POLITICA
La fiscalía pidió indagar a José Luis Espert por lavado de dinero en una causa ligada a Fred Machado
El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó que el exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert sea indagado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario Fred Machado, quien admitió ante la justicia norteamericana haber cometido los delitos de fraude y lavado a cambio.
Las sospechas se fundan en que Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares de Machado y realizó operaciones de compra de autos de alta gama, dijeron fuentes judiciales a .
El fiscal Domínguez solicitó al juez federal de San Isidro Lino Mirabelli formalmente la indagatoria por presunto lavado de dinero.
El exlegislador de La Libertad Avanza, que fue primer candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones de 2025 −fue apartado cuando quedó acorralado por el escándalo− es investigado por sus vínculos con Machado, quien en mayo pasado “admitió ante la justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero”, en una causa que también lo tenía en la mira por maniobras ligadas al narcotráfico.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Espert habría utilizado el dinero recibido de Machado para adquirir bienes a través de los cuales intentó disimular el origen ilícito de los fondos.
El expediente señala que “para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas”.
El pedido de Domínguez alcanzó a Varianza SA, la sociedad comercial de Espert, imputada por haber confeccionado “informes contables falsos para justificar el origen del dinero”. Y sumó a Mariano Cosentino, el contador del exlegislador, como otro de los convocados a indagatoria.
La investigación mira una transferencia de 200.000 dólares que Machado envió a Espert en 2020, que integraba un acuerdo más amplio cuya “cifra total ascendía a un millón de dólares”.
Cuando la causa se hizo pública, Espert salió a explicar que esos fondos respondían a “un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala”.
La fiscalía cuestionó esa versión y sostuvo que Espert nunca pisó ese país, “las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas” al momento del contrato y “tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo”.
El lazo entre Espert y Machado viene de hace tiempo, pues el empresario fue quien “financió y brindó apoyo” a Espert durante su candidatura presidencial de 2019, cuando el economista todavía no había ingresado al espacio libertario.
Desde diciembre del año pasado, la Justicia le tiene congelado el patrimonio de Espert: está “impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la justicia para afrontar gastos corrientes”.
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POLITICA
Guiño a Sturzenegger desde el Senado: se dictaminó la ley “Hojarasca” y quedó lista para su sanción
Las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado dictaminaron esta tarde ley “Hojarasca” que ya aprobó Diputados y que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Con la firma del despacho de mayoría -las últimas rúbricas, varias horas después del encuentro-, quedó a tiro de ser sancionada.
En mayo pasado, la iniciativa que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en la Cámara baja. Las comisiones que debatieron esta tarde son presididas por oficialistas: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).
«Hojarasca» agrupa las eliminaciones en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.
Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos.
Por otra parte, el texto que llegó al recinto de Diputados incorporó modificaciones en comparación con el primer documento que desde Balcarce 50 se mandó al Congreso. Por solicitud de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a parlamentarios, y se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.
La iniciativa tiene un historial accidentado. Presentada por primera vez en 2024, perdió estado sin ser tratada en el recinto. El Ejecutivo la reenvió en marzo pasado. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió aprobarse en mayo.
Qué se dijo en el plenario
Desde La Libertad Avanza, la ex macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) señaló que la ley Hojarasca “cumple con una de las responsabilidades del Congreso, que es revisar periódicamente aquellas normas que ya perdieron su razón de ser”.
En tanto, el senador oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), aseguró que el proyecto “viene a dejar en claro la infinidad de leyes que ya se han vuelto obsoletas y vetustas a través del avance la tecnología y los cambios”.
No fue una buena tarde para la jefa libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien dio a entender un supuesto adiós a la libre circulación y de legisladores como algo que contenía el articulado, pero ello es falso: en Diputados se mantuvo ese beneficio y el dictamen de esta tarde valida esa decisión.
El que criticó la propuesta del oficialismo -en el espíritu no pareció tan en desacuerdo- fue el cristinista Martín Soria (Río Negro), quien observó: “El Congreso tiene una comisión permanente de Digesto Jurídico que actualiza las normas y, si esas normas son obsoletas, las deroga”. Lo que sí queda claro es que, entre lo que comentó y lo que se discute ahora, algo se trabó hace tiempo. En una línea similar se mostró su ex colega -y de nuevo ex kirchnerista- Carolina Moisés (Jujuy).
Voltereta con un pliego militar
Sin debate, la comisión de Acuerdos se reunió para analizar el pliego de ascenso de grado del titular de la Casa Militar y general de brigada, Sebastián Ibáñez, quien es defendido a rajatabla por el Ejecutivo. Como ningún legislador quiso hacer uso de la palabra, se pasó rápido a la firma del dictamen.
El inconveniente fue que, como no sumó rúbricas de aliados, hasta pasadas las 16 no se había convertido en un despacho de mayoría. No le pareció lo mismo a la dirección de comunicación del Senado, que envió un comunicado con un grosero error y, a los pocos minutos, apuró una fe de erratas. Lo ocurrido no invalida que en los próximos días se salde este asunto y se obtenga el dictamen en cuestión. Si no, quedará en espera. Pasadas las 20 de este miércoles, las firmas seguían sin aparecer.
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POLITICA
Presentaron un amparo para frenar el decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces
Un abogado constitucionalista presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la aplicación del decreto de Javier Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces.
Al mismo tiempo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto donde rechazaron la medida por significar un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
El decreto cuestionado eliminó la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, y dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
Ante el argumento libertario de que la doble instancia de participación demoraba la cobertura de vacantes judiciales, las organizaciones señalaron que el plazo de menos de dos meses que preveía el mecanismo −ahora derogado por Milei− era más que razonable para decisiones de semejante trascendencia, frente a los años que habitualmente los poderes políticos se toman para cubrir vacantes judiciales.
En paralelo, el abogado Andrés Gil Domínguez presentó ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 11 del Decreto 467/2026, firmado por el Poder Ejecutivo.
La norma deroga mecanismos de participación ciudadana previstos en los Decretos 222/2003 y 588/2003 para la designación de jueces, fiscales y defensores. Junto con la demanda, solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de la norma mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Hasta la entrada en vigencia del Decreto 467/2026, el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema incluía una ventana de quince días en la que cualquier ciudadano, organización no gubernamental, colegio profesional, entidad académica u organismo de derechos humanos podía presentar observaciones fundadas y documentadas ante el Ministerio de Justicia sobre los candidatos en consideración. Tanto para la Corte Suprema como para juzgados de instancias inferiores.
El mecanismo destinado a los candidatos para el máximo tribunal había sido establecido en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, como respuesta a la crisis de legitimidad que atravesaba la Corte en aquel momento.
El decreto ahora impugnado derogó los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/2003, y los artículos 5°, 6° y 7° del Decreto 588/2003.
El Gobierno justificó la decisión al sostener que la participación ciudadana se mantiene ante el Senado, que el procedimiento generaba una duplicación de instancias y que diversidad de género, especialidad y procedencia regional no están expresamente previstos en la Constitución Nacional.
La demanda de Gil Domínguez ataca ambos argumentos al sostener que las dos instancias del Ministerio de Justicia y el Senado no son “equivalentes ni intercambiables”, pues la primera es previa a la decisión del Presidente y la segunda, cuando el candidato ya fue seleccionado.
“Suprimir la primera bajo el argumento de que subsiste la segunda equivale a afirmar que el control democrático posterior torna innecesario el control democrático previo”, sostiene el escrito.
Sobre diversidad, la demanda recuerda que entre 1863 y 2005 la Corte Suprema estuvo integrada exclusivamente por hombres, con la única excepción de Margarita Argúas entre 1970 y 1973.
En ese contexto, la exigencia de considerar la perspectiva de género no es un capricho procedimental sino una acción positiva en orden con la Constitución Nacional y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Gil Domínguez habló de la necesidad de mantener el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.
Según este estándar, reconocido por la Corte Suprema en numerosos precedentes, el Estado no puede retroceder en el nivel de protección de derechos ya alcanzado sin ofrecer una justificación extremadamente sólida, proporcional y sin alternativas menos lesivas.
Paralelamente a la acción judicial, las ONG recordaron un antecedente reciente: hace un año, el Gobierno propuso dos candidatos para integrar la Corte Suprema −el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla− que fueron cuestionados por la sociedad civil, por sus perfiles y por la ausencia de paridad de género en el tribunal.
El Gobierno ignoró esas críticas e intentó designarlos por decreto, lo que motivó que el Senado rechazara las propuestas.
La medida cautelar solicitada busca que, mientras se resuelve el fondo del caso, el Poder Ejecutivo esté obligado a cumplir con los estándares del Decreto 222/2003 si avanza en la selección de nuevos integrantes para la Corte Suprema.
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POLITICA
En medio de la polémica, Bullrich afirmó que Milei cree que “no hay motivos para echar a Adorni”
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que el presidente Javier Milei no analiza remover de su cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La definición llega en medio de la controversia generada en torno a su declaración jurada patrimonial y a las explicaciones que brindó sobre parte de sus ahorros.
La legisladora sostuvo que el mandatario mantiene su respaldo al funcionario porque considera que no existen elementos suficientes para cuestionar su permanencia en el Gobierno. “Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni”, afirmó luego de la reunión de labor parlamentaria.
En la misma línea, Bullrich señaló que el Presidente entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni”.
La senadora también rechazó las críticas dirigidas hacia el jefe de Estado por su respaldo al funcionario y sostuvo que no hay motivos para responsabilizar al mandatario por la situación.
Leé también: En medio de la crisis por Adorni, el Gobierno logró avanzar en Diputados con dos proyectos clave
En paralelo, se refirió al escenario legislativo que se abrió tras la polémica y confirmó que la sesión que estaba prevista para este jueves finalmente fue suspendida. “Mañana no va a haber, pero sí el 25, donde los bloques opositores han incorporado varios proyectos de interpelación que van a ser tratados con otros temas”, explicó.
Según indicó, la posibilidad de que Adorni sea citado al Congreso dependerá del respaldo que consigan las iniciativas impulsadas por la oposición. “Si ese proyecto tiene una mayoría, tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura”, sostuvo.
Bullrich aseguró además que la suspensión de la sesión fue producto de un acuerdo entre los distintos bloques parlamentarios y negó que se haya tratado de una maniobra del oficialismo para beneficiar al funcionario.
“Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, nosotros somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas”, argumentó.
La situación de Adorni quedó bajo la lupa luego de que se conocieran detalles de su patrimonio y de las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de sus fondos e inversiones. A partir de ello, distintos sectores de la oposición promovieron iniciativas para convocarlo al Congreso y exigir mayores precisiones sobre su situación patrimonial.
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