Uno de los puntos clave de la reforma laboral, la aparición del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), los fondos para pagar indemnizaciones por despido, comienza a tomar forma. Esta semana, el Gobierno publicó el decreto reglamentario que trajo algunas certezas que el mercado financiero y las empresas estaban esperando. A la vez, la Comisión Nacional de Valores (CNV) convocó a una reunión a las Alycs (Agentes de liquidación y compensación), que serán grandes protagonistas en la administración de los fondos y saldrán a captar empresas empleadoras de todos los tamaños para ingresar al negocio.

Se trata de una medida que, más allá de su impacto laboral, también puede modificar sustancialmente el mercado de capitales argentino creando un flujo de dinero nada despreciable: cada mes 550.000 empleadores de todos los tamaños aportarán una porción de los aportes de 6,2 millones de trabajadores privados.

Cinco interrogantes y cinco respuestas que pueden ayudar a entender el nuevo sistema que entrará en vigencia el 1° de noviembre, según fuentes consultadas por Infobae que participaron de esa reunión:

1) ¿Cómo va a funcionar el Fondo de Asistencia Social (FAL)?: Cada empleador privado de la Argentina aportará en forma obligatoria el 1% (si es una empresa grande) o el 2,5% (si es una pyme) a un fondo para pagar indemnizaciones laborales. El empleador girará cada mes ese aporte a la ARCA y le informará a qué banco o alyc debe dirigirlo para engrosar un FAL. El pago deberá hacerse con las cargas sociales, lo que se conoce como el formulario 931.

Las instituciones financieras armarán un FAL para una empresa en particular o bien un FAL multiempresa, que captarán aportes de cientos o miles de pequeños empleadores.

Para el trabajador, el nuevo mecanismo no trae ningún cambio ni está obligado a hacer ningún trámite.

2) ¿En qué activos se va a invertir el dinero? La regla central ya se fijó: los FAL estarán integrados exclusivamente por “instrumentos financieros o valores negociables” argentinos. Se estima que habrá depósitos, acciones, obligaciones negociables, bonos y otros activos, en pesos o en dólares, siempre que no sean extranjeros. Esta regla excluyó, por caso, a los Cedears.

Los FAL deben crearse específicamente a los fines de cumplir con la ley laboral. No se podrán mezclar con los fondos comunes de inversión ya existentes, aunque tendrán una estructura parecida. Muchos bancos y alycs están preparando una “familia de FAL”, con opciones de inversión más conservadoras o más riesgosas, a gusto de cada empresa y su perfil, del mismo modo que ya ofrecen una “familia de FCI” a todos sus clientes.

No se espera que se establezca un “menu de inversiones” o normas excesivamente estrictas acerca de qué porcentaje de cada FAL debe destinarse a cada activo, tal como ocurría, por caso, con las AFJPs. Prevalecerá un criterio de aplicar la mayor flexibilidad posible.

3) ¿Qué deben hacer los empleadores y para qué pueden usar el fondo? Deberán elegir un FAL, que le ofrecerán un banco o una alyc, y girar allí cada mes los aportes por sus empleados. No se podrá subdividir ese aporte: deberán depositar el 100% de ese dinero en una única entidad. Y habrá “portabilidad”, de manera que la empresa podrá llevarse su FAL de un banco a otro si le ofrece mejores condiciones. Habrá un límite de veces para cambiar, que aún no fue fijado.

El dinero, cuyo rendimiento crecerá mes a mes, se utilizará únicamente para pagar indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. No podrá usarse con otro destino que no sea ese. El dinero tampoco podrá retirarse o rescatarse en ningún caso. Solamente si una empresa quiebra o desaparece podrá recuperar el dinero remanente en su FAL.

4) ¿Cuánto le costará el nuevo sistema a las empresas? Absolutamente nada. Las empresas, sea un kiosco con 3 empleados o una megaempresa con 10.000, ingresarán al FAL el mismo dinero que hoy aportan a la Anses como parte de los aportes laborales, por lo que no habrá ningún costo extra. De ese aporte también surgirá la comisión para los bancos y alycs administradores, que tendrá un máximo del 1% de los fondos administrados.

El modelo de un FAL exclusivo para una sola empresa será excepcional, solamente para grandes compañías que puedan aspirar a un fondo propio por su gran cantidad de trabajadores.

En el otro extremo, se abrirá un registro de alycs dispuestas a atender a pymes o micropymes con pocos empleados, de manera que todos los empleadores de la Argentina tendrán un FAL a su disposición.

5) ¿Qué regulaciones falta sancionar? El ministerio de Economía, según el artículo 11 del decreto conocido esta semana, deberá establecer los límites para la inversión de los fondos, con las características ya explicadas. En el mercado se estima que esa regulación será flexible, dejando el mayor grado de libertad posible para invertir cada fondo.

No se espera que haya un piso de liquidez al que los FAL deban ajustarse, para que de esa forma puedan responder ante la necesidad de cubrir indemnizaciones. Un detalle de la normativa es que el aporte al FAL es obligatorio, pero una empresa puede afrontar las indemnizaciones con su propia caja si evalúa, financieramente, que le conviene no tocar el FAL.

Una vez dictada esa norma pendiente de Economía llegarán otras, en algunos casos de carácter operativo, provenientes de la CNV, ARCA y la secretaría de Trabajo.

(Desde Washington, Estados Unidos) Luis Caputo tiene asegurado los fondos necesarios para cancelar la deuda privada de 4.300 millones de dólares que vence en julio.

Durante su último viaje a Washington, Caputo acordó con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se concederían garantías a la Argentina por 2.550 millones de dólares, y eso sucederá en los próximos 10 días.

Si no hay cambios de agenda imprevistos, el 16 de junio se reunirá el directorio del BM para aprobar una garantía aproximada a los 2.000 millones de dólares, mientras que un día más tarde (17 de junio) fue convocado el board del BID para ratificar que se otorgará al país cerca de 500 millones de dólares para honrar la deuda con fecha de julio.

De esta manera, Ajay Banga -presidente del Banco Mundial- e Illan Goldjan -titular del Banco Interamericano de Desarrollo- cumplirán con la palabra prometida a Caputo.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado», sostuvo el ministro de Economía ante un pregunta de Infobae, cuando estaba negociando en DC

Y completó: “¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado”, en referencia al porcentaje de interés que pagara al BM y al BID.

Acorde a la información obtenida por Infobae en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las garantías se tomarían a una tasa cercana al seis por ciento con un plazo de 3 años con tres años más de gracia.

Con el nivel de riesgo país actual, una hipotética colocación de deuda soberana argentina requeriría tasas anuales superiores al 9% en dólares, un rendimiento poco atractivo para el Gobierno.

“Es un swap de deuda con importantes ventajas. Argentina accede a tasas más bajas y más plazo. Y eso sucede porque el programa económico funciona en las variables que aquí se miran con detenimiento: superavit fiscal, emisión monetaria y reservas”, explicó un funcionario clave de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos que conoce el detalle de las negociaciones que lideró Caputo.

La ingeniera financiera consiste en acordar con un club de bancos el pago a los bonistas privados que tienen la deuda que vence en julio. El Banco Mundial asigna a los bancos que tomarán la garantía, mientras que el Palacio de Hacienda definirá a las entidades crediticias que se apalancarán sobre la garantía del BID.

JPMorgan, Citi, Bank of America y Santander aparecen como los bancos que se encargarán de cancelar la deuda de julio apalancados con las garantías concedidas por el BM y el BID.

Ajay Banga e Illan Goldfjan tienen excelente relación con Caputo, y eso fue clave al momento de acelerar los trámites políticos burocráticos que preceden a las reuniones de directorio.

El board del BM se reunirá el 16 de junio, y la garantía que concederá a la Argentina -más de 2.000 millones de dólares- será un acontecimiento institucional que no sucedía desde hace 25 años.

A principios del siglo XXI, Argentina incumplió un contrato con una empresa japonesa que terminó pagando el Banco Mundial. Y ese deuda impaga pesó al momento de iniciar las negociaciones con la línea burocrática del organismo multinacional.

Pero el presidente Banga ejerció su poder interno, y la garantía fue aprobada en tiempo record. El BID, en cambio, conoce la lógica política de América Latina y actuó en consecuencia.

Goldfjan, titular del Banco Interamericano de Desarrollo, no tuvo mayores obstáculos y convocó al directorio para el 17 de junio.

Es decir: en 10 días, Argentina tendrá los fondos necesarios para honrar la deuda privada que vence en julio.

Volaba sobre el Atlántico cuando, hace justo un mes, apretó el botón. El 7 de mayo de 2026, mientras el avión presidencial dejaba atrás Los Ángeles, el presidente Javier Milei –que había sido parte de la Conferencia Global del Instituto Milken– publicó en su cuenta de X lo que llamó una “mega bomba”: el anuncio del Súper RIGI, una versión expandida del régimen de grandes inversiones que ya había convertido en la pieza central de su estrategia económica. “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit”, escribió el Presidente, “no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”.

Según el Gobierno, el esquema actual de incentivos ya comprometió casi USD 140.000 millones –a varios años y con desembolsos escalonados– y generará un total de 180.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. No sólo eso, en un artículo del jueves en el Financial Times, el mandatario se comprometió a que la IA tendrá en el país el “marco legal y fiscal más atractivo del mundo” e invitó a las empresas tecnológicas a desembarcar con la promesa de la absoluta desregulación del sector. Además, la semana que pasó el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, le propuso al Congreso cambiar la ley se Sociedades, con una simplificación completa y hasta la incorporación de “sociedades full IA”, empresas operadas por agentes de IA o robots, con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada, en las que los accionistas humanos podrán participar, pero no serán un requisito.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, o simplemente RIGI, nació en julio de 2024 como el capítulo más ambicioso de la Ley de Bases. La idea era simple en su enunciado y más compleja en su ejecución: crear un paraguas normativo tan robusto, tan blindado contra la voracidad fiscal argentina, que los grandes capitales globales se animaran a apostar por el país.

El mínimo de ingreso quedó fijado en USD 200 millones por proyecto. También propuso 30 años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria. Una suerte de cerrojo legal que ningún gobierno futuro podría abrir sin pagar costos jurídicos enormes.

Los beneficios concretos son de una generosidad que no tiene precedentes en la historia reciente del país. El Impuesto a las Ganancias baja del 35% al 25% para los vehículos adheridos al régimen. Los derechos de importación sobre bienes de capital quedan exentos. Las exportaciones tampoco pagan retenciones después del tercer año. Y lo más importante para inversores que piensan en el largo plazo: la posibilidad de girar divisas al exterior sin restricciones, de forma escalonada pero garantizada.

Lo cierto es que el RIGI tardó más de lo esperado en arrancar. El primer proyecto en ser aprobado fue el parque solar El Quemado, de YPF Luz, en Mendoza.

El segundo proyecto marcó el cambio de escala. En marzo de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo anunció la aprobación del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): USD 2.900 millones: YPF junto a seis socios estratégicos, 437 kilómetros de caño entre Allen y Punta Colorada, en Río Negro. Permitirá exportar más de 550.000 barriles diarios a partir de 2027, con ingresos anuales que el Gobierno proyecta en más de 15.000 millones de dólares. Un oleoducto que, si cumple lo prometido, cambiaría la geografía exportadora del país.

El mapa de proyectos muestra un patrón claro: Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca. Vaca Muerta y el triángulo del litio. Petróleo, gas, cobre, litio, oro, energías renovables. Desde entonces se aprobaron 18 proyectos, dos de ellos en las últimas horas.

El Gobierno no esperó a que el RIGI original madurara para empezar a modificarlo. En julio de 2025, lo amplió para incluir proyectos de generación eléctrica —térmica, renovable, nuclear—, en medio de una emergencia energética declarada que dejó cientos de miles de usuarios del AMBA sin luz durante una ola polar. Una señal de que el régimen también era una herramienta de gestión de crisis.

La reforma más profunda llegó en febrero de 2026, con el Decreto 105/2026. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lo presentó como una mejora técnica destinada a hacer el RIGI “más claro y eficiente”. En la práctica, fue una reingeniería. El plazo de adhesión se extendió un año, hasta julio del año próximo. Más relevante aún: el régimen incorporó la exploración y producción de hidrocarburos, el segmento upstream, que hasta ese momento había quedado afuera. Para proyectos en Vaca Muerta, el piso mínimo de inversión subió a USD 600 millones; para los proyectos offshore, se mantuvo en 200 millones.

Desde el sector energético, la recepción general del esquema siempre fue muy positiva. En parte, porque asusta una idea que el presidente de YPF, Horacio Marín, repite desde siempre: “Sin RIGI no hay GNL”. O sea, sin esos incentivos Vaca Muerta no terminará de explotar debidamente y los hidrocarburos que yacen en esas piedras patagónicas no se convertirán en los dólares que tanto necesita el país.

A pesar de que las voces a favor son más, el RIGI no convence a todos. Hay dudas sobre si muchas de las inversiones que entraron al régimen, sobre todo las destinadas a Vaca Muerta, no se hubieran igualmente realizado; gremios que se quejan por el impacto, sobre todo en las pymes sectoriales; empresarios que señalan que la libre importación de bienes de capital prevista suena a competencia desleal contra la industria nacional; y legisladores que hacen números sobre el golpe que los beneficios impositivos dará a las cuentas fiscales.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof nunca adhirió al RIGI y lanzó su propio régimen provincial con otra lógica: valor agregado y diversificación productiva. En el Día de la Industria de 2024, lo dijo sin rodeos: lo que el Gobierno nacional proponía era “primarización de los recursos naturales”. Los recursos se van “por un caño o por un puerto para el desarrollo de otros países”, graficó.

Lo cierto es que la tensión entre los que ven en el RIGI una palanca histórica de desarrollo y los que lo leen como una cesión sin retorno no desapareció con los resultados. Los proyectos aprobados son, en su enorme mayoría, extractivos. Petróleo, gas, litio, cobre, oro. Ningún proyecto de manufactura compleja o de mayor valor agregado se ha adherido hasta ahora al régimen. El patrón no es un accidente: el RIGI fue diseñado para proyectos con alto potencial exportador, y eso, en Argentina, casi inevitablemente significa recursos naturales. Ahora, sobre ese mapa, el Gobierno lanzó el Súper RIGI.

Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias

La denominación oficial del proyecto ingresado a Diputados es “Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”.

El piso de entrada sube a USD 1.000 millones por proyecto. A cambio, los beneficios son inéditos en la legislación argentina reciente. El Impuesto a las Ganancias baja del 25% que ya preveía el RIGI al 15 por ciento. Las contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales generadas en los proyectos adheridos quedan fijadas en una alícuota única del 10%. Los dividendos llegan al 3,5% en cuatro años, frente a los siete que requería el RIGI original. La estabilidad normativa: 30 años, igual que antes. La ventana para presentar proyectos: cinco años, con posibilidad de una única prórroga de otros cinco.

Los sectores que el Gobierno tiene en la mira son los que no existen hoy en el país: IA, datacenters, autos eléctricos, centros de procesamiento de datos a gran escala, hidrógeno verde y hasta semiconductores, biotecnología avanzada, farmacéutica de innovación e industrialización del cobre. También podría ser para la cadena de valor del litio y baterías, plantas de GNL, pequeños reactores modulares nucleares (SMR), paneles solares y turbinas eólicas, petroquímica, industria aeroespacial, cadena de valor del uranio, industrialización de la pesca y fertilizantes. Habrá que ver cuáles de todos ellos quedan plasmados en la eventual ley.

En ese contexto, el timing del anuncio encendió las alarmas de la oposición en un contexto en el que el mega magnate tech Peter Thiel se radicó en el país (¿temporariamente?) y visitó la Casa Rosada.

El diputado Guillermo Michel, peronista y hombre de confianza de Sergio Massa, bajo cuya gestión como ministro de Economía, condujo la Aduana, tomó los 13 primeros proyectos aprobados del RIGI original y concluyó que el costo fiscal anual de esas inversiones supera los USD 1.800 millones, equivalentes a 0,27 puntos porcentuales del PBI.

“El peronismo siempre fomentó las inversiones productivas. En 2023 se creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos que permitía disponer de hasta el 20% de las divisas y con un 0% de derechos de exportación. El RIGI tomó algunos de esos beneficios, pero le da más a las empresas de lo que pedían. No respetar el compre nacional o la baja de contribuciones (del Súper Rigi) son beneficios innecesarios para muchas inversiones que se harían de igual manera”, aseguró el diputado.

El miércoles pasado, en tanto, Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería de Economía, defendió el nuevo proyecto en una comisión de Diputados. Destacó que es la continuidad de un esquema exitoso y que “sería un error intentar extender nuevamente ese régimen porque fue concebido como una herramienta excepcional y con vencimiento. Creemos que llegó el momento de evolucionar el RIGI hacia un régimen enfocado en la industrialización de los recursos naturales”.

Además, destacó que el siguiente paso implica aprovechar los recursos naturales y la infraestructura cuya inversión fue movilizada por el RIGI y que “la industrialización de esos recursos naturales debería traducirse en un aumento mucho más significativo del empleo y del valor agregado”.

González aclaró que no se busca impacto de corto plazo y que el potencial exportador conjunto alcanza los USD 41.000 millones de dólares por año, algo que en términos agregados duplicaría las exportaciones argentinas.

“Sabíamos que minería y energía serían los sectores con mayor recepción de inversiones. La mina El Pachón fue descubierta hace más de 60 años. Tiene un estudio de factibilidad realizado hace 27 años y Glencore es propietaria del proyecto desde hace 13 años. La decisión final de inversión se tomó recién el año pasado. Según la propia empresa, la decisión estuvo vinculada al RIGI“, ejemplificó.

Aclaró también que sólo podrán ingresar proyectos nuevos y que no alcanza a planes de infraestructura y de extracción de recursos naturales.

El consenso de los analistas y consultoras es favorable al esquema, pero no faltan las críticas.

En principio, se destaca que la lógica económica detrás del “Súper RIGI” es distinta a la del original. Mientras que el primero buscaba destrabar inversiones extractivas y de infraestructura, el nuevo apunta a profundizar la industrialización, atraer cadenas de valor tecnológicas, facilitar financiamiento internacional y competir globalmente por proyectos muy intensivos en capital.

Abeceb, la consultora del ex ministro de Desarrollo Productivo de Cambiemos, Dante Sica, destacó que este último proyecto apunta a obras de escala; que el acuerdo con EEUU puede empujar inversiones estratégicas, no solo comerciales; que el acuerdo UE-Mercosur mejora el racional exportador; que si bien la captura no sería masiva ni automática Argentina podría disputar una parte de inversiones regionales que hoy van a otros países; y que el impacto real está en el “capex inducido” (cada proyecto grande no mueve solo la planta; mueve construcción, ingeniería, energía, caminos, logística, proveedores, empleo y demanda de servicios). Ahí, dice, el multiplicador puede ser más relevante que el beneficio fiscal.

“El RIGI original es una muy buena herramienta y hay que evaluarla por lo que busca resolver, que sin dudas no son los problemas estructurales de Argentina. Fue pensado como un marco excepcional para dar previsibilidad a proyectos de gran escala, con reglas estables. Argentina tiene un problema histórico de credibilidad para conseguir inversiones de largo plazo. El régimen aparece para compensar parcialmente desventajas muy conocidas. Se le exige al RIGI que resuelva problemas que no son el objetivo del instrumento”, aseguró Soledad Pérez Duhalde, Directora de Desarrollo de Negocios de Abeceb.

Días atrás se conoció un dato de la OCDE que muestra que Argentina quedó última en un ranking regional de Inversión Extranjera Directa (IED) con un flujo neto de capitales bastante inferior al de Brasil, México, Chile y Colombia. “Un mal dato de IED no invalida el RIGI. Sí, muestra que Argentina todavía tiene un problema general de atracción de capital. Pero por eso, justamente, son importantes estos instrumentos. Si el régimen general fuese suficiente para traer inversión, probablemente no haría falta un RIGI”, detalló Pérez Duhalde.

Sobre la nueva idea de un Súper RIGI, Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, se preguntó desde su consultora Audemus si es la primera iniciativa productivista del actual gobierno, para muy rápido responder que “no se observa ninguno de los elementos clave que aparece en cualquier estrategia de desarrollo productivo vinculado a esos sectores (inversión en centros tecnológicos, generación de capacidades, recursos humanos y científicos), no exige inversiones en I+D local, ni encadenamiento productivo, ni empleo calificado mínimo; entrega estabilidad fiscal por 30 años sin contrapartidas verificables; y cede la jurisdicción para resolver conflictos a tribunales arbitrales internacionales”.

Kulfas describió que el único sector donde existe un anuncio formal concreto es data centers: el proyecto Stargate (OpenAI-Sur Energy, USD 25.000 millones), que es una carta de intención, no una inversión en curso. No ve ninguna chance en semiconductores ni biotecnología. Con respecto a cuestiones que podrían cambiar en el Parlamento, recomienda incorporar contrapartidas, como en Brasil; revisar el horizonte de estabilidad por ser sectores de alto dinamismo; y revisar el mecanismo de resolución de disputas (para que no sea en el exterior únicamente) y la obligatoriedad de la adhesión provincial, entre otros.

También planteó críticas el consultor energético Juan José Carbajales, quien también fue funcionario del área en el gobierno anterior. Desde su consultora Paspartú, destacó que el RIGI debería ser un esquema más transparente en cuanto a la información del esquema y sus exenciones. “¿Es válido el derecho a que las normas no cambien? ¿puede un Congreso actual limitar las potestades soberanas del Congreso futuro?”, se preguntó en un informe reciente. Con respecto a la ampliación al upstream petrolero, no dudó: habilita proyectos de producción en Vaca Muerta que ya eran rentables sin el RIGI, “proyectos que iban a suceder ne-ce-sa-ria-men-te”.

En su columna en el FT, Milei trazó un paralelo entre la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, en 1602, y este momentum IA. “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”, escribió el mandatario. Y pidió a las empresas del mundo que vengan al país a desarrollar sus iniciativas IA con muy bajo control del Estado. “Que Buenos Aires sea para la IA lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación a vela“, dijo. ¿Será?

Por ahora hay compromisos de parte del sector privado. Unos USD 31.000 millones ya aprobados que llegarían a USD 140.000 según los anuncios hasta el momento, en plazos de entre 2 y 10 años. El mayor desafío de los diferentes sabores del régimen no parece ser conseguir que las empresas firmen. Es que, cuando llegue el momento de escribir el cheque, la Argentina de 2027 o de 2030 les siga pareciendo el mismo país que conocieron cuando apostaron. Por más beneficios que muestren las leyes, ahí estará la clave.