: “Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos. Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”.

López Mazzeo cuestionó: “La acusación formuló un relato, que intenta completar mediante inferencias. Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso. Donde faltó el dolo, se lo dedujo. Donde faltó la causalidad, se la reconstruyó retrospectivamente”.

Mientras que Correa también se declaró inocente: “Actué con el convencimiento absoluto de estar haciendo lo correcto. Cuando me he equivocado, me han sancionado. En la Armada somos rigurosos con nosotros mismos”.

En tanto que Alonso planteó: “Durante todo el proceso dije siempre la verdad. No la verdad que pudiera favorecerme, sino la verdad de los hechos tal como los viví y de las responsabilidades que realmente tuve y cumplí”.

El caso

El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en una misión de patrullaje. El 15 de noviembre se produjo la falla crítica.

El submarino, con 44 tripulantes a bordo, desapareció y su casco resistente fue encontrado un año después a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que tuvo una implosión.

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Durante las primeras audiencias, el tribunal escuchó el requerimiento a juicio de la causa donde la fiscalía aseguró que el hundimiento no fue un evento fortuito, sino una “tragedia previsible”.

Durante la instrucción se detectaron fallas críticas de mantenimiento y alertas previas, como informes de la SIGEN y de la propia Inspección General de la Armada. Esas alarmas advertían sobre el deterioro de las baterías y la falta de ingresos a dique seco, los cuales habrían sido ignorados.

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El temible esquema de protestas “a la francesa” que aprobó la CGT junto con las dos CTA para embestir contra el Gobierno quedó convertido en las últimas horas en una versión light, sin paros sectoriales ni rotativos como los que se hicieron en 2023 contra Emmanuel Macron.

En la reunión de líderes cegetistas, las dos CTA y de confederaciones sindicales que tuvo lugar este martes en Azopardo 802 se acordó una agenda de movilizaciones, asambleas y volanteadas que arrancarán el 22 de este mes con una marcha ante el Congreso en apoyo a los jubilados, pero, contrariamente a lo que había trascendido, no se combinarán con huelgas por sectores, en forma alternada y sostenida en el tiempo.

El “modelo francés” fue propuesto por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT): líderes de ese espacio como Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Juan Pablo Brey (aeronavegantes) creen que hacer un paro general en forma esporádica no tiene impacto, pero sí lo tendría una sucesión de protestas que fueran alternándose en áreas clave, como sucedió en Francia para rechazar la reforma jubilatoria, un plan que les permitió a los sindicatos mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario.

¿Por qué las 3 centrales obreras no incluirán paros impulsados por cada sindicato? “No hay clima -confesó un jefe gremial a Infobae-. Ahora, en las empresas y en las fábricas la gente está con la cabeza en el Mundial y cuando termine tampoco tenemos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.

A este giro pragmático se sumaron también sindicatos del ala dura, como los que integran las dos CTA y los movimientos sociales, que no plantearon los paros sectoriales durante la reunión en la CGT, aunque sí, junto con el resto de sus colegas, coincidieron en que hay que salir a la calle y buscar la adhesión de otros sectores sociales, sobre todo la clase media, para ir preparando el clima hacia el objetivo final de un paro general.

Para eso se aprobó una agenda de movilizaciones que comenzará el 22 de este mes con una marcha ante el Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados y se profundizará con una serie de acciones callejeras: el 7 de agosto, marcha de San Cayetano y, el mismo mes, una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar; en septiembre, la participación en la Semana Social de la Iglesia y una movilización por el Día de la Industria; en noviembre, una medida para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina y otra marcha cuando se realice la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El plan de lucha también contemplará encuentros con entidades empresariales del interior para consensuar medidas en común en su carácter de “víctimas del modelo Milei”, tal como la CGT considera a los trabajadores.

De la misma forma, se decidió la presencia de 15 a 20 dirigentes por gremio para acompañar conflictos o reclamos específicos en algunas empresas, tanto en el AMBA como en el interior, y reuniones con las delegaciones regionales de la central obrera.

En la estrategia de los dirigentes gremiales hay un paro general de 24 o 36 horas que cerraría el plan de lucha, pero, además, una gran marcha federal contra el Gobierno que uniría Córdoba, Rosario y Buenos Aires.

La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa a la Argentina en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, en Azopardo 802, donde lo esperarían las columnas de trabajadores. Hay dirigentes con llegada al Vaticano que prometieron gestionar un gesto papal de esa naturaleza.

La CGT avanza hacia su nuevo plan de lucha, que terminará en el quinto paro general contra Javier Milei, envuelta una vez más en intrigas y divisiones. Los cotitulares cegetistas Jorge Sola (seguro), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron recostarse más en las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones) para definir la vuelta a las protestas que en su propio Consejo Directivo.

En la última reunión donde se aprobó el esquema del plan de lucha junto con las CTA, las confederaciones y los movimientos sociales, tal como hizo la semana anterior la conducción cegetista, hubo sugestivas ausencias de algunos líderes sindicales como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Palazzo (bancarios), Osvaldo Lobato (UOM), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Víctor Santa María (encargados de edificios), entre otros.

Casi todos enviaron a algún representante de su sindicato, pero en otras épocas de la CGT, también signadas por las diferencias y las internas permanentes, nadie quería perderse la posibilidad de debatir cara a cara con los secretarios generales de otros gremios las estrategias y los cursos de acción.

Los faltazos parecen un símbolo de estos tiempos en los que, con menos poder que nunca, los sindicalistas avanzan con medidas que sienten que deben hacer aunque, en el fondo, sepan que no cambiará nada.

Milei no es el primer presidente de la Nación que asimila los paros generales sin rectificar ni una medida. Tampoco lo hicieron Cristina Kirchner ni Mauricio Macri. Alberto Fernández zafó: tuvo la suerte de que la CGT no le hizo ni una marchita pese a la inflación alta, la caída de los salarios y la crisis financiera de las obras sociales.

Ahora, los jefes sindicales perciben que sus propias bases no se sumarán ciegamente a cualquier protesta (en la CGT admiten en voz baja que el último paro general “no fue bueno”) y apuestan a reconciliarse con sectores de la sociedad que desde hace años los miran de reojo.

“Algo hay que hacer” parece ser la consigna actual de la CGT, corrida por izquierda por combativos que, ante los micrófonos, exigen un paro de 36 horas, pero que no hacen ni una hora de huelga en sus propios gremios.

Esa consigna al menos se mantendrá hasta que se realicen las próximas elecciones presidenciales, donde los sindicalistas tienen la esperanza de que Milei no se reelegido y asuma alguien más sensible a sus posturas. Claro que eso no les garantiza que recuperen el poder perdido entre los jirones de su representatividad.

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Un escándalo se desató en las últimas horas luego de que una inspectora bonaerense usara el acto por el 9 de Julio en un colegio secundario de Tres de Febrero para criticar a Javier Milei y defender las políticas de Axel Kicillof.

“Yo vengo hoy aquí a traer la palabra de la provincia de Buenos Aires y del gobernador. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo llegamos 110 años después a este momento?“, comenzó esta mañana el discurso de María Escobar, inspectora regional bonaerense, ante directivos, padres y alumnos de la Escuela Secundaria N° 32 de Loma Hermosa.

En ese sentido, la funcionaria cuestionó duramente a la administración libertaria: “Nosotros entendemos que es muy difícil hablar de libertad, de soberanía y de independencia en estos tiempos sin una reflexión crítica. Creemos que puede ser un poco ficticio hablar de ello, sin nuestros jubilados protegidos y percibiendo salarios justos, sin nuestros médicos valorados acorde a su entrega cotidiana, sin nuestros artistas creando el alma de la cultura, sin la inclusión plena de la discapacidad y reconociendo sus derechos”.

Escobar apuntó contra el desfinanciamiento de la educación y planteó que la situación de las escuelas y docentes es crítica. “Por eso hoy nosotros entendemos que no hay independencia, por ejemplo, cuando estamos regalando los recursos naturales. Ahí construimos independencia, cuando reflexionamos, cuando nos comprometemos con una idea o con otra”, sostuvo.

Y marcó: “Lo que no podemos ser es neutrales, porque no existe la neutralidad, muchachos. Los que trabajamos en las escuelas decimos que no existe la escuela neutral. Por San Martín, Belgrano, por Güemes, por Alfredo Palacios, por Ricardo Baldín, por Alfonsín, por Juan Domingo Perón, por Eva Duarte, por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”.

“Argentina se va a recuperar de este momento gris que está atravesando, porque es parte de la historia y está bien reconocerlo. Quien no reconoce su contexto, no puede mejorarlo y eso no significa que pensemos todos igual, sino que de las diferencias surja lo más lindo que tenemos, que es el futuro de nuestra Nación. ¡Viva la independencia!”, cerró Escobar.

La reacción del Municipio de Tres de Febrero luego de las declaraciones de la inspectora que habló a favor de Kicillof en un acto escolar

El discurso quedó grabado por los presentes, que lo empezaron a difundir cuestionando la bajada de línea por parte de la inspectora. El exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, fue uno de los primeros que repudió los dichos: “Una barbaridad la bajada de línea política que hizo hoy, usando el 9 de Julio, una funcionaria provincial de Educacion en Tres de Febrero! La escuela está para educar y si debe ser neutral. Educación y no adoctrinamiento!“.

Por su parte, Daniela Reich, secretaria de Capital Humano del Municipio, calificó la situación como “desagradable, inoportuna y desubicada”.

“Fue frente a los padres y a los alumnos. Fue una bajada de línea, un uso político de un acto patrio tan icónico como el de un 9 de Julio. El 9 de Julio es de todos, no es de Milei o del Axel o Cristina, es de todos los argentinos”, manifestó en diálogo con TN.

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Asimismo, subrayó: “Es una falta de respeto al presidente que votaron los argentinos, pero especialmente a la comunidad educativa. Hago responsable al gobernador por estos dichos».

Reich aseguró que la Municipalidad está evaluando presentar una denuncia por “incumplir en normativa docente”, que sería artículo 139 del estatuto docente, ante la Provincia o a una comisaría: “No podemos tomar a la liviana estas actitudes. Es lamentable que la Provincia apañe este tipo de actitudes”, concluyó.

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