POLITICA
La Iglesia respalda el reclamo de las instituciones jaqueadas por la crisis del sector de discapacidad

La Iglesia ofrecerá este jueves un gesto para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y poner al descubierto la crisis que impacta sobre las instituciones que se dedican a atender a este sector social, afectado por los ajustes del gobierno de Javier Milei.
En ese camino, el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, celebrará la misa central del Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la capital mendocina, donde se encuentra el Hogar de la Obra Don Orione, dedicada hace 90 años a la asistencia y promoción humana de las personas con discapacidad.
En una realidad que se extiende a otras instituciones en todo el país, vinculadas o no con la Iglesia, el sector de la discapacidad viene denunciando los efectos de una crisis que amenaza la sostenibilidad de los hogares y servicios dedicados a la atención de personas con alta vulnerabilidad.
Con su gesto, Colombo retomará una práctica que tenía el cardenal Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires y realizaba celebraciones de la Semana Santa en hospitales, cárceles y centros de atención a niños.
Ya el año pasado el arzobispo Colombo advirtió sobre “el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública”. Llamó a la reflexión a quienes, desde el ámbito del gobierno nacional, deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de Discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea. Y en ese momento afirmó que “el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado, ni subordinado a otras urgencias”.
Al describir la crisis del sector, la Obra Don Orione advirtió que se encuentra quebrada la cadena de pagos. “Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, lo que ha obligado a la institución a agotar sus recursos propios para mantener la atención diaria”.
En una situación por la que transitan varias instituciones del sector, el problema se agrava por la brecha de ingresos y egresos, mientras los costos de vida (alimentos, medicamentos, servicios y salarios por acuerdos paritarios suben mes a mes, los aranceles que fija el Estado se actualizan tarde y muy por debajo de la inflación.
“Durante gran parte del último año, el sector operó con valores congelados,absorbiendo una inflación acumulada superior al 30% sin ninguna compensación inmediata”, denunció la Obra Don Orione, con presencia en todo el país.
La entidad advirtió que la extrema crisis del sector pone en riesgo la continuidad de sus servicios, como también ocurre en entidades similares. “La combinación de aranceles desfasados, una inflación que no da tregua y la interrupción en la cadena de pagos estatal ha generado un escenario de vulnerabilidad para las 1200 personas con discapacidad que asiste la institución en todo el país”. Un panorama similar al que enfrentan otras entidades civiles dedicadas a la atención de las personas con discapacidad.
El gesto del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que centrará la celebración del Jueves Santo en esta problemática, apunta a reclamar “la necesidad de garantizar derechos básicos”.
En esa línea, la Iglesia advirtió que “cada vez que el sistema de financiamiento falla” se vulnera la ley 24.901, que en 1997 estableció el sistema de prestaciones básicas de atención integral de este sector social, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en el país. La propia Obra Don Orione proclamó: “No pedimos un favor, ni una donación: pedimos el cumplimiento de la ley”.
Sumó su voz al reclamo y declaró que “resulta paradójico que mientras el Estado presenta demoras críticas en los pagos de las prestaciones, se exija a las organizaciones sin fines de lucro el cumplimiento fiscal inmediato y sin demoras”. Estiman necesario “un diálogo que se traduzca en hechos concretos y en plazos que el sistema pueda sostener, ya que la buena voluntad no alcanza para cubrir medicamentos o salarios”.
Mariano De Vedia,Iglesia,Discapacidad,Javier Milei,Conforme a,Iglesia,,Devoción popular. Cómo se celebra San Expedito,,Fuerte respuesta. Megatemplo mormón: La iglesia respondió la cautelar y habló de una “violación a la libertad religiosa”,,»Servidor de la paz». La Iglesia argentina reafirma su alineamiento con León XIV tras las duras críticas de Trump
POLITICA
Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título

Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.
El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.
Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos
La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.
El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.
El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.
Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.
El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.
Salario Mínimo, salario Mínimo vital y móvil, salarios, FRESU, TNS
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el presidente llamó a Lula “zurdo ladrón” días antes del balotaje en Brasil

Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch.
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El nuevo encuentro entre representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro, se realizó este martes en la Casa Rosada. Con una duración más corta que lo habitual, y una agenda con distintos temas legislativos, el avance por un posible acuerdo electoral volvió a quedar supeditado a lo que pueda pasar en el Congreso, alrededor de la reforma electoral, que apunta a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
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La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.
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La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.
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POLITICA
El Gobierno postergó el debate de la Ley de Malvinas y negocia cambios para sumar apoyos – Nexofin

El oficialismo aplazó el avance de la denominada Ley de Malvinas, un proyecto que excede el reclamo de soberanía sobre las islas e incluye modificaciones en materia de defensa, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos. La discusión en comisiones se reprogramó para el 27 de octubre, mientras el Gobierno busca ajustar el texto para conseguir respaldo legislativo.
La decisión llegó después de que distintos bloques reclamaran cambios y surgieran reparos desde Estados Unidos. Según trascendió, empresas de ese país cuestionaron la falta de precisión en las sanciones previstas para compañías extranjeras.
La llegada a la Argentina del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, suma otro factor a las negociaciones.
El Gobierno impuso el secreto militar para la compra de equipamiento a las Fuerzas Armadas
Uno de los puntos que el Gobierno prevé modificar es el artículo que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de agentes extranjeros, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
La nueva versión eliminaría la referencia a las “campañas de desinformación”, cuestionada por organizaciones periodísticas y especialistas en derecho constitucional por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
También se analiza ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. El proyecto sumaría, además, una comisión bicameral para supervisar su funcionamiento.
El respaldo parlamentario sigue sin estar asegurado. El peronismo anticipó que acompañaría únicamente el capítulo dedicado a Malvinas y pidió tratarlo por separado.
En paralelo, el oficialismo deberá negociar con sus aliados de Pro, la UCR y los bloques de centro para reunir los votos necesarios.
Javier Milei celebró el récord de exportaciones: “Argentina está generando una revolución subterránea”
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