POLITICA
La IGJ puso la mira en los donantes de la Fundación Faro, el think tank libertario, y generó suspicacias en el Gobierno

La disputa de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo no cede, pese a los intentos del Presidente por apaciguar la interna entre su hermana y su principal asesor. De hecho, en los últimos días, una decisión de la Inspección General de la Justicia (IGJ), un organismo que ahora controla Juan Bautista Mahiques, uno de los ministros que reportan a la secretaria general de la Presidencia generó suspicacias en el sector de Caputo.
Es que la IGJ puso la mira en los donantes de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje y donde el consultor ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco.
El lunes último, después de que la Fundación Faro presentara ante la IGJ su balance contable correspondiente al ejercicio de 2024, el organismo que preside Alejandro Ramírez, un funcionario nombrado por Mahiques en marzo pasado, le solicitó que presente un listado en el que detalle quiénes realizaron las donaciones, en qué momento y cuáles fueron los montos. Le dio diez días para completar la información.
La semana pasada, el medio Chequeado reveló que el think tank afín al gobierno de Javier Milei declaró que, durante 2024, recaudó unos $4.957 millones -US$ 4,8 millones- en concepto de “donaciones, cursos, talleres y prevención”. El dato surgió de la rendición de fondos que hizo la Fundación Faro ante la IGJ.
Fuentes cercanas a Mahiques y Ramírez despegaron el hecho de la interna. Lo calificaron de una mera “formalidad” y afirmaron que las autoridades de la fundación libertaria olvidaron incluir el «Anexo XIII» con el detalle de las donaciones. Argumentan que deben cumplir el requerimiento establecido en el artículo 419 de la resolución N° 15/2024, que obliga a las asociaciones civiles y fundaciones a presentar una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos cuando reciben donaciones superiores a 40 salarios mínimos vitales y móviles (alrededor de 11 millones de pesos) en un período de 30 días.
Desde la IGJ afirmaron que se trató de una vista contable “normal y habitual”, en un intento de minimizar las lecturas en clave interna.
Sin embargo, la decisión administrativa de la IGJ tomó por sorpresa a Caputo y sus colaboradores. Lo interpretaron como un nuevo gesto de provocación del sector de Karina Milei, quien avanzó sobre el área de Justicia cuando desplazó a Sebastián Amerio de la cartera e impuso a Mahiques como sucesor de Mariano Cúneo Libarona.
Los leales a Caputo consideran que los nuevos controllers de la Justicia en el Gobierno deberían haber avisado antes de actuar. “¿Somos un equipo o no? ¿Trabajamos en equipo?“, plantean. El asunto no pasó a mayores, pero profundizó la desconfianza. ”Fue algo fuera de lugar», remarcaron.
Entre los funcionarios cercanos a Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que se referencia en Caputo, afirman que la Fundación Faro es la usina de pensamiento del Gobierno y no del asesor. En definitiva, lo consideran una herramienta para acercar a los empresarios más cercanos al Presidente y recaudar fondos para la causa. “Son los amigos de Javier, no de Santiago”, deslizan.
En noviembre de 2024, durante su primer año de mandato, Milei encabezó la presentación en sociedad de la Fundación Faro durante una cena en el Yacht Club de Puerto Madero. Hubo 400 invitados y varios de los comensales aportaron alrededor de 20 mil dólares para codearse con el Presidente y las figuras centrales del gobierno o los influencers libertarios.
Estuvieron presentes la mayoría de los hombres de negocios más ricos del país. Por ejemplo, concurrieron, entre otros, los empresarios José Luis Manzano, Marcelo Mindlin, Claudio Belocopitt, Eduardo Elzstain, Gustavo Weiss, Mario Montoto y Eduardo Bastitta -que se ocupó de colectar fondos para la fiscalización de la elección de 2023-.
En ese momento, Laje, filósofo ultraliberal y ultraconservador, prometió que la Fundación Faro ofrecería cursos para emprendedores, para comunicadores y para futuros líderes.
Semanas atrás, el titular de la usina de ideas de Milei y lugarteniente de la batalla cultural tomó partido en la interna libertaria y se alineó con Caputo, quien había acusado a Martín Menem, mano derecha de Karina Milei, de utilizar una cuenta anónima (@PeriodistaRufus) para operar contra un sector del Gobierno. Menem lo negó y el Presidente respaldó su versión. Dijo que era “algo prefabricado” y que se lo habían plantado en sus redes para generar problemas.
“No tenía ninguna intención de meterme en este quilombo, pero cómo molesta constatar que le están mintiendo al Presidente. No solo es inaceptable desde el punto de vista moral, sino también peligroso desde el político. Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro”, escribió Laje en su perfil de “X”.
Horas antes, “Gordo Dan” había compartido en sus redes las supuestas pruebas de que la cuenta anónima que difundía críticas a Caputo y la gestión de Milei habría sido operada por Menem. Sostuvo que el portal Wayback Machine, una herramienta gratuita que fue desarrollada por la organización sin fines de lucro Internet Archive y que almacena contenidos de sitios web, había subido el “tuit original” de @PeriodistaRufus. “El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al presidente”, dijo.
la resolución,pic.twitter.com/mPozGVkUwf,October 18, 2024,la mayoría de los hombres de negocios,Conforme a
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De «perdió credibilidad» a «le hace daño al país»: la oposición redobla la presión sobre Adorni y pide su renuncia

La continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la discusión política este miércoles, durante el programa A Dos Voces (TN).
En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el senador del PRO Martín Goerling confirmó que su bloque presentó un pedido para interpelarlo en el Senado, mientras que el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina sostuvo que mantenerlo en el cargo “le hace daño al país”.
Del pedido de renuncia a la interpelación en el Senado
Goerling aseguró que el PRO viene cuestionando la permanencia de Adorni desde hace semanas y recordó que el partido ya había reclamado públicamente que el Presidente lo apartara del cargo o que el funcionario presentara su renuncia.
«Ha perdido la credibilidad“, sostuvo el senador, y explicó que, ante la falta de una decisión del Ejecutivo, el bloque resolvió avanzar con un pedido de interpelación en el Senado.
El legislador indicó que el proyecto será llevado al recinto este jueves y que, al no contar con dictamen de comisión, necesitará el respaldo de dos tercios de los senadores para ser tratado sobre tablas. Si no reúne esa mayoría, deberá pasar por comisión antes de volver al recinto.
Además, defendió la postura del PRO al señalar que el partido acompañó las principales iniciativas del Gobierno, pero remarcó que el caso Adorni representa “un límite”. También advirtió que, si el jefe de Gabinete no brinda explicaciones convincentes, el Congreso cuenta con la herramienta constitucional de la moción de censura.
“Le hace daño al país”: las críticas de Abal Medina
En el mismo debate televisivo, Abal Medina cuestionó que el Presidente mantenga a Adorni en el cargo pese a las denuncias que enfrenta y comparó la situación con la de Martín Insaurralde, al recordar que dejó el cargo tras el escándalo.
«Le hace daño al país“, afirmó el exjefe de Gabinete, quien sostuvo que la permanencia de Adorni también perjudica la imagen de la política porque instala la idea de que “todos son iguales”.
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Además, aseguró que, históricamente, el jefe de Gabinete funciona como el “fusible” del Presidente ante las crisis políticas y consideró que, en este caso, ocurre lo contrario.
Para Abal Medina, la decisión de sostener a Adorni en el cargo profundiza el desgaste institucional y afecta el funcionamiento del Gobierno y su relación con el Congreso.
A dos voces, Manuel Adorni, Senado
POLITICA
Protestas “a la francesa” o paro de 36 horas: la interna de la CGT se agitará hoy con un debate clave sobre el nuevo plan de lucha

Todos están de acuerdo en que deben pasar a la ofensiva contra el Gobierno, pero hay diferencias sobre cómo hacerlo para que la medida de fuerza por aplicarse sea contundente. La CGT tendrá este jueves a la tarde un debate clave sobre el nuevo plan de lucha, en medio de inesperadas tensiones entre quienes impulsan protestas “a la francesa” o un paro general de 36 horas.
En ese escenario de internas permanentes que es el sindicalismo, habrá dos propuestas sobre la mesa cuando, a las 14, delibere el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802 en un punto del temario que promete fuertes discusiones: las “acciones gremiales” que se llevarán adelante contra Javier Milei.
La semana pasada, cuando el triunvirato de la CGT encabezó una reunión con las confederaciones sindicales de la industria, el transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones, quedó instalada con más nitidez la idea de un plan de lucha “sectorial y a largo plazo” basado en las protestas en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, como anticipó Infobae.

Sus impulsores proyectan desde volanteadas en estaciones de trenes, aeropuertos y universidades hasta paros alternados y rotativos en el transporte y la industria, asambleas en fábricas y movilizaciones a varios ministerios hasta terminar en una “gran protesta nacional”, como aluden al quinto paro general de la CGT desde el 10 de diciembre de 2023.
El “modelo francés” de protestas fue sugerido varias veces por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), a quien apuntala otro referente del sector como Juan Pablo Brey (aeronavegantes), convencidos de que hacer un paro general cada tanto perdía eficacia y que tendría un impacto significativo ir alternando los paros en cada sector, día tras día, semana tras semana. Es lo que los franceses llamaron “huelga por escalada”. De esa forma se podría mantener el conflicto durante meses sin que cada trabajador perdiera semanas enteras de salario.
La propuesta terminó entusiasmando a los cotitulares de la CGT Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes dudaban de hacer otro paro general exponiéndose al riesgo de que no tuviera un alto acatamiento o que, ante un Milei decidido a no cambiar sus políticas, se convirtiera en una forma de protesta inofensiva o, en última instancia, perjudicial para el trabajador que no cobra el día de huelga o pierde el presentismo.

En una entrevista radial, Cristian Jerónimo fue explícito en ese sentido: “Ya tenemos claro el diagnóstico y el rumbo que persigue este gobierno. No hay margen para hacerse el distraído y es con pelea, con lucha, con resistencia, y siendo muy inteligentes también porque en alguna medida tenemos que cuidar el bolsillo de nuestros compañeros y nuestras compañeras y tampoco golpear a los que no tenemos que golpear».
“Para hacer una medida de fuerza tenemos que tener claro que muchas veces tiene que ir destinada a los que realmente representan el proceso de desguace que está sufriendo la Argentina, y en este caso es Balcarce 50″, dijo el líder de los empleados del vidrio.
Acerca de las dos modalidades de protesta que serán analizadas esta tarde, Jerónimo admitió: “Todo el mundo sabe que en la CGT conviven distintos sectores, distintos puntos de vista, y hay que lograr lo más importante: la unidad del conjunto, el consenso y los acuerdos necesarios para que cualquier medida que se apruebe tenga la contundencia necesaria”.

El paro general de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo surgió de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA), con el objetivo de lograr la paralización total de actividades en el país y, de esa manera, forzar a la administración libertaria a replantear sus medidas.
En el fondo, esta diferenciación esconde una obvia disputa por el control de la CGT, donde el sector dialoguista, mayoritario en la conducción de la central obrera, mantiene una estrategia moderada mientras otros dirigentes, que perdieron espacio en la cúpula cegetista, critican la pasividad de la central obrera y adoptan una postura ultracombativa contra el Gobierno.
Los rebeldes de la CGT acordaron este martes no sólo proponer al Consejo Directivo un paro general de 36 horas sino también una audaz jugada: entregarle las obras sociales al Gobierno para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” oficiales.

Este grupo de sindicalistas va radicalizando cada vez más sus posturas: Maturano propuso la semana pasada en la CGT hacer un paro por tiempo indeterminado y ahora, en la reunión realizada en Gastronómicos, llegó a proponer “ocupar las vías” el día en que se haga el paro general para garantizar que no circule ni un solo tren.
Esa medida extrema, digna del trotskismo, expondrá a los bloqueadores ferroviarios a duras sanciones: la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios.
Este condicionamiento potencia lo establecido en la Ley de Bases 27.742, que considera como una grave injuria laboral “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

Curiosamente, un dirigente sindical que participó activamente del encuentro piloteado por Barrionuevo, Maturano y Calegari llamó hace 24 horas a un líder del sector dialoguista de la CGT para aclararle que él no compartía lo que se había acordado allí.
¿Los sindicalistas más duros son realmente intransigentes o se trata de una sobreactuación para diferenciarse del resto, para posicionarse en la interna de la CGT o para negociar en otros términos con el Gobierno o con referentes del PJ o de la oposición?
Es difícil saberlo. Hoy, toda la atención estará puesta en el crucial debate que habrá en el Consejo Directivo cegetista, donde lo único claro es que, “a la francesa” o “a la criolla”, la central obrera volverá a las protestas. Sin garantías sobre su acatamiento y, mucho menos, de que sirvan para que Milei cambie de rumbo.
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La primera sesión del Senado bonaerense terminó en escándalo: Magario les cortó el micrófono a Berni e Ishii

La primera sesión ordinaria del año en el Senado bonaerense fue escenario de un nuevo escándalo de la interna peronista. En medio de fuertes cruces verbales, la vicegobernadora Verónica Magario terminó cortándoles el micrófono a los senadores Sergio Berni y Mario Ishii, dos dirigentes identificados con el sector más cercano al kirchnerismo.
El episodio se produjo durante una jornada que marcó el regreso de la actividad legislativa luego de más de seis meses de virtual parálisis política. Las diferencias dentro del oficialismo, que habían demorado el funcionamiento de la Cámara alta provincial, quedaron reflejadas en el recinto con cuestionamientos directos a la conducción del Senado y también a la gestión del gobernador Axel Kicillof.
El primer enfrentamiento se produjo cuando Berni tomó la palabra para cuestionar la situación de algunos legisladores que se reincorporaron a sus bancas tras el vencimiento de licencias. Con tono irónico, el senador planteó dudas sobre la composición actual del cuerpo.
“Estoy un poco mareado, ya no sé cuántos senadores somos”, lanzó. Desde la presidencia, Magario respondió de manera tajante: “46”.
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El exministro de Seguridad también cuestionó aspectos administrativos vinculados a licencias legislativas y reclamó regularizar esas situaciones mediante una votación. La discusión fue escalando hasta que la vicegobernadora intentó cerrar su intervención repitiendo varias veces la palabra “gracias”, una fórmula habitual para dar por concluido el uso de la palabra.
Berni recogió el guante y retrucó: “No hace falta que repita, una sola vez es suficiente”.
Más adelante, cuando ya se habían tratado los proyectos previstos para la sesión, Ishii pidió intervenir para expresar su malestar por la decisión de no debatir sobre tablas iniciativas vinculadas a las emergencias sanitaria y alimentaria en la provincia. Durante su exposición, el senador cuestionó directamente al gobernador Axel Kicillof por la situación del sistema de salud bonaerense.
“Lo invité varias veces a recorrer el conurbano para que vea cómo están los hospitales, desbordados y sin insumos”, afirmó. También sostuvo que existen demoras en la provisión de vacunas.
Mientras desarrollaba su discurso, Magario le advirtió que había excedido el tiempo reglamentario asignado para hablar. Ishii insistió en continuar argumentando, pero la vicegobernadora decidió finalizar su intervención y le cortó el micrófono.
La defensa de Berni y un nuevo choque con la vicegobernadora
La decisión generó una inmediata reacción de Berni, que salió en defensa de su compañero de bancada y cuestionó el accionar de la presidenta del cuerpo.

“No me parece correcto que en este recinto se le corte el micrófono a nadie. No tenemos apuro: hace seis meses que no funcionamos y hay muchos legisladores que quieren expresarse”, sostuvo.
El senador impulsó una moción para que Ishii pudiera continuar hablando, pero la propuesta fue rechazada por mayoría.
Luego tomó nuevamente la palabra para rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas y realizar una defensa de Cristina Kirchner. Sin embargo, también excedió el tiempo reglamentario y fue advertido por Magario.
La discusión volvió a subir de tono cuando Berni comenzó a cuestionar a Kicillof y a referirse a la situación judicial de la expresidenta. La vicegobernadora lo interrumpió para señalar que su tiempo había concluido, pero el legislador continuó hablando.
“No se terminó nada”, respondió Berni antes de continuar con su discurso. Minutos después, Magario ordenó nuevamente cortar el micrófono. El intercambio derivó en gritos dentro del recinto y acusaciones mutuas de falta de respeto.
La oposición observó la interna
Desde los bloques opositores siguieron la escena sin intervenir en la disputa. El episodio fue leído como una nueva muestra de las diferencias que atraviesan al oficialismo provincial.
El presidente del bloque libertario, Carlos Curestis, celebró que el Senado haya retomado finalmente la actividad, aunque cuestionó la demora acumulada durante el primer semestre.
“Después de tanto tiempo pudimos volver a sesionar. Hay cientos de proyectos pendientes que ahora podrán comenzar a discutirse en las comisiones”, señaló.
Al mismo tiempo, aprovechó para ironizar sobre el enfrentamiento entre dirigentes peronistas: “Quedaron expuestos los problemas internos del oficialismo. Sacaron todos los trapitos al sol. Ahora esperamos que no haya que esperar hasta diciembre para volver a tener una sesión”.
senado bonaerense, Verónica Magario, Peronismo
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