POLITICA
La Justicia ordenó al Gobierno reparar de inmediato tres rutas nacionales de Santa Fe y lo responsabilizó por su deterioro

La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional que repare de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López para garantizar su plena transitabilidad en el sur de la provincia de Santa Fe, y remarcó que la prolongada falta de mantenimiento y conservación constituyó una omisión “con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
La orden la impartió el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, quien remarcó que la obligación estatal de reparar las rutas subsiste aunque las obras sean ejecutadas por empresas privadas, tras hacer lugar a una acción de amparo de la senadora provincial por Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Cuello Murúa ordenó que el Estado nacional se encargue de las reparaciones, a través de Vialidad Nacional o del organismo que en el futuro asuma sus competencias, o mediante las empresas concesionarias actuales o futuras de esos corredores. Pero dejó establecido que esa transferencia de tareas no modifica la responsabilidad estatal de garantizar que la orden judicial se cumpla.
La resolución es particularmente relevante porque se conoce cuando el Gobierno acaba de avanzar con nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. El propio expediente consigna que la Ruta 33 fue adjudicada a CPC SA -la empresa de Cristóbal López- en el tramo Portuario Norte, mientras que las rutas 7 y 8 fueron adjudicadas a Creditech SA y Plantel SA, y a Basaa SA y Cecosa SA, en los tramos correspondientes. Para el juez, esos cambios contractuales no pueden convertirse en un obstáculo para reparar las rutas.
Di Gregorio requirió el amparo en marzo de 2025 y ya había obtenido una medida cautelar que obligó a Vialidad a señalizar los sectores deteriorados, realizar desvíos cuando correspondiera y ejecutar tareas de bacheo o relleno, que confirmó la Cámara Federal de Rosario.
El cumplimiento de esa medida cautelar, sin embargo, fue parcial. En marzo de 2026, Vialidad reconoció que los trabajos sobre la ruta 33 no habían sido reanudados porque faltaba la autorización de una solicitud de provisión y porque se esperaba una ampliación presupuestaria. En una nota posterior, el organismo advirtió que las restricciones presupuestarias y financieras impedían desarrollar con normalidad las tareas mínimas de conservación necesarias para garantizar la transitabilidad y la seguridad de la red vial.
Según reveló este domingo, sin embargo, el Gobierno recaudó más de $1,5 billones para rutas y obras viales durante los últimos dos años y medio, pero ejecutó apenas una cuarta parte y colocó más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos que le permitieron sostener el “déficit cero”, lo que generó la radicación de una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros posibles delitos.
En ese sentido, el juez Cuello Murúa destacó que parte de las dificultades se debieron a la falta de aprobaciones presupuestarias y solicitudes de provisión que debían involucrar a la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Concluyó que todos los intervinientes incurrieron en incumplimientos dentro de sus respectivas competencias, configurando una “omisión comunitaria” del Estado.
La orden del magistrado trascendió así una disputa contractual entre el Estado y sus concesionarios: el Estado nacional deberá asegurar que las rutas 7, 8 y 33 recuperen su plena transitabilidad en el sur santafesino, cualquiera sea el organismo o empresa que ejecute las obras.
reveló LA NACION este domingo,Hugo Alconada Mon,La Libertad Avanza,Conforme a
POLITICA
Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto

El domingo, se inició el traslado progresivo de los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. En las dos primeras jornadas, el operativo ya llevó a 609 internos a la nueva unidad bonaerense.
El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución que habilita formalmente el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, el nuevo penal federal que recibirá a los detenidos. El nuevo establecimiento está ubicado en el Acceso Zabala y tendrá una capacidad provisoria para 2.232 detenidos.
Según la información oficial, el penal fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. También dispone de áreas destinadas a salud, educación, visitas, comunicaciones y otros servicios necesarios para la vida cotidiana de la población penal.

Las obras habían comenzado en 2018, a partir de un convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2020 y fue reactivado en diciembre de 2024 por la administración porteña.
La resolución publicada este martes indica que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas para entrar en funciones, aunque admite que existen observaciones técnicas y tareas pendientes de subsanación. Además, instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a presentar en un plazo de 90 días su proyecto de estructura organizativa y el manual de funcionamiento del penal.
El operativo comenzó el domingo y este lunes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó el envío de otras 283 personas, con lo que el número de detenidos reubicados ascendió a 609. “Sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.

El procedimiento está a cargo de un Comando Unificado Federal, creado para planificar los traslados y coordinar el despliegue de seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Participan el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas porteñas y bonaerenses.
Cada contingente se conforma a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.

Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido. El traslado se realizará en etapas hasta completar la desocupación del penal porteño.
El operativo se realiza de forma escalonada y continuará durante varias jornadas hasta completar el vaciamiento de Devoto. Una vez concluida esa etapa, el plan oficial prevé trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional. El objetivo es liberar plazas en esos espacios de detención transitoria.
El traslado responde al acuerdo firmado en 2018 para construir un nuevo penal federal en Marcos Paz y desafectar la cárcel de Devoto, ubicada en una zona residencial de la Ciudad. Una vez que concluya la mudanza de los cerca de 1.500 internos del penal porteño, el plan oficial prevé utilizar parte de las plazas disponibles para alojar a detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas a disposición de la Justicia nacional.
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traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
POLITICA
Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo

Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron compras fuera del régimen estatal, fallas médicas, administrativas e informáticas y diferencias de precios de hasta 1.068% durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo era dirigido por Diego Spagnuolo. Las auditorías a las que accedió Infobae, abarcaron la adquisición de medicamentos, insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas, además del sistema que gestionaba esas prestaciones.
Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y se realizaron entre octubre de ese año y abril de 2026. Examinaron el período anterior al corte de gestión del 21 de agosto de 2025.
La revisión también encontró compras de medicamentos para Entre Ríos por $ 11.925 millones y para Neuquén por $ 837 millones sin respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período bajo análisis. Las adquisiciones realizadas en las provincias de Chubut, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego tampoco tenían la fecha de firma, mientras que otros documentos carecían de los sellos aclaratorios de los responsables.
Compras sin licitación ni comparación documentada de ofertas
El primer informe, fechado en diciembre de 2025, cuestionó el circuito interno denominado “PACBI Circuito Compras”, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. La auditoría concluyó que el mecanismo no se ajustaba al Decreto 1023/2001 ni a su reglamentación, que rigen las contrataciones de los organismos descentralizados del Estado.
La ANDIS no utilizó el sistema electrónico obligatorio COMPR.AR, no elaboró pliegos de bases y condiciones ni cursó invitaciones formales a proveedores. Tampoco encontró análisis comparativos documentados de las ofertas o causales de excepción que justificaran contrataciones directas.
Los auditores determinaron que la falta de planificación o la imprevisibilidad de los requerimientos no constituían motivos legales para apartarse del régimen general. El procedimiento afectaba “los principios de legalidad, transparencia en los procedimientos, igualdad de trato para interesados y para oferentes, publicidad y difusión de las actuaciones, promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes”.
La misma observación alcanzó a las compras de insumos médicos, prótesis y sillas de ruedas. Esas operaciones tampoco emplearon el sistema estatal de contrataciones, carecieron de una metodología formal y no previeron controles mediante la oposición de oferentes.

La falta de mecanismos para cotejar propuestas comprometía la comparación de precios y la búsqueda de valores razonables. La conclusión advirtió sobre “el consecuente riesgo de generar un perjuicio económico al erario público”.
Medicamentos con precios hasta 1.068% más altos
El informe integral de abril de 2026 examinó el recorrido de las compras de medicamentos del Programa Federal de Salud Incluir Salud, desde la solicitud de un beneficiario hasta el pago a un proveedor. El Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, conocido como SIIPFIS, no tenía un módulo ni un registro de valores de referencia para comparar precios de manera objetiva.
El responsable de compras explicó que el cotejo de cotizaciones se realizaba fuera de la plataforma, mediante otras fuentes y planillas de Excel. Sin embargo, no había constancias que permitieran identificar esas fuentes ni reconstruir el método aplicado para evaluar los valores.
La mayor diferencia correspondió al medicamento Macitentán de 10 miligramos, empleado contra la hipertensión arterial pulmonar. La droguería P facturó cada unidad a $ 5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que la firma UP vendió el mismo producto a $ 453.621 un mes después: una brecha de 1.068%, equivalente a $ 4.845.460,66 por unidad.
Para no interferir en la investigación este medio identificó a las firmas involucradas solo con las siglas.

También se detectaron variaciones en partidas de Pembrolizumab, un medicamento de inmunoterapia oncológica, y de Tacrolimus, un inmunosupresor utilizado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores también advirtieron sobre la preferencia de algunas droguerías sobre otras sin justificación.
Algunos expedientes tenían la misma fecha de requerimiento, pero se tramitaron de forma separada y terminaron adjudicados a distintos proveedores con precios diferentes para un mismo producto. En el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones tampoco se acreditaron los actos administrativos formales ni informes técnicos que acreditaran la evaluación de las ofertas y los criterios para elegir a cada adjudicatario.
La auditoría relevó $ 110.263 millones en compras de medicamentos Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI) durante el primer semestre de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra analizada incluyó 219 expedientes por $ 29.713 millones, el 27% del total.
Dentro de ese universo, hubo 21 expedientes por $ 2.510 millones en los que el domicilio de entrega consignado en la orden de provisión no coincidía con el indicado en el remito de recepción. No existía “justificación o aclaración alguna” para esas diferencias.
Los auditores no pudieron comparar esos precios y procedimientos con los de otros organismos, como PAMI u obras sociales, porque el sistema de la ex Agencia Nacional de Discapacidad no permitía realizar ese control. También establecieron que las compras se tramitaron mediante circuitos internos no autorizados por la Oficina Nacional de Contrataciones y por fuera del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que debía centralizar las actuaciones administrativas nacionales.

Falta de controles médicos, provinciales e informáticos
Los auditores también determinaron que las Unidades de Gestión Provincial no dejaron constancias de haber cotejado las solicitudes de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios. Tampoco se acreditó una intervención formal de la entonces Dirección de Prestaciones Médicas en la evaluación de los pedidos.
El informe señaló un hallazgo de alto impacto: “No se verifica en el sistema la autorización expresa de un profesional médico responsable”. No había descripción técnica de la evaluación ni dictámenes que respaldaran la aprobación o el rechazo de cada solicitud.
La revisión tampoco permitió determinar cuántos proveedores registrados en la base de datos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones fueron convocados a cotizar en cada compra. La ANDIS no realizó auditorías en terreno sobre los efectores de salud provinciales, pese a que los convenios marco y el reglamento de Incluir Salud contemplaban ese control.
Los expedientes examinados incluían remitos con firmas de recepción atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial. También había facturas que no reunían los requisitos formales exigidos para su liquidación.

El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, se concentró en los controles tecnológicos del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones. La empresa privada GMS tenía accesos de máximos privilegios y a la base de datos, sin que se encontrara un contrato o convenio formal que regulara ese vínculo.
GMS SA, sociedad dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado que aparece nombrada en la causa en la que el juez Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas.
En uno de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi figura el nombre de un empresario accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado desde el gobierno de Alberto Fernández y que continuó con La Libertad Avanza.
Calvete fue procesado como uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita investigada por corrupción en la ANDIS. La Sala II de la Cámara Federal confirmó esa situación procesal en septiembre de 2026, junto con la de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. La causa investiga presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos vinculados con la adquisición de medicamentos e insumos médicos.

Daniel María Garbellini fue el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cargo que ocupó desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 2025, día en que fue desplazado junto con Diego Spagnuolo tras conocerse los audios que destaparon el supuesto escándalo de corrupción.
La dependencia del organismo respecto de ese proveedor se arrastraba desde 2022. Según reconstruyó la auditoría, GMS realizó la última entrega formal del código fuente del sistema en diciembre de ese año, al finalizar el contrato que lo vinculaba con la entonces ANDIS. A partir de ese momento, y pese a no contar con un nuevo contrato ni con convenios formales que regularan la relación, la empresa continuó a cargo del mantenimiento y soporte técnico del Sistema Integrado de Información del Programa Federal Incluir Salud durante más de tres años, con accesos de máximos privilegios al ambiente productivo del sistema y a su base de datos.
Recién en enero de 2026, en el marco del propio proceso de auditoría y a pedido del área de tecnología del organismo, el proveedor habría entregado una nueva versión del código fuente. Sin embargo, los auditores no pudieron verificar que esa versión “compile y corresponda con la versión que se encuentra operativa actualmente”, según consta en el informe. Es decir, ni siquiera quedó acreditado que el Estado dispusiera de una copia fidedigna y funcional del programa que administra la información de pensiones por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las compras de medicamentos de alto costo.
La auditoría detectó además cuentas genéricas de usuario, ausencia de controles periódicos sobre los perfiles de acceso, tecnología sin soporte vigente y falta de copias de seguridad externas. El sistema tampoco tenía un plan formal de contingencia ante incidentes informáticos.

Las irregularidades se conocieron mientras avanzaba la causa judicial por el presunto esquema de sobornos y direccionamiento de adquisiciones en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, al estimar un desvío de al menos $ 6.000 millones mediante sobreprecios de medicamentos.
Spagnuolo rechazó entregar una muestra de voz para el peritaje acústico. La Justicia intenta determinar si es el autor de los audios que destaparon el escándalo de corrupción en el área que conducía. La negativa provocó prórrogas en el estudio a cargo de Gendarmería Nacional.
Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por un entramado de corrupción en la ANDIS.
Para una franja significativa de personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni prepaga, la ANDIS no es un organismo más: es la institución que determina si acceden o no a un medicamento oncológico, a un inmunosupresor post trasplante o a una prótesis. Las irregularidades detectadas por las auditorías atraviesan, entonces, un circuito del que depende la continuidad de tratamientos médicos de personas que, en muchos casos, no tienen una alternativa fuera del sistema estatal.
POLITICA
La Corte y las fragilidades de Milei

La vida pública está hoy dominada por problemas de una magnitud muy significativa. Uno de ellos es estructural, de esos que se desarrollan en cámara lenta. Es uno de los más importantes que afectan a la Argentina: la declinación en la educación y en las capacidades de los chicos para operaciones muy simples, que se aprenden en los primeros niveles de la escuela.
También hay otros temas, que no son estructurales e impactan desde el exterior, pero modifican el escenario que conocemos del mundo. Algunos piensan que estamos al borde de una tercera guerra mundial a partir de un episodio que ocurrió en las últimas horas: un ataque de los hutíes, una rama armada del islamismo chiita que está en una zona central de Medio Oriente porque dominan el estrecho que conduce al Mar Rojo, al aeropuerto de Riad, la capital de Arabia Saudita. Entonces, hay un nuevo round, en un conflicto que parece no tener fin, con nuevos actores.
Se trata de temas complejos de gran tamaño. Sin embargo, la institucionalidad argentina se vio conmovida en los últimos días por la cuestión de si los extranjeros pueden ser propietarios de tierras y hasta qué cantidad, una discusión que parece marginal.
Es un debate que tiene que ver con la legislación, pero produjo una tormenta porque la discusión sobre ese permiso es un síntoma de otro problema, que es más relevante: determinadas fragilidades de carácter político del gobierno de Javier Milei. Si vamos por ese camino, vamos a terminar en las preguntas que inquietan a todos los que miran la política argentina: ¿cuáles van a ser los términos, las probabilidades y el escenario electoral del año que viene?
Esto está detrás del debate de las tierras si uno lo mira sin dejarse enredar por los argumentos técnicos. La discusión se centra en la ley 26.377, de la época de Cristina Kirchner, que le pone límite a la cantidad que puede adquirir un extranjero. No es algo original porque hay muchos países que establecen límites, como Brasil, Nueva Zelanda, Suiza, Australia y algunos estados de EE.UU. En algunos de ellos está absolutamente prohibido, como Hungría.
En la Argentina, lo estableció el kirchnerismo, con una perspectiva nacionalista. Cuando llegó el gobierno de Milei, que asumió con un espíritu ajeno a ese nacionalismo -y por eso llama tanto la atención que haya levantado banderas de forma tan fanatizada con la cuestión Malvinas-, dictó el decreto 70/2023, con infinidad de materias para regular y desregular, todo salido del cerebro y la pluma de Federico Sturzenegger.
En el artículo 154 de ese decreto se deroga la ley que había dictado el Parlamento durante la época de Cristina Kirchner y, de esta manera, libera las tierras para los extranjeros. Elimina las restricciones. Luego se judicializó por numerosas objeciones y se produjo un pronunciamiento de la Cámara Federal de La Plata, que le dio la razón a un grupo de excombatientes: determinó que el decreto era inconstitucional porque amenaza la soberanía. No está clara cuál es la relación entre soberanía nacional y tenencia de tierras por parte de los extranjeros, pero la Cámara Federal de La Plata les dio la razón.
Este hecho se cruza con otro problema: la oposición empieza a avanzar sobre el gobierno de Milei con distintos argumentos -como el financiamiento y la política frente a las personas con discapacidad o el nivel de intervención que tiene que tener el Estado ante la mora de muchas familias que no pueden pagar sus deudas con los bancos- y, en esa agenda opositora cada vez más agresiva, entra el tema de las tierras y la posibilidad de, en línea con lo que había hecho la Cámara de La Plata, voltear el decreto. Se iba a aprovechar, inclusive, que la ley que propone el Poder Ejecutivo de inviolabilidad de la propiedad privada incluye un capítulo sobre tierras.
Esta posibilidad de que el Gobierno se encuentre desprovisto del Decreto 70 por un avance de la oposición enciende mil alarmas porque se trata de la columna vertebral de muchísimas reformas de Milei. Sobre todo de aquellas que hacen que la administración se presente como liberal y quite restricciones estatales a la economía.
La Corte tomó el tema y rechazó la cautelar de la Cámara de La Plata. Sostuvo que los excombatientes no están en condiciones de representar a todos los que se verían afectados en términos de soberanía. Según los jueces, no tienen personería, es decir, un interés directo afectado.
En contradicción con lo que calculaban la Corte y el Gobierno, esta resolución no resuelve el problema porque el avance opositor se volvió más agresivo todavía. Empieza advertirse que en la sesión de esta semana podría caer en el Congreso el decreto, que ya fue rechazado en el Senado. Si no pasa Diputados, desaparece.
Entonces, dos jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y el presidente, Horacio Rosatti, propusieron emitir una aclaración para calmar el malestar que se agudizó tras el fallo e insinuaron que, ante otro caso, podrían fallar de otra manera. Y el otro caso llegó: una organización llamada Árbol de Pie, del sur, pide que se reponga la ley de Cristina Kirchner anulando el decreto de Milei, pidiendo una cautelar en nombre del medio ambiente.
Carlos Rosenkrantz no estuvo de acuerdo con tratar el tema ni darles la razón para que se reponga la ley de Cristina, se calmen las aguas políticas y el Gobierno pueda zafar de la sesión en la que podía perder el decreto. Por esa disidencia de Rosenkrantz hubo que llamar a dos conjueces y, en un sorteo milagroso, fueron elegidos dos amigos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación -y quien ya había presentado un servicio extraordinario cuando permitió que la causa de la AFA vaya a Campana, donde quieren estar Tapia y Toviggino- y Horacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Mendoza y discípulo de Carlos Mahiques, el padre del ministro, para quien está tratando de editar un libro de homenaje.
Curiosamente, los dos conjueces fueron miembros de los tribunales de AFA. Pérez Curci tiene una relación especial con el fútbol porque su hijo, Mateo, juega en Independiente.
Rosatti, Lorenzetti y los dos conjueces hicieron todo en tiempo récord, se convocó a una reunión de acuerdos inusual el viernes y se contradijo al Gobierno. La posición conceptual de la Corte es opuesta a lo que la Casa Rosada quiere. Sostienen que, como el tema es ambiental, a Arbol de pie se les va a dar una cautelar interina hasta que el juez Leandro Gómez Constenla, de Bariloche, decida qué hacer.
En esta contradicción le hicieron un enorme favor político al Gobierno porque, de esta manera, se durmió la posibilidad de que el Parlamento voltee el decreto. Probablemente la sesión se postergue y el propio Poder Ejecutivo admita algunas restricciones a la propiedad de extranjeros para evitar que ese tema ponga en tela de juicio todo el decreto.
Así se generó un problema para el juez Gómez Constenla, que tiene antecedentes impecables y es magistrado desde hace dos meses. Ahora le cae una contradicción muy incómoda porque, al mirar jurídicamente, es muy difícil entender por qué sería más peligroso para el Medio Ambiente que los campos estén en propiedad de un extranjero que de un argentino. El profesor Osvaldo Pérez Sammartino bromeó: “Se ve que los argentinos son intrínsecamente ambientalistas”.
Si Pérez Constenla voltea la cautelar de la Corte, repondrá el decreto y, en ese contexto, pondría al Gobierno en un problema de gobernabilidad importante. Es decir, la Corte no operó para resolver el problema de las tierras, sino para prestarle al Gobierno un servicio inigualable: poner en un caso en suspenso el decreto en el que se asienta el oficialismo y, al mismo tiempo, facilitarle a Milei la supervivencia de ese mismo decreto en el Congreso.
El servicio que parte de la Corte presta a Milei es objetado por Rosenkrantz que, en su voto negativo, advierte que, al adaptarse al clima político del momento, la Justicia podría perder confiabilidad frente a la sociedad. Así, se abre una grieta rara: votan juntos dos enemigos -Rosatti y Lorenzetti- contra Rosenkrantz, que tiene un pronunciamiento muy duro.
Algunos creen que ahora que la Corte llama a conjueces para resolver temas de la administración Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, como la construcción del Paseo del Bajo, es una venganza contra Rosenkrantz, porque suponen que tendría alguna afinidad con el macrismo, lo que no está demostrado. Lo que vemos es un ajedrez interno de la Corte, donde hay mucha conflictividad.
Todo esto es síntoma de otra realidad. Interesa porque es llamativo ver la fragilidad del gobierno de Milei frente al Congreso. Está al borde de que le volteen un decreto muy importante y eso se debe a que le cuesta cada vez más componer mayorías. Esto se produce porque caen las expectativas políticas respecto del Gobierno; hay una declinación de su imagen frente a la opinión pública, tanto que se ha instalado una duda que no sabemos hasta dónde es sensata: tiene que ver con si Milei puede ser reelecto.
Al Gobierno, por su parte, le cuesta armar mayorías porque su pegamento para hacerlas son las expectativas de que puede ganar, que están en declinación y son muy importantes para la clase política. Si Milei tiene vida más allá de 2027, ¿para qué se van a oponer? ¿En nombre de qué candidato?
Sin embargo, si las expectativas empiezan a decaer, empiezan a desagregarse voluntades políticas y al Gobierno empieza a resultarle cada vez más difícil armar esas mayorías. En consecuencia, queda a la defensiva en el Congreso, lo que ya pasó en 2025, antes de que perdiera las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Las caída de las expectativas tienen que ver con otro debate: la situación de Luis Caputo. Este lunes fue ratificado por el Presidente, que dijo que son simbióticos y marcó que sus concepciones son las mismas, que es lo que debería decir cualquier mandatario a menos que esté a disposición de echar en ese mismo día al ministro.
El malestar no solo es con Caputo, sino también con la política económica. Porque no se cumplen los pronósticos del propio Gobierno ni del propio Milei. Usando una palabra que utilizó el ministro de Economía, desnudando una preocupación que públicamente niega: “no se reactiva”. Los 10 principales expertos en expectativas del mercado, calculan que durante el tercer trimestre va a haber un achicamiento de la economía del 1,2%. En el segundo trimestre la caída fue de 0,6%. Prometen algunos que para el cuarto trimestre aparecerá una recuperación. Aún así, están hablando de dos trimestres consecutivos de contracción económica. A eso, los especialistas, lo llaman recesión. Entonces, la economía argentina estaría contrariando lo que dice el propio Presidente que va a pasar. O lo que decía que iba a pasar. Para colmo de males, también el FMI revisó a la baja el pronóstico de crecimiento.
Esto genera alarmas en la política y enciende a la oposición. Esta semana sucedió algo importante. Un dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso. La preside Juan Manuel Olmos. A la AGN, por orden de la Constitución, la preside la principal fuerza opositora del Congreso, que hace un dictamen técnico sobre el balance del Banco Central (BCRA) y lo aprueba. Olmos advierte que se perdieron US$1.023 millones en unos seguros que adquirieron a través de instrumentos financieros para protegerse de una eventual caída del precio del oro. Y calcularon mal, porque el oro se disparó.
Luego el BCRA arremete y sostiene que se trata del costo de un seguro, que justamente se contrata por un riesgo, y si el riesgo después no se presenta no es que se hizo mal en tomar el seguro. La AGN responde algo así como: “Depende de cuánto pagaste por ese seguro. Porque si perdiste US$1.023 millones, aunque en la suma y resta hayas ganado, tenés que dar una explicación”. Otra nota de pie de página: tenemos que ver con qué banco se hizo esa operación de cobertura. Porque eso, eventualmente en un Gobierno donde sus principales protagonistas trabajaron en determinados bancos. puede dar motivo a otro escándalo.
Lo relevante: por primera vez el peronismo, y en la figura de Olmos, con un dictamen técnico sobre el balance del BCRA y una pérdida de US$1.023 millones en una operación de cobertura de oro, le produce una herida importante al oficialismo. Una oposición que está aletargada y que no abre grandes debates.
Eso también tiene que ver con las expectativas que caen. Y que lo hacen porque la economía no reacciona. Falta de reacción que al mismo tiempo pega en la interna del Gobierno. Por eso es muy probable que el respaldo que le dio este lunes Milei a Caputo esté dirigido sobre todo a esa interna de La Libertad Avanza (LLA). Allí hay gente que se queja de que el ministro de Economía le echa la culpa a la política, cuando en realidad el problema es su gestión. Esto es lo que se opina en el entorno de Karina Milei. ¿Los primos Menem tienen este juicio respecto de “Toto”? Es posible. Y ahora, con los pronósticos de una recesión, más.
También hay una discusión dentro del equipo económico. Muy asordinada, secreta. Hay técnicos que creen que hay que corregir la política cambiaria, pero sobre todo la política monetaria. Esto es: los pesos que emite el BCRA para comprar dólares, no deben ser todos reabsorbidos por el Tesoro a través de bonos. Hay que dejar que en los bolsillos de la gente haya más pesos para que esto se reanime, sobre todo, el consumo. ¿Quién se anima a explicarle eso a Milei? Ese es otro problema. La discusión económica dentro del Gobierno está censurada porque el jefe de Estado tiene una posición dominante y dogmática.
Otro interrogante es saber si hay algún problema dentro de la enorme lista de conflictos que hay entre Karina, los primos Menem y Santiago Caputo “El Mago del Kremlin”, que complica a su tío “Toto”. Hay una cantidad de operaciones dentro del Gobierno que salen de la cabeza del Mago y son aprobadas por Economía, que molestan al entorno de la señorita Milei. Una operación que no tiene necesariamente que ver con los Caputo pero que esta semana fue muy rara y llamativa, es la licitación por la privatización de AySA, de la empresa de aguas. En este tramo de la licitación gana un consorcio en el que intervienen Walter Román, con un 20%; la empresa brasileña Equipav, con el 15%; Mauricio Filiberti, que es el eterno y monopólico proveedor de cloro de la compañía, con el 10%. Y un 55%, es decir, más de la mitad del consorcio, que es un fondo llamado PHX Aqua, constituido hace un mes. ¿Quién es el dueño de ese fondo? Otro fondo, que se llama Phoenix Investment y cuyos directores se conocen, pero cuyos dueños no se sabe quiénes son. Esto quiere decir que se está haciendo una privatización a un grupo empresario dominado en un 55% por gente que no sabemos quiénes son. ¿Y si son chinos? preguntaría un amigo de Trump.
Hay otra dimensiones interesantes de este problema. Filiberti es socio de Edenor, que maneja buena parte de la electricidad del Conurbano. E s al mismo tiempo socio de José Luis Manzano, que se quedó con Metrogas. Más simple: hay un grupo de cuatro personas que van a terminar manejando todos los servicios públicos del conurbano bonaerense. Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no dice nada. Es más, estuvo con Manzano en Nueva York en una reunión que todavía no se explica. ¿Esto inquieta a los primos Menem? ¿Creen que “Toto” Caputo tiene algo que ver? Todo esto está enrareciendo una vez más el clima dentro del oficialismo.
Con el ministro de Economía hay otro problema. Que no tiene que ver con las condiciones generales de una posible recesión: tienen que ver con las dificultades que provienen de la cartera económica para armar una mayoría en el Congreso. Y de esto se enteró nítidamente Diego Santilli cuando viajó con gobernadores peronistas a París. Le dijeron que estaban todos para ayudar. Pero antes debía cumplir con su palabra. Bueno, pedirle a Santilli que cumpla con su palabra es casi un imposible. Pero le piden que no prometa cosas que después “Toto” no cumple. El mismo problema tenía en su momento Guillermo Francos, que intentó llevar al ministro de Economía a las reuniones con los gobernadores para que sea él quien se comprometa. Lo cierto es que este incumplimiento de dinero que se promete a las provincias por parte de Caputo está paralizando al Gobierno y trabando sus proyectos en el Congreso. Uno de ellos es el electoral, que incluye voltear las PASO y lograr colectoras para que la candidatura de Milei, no se sabe aún con quién de vice, consiga el apoyo de los peronismos provinciales amigos del oficialismo. Todo eso depende de los fondos que el ministro de Economía les gire a las provincias. Y esos fondos están demorados. Por eso al Gobierno le resulta muy difícil armar mayorías en el Parlamento y la Corte tuvo que auxiliarlo. Es un ajedrez en el que intervienen el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Este malestar que rodea a “Toto” Caputo que, según dijo el Presidente, no determina su reemplazo, tuvo un episodio en el cual encarnó más dramáticamente. Milei, porque se supone que fue él, invitó al prestigioso economista Alberto Ades, que tiene algunos reparos respecto a la política oficial, a exponer su visión del programa en una reunión de Gabinete. El ministro de Economía se ausentó y muchos dijeron que se debió a que se ofendió. Lo entendió como una desconsideración de parte del Presidente. Milei enfureció este lunes con esa teoría. Dijo que los que insinuaban ese malestar eran traidores a la Patria y reveló que ‘Toto’ estaba en una reunión virtual con Kristalina Georgieva, discutiendo la situación argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Más allá de eso que dice el Presidente, el mismo Ades reveló en una entrevista que le pidió disculpas a Caputo por haber ido a esa reunión. Que no se dio cuenta del efecto que iba a tener. Y dijo que “Toto” aceptó sus disculpas. Esto quiere decir que Milei no está enterado de que su ministro está ofendido con que haya llevado a otro economista a la reunión de Gabinete. Picardía que hacía el expresidente Carlos Menem para irritar al exministro Domingo Cavallo, invitando a cenar a Adalbert Krieger Vasena y a Roberto Aleman, dos sumos sacerdotes de la política económica argentina. Con esto demostraba que quería otra versión de los hechos. Dejaba en claro que no confiaba del todo en la que le daba su propio ministro. Todo esto va desgastando las relaciones. Y esto son los ruidos que van apareciendo y activando la grieta en el oficialismo.
Milei no solo tuvo que respaldar a Caputo. También se tuvo que reunir con Patricia Bullrich, quien viene planteando objeciones respecto al rumbo del Gobierno. A la senadora le piden que en la Cámara alta se haga cargo de leyes que no se pueden sacar porque los recursos a las provincias no llegan, como por ejemplo la ley de las PASO.
Después de la reunión con Bullrich empezaron a circular versiones. Todas inspiradas en el entorno del “Mago del Kremlin”, que decían que la fórmula ya estaba definida: ‘para el año que viene es Milei-Bullrich’, para evitar que la legisladora se postule y haga perder la reelección presidencial. Por eso los amigos de Santiago Caputo insisten en que debe haber cualquier fórmula menos Milei-Martín Menem, que es quizás la que está en la cabeza de Karina Milei.
Estas dificultades complican la derogación de las PASO. Y si no se derogan, el peronismo tiene un instrumento muy interesante para lidiar con su interna. ¿Pueden haber unas primarias con un Sergio Massa ya recontra lanzado a la presidencia, -quien ya está convocando para un equipo de campaña-, y Axel Kicillof? Sí, podría haber. Resta saber qué papel jugaría Cristina Fernández.
La expresidenta está mirando la elección brasileña. De esa contienda electoral, a ella le interesan dos cosas. Primero, si gana Flavio Bolsonaro, ¿cómo liberan al padre? Y segundo, cómo es que sucedió que los votos de Jair Bolsonaro, el padre preso, fueran todos al hijo. Cristina quizás se pregunte si ella podría hacer lo mismo con Máximo Kirchner. ¿Para qué cargo? Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta incógnita está detrás de toda esta secuencia.
La Corte que auxilia al Gobierno, un Gobierno atemorizado en el Congreso por las dificultades económicas, y que esas dificultades impiden sacar determinadas leyes y se mantienen las PASO. Y con ello la oposición peronista obtiene un instrumento para avanzar frente a Milei.
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