POLITICA
La nueva advertencia de la Justicia a Cristina Kirchner obligó a La Cámpora a suspender las procesiones a San José 1111
El kirchnerismo evalúa por estas horas cómo desarrollar el acto del próximo sábado en Parque Lezama al cumplirse un año de la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner. Es que la última procesión hacia el domicilio en San José 1111 fue de tal magnitud que puso en alerta al tribunal que condenó a la líder del Partido Justicialista y la intimó a cumplir con las normas de su arresto domiciliario si busca conservar el beneficio. Para el cristinismo fue otra avanzada judicial para disciplinar a la dos veces presidenta y a su militancia.
Pese a todo, la decisión del Tribunal Oral Federal 2 a cargo del control de la ejecución penal obligó a los organizadores del acto previsto para el próximo sábado en Parque Lezama a revisar la dinámica del mismo. Se esperaba que la jornada del 20 de junio fuera una demostración de fuerza en defensa de la figura de la ex presidenta y otro mojón dentro del operativo lanzado por “Cristina Libre”, la campaña desde la que el cristinismo busca poner en el centro de la escena política a CFK. Eso no cambió, pero de momento solo está garantizado que se hará el banderazo en Parque Lezama, no así la posterior marcha hacia San José 1111 para saludar a la expresidenta y que la dirigente salga al balcón. Esta última parada es materia de debate en la organización de la jornada.
Sí está confirmado que en el acto central hablará el diputado nacional e hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner. También se espera que la dirigente envíe un audio grabado como ya lo hizo en otras ocasiones. Como contó Infobae, el gobernador de la provincia de Buenos Aires evalúa participar del mismo o al menos enviar una comitiva del Movimiento Derecho al Futuro y el PJ bonaerense, partido que preside.
Confirmaron presencia los intendentes de La Cámpora, no solo de la zona AMBA como Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), la propia Mayra Mendoza (en uso de licencia en Quilmes); sino también los del interior bonaerense como Iván Villagrán (Colón), Juan Mancini (Suipacha), Waldemar Giordano (Colón), Fernando Raitelli (Brandsen), Nelson Sombra (Azul). Asimismo, los nombrados mediáticamente como Grupo AFA estarán en Parque Lezama. Se trata de los jefes comunales Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza). Además, habrá otras referencias como la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, cercana al Movimiento Evita.
Este miércoles se iba a realizar la jornada “La Matanza con Cristina”. Se trataba de una de las tantas procesiones que se dieron en las últimas semanas en San José 1111. La actividad era orquestada por el Ateneo Néstor Kirchner, un espacio que comanda el jefe de bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli.
El martes, luego de la intimación judicial sobre CFK que realizó el Tribunal Oral Federal 2 a cargo del control de la ejecución de la pena, se decidió suspender la actividad. “La metieron en cana por defender el bolsillo de los laburantes y transformar el país. Y para que nadie nunca más se atreva a hacer lo mismo, la inhabilitaron para cargos de por vida; después, le limitaron las visitas. Ahora metieron una nueva restricción para separarla de la gente. La Justicia corrupta la quiere aislada, La Matanza la quiere LIBRE y CANDIDATA”, argumentaron desde las cuentas del Ateneo Néstor Kirchner.
En su resolución, el Tribunal le indicó a Cristina Kirchner que, según las normas de conducta vigentes, se le exigía no realizar actos que afectaran la tranquilidad del barrio o alteraran la convivencia pacífica entre los residentes. La decisión de Giménez Uriburu se sustentó tras el acto que se llevó a cabo el domingo pasado. Estuvo organizado por la diputada provincial, Mayra Mendoza, bajo la sigla “Quilmes con Cristina”.
Se trató de una caravana desde Quilmes hasta el barrio de Constitución. Una vez allí, se montó un escenario, se instalaron luces focales sobre el balcón de CFK y se desplegó una bandera que se extendió desde un edificio frente al de Cristina Kirchner hasta el segundo piso de San José 1111. La expresidenta saludaba desde el balcón mientras que, con un sistema de poleas, sujetaba la bandera de Argentina que tenía impreso un mensaje: De San José a Casa Rosada. La instalación fue de una estética propia de La Cámpora.
Como explicó este medio, el juez entendió que CFK colaboró personalmente, se utilizó su balcón como punto de anclaje y ayudó a sujetar la estructura. De persistir con actividades de estas características, las condiciones de la detención domiciliaria seguirán ajustándose. De hecho, ya le restringieron la cantidad y el tiempo de visitas en su domicilio.
Cristina Kirchner,prisión domiciliaria
POLITICA
El Gobierno avanzó en un acuerdo con Estados Unidos para la compra de cuatro helicópteros Black Hawk
El Gobierno de Javier Milei selló esta semana un nuevo acuerdo de cooperación con Estados Unidos. El embajador de ese país, Peter Lamelas, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmaron una Declaración de Intenciones para avanzar en la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk.
El anuncio fue realizado por el propio diplomático a través de sus redes sociales, donde destacó el alcance del entendimiento bilateral. “Un paso concreto en nuestra cooperación en defensa”, expresó Lamelas al comunicar la firma del documento.
Según detalló el embajador, las aeronaves permitirán ampliar las capacidades operativas de las fuerzas argentinas en distintas áreas, entre ellas el control de las fronteras, la lucha contra el crimen transnacional y la asistencia a la población frente a situaciones de emergencia y desastres.
“Más capacidades para la Argentina. Más seguridad para el hemisferio”, concluyó Lamelas en su publicación.
POLITICA
Los aumentos en las tarifas eléctricas bonaerenses alimentan la tensión entre Kicillof y La Cámpora
La política tarifaria bonaerense hizo crecer la tensión entre las filas del gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo duro, que conduce Máximo Kirchner. La decisión de avanzar con los aumentos de electricidad abrió un contrapunto con La Cámpora, que respaldó el reclamo del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en la Justicia. Con cautelares y apelaciones de por medio, la disputa expone las diferencias entre ambas tribus en pugna para confrontar con el modelo libertario.
El conflicto gira en torno de la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó nuevos cuadros tarifarios, según la categoría de consumo y la distribuidora. La actualización se tradujo en aumentos del 1,5% al 3,5% en las facturas finales.
La medida incorpora una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa que remunera los costos propios de las empresas del servicio: gastos operativos, mantenimiento, salarios e inversiones. El recálculo técnico aplicado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires contempla también modificaciones en otros componentes, como el sobrecosto por generación local, el agregado tarifario y el cargo de transición tarifaria.
“Depende de los consumos por usuario, pero pagar la factura en invierno y en verano representa más del 20% del ingreso familiar en los sectores medios”, señalaron a en la Defensoría bonaerense. Agregaron que “el problema es mayor para los “hogares electrointensivos”, que dependen exclusivamente de la electricidad para servicios básicos; y mencionaron casos extremos en hogares medios, con $600.000 a $800.000 mensuales.
La decisión involucra a las cuatro compañías que prestan el servicio fuera del área de concesión de Edenor y Edesur. Se trata de EDEN, que opera en el norte y centro bonaerense; EDES (en el sur), EDELAP (en La Plata y alrededores) y EDEA (en la costa atlántica y centro de la provincia). Todas pertenecen al Grupo DESA, del empresario Rogelio Pagano, que desembarcó y amplió su injerencia en el mercado eléctrico bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Tarifa social
La medida cautelar presentada por Lorenzino advierte que los retoques tarifarios del gobierno bonaerense se hicieron sin convocar audiencias públicas.
“Desde 2021 se aplican incrementos sin participación adecuada de los usuarios”, explicaron en el equipo de Lorenzino. Subrayaron que la falta de audiencias públicas trasciende a la actual gestión bonaerense.
Otra objeción apunta a “una pérdida de eficacia” de la Tarifa Social Provincial (TSP), en la cual “las bonificaciones destinadas a los sectores vulnerables no acompañaron la evolución de los distintos componentes tarifarios y fueron perdiendo capacidad real de cobertura”.
Esos reclamos fueron admitidos en septiembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola. La resolución suspendió las actualizaciones tarifarias y ordenó a las empresas devolver los importes cobrados por los aumentos. También extendió la medida a las cooperativas eléctricas bajo jurisdicción provincial y municipal, que son alrededor de 200 fuera del AMBA, en el Interior provincial.
El gobierno bonaerense apeló el fallo a finales de octubre, junto con las distribuidoras. Argumentaron que en el procedimiento técnico de base ya se había cumplido con la instancia de participación ciudadana requerida. Y adelantaron que la suspensión de los aumentos podía comprometer la sostenibilidad financiera del servicio y el capital de trabajo de las compañías.
Finalmente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, integrada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucin, dio lugar a la apelación provincial.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la postura de la Provincia y afirmó que “se limitó a explicar técnicamente por qué no correspondía convocar a nuevas audiencias públicas”, dado que ya se habían realizado bajo el régimen vigente, establecido antes de la llegada de Kicillof.
En la Defensoría del Pueblo bonaerense, sin embargo, especificaron que “la cautelar no fue revocada, pero actualmente no se está ejecutando mientras la Cámara analiza las apelaciones” de la provincia y las distribuidoras.
De tarifas a endeudados
La discusión judicial tuvo una inmediata derivación política. El camporista Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de UxP y dirigente de la mesa chica de Máximo Kirchner, respaldó el reclamo de la Defensoría del Pueblo y salió en rechazo de la disposición provincial. En esa línea cruzó al implicado ministro Gabriel Katopodis, uno de los aspirantes del kicillofismo para competir por la gobernación en 2027.
Tignanelli viene de articular con Lorenzino en la Legislatura bonaerense un proyecto con el sello de La Cámpora sobre los endeudados. Según un relevamiento impulsado por el defensor adjunto Walter Matertello (Frente Renovador), el total de las deudas impagas de los bonaerenses asciende a $6,49 billones y más de 1,8 millones están en mora.
La iniciativa parlamentaria propone crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores en la provincia de Buenos Aires, una instancia prejudicial obligatoria en la que la Defensoría del Pueblo de PBA pueda mediar entre deudores y acreedores (bancos y billeteras virtuales) para acordar la reestructuración de los atrasos de pagos antes de llegar a la Justicia. El texto logró media sanción a finales de septiembre en la Cámara de Diputados provincial, aunque mostró discrepancias por parte de pares de bancada enrolados en el MDF.
las deudas impagas,mora,Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
Discrepancias entre Macri y los gobernadores del PRO sobre cómo cerrar los acuerdos provinciales con LLA
Se acerca el 2027 y Mauricio Macri no logra compartir una mirada común con varios integrantes de la mesa chica del PRO respecto de la estrategia electoral a tomar por el partido en las provincias, de cara a los comicios del próximo año. Mientras los gobernadores del espacio pretenden negociar de forma autónoma con La Libertad Avanza, el ex presidente, que lleva a cabo sus propias reuniones con la Casa Rosada, considera que ese no es el camino.
“No hay ninguna posibilidad de que Macri y el PRO Nacional se metan en las decisiones de las provincias. Los jefes territoriales definirán sus alianzas”, indicó a Infobae una alta fuente de contacto fluido con los principales referentes del partido amarillo.
En el círculo más cercano del ex presidente hay una postura distinta. Un dirigente del PRO de vínculo estrecho con Macri le aseguró a este medio que un escenario en el que cada uno decida en forma individual cuál será la estrategia electoral y los eventuales acuerdos con La Libertad Avanza de cara al 2027 “no es lo ideal ni lo que pretende Mauricio”.
En LLA prefirieron mantenerse al margen de esta discrepancia intestina en el PRO. “Deben responder ellos”, dijo en forma escueta un habitual vocero libertario al ser consultado para este artículo.
Macri negocia desde hace meses un posible entendimiento electoral para las elecciones del año próximo. Con ese fin se vienen desarrollando reuniones entre referentes de su entorno y representantes del Gobierno. En las conversaciones participan el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el diputado nacional Fernando de Andreis (PRO) y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
Pese a que hubo varios encuentros, el acuerdo no asoma en el horizonte. “No se ha avanzado nada”, sostuvo Macri al ser consultado al respecto durante la cena de Hacemos!. Las conversaciones comenzaron el 13 de agosto. Días antes, hubo una cumbre entre Mauricio Macri y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza a nivel Nacional.
En el fondo hay una preocupación clara en el macrismo: evitar que LLA los asimile. El PRO se ha ido desgranando desde los comicios de 2023. Muchos de sus dirigentes más importantes se han pintado de violeta. Como ejemplo, basta mencionar que los dos precandidatos presidenciales de aquel año hoy están por fuera del espacio. La ganadora de la primaria, Patricia Bullrich, se afilió a LLA. Y el derrotado, Horacio Rodríguez Larreta, creó su propio sello.
La controversia en las provincias
Un factor de discrepancia sobresale en las negociaciones entre los libertarios y el PRO. El macrismo pretende resguardar los distritos donde gobierna en caso de que se dé el acuerdo. Los partidarios del Presidente, en cambio, quieren consolidar sus estructuras y competir en los lugares donde observan condiciones para crecer.
Ahí entra el factor de los gobernadores. En las elecciones legislativas del 2025 hubo estrategias distintas. El gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sellaron acuerdos con LLA para los comicios nacionales.
Los pactos electorales también alcanzaron a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la provincia de Buenos Aires.
Pero Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut, se puso enfrente. Fue el primero en plantarse y confrontar a Javier Milei en una puja por recursos y se juntó con gobernadores radicales y hasta con el justicialista Martín Llaryora para conformar Provincias Unidas. La experiencia no resultó exitosa. El sello cosechó 1,7 millones de votos, muy lejos de los 9,4 millones de LLA y de los 7,8 millones de Fuerza Patria (PJ).
Sin duda que la gema que protege Mauricio Macri es la ciudad de Buenos Aires. El distrito donde surgió el PRO y que gobierna desde hace más de 20 años. La Libertad Avanza y el PRO comparten un mismo segmento del electorado porteño. Jorge Macri aspira a la reelección y al espacio de Milei se le cayó la figurita puesta para luchar por ese lugar: Manuel Adorni.
Asuntos particulares y otras disidencias
Al día de hoy, Frigerio tiene todo dado para abrochar un entendimiento con LLA en Entre Ríos. En abril se reunió con Karina Milei y con “Lule” Menem en Casa Rosada. Se trajo el compromiso de que los libertarios no pondrán trabas a su proyecto de reelección. Y que repetirían la vivencia en conjunto de 2025, cuando juntos aplastaron al peronismo en las urnas.
La buena sintonía del entrerriano con el gabinete nacional se ha manifestado en acciones concretas. Dos ejemplos. El primero, el tratamiento especial del costo de las tarifas que pagan las grandes empresas en su provincia. El segundo, incluir a los departamentos de Entre Ríos catalogados como “cálidos” en el esquema de subsidios a la electricidad que se le otorgó a las provincias del norte.
La estrategia frente a un eventual pacto electoral con los libertarios no es el único factor de discrepancia interna entre los gobernadores y Macri. El disenso también invade dos temas claves para el vínculo con la Casa Rosada. Se trata de los proyectos de Presupuesto 2027 y la reforma electoral con suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) incluida.
En las charlas que se han realizado hasta el momento, cada uno se mantuvo en su postura. Esto implica que las opiniones particulares no han podido cristalizar en una posición de unidad del partido de cara a un eventual debate parlamentario.
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