POLITICA
La Ley de Tierras es constitucional
Javier Milei es el segundo presidente de la democracia que no es abogado. Salvo, por razones obvias, el de Justicia, tampoco ninguno de sus ministros lo es. Sin embargo, el suyo acaso sea el gobierno con la narrativa constitucional más explícita en décadas: volver a la Constitución de 1853. Lo dijo, por ejemplo, en los fundamentos de la llamada “Ley Bases”, bautizada en homenaje a la obra de Alberdi que inspiró nuestra Constitución. El propio Presidente tuiteó hace unos días que la Constitución es “liberal/libertaria”, un anacronismo que al menos revela con claridad el pensamiento oficial.
Por eso los principales promotores de la derogación de la Ley de Tierras (el ministro Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich) defendieron la iniciativa en términos estrictamente constitucionales. El más enfático fue el ministro. Al defender el proyecto en el Senado, dijo que la compra irrestricta de tierras rurales por extranjeros era la única interpretación posible de la Constitución. Después subió el video a Twitter, contestándole a una senadora: “La Constitución no es un objeto ‘interpretable’. Mucho menos cuando habla claro. Textualismo y originalismo. MAGA. VLLC!”.
Si la Ley de Tierras es inconstitucional, dicen estos funcionarios, derogarla es apenas una consecuencia lógica de aplicar el derecho. Y una vez derogada -se seguiría de esta lógica- la ley ya no podrá ser restituida. Cuando no se tienen las mayorías para una reforma constitucional hecha y derecha, siempre puede intentarse consolidar una narrativa constitucional al mismo efecto.
El ministro invocó el “originalismo” y el “textualismo”. No es casualidad. Estas doctrinas de interpretación ganaron ímpetu en los Estados Unidos en los años 70 y 80, con el apoyo del gobierno de Ronald Reagan, para revertir la jurisprudencia progresista de su Corte Suprema en las décadas anteriores en asuntos como aborto o desegregación racial. Detrás de posiciones formalmente metodológicas, había en realidad una agenda política. Su aparición en la Argentina de Milei, de la mano de un grupo de juristas conservadores cercanos al gobierno, persigue lo mismo.
Entonces, ¿es cierto que la Ley de Tierras es inconstitucional? El artículo 20 de la Constitución dice que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden… poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos”. Para Sturzenegger y Bullrich, la norma es terminante: no permite ninguna distinción entre argentinos y extranjeros. Hilemos un poco más fino en sus argumentos.
El primer argumento fue el “originalista”: buscar el significado de la norma en las intenciones de quienes la redactaron. Sturzenegger afirmó: “No tengo la menor duda de que ellos pensaron esta Constitución para que los extranjeros puedan venir a comprar tierras a la Argentina, porque eso es lo que estaban fomentando”.
Este argumento no va muy lejos. La intención real, psicológica, de personas que escribieron hace 170 años es inasible: no sabemos si todos quienes votaron la norma coincidían, y mucho menos qué opinarían hoy. Pero algo sí sabemos: la intención de muchos constituyentes, además del propio Alberdi, era poblar la Argentina (de ahí que “gobernar es poblar”). Si esto es así, los destinatarios naturales de la prohibición de discriminar no son todos los extranjeros sino los inmigrantes: según la propia Constitución, “los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. El originalismo, entonces, nada podría decirnos sobre los derechos de extranjeros que no viven en la Argentina (la Ley de Tierras, recordemos, no se aplica a extranjeros tras ciertos años de residencia en el país).
El segundo argumento fue el “textualista”. El ministro dijo: “No soy abogado, pero sí sé leer”. Es decir, el texto del artículo 20 sería tan claro que no dejaría espacio para distinguir entre argentinos y extranjeros. Pero rara vez un texto es tan claro como para no admitir varias lecturas, y el artículo 20 no es la excepción. Con la Ley de Tierras vigente, los extranjeros sí gozan del derecho de comprar tierras, aunque con limitaciones. Una famosa crítica al textualismo señala que los textos pueden leerse a distintos niveles de generalidad: ¿el “derecho” involucrado, en este caso, es comprar inmuebles, o comprar inmuebles sin límites? El texto, por sí solo, no lo resuelve. De hecho, en un fallo célebre (“Repetto”, 1988), varios jueces de la Corte Suprema reconocieron que el artículo 20 tolera distinciones razonables por causa de nacionalidad.
Si estos argumentos no alcanzan, habrá que remitirse a los del propio Gobierno cuando se trata de extranjeros que no vienen a comprar miles de hectáreas. Figuras prominentes del oficialismo han promovido arancelar la salud y la educación de los extranjeros no residentes. Se ve que ellos, al menos, no consideran inconstitucional distinguir entre argentinos y (algunos) extranjeros.
Hay un ejemplo todavía más claro. El año pasado, el presidente Milei -con la firma de Bullrich y Sturzenegger- dictó un DNU para endurecer la Ley Migratoria. No debe haber regulación que distinga entre argentinos y extranjeros de modo más brutal: al argentino jamás se le niega el “derecho civil” de entrar o permanecer en el país; al extranjero, en varias circunstancias, se le impide el acceso o se lo expulsa del territorio nacional. Regulaciones así existen en todos los países del mundo, y dudo que alguien las considere inconstitucionales (de seguro, no los funcionarios que las firmaron). La supuesta lectura absoluta del artículo 20 no resiste una pasada por el Boletín Oficial.
No sabemos si el oficialismo logrará derogar la Ley de Tierras. Sí sabemos que, si lo logra, la cuestión permanecerá abierta para que una futura mayoría legislativa insista en ella. La Constitución sí tiene algunas cosas claras para todos los que, como el ministro, sabemos leer. Especialmente ese pasaje tan bello que promete el bienestar general y los beneficios de la libertad para todos los que queramos habitar el suelo argentino.
Profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)
Sebastián Guidi,LA NACION,Política
POLITICA
Diputados: oficialismo y oposición vuelven a medirse por el Presupuesto 2027, discapacidad y morosidad
Diputados comienza nuevamente una semana en donde oficialismo y oposición medirán fuerzas tanto en las comisiones como en el recinto.
Luego de la fallida sesión de los bloques de la oposición la semana pasada, los bloques que intentaron avanzar deberán rearmarse. Algunos más que otros, como es el ejemplo de Provincias Unidas, en donde el rol de su presidenta, que se ausentó, y sus dichos posteriores, dejaron al bloque al borde de la fractura.
En el caso del peronismo esto no sucedió, pero persiste la frustración respecto del rol de los gobernadores que suben y bajan diputados “por una rotonda”.
En este esquema mañana será la primera de dos jornadas en donde se verá el clima de cada uno de los sectores ya que, a pocos días de la quinta marcha universitaria y su posterior represión, se presentará en la comisión de Presupuesto el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El funcionario suele tener discursos confrontativos y que niega que el proyecto de ley de financiamiento universitario explique cómo se debe realizar —N. del R.: lo establece en su artículo 9—.
“Estamos reorganizándonos para recibir a Álvarez porque lo escuchamos toda la semana decir barbaridades”, señaló un diputado de la oposición que estará presente mañana a las 10 de la mañana.
Pero eso no iba a ser el único punto de debate en el día. A las 16 estaba citado un plenario de comisiones para seguir discutiendo el proyecto de Malvinas impulsado por Javier Milei. El oficialismo buscaba dictaminar pero hoy se definió suspender el debate y pasarlo al martes 27 de octubre, en una clara señal de que el oficialismo aún no cuenta con los apoyos necesarios. Aseguran que varias empresas estadounidenses reclamaron que el proyecto que busca castigar a las empresas que operan en Malvinas las impactaría
En este esquema, pocos creen que se pueda dictaminar como busca La Libertad Avanza, que tiene la intención de sumar el proyecto al temario de la maratónica sesión que prepara para el día siguiente.
Nueva sesión
El miércoles a las 12 se celebra la sesión convocada por los libertarios para avanzar con los dos temas que fueron empujados por la oposición: Emergencia en Discapacidad y Desendeudamiento. El oficialismo ganó en las comisiones los dictámenes de mayoría, eso significa que se ganó el derecho de que sus proyectos sean debatidos en primer término. Sin embargo, LLA todavía no logró conseguir el acompañamiento de sus tradicionales socios, que le siguen pidiendo modificaciones y especificaciones, en especial en lo que se refiere a los fondos para cada uno de los programas. En especial en el proyecto de ley de discapacidad.
A esto se le suma que la Casa Rosada se mostró contraria a lo que escribieron y buscarán darle media sanción sus diputados.
En la oposición confían en que entre los pedidos de los aliados y el cortocircuito entre el Poder Ejecutivo y el bloque de LLA en Diputados que dejó plasmado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, los libertarios no consigan los votos y pueda avanzar el proyecto de ese sector en el que, básicamente, se extiende la emergencia en discapacidad durante todo el 2027.
En lo que se refiere al debate sobre el proyecto de desendeudamiento, de nuevo el debate se volvió complejo para los bloques del medio. El oficialismo propone avanzar con lo que insiste desde hace tiempo: “Educación financiera”. Sin embargo, no propone ninguna solución para las más de 6 millones de personas endeudadas que no pueden afrontar el pago de sus deudas. En especial, aquellos que adeudan a billeteras virtuales.
“El proyecto de ellos —los libertarios— va a terminar con videos de Galperín explicando las tasas de los créditos. No resuelve nada. La verdad es que entre hoy y mañana vamos a retomar las conversaciones para ver si podemos volver a los 130 que nos permitió emplazar a las comisiones y darles vuelta los proyectos”, señaló un esperanzado diputado de la oposición.
Cámara de Diputados,comisión parlamentaria,Argentina
POLITICA
El Gobierno pone en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios y busca que haya 20.000 empleados menos en el Estado
En línea con su promesa de aplicar la motosierra sobre la estructura del Estado nacional, el gobierno de Javier Milei puso en marcha hoy un nuevo plan de retiros voluntarios, centrado en este caso en empleados públicos que, por su edad, están cerca de jubilarse. De los 341.000 empleados que el Estado tenía al iniciarse el gobierno libertario, según el Indec, unos 72.000 dejaron de pertenecer a la planta en estos años, y la intención del Gobierno es sumar en los próximos meses un número cercano a 20.000. Es decir, espera reducir en un 25% la plantilla de la administración pública nacional para fin de año.
A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el jefe de gabinete Diego Santilli, el Gobierno avanza en su objetivo de achicar la planta estatal, con un plan que en principio se extenderá desde el primero al último día de noviembre, y que abarca un amplio universo de algo más de 21.000 empleados, con excepción expresa de personal de Fuerzas Armadas, de Seguridad e Inteligencia.
Se propone abonar, para el grupo de hombres y mujeres de entre 58 y 63 años sin aportes suficientes para jubilarse, el 60 por ciento del sueldo durante tres años. Un segundo grupo, de empleados con esa franja de edad y aportes suficientes para jubilarse, percibiría una única remuneración mensual por cada año trabajado. Y el tercer grupo, que abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres hasta 62, percibirá un sueldo por año trabajado, con un tope general de veinte salarios. Como novedad, se establece que el empleado que decida irse no podrá retornar por ocho años a ocupar un cargo en el Estado.
“El programa no tiene una meta predeterminada de retiros. No buscamos alcanzar una cantidad determinada de desvinculaciones, sino seguir adecuando las dotaciones del Estado a las funciones que efectivamente necesita cumplir”, afirmaron a desde el ministerio que encabeza Sturzenegger. Agregaron que el plan “es una herramienta para aquellos organismos que tienen estructuras sobredimensionadas, funciones duplicadas o puestos que dejaron de ser necesarios. Cada retiro requiere la decisión voluntaria del trabajador y la aprobación del Estado, que evaluará cada solicitud en función de las necesidades del organismo”, afirmaron. Y destacaron que “se abre una instancia de consultas” de cada empleado con el área de recursos humanos de cada repartición, a fin de evacuar dudas.
“Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos. VLLC!”, afirmó el propio Sturzenegger, en un posteo. Y destacó que el impedimento de regreso a la función pública se lleva a cabo “para evitar una puerta giratoria”, aunque dejó abierta la posibilidad de eventuales regresos, previa devolución del dinero recibido.
A diferencia de lo que sucedió en los primeros dos años de gestión, donde los recortes de personal estuvieron dados en el área centralizada de la administración pública, a partir de 2026 el Gobierno enfocó su plan de reducciones en organismos descentralizados. Según el último informe del Indec, y al 31 de agosto pasado, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades fue de 269.025 personas; esto representa una caída de 5,8% respecto a igual mes del año anterior y una caída de 0,5% respecto al mes anterior.
Desde el sindicato estatal ATE reiteraron las críticas al plan que ya se venían haciendo en los días previos a la salida del decreto, y anunciaron protestas frente a la quinta presidencial de Olivos. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
“A este plan lo vamos a enfrentar con medidas de acción directas. No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado, que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, agregó el sindicalista, que confirmó a que la movilización a la quinta presidencial se dará el miércoles próximo, a las 17. Ese día, el Presidente estará cumpliendo con su programada gira en España, que comienza hoy por la noche.
dejaron de pertenecer,publicado,@JMilei,@diegosantilli,October 19, 2026,Jaime Rosemberg,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
El Gobierno reconoció que “está bajo análisis” la postura argentina en el Comité de Descolonización de la ONU
Tan solo unas horas después de que los Estados Unidos insinuaran sus intenciones de disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, lo cual generó una primera diferencia geopolítica entre los dos países, en la Argentina el Gobierno reconoció que “está bajo análisis” la postura que va a tomar con respecto a ese organismo, en el cual mantiene abierto su reclamo contra el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
Por la mañana, no hubo acuerdo en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de la Cámara de Diputados en el que, justamente, se estaba debatiendo la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Por la tarde, el vocero, Adrián Ravier, aseguró que la Cancillería está estudiando los pasos a seguir respecto de la posición en la ONU y no descartó que el mencionado proyecto, que busca sancionar a las empresas que operen ilegalmente en el archipiélago, sufra modificaciones.
Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario fue consultado por la iniciativa de la administración de Donald Trump, que cuestionó la continuidad del organismo por considerar que algunas de sus actividades implican un “despilfarro de recursos”.
“Bueno, esto está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final. No puedo hacerlo yo. Es algo que hablará seguramente el canciller Pablo Quirno, pero está en análisis”, respondió.
La definición abre una diferencia en la relación entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, que hasta el momento habían mostrado coincidencias en asuntos centrales de política exterior, como el respaldo a Israel, la crítica a determinadas instituciones internacionales y la posición frente a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La propuesta de los Estados Unidos afecta directamente a uno de los foros donde la Argentina plantea cada año ante el Reino Unido su reclamo de soberanía sobre las Malvinas.
El Comité Especial de Descolonización, conocido como C24, fue creado en 1961 y tiene entre sus temas pendientes la situación de las Islas, que es uno de los 17 casos de territorios no autónomos y una parte importante de ellos involucra al Reino Unido.
En los últimos años, los distintos cancilleres de la administración libertaria participaron de las sesiones del Comité para sostener la posición argentina. Diana Mondino, Gerardo Werthein y ahora Quirno cuestionaron la ocupación británica y reclamaron que Londres retome las negociaciones bilaterales.
Sin embargo, todo se convulsionó cuando Washington planteó la necesidad de terminar con el mandato de ese organismo durante el debate de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La eventual disolución, de todos modos, dependería de una decisión de la Asamblea General, donde la Casa Blanca no tiene poder de veto.
Durante la conferencia, el vocero fue consultado también por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno envió al Congreso y que apunta a endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Ante la pregunta sobre supuestos reclamos de compañías y funcionarios estadounidenses por el alcance de esa iniciativa, Ravier evitó confirmar si existió un pedido formal desde Washington, aunque dejó abierta la posibilidad de que el texto tenga modificaciones durante el debate parlamentario.
“Como todo proyecto de ley, entra al Congreso a debatirse en un marco de democracia. Como siempre decimos, no tenemos legisladores propios suficientes para alcanzar una mayoría simple y que los proyectos sean aprobados, con lo cual todo proyecto de ley que ingresa es debatido, es dialogado. Eventualmente, puede tener o no modificaciones”, explicó.
El funcionario remarcó que no podía anticipar cambios concretos, pero recordó que otras iniciativas del oficialismo tuvieron alteraciones durante su tratamiento legislativo. “Este proyecto hoy se está discutiendo. Si va a tener modificaciones, hoy no lo puedo adelantar”, agregó.
Por otra parte, Ravier sostuvo que la presentación de esa medida mantiene “sintonía” con el pedido de los Estados Unidos para eliminar el Comité de la ONU y negó, en cambio, que haya una contradicción entre ambas posturas.
En ese sentido, mencionó la construcción de una Base Naval Integrada y las acciones diplomáticas del Ejecutivo. “Nosotros en Argentina tenemos una política muy fuerte de seguridad nacional o pretendemos ir construyendo la seguridad nacional que en el último tiempo no tuvimos”, afirmó.
North America
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