POLITICA
La nueva normalidad que se instaló al interior del Gobierno y las negociaciones sensibles que debe afrontar en los próximos meses
Hacia finales del 2024, La Libertad Avanza publicó una suerte de decálogo con los principios que describían la naturaleza de la acción mileísta. Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale cuatro, reza el séptimo punto, el cual parece describir el accionar de Javier Milei ante ciertas circunstancias: una de ellas fue mantener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a que en la amplia mayoría de su círculo de funcionarios políticos se opinaba lo contrario, aunque pocos fueron los que realmente le manifestaron esa lectura.
Adorni fue sostenido en su cargo por pura voluntad de los hermanos Milei, apalancados en la idea de que hay una conspiración política que busca desplazarlo. La administración libertaria debió soportar un desgaste sostenido desde las primeras noticias que circularon sobre su viaje a Punta del Este hasta las últimas novedades de la causa judicial que lleva adelante el juez Ariel Lijo, aunque con la investigación del fiscal Gerardo Pollicita. El jefe de Gabinete avisó tanto en su informe de gestión del pasado miércoles como en una entrevista radial posterior que no renunciará. Mala noticia para dos altas figuras del Ejecutivo que en privado coqueteaban con la idea de ser los reemplazantes. También para un sector del karinismo que se frotaba las manos con la posibilidad de que se lo eyectara.
Una fuente de la mesa política opina que la continuidad de Adorni sigue siendo un salvavidas de plomo para el oficialismo. “Ahora está saliendo a hablar, pero no va a poder cambiar la percepción que se instaló sobre él. Sigue escondiendo sus explicaciones y con el paso del tiempo se va a hacer más difícil si no da una justificación convincente. Ante todo, el silencio convalida”, marca.
El jefe de Gabinete quiere recuperar su función de vocero. Durante todo este lapso, en Casa Rosada marcaban que el portavoz provisorio iba a ser el propio Presidente. Así lo fue, pero solo a través de sus publicaciones de X, en conferencias sin posibilidad de que la prensa pudiera preguntar y en entrevistas periodísticas dosificadas. Los ministros del Gabinete están hace casi dos meses sin poder entrar a un plató de televisión porque no pueden eludir las preguntas acerca de Adorni.
El jefe de la administración quiere romper con ese cerco mañana a las 11 horas cuando retome sus conferencias de prensa con los acreditados de la Casa Rosada. Esto no está confirmado y puede mudarse al martes. Aun así, ¿se instala así una nueva normalidad, en la que todos los funcionarios responderán de aquí en adelante que la situación judicial del funcionario deberá ser aclarada en los tribunales? Es altamente probable que así sea y que se busque desincentivar ese tipo de preguntas. “Si hacen eso ya saben que la respuesta va a ser esa. Va a ser una pregunta perdida”, avisan en su círculo.
Pero la nueva normalidad es más profunda. Entre sus características está la judicialización de la política como parte del panorama diario.
Quienes conversan con Adorni perciben que tiene cierta de sed de venganza contra quienes apuntaron hacia él. Mira programas del prime time televisivo y asesta ante los suyos: “Son todos operetas”. “No entienden que la causa es una pelotudez”, opina, creyendo que hay investigaciones que ameritan más tratamiento mediático. Tal y como adelantó Infobae, el funcionario pretende que se produzca un “escarmiento” contra la diputada Marcela Pagano (Coherencia): “Espero que a ella le den la misma cabida mediática. Su causa sí es una bomba”.
Indicio de que este avance que pretende un sector del oficialismo cuenta con la venia de los hermanos presidenciales es que la diputada Lilia Lemoine -quien se considera a ella misma como la garante del proyecto mileísta- firmó un proyecto junto a otros catorce diputados nacionales para que se la denuncie por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni también prometió denunciar por espionaje al diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) luego de que este diera cuenta de los movimientos de su custodia y de su esposa, Bettina Angeletti.
Hasta hace un tiempo, los hermanos Milei no estaban interesados en la temática tribunalicia. En particular, el Presidente aborrecía la rosca judicial, al igual que la política sobre la inteligencia y la sanitaria. Pero fue su hermana quien el año pasado acordó con los primos Menem la inserción en el Ministerio de Justicia, con la colocación de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola como el pináculo de esa avanzada.
Ahora, ellos cinco están en posición de determinar la composición de cerca de un tercio de los jueces y fiscales federales: una circunstancia pocas veces vista a lo largo de la historia de la política judicial.
La situación de las vacantes de la Magistratura en el Poder Judicial al día de hoy es la siguiente:
- El Senado tiene a disposición los pliegos para cubrir 78 cargos (21% de las vacantes).
- El Poder Ejecutivo -es decir, Milei- ya tiene las ternas para 142 vacantes (38%).
- El Consejo de la Magistratura posee 150 vacantes (41% del total), pero estas tienen diferentes grados de avance según el caso: hay 15 que están a consideración del plenario, 10 que están listas para que se evalúen las entrevistas y luego se conformen las ternas; 31 que adeudan las entrevistas personales; y 94 que están en etapas previas.
Este miércoles se reunió la Comisión de Selección de Jueces del Consejo y determinó las ternas para dos de las vacantes más sensibles del Poder Judicial: dos cargos para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones de Comodoro Py, los cargos que actualmente ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Hubo tres propuestas y la que tuvo más votos fue la del consejero Diego Barroetaveña (representante de los jueces), obteniendo siete adhesiones, entre ellos la de los libertarios Gonzalo Roca (representante por Diputados) y Santiago Viola (Poder Ejecutivo). Tal y como se preveía antes de la sesión, Bruglia no logró prosperar hacia la terna de seis primeros candidatos. Quien sí lo hizo fue Bertuzzi al ascender numerosos puestos hasta la sexta posición.
Al respecto de jueces históricos… ¿será verdad que el oficialismo no descarta renovarle el cargo por cinco años al juez Martín Irurzun?
Menos comentado fue otro apartado de la sesión en donde se determinaron las ternas para el cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de Corrientes, el cual tiene competencia electoral. Eso es observado con particular atención de parte del radicalismo correntino, que es oficialismo en la provincia y que tiene al senador Eduardo Vischi como principal delegado e interlocutor con el Gobierno Nacional.
No son pocos los juzgados electorales que están vacantes en distintos puntos del país. Esto es algo que mira con atención el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, quien está en diálogo constante con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para tejer las candidaturas en función de los intereses del oficialismo. Los ministros judiciales y los primos riojanos han conformado una mesa judicial en la cual debaten el timing para proponer cada paso de las ternas: apresurarse en el envío de la gran mayoría de las vacantes al Senado podría generar un cuello de botella que pueda hacer caer los acuerdos para el resto de las vacantes.
El tiempismo en esta nueva etapa del oficialismo en la cual varios sectores opositores comenzaron a dar sendas muestras de que están mirando los armados para las elecciones provinciales y presidenciales. En ese contexto es que el Gobierno no quiere perderle pisada a la agenda legislativa, la cual se empezará a empantanar cada vez más en la medida que se avizore la llegada del 2027.
Esto ya es sentido desde el oficialismo en el Poder Legislativo, donde habrá actividad en comisiones pero sin sesiones: “Tenemos la posibilidad de discutir en sesión la Ley Hojarasca y algunos tratados internacionales, pero estamos finitos. La posibilidad de no tener quórum se paga caro. Por lo que vamos a esperar a temas que tengamos quórum y aprobemos leyes”, advierten en Diputados.
Señal de esa urgencia es que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya tiene el visto bueno para comenzar a recorrer las provincias en búsqueda de consensos sobre diferentes asuntos. El próximo jueves hará una primera parada en San Juan para reunirse con el gobernador Marcelo Orrego, uno de los que más colaboraciones y sintonía ostenta con el Gobierno.
Hay varios asuntos que “el Colo” se llevará entre sus carpetas para poder comenzar a rosquear con los jefes provinciales. Uno de los más preponderantes será la eliminación de las PASO o, cuanto menos, su suspensión para el próximo período electoral. El oficialismo no tiene los números para poder impulsarla en ninguna de las dos cámaras y depende de que existan grandes concesiones de su parte para endulzar los oídos de los gobernadores. “Más que las PASO, Diego va a hablar más sobre cuestiones de gestión como el estado de las obras públicas, las rutas nacionales y las cajas jubilatorias”, afirman.
Ante el guardado de Adorni pudieron verse nuevas reuniones de coordinación de gestión que no requirieron la presencia del jefe de Gabinete, incluso teniendo en cuenta que abarcan importantes áreas de la administación pública y el oficialismo. Una de ellas la cumbre que presidió esta semana la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los primos Menem, Santilli y representantes de su ministerio. Horas antes había recibido al viceministro José Luis Daza.
Volviendo a las negociaciones políticas, todas estas deben estar conversadas en parte con el Ministerio de Economía, que en su cúpula opina que es la política la que debe lograr los consensos necesarios para que la economía termine de catapultarse. Esta tiene como limitante el sensible margen para aplicar políticas de gasto sin quebrantar la norma de déficit cero. En marzo, el Tesoro presentó una deuda flotante (gastos realizados pero no pagos) que creció casi $2 billones solo en marzo.
Contraria es la perspectiva que está teniendo el Gobierno en materia de reservas. Abril fue el mes con mejores niveles de compras en dos años: con USD 2.900 millones, prácticamente duplicó el promedio de adquisiciones del primer trimestre. Aun así, la consultora 1816 (la más seguida por la City porteña) advierte que todo el saldo comercial se lo llevó la formación de activos externos del sector privado (las compras para pagar gastos con tarjeta en el exterior es un ejemplo de este componente).
“Teniendo en cuenta el saldo neto entre esas dos cuentas es que se vuelve fundamental que Argentina mantenga un ingreso constante de divisas por préstamos en moneda extranjera, sea al sector público o al sector privado”, advierten. Algo mismo parecido resaltó GMA Capital en su dossier semanal: “La demanda privada de divisas, los egresos financieros y los pagos de utilidades absorben la oferta del agro y limitan la acumulación genuina”.
El Gobierno quiere acelerar las privatizaciones para poder dar un gesto a los mercados de que puede seguir acumulando divisas por otros mecanismos. En tanto, estos procesos están algo más atrasados de lo que se preveían. Las condiciones de la concesión de AySA se conocieron días atrás cuando estaba previsto que salieran en el primer trimestre del año. Lo mismo con el importantísimo pliego del Belgrano Cargas y Logística. “El MECON lo tiene medio trabado porque tiene que rescindir un par de contratos de obra que no rescinde por inoperantes”, asestó una fuente inobjetable de Presidencia. El pliego saldrá durante mayo, prometen.
El resultado de la licitación internacional por la Hidrovía no se conocerá este mes. La segunda etapa de la evaluación es sobre los aspectos técnicos, los cuales constan de más de 2000 páginas repletas de argumentaciones y detalles específicos que hacen al plan de dragado y mantenimiento de la vía navegable que proponen las dos compañías belgas que quedaron en condiciones de competir, DEME y Jan de Nul.
Business,Domestic Politics,Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
Con la mira puesta en las elecciones 2027, La Libertad Avanza salió a buscar afiliados en los municipios bonaerenses
La Libertad Avanza hizo este sábado una campaña de afiliación masiva en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entre las 11 y las 13, el partido del presidente Javier Milei puso mesas en plazas y estaciones de transporte público de distintas localidades, donde senadores, diputados, concejales y dirigentes barriales hablaron con los vecinos y sumaron nuevos afiliados, a pesar del mal tiempo en casi toda la provincia.
La actividad la organizaron los referentes provinciales, los legisladores y los responsables de cada sección electoral, en coordinación con la conducción del partido en la Provincia, que encabeza el diputado nacional Sebastián Pareja. El objetivo es aumentar la cantidad de afiliados en el distrito con más votantes del país, de cara a las elecciones de 2027.
“Es muy inspirador que la gente se acerque a sumarse a La Libertad Avanza. Pero mejor que eso es ver cómo siguen demostrando su apoyo al Presidente, al proyecto de país y cómo se disponen a escuchar nuestra propuesta para la provincia”, dijo Pareja en un comunicado partidario. Y agregó: “Hay una demanda muy grande de cambiar las cosas en Buenos Aires y estoy convencido de que somos la opción que mejor entiende lo que sufren los bonaerenses”.
El dirigente sostuvo que la participación se vio “en los 135 distritos” y anticipó que el partido va a seguir con el trabajo territorial en cada municipio. “Nuestro objetivo no es solamente consolidar una alternativa política, sino construir el proyecto que finalmente pueda transformar de raíz la provincia de Buenos Aires”, afirmó.
En la previa, La Libertad Avanza bonaerense había convocado con un mensaje directo contra el peronismo: “Afiliate para terminar con el kirchnerismo en la provincia”. En la publicación en sus redes, el partido dijo que está “construyendo la fuerza política que va a transformar la Provincia de Buenos Aires para siempre”.
La discusión por las candidaturas
La campaña de afiliación va en paralelo a las discusiones por las candidaturas dentro del oficialismo tanto para el distrito bonaerense como a nivel nacional. En LLA evitan dar nombres para la candidatura a gobernador, pero estiman que, por las encuestas y el nivel de conocimiento, un candidato para enfrentar al peronismo podría ser el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Algunos dirigentes piden que no se descarte a Pareja si Santilli termina compitiendo por la Jefatura de Gobierno porteño, para suceder a Jorge Macri.
A su vez, en el partido que conduce Karina Milei aseguran que habrá un acuerdo electoral con el PRO, con parte de la UCR y con fuerzas vecinales. Cuando esos acuerdos estén cerrados, se van a discutir las candidaturas en los 135 municipios.
Pese a las tensiones, en el Gobierno miden a Patricia Bullrich y la imaginan como compañera de fórmula de Javier Milei en 2027
A nivel nacional, y tal como anticipó TN, pese a las tensiones internas en el Gobierno miden a Patricia Bullrich y la imaginan como compañera de fórmula de Milei en 2027. En Balcarce 50 consideran que la senadora “es la opción más fuerte” para acompañar al Presidente y descartan que compita por fuera del oficialismo. A pesar del malestar por sus declaraciones y movimientos electorales, la orden es evitar una confrontación pública.
La Libertad Avanza, Javier Milei, Elecciones 2027
POLITICA
El papa León XIV recibió una carta de las universidades argentinas con duras críticas al gobierno por la crisis presupuestaria
El papa León XIV recibió en el Vaticano una carta de las universidades públicas argentinas en la que cuestionan al gobierno de Javier Milei por el deterioro presupuestario del sistema y por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El documento fue entregado por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
La presentación tuvo lugar durante la audiencia general que el Pontífice encabezó en el Vaticano. Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), llevó el texto en representación de las autoridades universitarias, en la antesala de la visita de León XIV a la Argentina prevista para noviembre.
La carta plantea que el conflicto excede la discusión sobre las partidas destinadas a las casas de estudio. Las universidades sostienen que la falta de ejecución de una ley aprobada y ratificada por el Congreso, junto con las disputas judiciales por su cumplimiento, afecta el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El documento llegó el miércoles pasado a manos del Papa, seis días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre. Para los involucrados en las gestiones para el encuentro, la decisión del sumo pontífice de recibir el reclamo implicó, en los hechos, un fuerte gesto político. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas reclamaron entonces una recomposición salarial, recursos para las universidades y el cumplimiento de la legislación vigente.
Además, la audiencia se realizó un día después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitiera una apelación del Poder Ejecutivo vinculada con la ejecución de una medida cautelar sobre salarios y becas. La decisión representó un avance procesal para el Gobierno, aunque no resolvió el fondo del conflicto.
Las universidades alertaron al Papa por el cumplimiento de la ley y la división de poderes
La carta tiene tres páginas y reúne datos sobre la reducción de recursos, el impacto en la enseñanza y la investigación, y cuestionamientos a lo que el CIN define como una campaña de descalificación contra la educación superior pública.
“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República”, afirma el texto al que accedió Infobae. Según el documento, el Gobierno ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y desoye las decisiones judiciales que ordenan su aplicación inmediata.
El CIN advirtió que el desacuerdo tiene consecuencias institucionales. “Cuando el gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, señalaron las autoridades universitarias.
Durante el encuentro, Bartolacci transmitió al Pontífice el saludo de la comunidad universitaria y sus expectativas ante su próxima llegada al país. “Fue un honor saludar al Papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó el rector.
El titular del CIN indicó que buscaban brindarle al Papa información precisa sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia antes de su visita, prevista para el 8 de noviembre próximo. También manifestó la expectativa de que su presencia contribuya a promover el diálogo en un escenario de tensiones políticas y económicas.
El organismo no informó que León XIV haya asumido compromisos específicos sobre el reclamo. La audiencia tuvo como objetivo ponerlo al tanto de las dificultades que atraviesan las instituciones y de la posición de las autoridades académicas.
El CIN calculó que la inversión universitaria cayó al 0,47% del PBI en 2026
Uno de los principales argumentos de la presentación está vinculado con la evolución del gasto destinado al sistema. Según el documento, el presupuesto de las universidades nacionales pasó de un promedio de 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 a 0,47% en 2026.
Para las autoridades académicas, esa cifra constituye el nivel más bajo de inversión histórica en el sistema universitario argentino. La baja equivale a 0,27 puntos porcentuales del PBI frente al promedio de los ocho años anteriores, una reducción cercana al 36,5% en términos relativos.
El CIN afirmó que la restricción de fondos condiciona el funcionamiento cotidiano de las universidades y alcanza a los proyectos de investigación científica, las tareas de extensión, la vinculación tecnológica y la compra de equipamiento.
La carta también relaciona la situación con las trayectorias estudiantiles. “Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza”, señala el texto, que menciona entre sus efectos las dificultades para sostener las actividades científicas y garantizar que los estudiantes completen sus carreras.
Las autoridades recordaron una definición del papa Francisco, quien calificó a los recortes en educación como un “suicidio programado”. La cita fue incorporada para reforzar el lugar que la educación ocupa, según el CIN, en las políticas de inclusión y desarrollo.
La Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 fue sancionada por el Congreso y luego ratificada con mayorías especiales tras el veto presidencial. La norma contempla mecanismos de recomposición presupuestaria, actualizaciones salariales para docentes y no docentes y recursos para las becas estudiantiles.
El Poder Ejecutivo condicionó su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que debían identificarse las fuentes de financiamiento. A partir de esa decisión, las universidades iniciaron reclamos judiciales para exigir el cumplimiento de la norma.
El juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick dictó resoluciones favorables a los reclamos universitarios, entre ellas una cautelar sobre salarios y becas. También declaró inconstitucional la condición fijada por el Gobierno para ejecutar la ley.
El 20 de octubre, la Sala III de la Cámara habilitó la revisión de decisiones que el magistrado de primera instancia había considerado inapelables. El tribunal entendió que el Estado podía discutir la continuidad de la cautelar, ante el planteo oficial de que había perdido vigencia luego de la sentencia de fondo.
La Cámara no definió si la cautelar sigue vigente ni estableció si el Gobierno cumplió con las obligaciones ordenadas. Los jueces aclararon que admitir la apelación no implicaba adelantar una posición sobre el cumplimiento de la medida.
Para el Gobierno, la resolución respaldó su postura en el litigio. Las universidades, en cambio, mantuvieron su reclamo por la aplicación efectiva de la ley y por la asignación de recursos en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.
En su documento, el CIN sostuvo que el sistema universitario público reúne a cerca de tres millones de personas en más de 70 instituciones de distintas tradiciones académicas. También destacó su aporte a la movilidad social, la formación profesional, la producción científica y el desarrollo tecnológico.
“La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país”, planteó la carta. El organismo vinculó el financiamiento de esas capacidades con la posibilidad de agregar valor a las materias primas y generar empleo.
El texto también recuperó reflexiones de León XIV sobre el diálogo, la comunicación y la búsqueda de la verdad frente a la desinformación y la polarización. Para el CIN, las universidades deben formar ciudadanos capaces de contrastar fuentes y participar de los debates públicos.
“La universidad argentina, pública, gratuita y federal, es una valiosa conquista de muchas generaciones y nuestra responsabilidad es preservarla para quienes vengan”, concluye uno de los últimos pasajes de la carta.
Las autoridades universitarias expresaron su confianza en que el reconocimiento del Pontífice al sistema, su palabra y su bendición permitan renovar la confianza en las instituciones democráticas. La presentación en el Vaticano sumó así una instancia internacional a un conflicto que seguirá abierto en el Congreso y en los tribunales.
POLITICA
El Gobierno demora las sanciones a empresas que operan en Malvinas en medio de tensiones por la nueva ley
El Gobierno demora la aplicación de nuevas sanciones contra empresas vinculadas con actividades económicas en las Islas Malvinas, mientras persisten las tensiones internas por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La Casa Rosada abrió procedimientos administrativos contra 60 personas y compañías en septiembre, pero todavía no confirmó resoluciones definitivas correspondientes a esos expedientes. En el Ejecutivo aseguran que la iniciativa legislativa sigue siendo una prioridad de Javier Milei, aunque reconocen diferencias sobre el alcance del nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
Las actuaciones anunciadas por el Gobierno se encuentran bajo la órbita de Cancillería, que trabaja de manera reservada con la Secretaría Legal y Técnica. “Lo está manejando la Secretaría de Malvinas de forma confidencial con Legal y Técnica”, expresan en Nación al ser consultados sobre la posibilidad de aplicar penalidades antes de la aprobación de la nueva ley. En otros despachos oficiales evitaron precisar cuándo se firmarán las primeras resoluciones sancionatorias.
La diferencia es que los anuncios realizados hasta ahora corresponden a la apertura de procedimientos y no a la imposición efectiva de nuevas penalidades. El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que la Cancillería había iniciado actuaciones contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas violaciones a la Ley 26.659. Cuatro días después incorporó a otros 15 sujetos, entre empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.
La legislación vigente ya permite inhabilitar durante un período de cinco a veinte años a quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina o participen de operaciones prohibidas. El procedimiento requiere determinar previamente la responsabilidad de cada involucrado. El Gobierno también cuenta con antecedentes de sanciones anteriores contra empresas petroleras, pero los nuevos expedientes anunciados en septiembre todavía no se tradujeron en una nómina confirmada de penalidades definitivas.
El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, incorporó herramientas para acelerar esas investigaciones. La norma designó a Cancillería como autoridad de aplicación, estableció un plazo de diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores presenten sus descargos y reforzó la coordinación entre organismos estatales.
También sumó controles vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que exige verificar el cumplimiento de la legislación sobre actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
La Casa Rosada pretende ampliar esas facultades mediante la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviada a Diputados el 17 de septiembre. El proyecto busca reemplazar la normativa vigente por un régimen que alcance la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables, además de endurecer las sanciones contra las empresas directamente involucradas, sus accionistas y proveedores. También contempla restricciones comerciales y mecanismos para promover el abandono de las actividades cuestionadas.
“No vamos a adelantar la jugada, pero la nueva ley permitiría sanciones más severas y herramientas más fuertes para sancionar el accionar de actividades económicas de todo tipo en las islas”, sostuvo otro funcionario del Ejecutivo.
La fuente aseguró además que la intención oficial es avanzar con el proyecto pese a los desacuerdos parlamentarios. En Nación consideran que las modificaciones legislativas permitirían ampliar el alcance de las medidas más allá de la actividad petrolera.
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