POLITICA
La Justicia dejó sin efecto el fallo que suspendía la aplicación de la reforma laboral

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este jueves otorgar efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado Nacional contra la medida cautelar que había frenado parte de la reforma laboral.
Con esta decisión, queda sin efecto la suspensión dispuesta en primera instancia y la Ley de Modernización Laboral recupera plena vigencia, sin necesidad de una definición inmediata de la Corte Suprema sobre el per saltum planteado por el Gobierno.
El tribunal modificó así el alcance del recurso concedido previamente, que había sido otorgado con efecto devolutivo. En su resolución, dispuso que la apelación tenga carácter suspensivo, lo que implica que la cautelar dictada por el juez de primera instancia deja de producir efectos mientras se sustancia la revisión del caso.
Tras darse a conocer la decisión de la Cámara, el presidente Javier Milei celebró en su cuenta de X: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”
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La causa se originó a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había solicitado una medida cautelar para frenar la aplicación de 82 artículos de la ley 27.802, sancionada y publicada en el Boletín Oficial a comienzos de marzo. El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a ese planteo el 30 de marzo y suspendió la vigencia de esos artículos, lo que motivó la apelación del Estado.
En su análisis, la Cámara sostuvo que la normativa vigente establece un régimen específico para este tipo de casos. En particular, señaló que cuando una medida cautelar suspende total o parcialmente los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo en situaciones excepcionales. Según el fallo, esas excepciones no se verifican en este expediente, al menos en una evaluación preliminar.
Los camaristas remarcaron que se trata de una norma aprobada por el Congreso, lo que le otorga “máxima legitimidad democrática”, y consideraron que corresponde que sea un tribunal colegiado el que evalúe la validez de la cautelar. En ese marco, concluyeron que debía aplicarse el criterio que prioriza la revisión por parte de la Cámara sin que la suspensión de la ley se mantenga vigente durante ese proceso.
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La decisión tiene un impacto inmediato: los artículos cuestionados de la reforma laboral vuelven a regir mientras se tramita la apelación. De este modo, el escenario judicial cambia respecto de la situación generada tras el fallo de primera instancia, que había paralizado parcialmente la implementación de la norma.
Entre los artículos frenados figuran modificaciones en materia de indemnizaciones por despido, modalidades de contratación, banco de horas, fraccionamiento de vacaciones y límites a las contribuciones sindicales, entre otros. La CGT argumentó que varias disposiciones vulneran derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
reforma laboral
POLITICA
ADEPA expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de prohibir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “máxima preocupación” por la decisión del Gobierno de Javier Milei de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y reclamó una revisión urgente de la medida. La entidad calificó la disposición como “intempestiva” y advirtió que no registra antecedentes en la vida democrática argentina.
A través de un comunicado oficial, ADEPA cuestionó el alcance general de la restricción y sostuvo que afecta directamente el funcionamiento habitual del periodismo en la sede del Poder Ejecutivo. “El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada”, señaló la entidad.
En ese sentido, remarcó que la presencia de la prensa en la Casa Rosada no es un mecanismo accesorio, sino una condición necesaria para el acceso a la información pública. Según planteó, esa práctica resulta “esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno”.
La organización también se refirió a los argumentos oficiales que vinculan la medida con una investigación por presunto espionaje ilegal. Sin desconocer la existencia de actuaciones judiciales o denuncias en curso, ADEPA consideró que ese contexto no justifica una decisión de alcance general. “La existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo”, advirtió.
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De acuerdo con el comunicado, las restricciones colectivas sobre el acceso a la Casa de Gobierno implican un límite indebido al trabajo de los periodistas y al flujo de información. En esa línea, la entidad subrayó que este tipo de decisiones no deberían derivar en obstáculos para la cobertura cotidiana de la actividad oficial.
ADEPA vinculó el impacto de la medida con principios centrales del sistema democrático. “La decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”, afirmó.
El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno dispusiera la suspensión del ingreso de todos los periodistas acreditados, al dejar sin efecto la prórroga de las credenciales vigentes mientras avanza una investigación interna. La medida, de carácter “preventivo” según fuentes oficiales, implica en la práctica el cierre transitorio de la sala de prensa de la Casa Rosada y la interrupción del acceso habitual de los cronistas.
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Frente a ese escenario, ADEPA reclamó a las autoridades a dar marcha atrás con la decisión. “ADEPA insta a las autoridades a revisar de manera urgente esta medida y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados”, expresó.
El pedido, agregó la entidad, apunta a resguardar tanto la transparencia institucional como el ejercicio pleno de la libertad de prensa. En ese marco, advirtió que el acceso regular de los periodistas a las dependencias oficiales es un componente central para el control público de la gestión y para el derecho de la ciudadanía a informarse.
Hasta el momento, el Gobierno no informó plazos concretos para la normalización del acceso ni detalló bajo qué condiciones se restablecerá el esquema de acreditaciones.
ADEPA, periodismo, Casa Rosada, Javier Milei
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Cuadernos de las coimas: empresarios ligados al kirchnerismo negaron pagos y apuntaron contra la familia Eskenazi

Indagados hoy en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, los empresarios ligados al kirchnerismo Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa, dueños y directivos del Grupo Indalo, negaron haber pagado sobornos y cargaron contra el grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
“Sacaron a quien habían imputado el primer día, que era el Grupo Petersen, para ponernos a nosotros”, arremetió De Sousa. “Era mucho más fácil ponernos a nosotros que al grupo Petersen”, completó.
Minutos antes y en la misma línea, frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 7, declaró su socio López. “Sacaron a los Eskenazi y me metieron a mí y a mis socios”, sostuvo, aunque sin dar mayores explicaciones.
Sobre ellos y Osvaldo Manuel De Sousa, hermano y socio de Fabián, que también declaró hoy, pesa la acusación fiscal de haber realizado al menos 6 pagos irregulares, entre agosto de 2011 y agosto de 2012, por un total de 12 millones de pesos.
La acusación tiene por base un señalamiento del financista Ernesto Clarens, señalado como nexo entre algunos empresarios y la cúpula del kirchnerismo.
“Doy certezas -dijo Fabián De Sousa- que mi empresa, CPC, mis socios y mis funcionarios, jamás le pagaron al Gobierno, jamás le pagaron al funcionario públicos, jamás le pagamos dinero a interpósitas personas, como era Clarens”.
Los empresarios sostuvieron que la causa estaba “armada” y moldeada por “presiones mediática”; hablaron también de “aprietes” durante las declaraciones e “inconsistencias” en las acusaciones.
En su defensa, López intentó apuntar contra una supuesta serie de contradicciones en las declaraciones de Clarens, quien dijo no conocer a López durante una de sus primeras declaraciones en la causa, porque este “tenía línea directa” con el poder.
“En el nuevo acuerdo -marcó López- el señor Clarens mete 6 anexos, con importes y nombres. Y en el anexo 6 aparece mágicamente CPC [S.A], que es la empresa constructora del Grupo Indalo. Hasta ese día éramos desconocidos por Clarens, porque teníamos línea directa, pero ahí aparecemos en un escrito”.
El empresario reconoció luego cuán estrecho era su vínculo con la expresidenta Cristina Kirchner: “…es cierto, yo tenía [línea] directo, yo me podía sentar con la Presidenta y decirle doctora me están pidiendo plata, [pero] nunca me pidieron”.
Acusada de ser la cabeza de un sistema de recaudación ilegal, Cristina Kirchner es la principal apuntada en el juicio de los Cuadernos, nacido tras una investigación de . Está acusada de ser jefa de una presunta asociación ilícita y de cohecho pasivo, es decir, de haber recibido coimas durante el tiempo en que estuvo al frente del Poder Ejecutivo.
La expresidenta, que cumple una condena de 6 años por corrupción en la causa Vialidad, ya fue indagada en los Cuadernos a mediados de marzo. En su descarog, intentó desacreditar el proceso y cargó en duros términos contra el fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli y el Poder Judicial en general.
Los ataques contra el modo en que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli llevaron la instrucción fue una de las principales líneas en la estrategia de defensa de empresarios y funcionarios. A ella se plegaron hoy López y los hermanos De Sousa. “Esta causa, en lo que mí se refiere, y a CPC, es totalmente falsa y armada por el fiscal [Carlos] Stornelli y el juez [Caludio] Bonadio”, sostuvo López.
El empresario afirmó que él y sus socios fueron incorporados al expediente en la causa por una presunta “deuda” que, a criterio de López, el juez Bonadío mantenía con Sebastián Esnekazi, hijo de Enrique Eskenazi, quien fuera la cabeza del grupo Petersen.
“Bonadio mantenía una relación de amistad y algo más con la familia Eskenazi, especialmente con Sebastián Eskenazi”, explicó, y afirmó que el hijo del juez, que es músico y productor, fue sobreseído en una causa luego de justificar 1 millón de dólares mediante dos préstamos: uno de Sebastián Eskenazi, de 600 mil dólares de Sebastián Eskenazi; y otro de 400 mil dólares del empresario Mario Montoto.
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El Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada

El Gobierno prohibió este jueves el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados. La medida se conoció esta mañana luego de que los trabajadores de prensa intentaran entrar como todos los días al edificio gubernamental y el personal de Casa Militar les informara que no podían acceder y que sus huellas dactilares habían sido levantadas del sistema interno.
“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, respondieron voceros de Presidencia ante la consulta de los trabajadores afectados.
La referencia hecha por el Gobierno responde a grabaciones realizadas de los pasillos internos de la Casa Rosada que el canal TN emitió el domingo por la noche. Afirmaron que configuró un hecho que compromete la seguridad nacional y que incumple con la normativa del comportamiento al interior del edificio.
Un primer aviso del enojo oficial se había conocido el mismo lunes, cuando Casa Militar, el organismo responsable de la seguridad del Presidente, realizó una denuncia de oficio ante la Justicia contra los periodistas y la producción del canal por la difusión de imágenes. La investigación recayó en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
En paralelo, el área responsable de determinar el sostenimiento o no de las acreditaciones, la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación, a cargo de Javier Lanari, suspendió por tiempo indeterminado al periodista que había grabado en algunos de los pasillos del edificio con unos anteojos inteligentes que tienen incorporadas cámaras.
El periodista afirma que solicitó permiso para grabar en algunos de los pasillos que están habilitados para la circulación de la prensa, pero en el Gobierno responden que la autorización formal nunca fue otorgada.
La determinación presidencial dio un paso más al conocerse esta mañana que ninguno de los acreditados podía entrar por la entrada de la calle Balcarce.
Algo similar había ocurrido semanas atrás cuando la Secretaría de Comunicación y Medios suspendió por dos semanas la entrada a la Casa Rosada de medios que habían sido vinculados públicamente a una investigación sobre una presunta red de espionaje rusa que opera en la región. El Gobierno finalmente restituyó todas las acreditaciones por no encontrar peligro alguno a la seguridad presidencial.
“Lo que se publicó el domingo apareció en el peor momento, viene después de lo que habíamos solucionado con el caso ruso”, reconoció a Infobae una altísima fuente de la Casa Rosada, que no dudó en anticipar que la situación se normalizará seguramente la próxima semana.
En la Casa Rosada justificaron que Casa Militar debía hacer averiguaciones internas para verificar si se había vulnerado la seguridad presidencial en las semanas precedentes con la grabación de la cámara oculta. “Si ves el corte del programa, la periodista dice que se pueden hacer más de mil programas con las grabaciones. La seguridad considera eso como un riesgo para la integridad del Presidente”, marcaron.
Infobae consultó por qué Casa Militar no puede revisar las cintas internas del edificio presidencial aún con la presencia de periodistas en los pasillos, pero las fuentes optaron por no responder. “Acá no se le quitó la acreditación a nadie. Eso sigue vigente. Lo que se hizo fue retirar las huellas dactilares, no se va a poder pasar hasta que se termine la pesquisa”, afirmaron. La denuncia se realizó el lunes pero la medida contra el resto de medios terminó de obtener la venia presidencial el miércoles por la tarde, una vez que la cúpula del Gobierno volvió al país del viaje por Israel.

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada tienen permitido permanecer en más de la mitad de los pasillos del edificio. Generalmente, los sectores donde no puede circularse son donde se ubican los despachos más importantes: el del Presidente, el de la Secretaría General de la Presidencia y el del Jefe de Gabinete, por caso.
Es usual que haya funcionarios, dirigentes oficialistas y opositores que circulen por los pasillos en donde la prensa está habilitada a permanecer. No son pocas las fotos y los videos que se han capturado durante esas coberturas. En el Gobierno justifican su decisión al decir que generó enojo en el círculo presidencial que se haya dicho que se podían hacer más videos, aunque los periodistas aleguen que se trató de una forma de decir.
La restricción suspende la prórroga de las acreditaciones periodísticas para 2025 y rige hasta nuevo aviso, supeditando la normalización del acceso al resultado de las pesquisas en curso.
El presidente Milei, que tenía prevista una reunión en la sede con el empresario estadounidense Peter Thiel a las 14 horas, utilizó la red social X para referirse al episodio, publicando: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”.
Según la denuncia, el propósito fue “poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Además, se señala que “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.
Las autoridades de la Casa Militar fundamentaron la decisión de expulsar a los periodistas en que “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, invocando la Resolución 1319 de 2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios como respaldo normativo, y cuestionando la supuesta vulneración de los estándares de buena práctica periodística.
El Círculo de Periodistas de Casa Rosada publicó una carta esta mañana en relación a los hechos conocidos: “Desde esta mañana, por una medida discrecional, y sin notificación previa, de la Secretaría de Comunicación y Medios, los periodistas acreditados en Casa Rosada tenemos el acceso prohibido a nuestro lugar de trabajo debidamente acreditado. La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía. Solicitamos una pronta resolución del caso y exigimos al gobierno el cese de los ataques a la prensa”. Se prevé que haya una presentación judicial en las próximas horas.
South America / Central America
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