POLITICA
Las aventuras que tienen en jaque al poder
Son días extraños en la cúpula del poder. Por la Casa Rosada deambula el jefe de Gabinete apabullado, sin poder ejercer su rol. Una patrulla desesperada corre tratando de resguardarlo de la ofensiva que opositores y aliados preparan para esta semana en el Congreso. El ministro de Economía toma distancia, cansado de que la política eclipse los indicadores positivos que busca exhibir. Los otros ministros fingen demencia y siguen su rutina como si no los arrastrara la crisis más extensa y dañina desde que llegaron al poder.
Y en la punta de la pirámide, desconcierto; impotencia; silencio. Javier Milei se encerró en Olivos y redujo al mínimo las actividades públicas en las últimas dos semanas. El martes 9 fue la última vez que pisó la Casa Rosada para una serie de actividades protocolares, y el miércoles 17 recibió en la quinta presidencial a una delegación del Banco Mundial. Recién ayer reapareció en Rosario.
En su reclusión autoimpuesta habló con pocos funcionarios y se mostró tensionado. Una persona que lo conoce de cerca describió su interacción en estos días como “espasmódica” e “incómoda”. “Javier se refugió en su intimidad, se replegó más por instinto de supervivencia. Es lo que hace cuando tiene un problema y no encuentra la solución”, describió la fuente. No está claro si en esa soledad del poder, Milei reflexiona posibles alternativas o sólo procesa su ira desde su “emocionalidad intensa” (Patricia Bullrich dixit).
Durante ese repliegue, su hermana Karina actuó como su emisaria en la tierra para mantener la consigna de que Manuel Adorni no se va, y de que hay que resistir el intento de desestabilización del periodismo y la oposición. Cada vez le resulta más difícil la misión. Absolutamente todos los actores del oficialismo, desde el conjunto de los ministros hasta los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), imploran para que se termine de una vez este calvario que los tiene paralizados, sin poder salir en los medios, sin avanzar en la agenda legislativa y sin poder instalar un debate público más favorable. Es más, sienten que se están consumiendo el bono social que siempre otorga la expectativa del Mundial. La inmolación colectiva en el altar de las convicciones del líder está generando un malestar subterráneo que no tiene otro destino que la catarsis. Todos le deben sus cargos y sus bancas al mismo Milei. Fin.
En la Casa Rosada miran el impacto del affaire Adorni desde dos perspectivas. Por un lado, el daño objetivo en la imagen del Gobierno y del propio Milei. Según sus mediciones, tocaron el piso a fin de mayo, cuando la percepción positiva cayó al 33%, un indicador que amenazaba con perforar por primera vez el tercio que siempre sostuvo su apoyo al Presidente. En las últimas semanas, ese indicador se recuperó hasta el 38%, demostrando que es una variable dinámica y modificable. Esta interpretación mantiene vigente las chances de reelección el próximo año.
Sin embargo, hay una segunda lectura más profunda, que ya arroja una dinámica irreversible. Los últimos sondeos que aterrizaron en el Gobierno exponen con crudeza que en su defensa irrestricta de Adorni, Milei está terminando de perder una de sus banderas principales, que era la lucha contra la corrupción de la vieja casta que él vino a someter. “Hay variables cualitativas rotas. La construcción de Javier Milei como un político distinto, transparente, aferrado a sus convicciones, está muy dañada. Si nuestra ventaja competitiva era ser distintos del sistema político, hoy ya nadie nos votaría por eso. Esto nos hace mucho más dependientes de lo económico, un plano en el que estamos evolucionando muy bien”, sintetiza un referente del espacio.
Frente a este panorama, el viernes se produjo la primera reacción política desde que a principios de marzo se conocieron los viajes del jefe de Gabinete y se desató el vendaval. La designación del diputado Adrián Ravier fue una decisión personal de Milei que el resto de los actores del Gobierno conoció apenas un rato antes de su difusión. Comparte con él el entusiasmo por la economía y por la escuela austríaca, aunque han sabido tener fuertes diferencias en el pasado. Prueba de ese vínculo es que fue el propio Presidente el que pidió que lo incorporaran a la Fundación Faro. Aceptado por las dos facciones de la interna oficial, su nombramiento como vocero sirvió para calmar los nervios previos. Un anticipo de la guerra que se desatará el día que haya que definir al sucesor de Adorni.
Uno de los objetivos de la elección de Ravier es que se convierta en un traductor amigable de los logros económicos para el público. Implícitamente representa la admisión de que el Gobierno se encamina hacia una narrativa más monotemática. La idea es que en el discurso oficial haya más estadísticas y menos lucha anticasta; más indicadores de inversión y balanza comercial, y menos batalla cultural. Así como el actual gabinete se volvió más endogámico y homogéneo en comparación con el original, también el discurso libertario apunta a una simplificación y depuración. Al fin de cuentas, el principal mandato que recibió Milei fue el de mejorar la economía, y será la variable por la que lo evaluarán el próximo año.
Un condenado sin verdugo
Al dilema que representa Adorni para el Gobierno, esta semana se incorporará el Congreso al juego de las paradojas: todos piensan que debería irse, pero nadie quiere aparecer como responsable de ajusticiarlo. Es como un condenado sin verdugo. Milei ya dio señales de que está dispuesto a protegerlo hasta donde pueda. En su entorno reconocen que si el Congreso avanza con una moción de censura, prefiere que sean los legisladores quienes lo tumben antes que pedirle él anticipadamente la renuncia para evitar ese vía crucis. Le permitiría acusar a la oposición y a los falsos aliados de golpistas y desestabilizadores por utilizar por primera vez desde la reforma constitucional de 1994 la facultad de apartar al jefe de Gabinete por vía legislativa.
En los bloques oficialistas, especialmente en el Senado, dicen que la ofensiva opositora tiene número suficiente para voltearlo, entonces le sugieren al Gobierno que lo desplace previamente para evitar una sangría. No es la ilusión de sus vidas tener que defender en público a un Adorni que quedó socialmente cancelado. Como reseñó un legislador libertario, “todos queremos tener existencia política después de este episodio”.
Los gobernadores aliados, contactados por la patrulla desesperada que integran Diego Santilli y Lule Menem, cavilan y dan señales indescifrables. No quieren pagar el costo de quedar pegados al kirchnerismo, pero al mismo tiempo admiten que hay dinámicas legislativas que no controlan. Y el kirchnerismo, que sumado a la izquierda, es el único convencido de avanzar, tiene sus propias diferencias internas y no cuenta con el número suficiente para un impeachment.
Esta semana en el Congreso habrá dos instancias preliminares, el martes en Diputados y el jueves en el Senado, en las que se producirá una superposición de dinámicas. Por un lado, se desatará una discusión reglamentaria del artículo 101 de la Constitución Nacional en torno de si es necesario contar con los dos tercios de los votos (48 en el Senado y 172 en Diputados) o si alcanza con la mayoría absoluta de las cámaras (37 en el Senado y 129 en Diputados) para avanzar con la interpelación y la eventual moción de censura. El oficialismo buscará imponer la primera interpretación y la oposición buscará resistir con la segunda opción.
Pero al mismo tiempo, hay una cuestión de dinámicas legislativas que son muy riesgosas para LLA. Una cosa son las conversaciones individuales y racionales que mantienen con las otras bancadas, y otra distinta se desata cuando arranca una sesión y se produce un efecto contagio a partir del rumbo que adopte el debate. “Si la discusión por la interpelación se dispara, después va a ser muy difícil frenarla para la moción de censura”, evalúan en el bloque oficialista.
Además de definir el futuro de Adorni, una derrota legislativa demostraría que el oficialismo volvió a perder el control del Congreso que había conseguido en la primera mitad del año. Hace un mes LLA obtuvo en el Senado 58 votos para avalar la extensión del pliego del camarista Carlos Mahiques. Fue la cifra más alta de acuerdo que logró para una iniciativa que podría haber generado controversia. Esta semana Patricia Bullrich recordó que integra un bloque de sólo 21 legisladores y que les cuesta mucho sumar adhesiones para esta causa. El efecto Adorni es capaz de angostar el rango de acción en 37 senadores.
Politizados y ajusticiados
Así como el caso del jefe de Gabinete pone en tensión al Gobierno con el Congreso, también desnuda el tirante entramado que ata a la Casa Rosada con la Justicia. El avance de la investigación que tiene a su cargo el fiscal Gerardo Pollicita, por delegación del juez Ariel Lijo, sigue acumulando un caudal de información que estrecha demasiado la posibilidad de que Adorni no sea citado a indagatoria, y eventualmente procesado. ¿Cómo haría el fiscal para no solicitar su comparecencia después del festival de irregularidades y contradicciones que halló? ¿Y cómo podría Lijo eludir ese pedido?
Claro, después habrá que ver los plazos en los que actúan y cómo reaccionan las instancias superiores. Los jugadores finos no se ensucian en maniobras obvias. El morbo que generó el viaje de esta semana de Lijo junto con el ministro Juan Bautista Mahiques probablemente haya sido injustificado. “Si se juntan a cenar una vez al mes; no necesitan irse a París para hablar”, comentó un operador que conoce el vínculo entre ellos.
Esta causa aterrizó en Comodoro Py en el momento de más profunda redefinición de la relación del Gobierno con la Justicia. Después de dos años de zigzagueos, Milei, pero sobre todo Karina, habilitaron una estrategia clara: no habrá revolución de las togas. Así como en otros planos el Presidente es profundamente reformista, frente a los jueces adoptó una postura conservadora. Jamás incluyó a los magistrados en sus críticas despiadadas. Quizás por desconocimiento, tal vez por desinterés, o también por temor, habilitó un entendimiento con la casta de los tribunales, candorosamente definida como la “familia judicial”. Al incorporar como ministro a uno de sus más fieles exponentes, metió a Comodoro Py adentro del Gobierno.
A partir de entonces, se pasó a una fase de cartelización de la Justicia, con dos bandos (no confundir con bandas) disputando, y al mismo tiempo negociando, un tesoro vacante como nunca antes se había acumulado: dos lugares en la Corte Suprema, la conducción de la Procuración General, cientos de juzgados y fiscalías en todo el país, cargos judiciales a granel. Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi, Ricardo Lorenzetti, Santiago Caputo, de un lado; Mahiques, Horacio Rosatti, Karina Milei, Santiago Viola, del otro. Enfrentados, a veces; aliados, otras tantas. En conjunto están reformateando tribunales, pero con las viejas lógicas.
Esta relación se apoya sobre dos dinámicas nocivas que se han naturalizado demasiado: la judicialización de la política y la politización de la Justicia. Los jueces tienen agarrada a buena parte de la dirigencia en causas de distinto tipo, en general de corrupción. Se evidencia una aceleración de este proceso porque los gobiernos tropiezan cada vez más rápido en las escalinatas de Comodoro Py, por impericia o por codicia. También porque la política perdió la capacidad de dirimir sus diferencias mediante acuerdos, entonces se judicializan hasta los decretos y las leyes.
En paralelo, la política les arranca a los magistrados compromisos varios en su largo camino hasta los tribunales, a través del Consejo de la Magistratura, el Gobierno y el Senado. El mecanismo de controles cruzados que establece la Constitución para el nombramiento de un juez se transformó en un calvario de cuentas a saldar. Son créditos que no se anotan, pero que todos asumen. Ninguno de estos fenómenos es novedoso. Simplemente que ahora se desarrollan muy a la vista. Por eso la imagen pública de la dirigencia política está hermanada con la de los jueces en su declinación infinita.
El caso Adorni es un vector de tensión para todo el sistema. Hacia adentro de LLA, entre el oficialismo y la oposición, entre el Gobierno y el Congreso, y entre funcionarios y jueces. Expone falencias que ya regían, pero que ahora adoptan otra visibilidad.
La sociedad presencia toda esta escena con un sentido de obscenidad que le repugna. Refuerza una noción de ajenidad peligrosa que opera sobre una fractura entre la dirigencia y la gente que en 2023 se resolvió precariamente pero que aún no terminó de soldarse. Ese divorcio nunca es gratuito para un país como la Argentina.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Ley de propiedad privada: aliados no saben si la Casa Rosada avala la última versión y piden claridad
Nuevo capítulo para la densa novela de la ley de propiedad privada en el Senado: el oficialismo deslizó a la oposición dialoguista un nuevo borrador que bloqueará la venta de tierra a extranjeros sin límite y que ahora propone elevar el tope vigente, de 15%, hasta un 25%. Más allá de la voltereta olímpica -tras semanas de insistencia con algo muy distinto-, lo curioso de las últimas horas es que varios aliados consultados por Infobae no saben si la propuesta que promocionó la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuenta con el guiño final de la Nación y le reclaman “claridad”. Durante la tarde de hoy, la porteña intentará saldar el asunto con una conferencia de prensa.
“No puede ser que nadie dé la cara”, se lamentaron desde una oficina con votos trascendentales. En otra, la alarma fue mayor: “Llaman a colegas para ver si está el apoyo a lo anterior y no a lo nuevo. Raro”. Por eso es que, si bien varios legisladores vieron en un archivo el pase del 15% a 25%, ninguno percibió con seguridad que la Casa Rosada estuviera 100% de acuerdo en este punto, que cambia por completo el objetivo inicial del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De hecho, durante julio, la sesión pasó a cuarto intermedio -hasta pasado mañana- por desavenencias entre el Ejecutivo y su propia bancada.
“Hace más de un mes que le sugirieron a Bullrich que explicara bien todo con los presidentes de Asuntos Constitucionales y Legislación General -los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, que llevaron adelante el debate- y ni aparecieron. Ahora hay más de 16 borradores, una marcha convocada para el jueves sin saber cuán compleja será y la idea ya instalada de que se quiere regalar el país a extranjeros. Una irresponsabilidad total”, sentenció un experimentado senador a este medio.
Es importante recordar que fueron varios los gobernadores que exigieron “federalismo” y que el quite de límites para la venta de tierras quede en sus manos. No obstante, cuando germinaron las críticas, nadie miró hacia los distritos, sino a la Nación. Con el reciente borrador -y que ratifica a los anteriores, en este punto-, los mandatarios locales o las respectivas legislaturas -en caso de empujar un debate parlamentario focalizado- serán quienes podrán determinar, en caso de que avance hasta el 25%, los límites de esa porción de la torta. Lo insólito es que, hasta anoche, persistían quejas para reforzar normas ya vigentes sobre autonomías, ambiente y fronteras. Afloran colores diversos en distintos párrafos del articulado y a nada menos que 48 horas del día “D”.
El proyecto en cuestión quedó entrampado en este capítulo, aunque la iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con expropiaciones, desalojos veloces por falta de pago y el adiós al bloqueo -por décadas- que impone para tierras la actual ley sobre manejo del fuego que fomentó en el pasado Máximo Kirchner. Sobre el último punto también hay divergencias en un puñado de aliados.
A la espera de la centralidad que acaparará Bullrich -desde las 16-, la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el libertario riojano, Juan Carlos Pagotto, se reunirá dos horas antes para activar una audiencia pública y oír las exposiciones de 12 postulantes a cargos judiciales. La Casa Rosada ya logró la aprobación de decenas de candidaturas, junto a los complejos ascensos diplomáticos que frenaban la carrera en Cancillería y varias subas de grado en militares.
En tanto, para mañana se aguarda el comienzo de la discusión del Súper RIGI que ata, siempre según la visión del Ejecutivo, eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera. Las encargadas de llevar el trámite son las comisiones de Presupuesto y Hacienda -cabecera-; Economía Nacional; y Legislación General. La primera y la tercera son manejadas por los mileístas Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires) y Márquez, respectivamente, mientras que la segunda es por el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones).
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POLITICA
Los gobernadores patagónicos volvieron a mostrarse juntos y enviaron mensajes a la Casa Rosada
Chubut, Neuquén y Río Negro volvieron a mostrarse unidos. La firma de un convenio de gas entre Alberto Weretilneck y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, funcionó como excusa para una postal que resucita, aunque sea por un momento, el viejo armado federal patagónico: Weretilneck fue el anfitrión en Bariloche, mientras que Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut) se sumaron de modo virtual.
El encuentro tuvo como excusa formal la ampliación de la red de gas en seis barrios barilochenses que beneficiará a más de 1.600 vecinos, aunque la inmediata lectura política fue otra: un trabajo conjunto entre las tres provincias que viene de antes.
Weretilneck resumió el espíritu del encuentro con una frase que apunta directo al vínculo regional: «Sabemos que no hay nada mejor para un patagónico que otro patagónico“.
Torres, por su parte, conectó la obra puntual con una lectura política más amplia sobre el vínculo entre las tres provincias, al calificar la ampliación de la red como una expresión de federalismo y anticipar que seguirán las iniciativas conjuntas con Río Negro y Neuquén.
El trabajo tripartito no es reciente. Los mismos tres mandatarios ya habían escenificado la unidad regional un mes atrás, cuando Torres y Weretilneck cerraron en El Bolsón un litigio judicial de más de 25 años entre Chubut y Río Negro, con un acuerdo de obra eléctrica por $17.000 millones para la Comarca Andina. En esa oportunidad, Torres había anticipado que la sintonía entre las tres provincias seguiría dando frutos en obras conjuntas, y Weretilneck había apelado a la identidad patagónica compartida por encima de los límites provinciales.
A eso se suma la conexión, meses antes, entre el gasoducto San Martín y el Gasoducto Cordillerano, otra obra tripartita que permitió dar factibilidad de gas a más de 12.000 familias de la región.
Aunque desde el entorno de los mandatarios son más escépticos sobre la “foto” y arriesgan que son “cuestiones de gestión”, el rebranding del antiguo grito federal no pasó desapercibido en la gélida región patagónica.
Como dato accesorio, las tres provincias decidieron afrontar erogaciones millonarias para compensar la retracción del Estado Nacional en materia de obra pública.
En el caso de Río Negro, con fondos del erario provincial el gobierno afrontó la culminación de obras en una sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche y la finalización de la construcción de la terminal de ómnibus de la misma localidad cordillerana, entre otras obras.
“Nación abandonó absolutamente el interior del país en todo lo que son obras y acciones” dijo Weretilneck, y ejemplificó con “rutas abandonadas, universidades abandonadas y en todo tipo de acción federal en las provincias”.
Mencionó además que “las provincias encaramos acciones para no fallarle a nuestra gente en la resolución de temas”. Aseguró que debido a la falta de compromiso del gobierno nacional en la ampliación del gasoducto, localidades entre Esquel y Junín de los Andes, incluyendo las de Río Negro, no podían lograr conexiones por falta de disponibilidad”.
“Los tres gobernadores, principalmente Chubut y Neuquén, afrontaron el costo a través de sus bancos para culminar esas obras” dijo el mandatario, y agregó que “la foto de hoy (entre los tres mandatarios), es la unidad de las provincias patagónicas, a sabiendas de que no podemos contar con el apoyo federal”.
Figueroa, por su parte, mencionó que la cooperación entre las provincias “permitió avanzar en soluciones concretas para los vecinos y aseguró que el próximo desafío será continuar ampliando la infraestructura energética para garantizar un abastecimiento seguro y suficiente en toda la región cordillerana”.
En términos políticos, los tres gobernadores están enfrentados al gobierno nacional y disputarán sus espacios con candidatos libertarios.
En el caso de Figueroa y Weretilneck, representan a partidos provinciales y Torres aún integra el PRO.
En las tres provincias, los armadores de Casa Rosada barajan nombres para disputar las conducciones provinciales y deberán compulsar con los mandatarios actuales quienes, a pesar de que aún no arriesgan confirmaciones, irán por sus reelecciones.
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POLITICA
A 10 años de la primera marcha, los movimientos sociales vuelven a peregrinar por Tierra, Techo y Trabajo
El próximo viernes 7 de agosto, a diez años de la primera peregrinación que visibilizó a cientos de miles de trabajadores de la economía popular que reclamaban por la “Ley de Emergencia Social”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos centrales de trabajadores —CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma—, y organizaciones piqueteras y sindicatos de bases, convocaron a una nueva marcha desde el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo, bajo las consignas históricas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
En un duro comunicado, la UTEP describió la situación marco de la protesta: “La jornada de este 2026 se da en un contexto de extrema gravedad. Las organizaciones venimos denunciando el desmantelamiento absoluto de las políticas destinadas a los sectores vulnerables, la eliminación definitiva de herramientas de ingreso para trabajadores de la economía popular como el Volver al Trabajo (originalmente el Salario Social Complementario), el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios y la parálisis de la urbanización en barrios populares, junto con el avance de medidas que destruyen incluso derechos laborales formales».
La jornada comenzará a las 8 de la mañana en la intersección de las avenidas Cuzco y Rivadavia, frente a la Basílica de San Cayetano, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva. Desde allí, la columna avanzará por la Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde a las 13 se realizará el acto central y la lectura de un documento unitario de las organizaciones.
A lo largo del trayecto se irán sumando organizaciones sociales, políticas, piqueteras, entre ellas el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y Territorios en Lucha. El grueso de los sindicatos que integran la CGT, como Bancarios, UOM, SMATA, entre otros, recibirán a los peregrinos en la cabecera de Plaza de Mayo, frente al palco desde el cual se leerá un único mensaje que ya consensuaron los dirigentes a cargo de la organización de la protesta contra Javier Milei.
A las 11 de la mañana, sobre Avenida de Mayo, a la altura del Congreso de la Nación, está previsto “un verdurazo masivo”, una feria de producción agraria y cooperativa, y se inaugurará una muestra fotográfica que repasa la historia de la movilización desde sus orígenes en 2016.
El secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, trazó el hilo entre aquella primera convocatoria y la de este año: “Hace 10 años comenzó a visibilizarse la Argentina profunda, miles de trabajadores que se inventan su propio trabajo ante el descarte del sistema, pero que reclaman reconocimiento y derechos. Aquel 2016 logramos instituir el Salario Social Complementario, que hoy este gobierno le está queriendo arrebatar a la economía popular como herramienta de subsistencia. Por eso seguimos caminando, por reconocimiento de nuestro trabajo y por mayores derechos”.
Aquella primera marcha de los denominados “Los Cayetanos” fue el puntapié de un proceso que derivó, meses después, en la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345). Entre otros espacios, esa masiva movilización, que unió a casi 300 mil personas, fue organizada por la UTEP, por entonces liderada por Esteban “Gringo” Castro; la CTEP, fundada por Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conducida por Juan Carlos Alderete; y dirigentes de la talla de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita;y Daniel Menéndez coordinador nacional de Barrios de Pie.
La normativa conquistada en base a esos reclamos, de los cuales también participaron las CTA y gremios de la CGT, instituyó el Salario Social Complementario como instrumento de ingreso para los trabajadores de la economía popular. Ese derecho conquistado es precisamente el que hoy el gobierno de Javier Milei busca desmantelar a través del cierre del Programa Volver al Trabajo, predecesor del Potenciar Trabajo.
La secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, precisó el alcance de los reclamos de este año: “Eliminaron el Salario Social Complementario. Desde este mes de agosto, más de 900 mil trabajadores dejan de cobrar su único ingreso fijo: una ofensiva cruel contra quienes nos organizamos”. La dirigente también señaló que la movilización del 7 de agosto se realiza “en unidad con las centrales sindicales, la universidad pública y los organismos de derechos humanos, con la convicción de no dar ni un paso atrás”.
Otro de los dirigentes que participará de la peregrinación de San Cayetano a Plaza de Mayo es uno de los primeros organizadores, Esteban “Gringo” Castro, actual referente del Movimiento Misioneros de Francisco. En diálogo con Infobae recordó: “El primer 7 de agosto sintetizó fe y lucha. En tiempos maravillosos, de nuestro amado papa Francisco, nuestro papa argentino, que tanto nos bancó predicando las ‘TresT’, Techo, Tierra y Trabajo. Pero esto empezó antes. Fue Saúl Ubaldini (ex secretario general de la CGT ya fallecido) quien lideró la primera marcha contra los milicos genocidas. Desde la cancha de Vélez al santuario de San Cayetano. Fue un 7 de noviembre de 1981. Él lo dice en un reportaje. Mientras las instituciones se cerraban, San Cayetano los recibió. Pero esto viene aún de más atrás. Cuando en 1930, con la sequía, un anónimo laburante del campo deja una espiga a los pies de la imagen del santo en nuestra querida iglesia en Liniers. Ahí empieza esto tan criollo, tan nuestro, que el santo venido de Nápoles, Italia, por San Mama Antula se hace patrono del pan y el trabajo porque logra que llueva en la sequía”.
Las organizaciones denuncian además el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios, la parálisis de la urbanización en barrios populares y el avance de reformas que afectan derechos laborales formales. Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur —una de las agrupaciones de Territorios en Lucha que también participará de la jornada—, advirtió que “casi 8 de cada 10 familias están salteando comidas” y que “lo que hay de fondo es un problema de modelo de país”.
La movilización del 7 de agosto viene precedida, además, por una marcha al Congreso el jueves 6 de agosto. Ese día, la UTEP, junto a organizaciones sindicales y sociales, repudiará el debate en el Senado del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que propone la derogación y modificación de aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La norma impulsada por el oficialismo eliminaría el tope del 15% vigente para la extranjerización de tierras rurales y lo elevaría al 25% y quitaría restricciones para adquirir tierras que contengan recursos hídricos y minerales.
La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sintetizó las demandas del sector al decir: “Marchamos para que a ninguna familia le falte su vivienda, su techo. Marchamos por ningún campesino sin tierra para producir, porque queremos la tierra en manos de quienes la trabajan y no en manos extranjerizadas. Estas son nuestras demandas históricas y, como decía nuestro hermano el papa Francisco, son derechos sagrados”.
La secretaria general adjunta Norma Morales remarcó el carácter colectivo de la construcción. “Aprendimos que ningún derecho se conquista en soledad, sino con la organización popular de las cooperativas, los espacios de cuidado, las promotoras, vendedores ambulantes, cartoneros, las mujeres y quienes sostenemos la vida todos los días”, dijo.
El secretario de Organización de la UTEP, Ramiro “Vasco” Berdesegar, amplió el horizonte político de la convocatoria: “Este 7 de agosto volvemos a ganar las calles con la unidad del conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Juntando fuerzas que nos permitan construir un proyecto político que termine con tanta sumisión al FMI; que le ponga fin a tanto ajuste y sufrimiento a nuestro pueblo”.
La marcha de San Cayetano es el primer hito de un agosto con agenda sindical densa. La siguiente acción conjunta de la CGT, las CTA y los movimientos sociales está prevista para la semana del 20 de agosto: una movilización al Ministerio de Economía para visibilizar la situación de siete millones de personas que dejaron de ser sujetas de crédito. El calendario continúa el 2 de septiembre con una marcha en el Día de la Industria, y entre el 4 y el 6 de septiembre con la Semana Social.
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