POLITICA
La pulseada política entre Tierra del Fuego y la Casa Rosada por el control del puerto de Ushuaia
USHUAIA.-La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional el 21 de enero pasado genera tensiones políticas, reclamos laborales y preocupación en uno de los sectores clave de la economía fueguina: el turismo. Además, podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.
Ángel Brisighelli, presidente de la federación que reúne a los empresarios turísticos de la zona, advirtió que la principal preocupación radica en las consecuencias de la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada.
“Lo que inquieta es la pelea política y cómo eso puede afectar la dinámica del puerto a futuro”, sostuvo Brisighelli en Radio Provincia.
El gobierno de la provincia, a cargo de Gustavo Melella, ha mantenido una postura crítica frente a la intervención, sobre todo, por la falta de información oficial por parte de los interventores. Y ahora recurrió a la Justicia para retomar el control.
El interventor es Iñaki Miguel Arreseygor. Fue designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para encabezar la intervención operativa y administrativa. Junto con él, designaron hace algunas semanas a Fernando Ariel Polizzi, alineado con el senador nacional Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza). Polizzi estaba antes al frente del PAMI fueguino.
El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Miguel Ramírez, denunció “un avasallamiento” y fue crítico de la intervención. “El balance que hacemos de estos meses es sumamente negativo. Es un avasallamiento y una intervención de facto que tuvo la Nación con falsedades y con inventos sobre situaciones que el puerto no tenía”, dijo a .
Ramírez remarcó que el puerto tenía su certificado de operación normal e incluso avanzaba trabajos en forma conjunta con la Nación para futuras reparaciones. “Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa, y el posicionamiento geopolítico. En la mitad de la temporada entró gente que no tenía idea sobre cómo manejar un puerto, tiraron por la borda la confianza que supimos construir desde la pandemia, que nos costó muchísimo poder recuperar. Fuimos el único puerto que sólo canceló una temporada”, dijo.
“Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile. Por eso también es un balance negativo. Acá hay incertidumbre, no hay comunicación ni contacto con la gente de la intervención ni siquiera el gobernador, la vicegobernadora o nosotros como autoridades podemos ingresar al puerto, no dejan ingresar a legisladores ni a nadie, es una anarquía. Hay quejas por parte de los operadores y de los agentes marítimos de cómo son las operaciones, de los planos, que nosotros trabajamos con meses de antelación”, argumentó Ramírez su malestar con la intervención.
“Las empresas están pidiendo los certificados de desratización, que nosotros teníamos al día hasta diciembre, mes previo a la intervención. Ahora los están pidiendo las empresas por la situación de alarma sanitaria y todavía no les contestaron, lo que nos hace presuponer que no tienen certificados de estos meses, o sea de enero a la fecha”, advirtió Ramírez ante el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero.
“Eso no significa que el hantavirus haya salido del puerto de la ciudad, pero sí que se redujeron al máximo todas las medidas de controles que estábamos haciendo: controles de equipaje, escaneo de maletas, controles de personas, de personal, de cámaras. Hoy la Prefectura Nacional Argentina también es cómplice de este avasallamiento y de esta irrupción, el prefecto mayor que está acá responde a órdenes nacionales y lamentablemente lo consideramos cómplice de esta usurpación”, denunció Ramírez.
La temporada que viene aparece como incierta: “Tenemos contacto con la Asociación de Líneas de Crucero de Gran Porte y la IATTO que operan turismo antártico, pero hay incertidumbre sobre cómo se va a operar y quien estará a cargo de la operación en la temporada 2026-2027”.
Preocupa que el beneficio de lo que sucede perjudique las recaladas locales y que los barcos migren a Chile. “Hay empresas que ya eligen Punta Arenas por la incertidumbre que esto genera. Tenemos el buque Ushuaia que en vez de estar parando acá eligió Punta Arenas por la improvisación de gente que hoy tiene el poder, gente que avasalla. No en vano la intervención fue a las 12 de la noche, con patovicas. No siguieron los canales comunes o formales que suponiendo que estaba todo tan mal deberían haber seguido”, enfatizó Ramírez.
Autoridades portuarias afirmaron a que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con su área legal, un estudio jurídico de Buenos Aires y personal propio hizo presentaciones ante la Corte Suprema sobre la intervención y la Fiscalía también estaría tomando intervención directa para defender los intereses de la provincia. “Tenemos el historial del puerto desde 1992 con la ley 24.093 de traspaso de puertos a la provincia. La Corte Suprema tiene el historial desde junio de 1992 de lo que hizo la provincia por el Puerto de Ushuaia”, señalaron.
El conflicto adquiere una dimensión aún más compleja por la situación de los trabajadores portuarios.
Desde el mismo 21 de enero, empleados del puerto denuncian que no han podido ingresar a sus puestos laborales, lo que derivó en un fuerte reclamo del sector. La falta de respuestas concretas ha ido incrementando el malestar, y en los últimos días surgieron advertencias sobre posibles medidas de fuerza que podrían impactar directamente en la operatoria.
La posibilidad de que el conflicto laboral escale preocupa tanto al ámbito político como al sector privado. El puerto de Ushuaia no solo es una infraestructura estratégica para la provincia, sino también un punto neurálgico para el turismo antártico y la actividad económica regional. Cualquier interrupción en su funcionamiento podría tener consecuencias en la llegada de cruceros, el abastecimiento y la imagen del destino a nivel internacional.
En este contexto, distintos sectores coinciden en la necesidad de avanzar hacia una instancia de diálogo que permita descomprimir la situación. La combinación de intervención nacional, falta de información oficial, conflicto con los trabajadores y tensión política configura un escenario de incertidumbre que contrasta con la normalidad operativa registrada durante el verano.
Por ahora, el Puerto de Ushuaia sigue funcionando, pero el foco ya no está únicamente en su capacidad operativa, sino en la estabilidad institucional y política que garantice su continuidad sin sobresaltos.
“Quieren manejar el puerto a 3 mil kilómetros, quieren el negocio, no les interesan el puerto ni los fueguinos”, denuncian los más críticos.
Por su parte, a pesar de no dar declaraciones ni entrevistas acerca de la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) oficializó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para el recambio y renovación del sistema de defensas del muelle. Según se informó desde Buenos Aires a través de gacetilla oficial “la obra contempla la provisión y colocación de 75 nuevas defensas, en reemplazo de equipos deteriorados, con roturas y diferencias de tamaño que actualmente impiden su correcto funcionamiento, particularmente en los sitios 3 y 5”.
El anuncio realizado días atrás marca el inicio de una etapa de obras estructurales que, según la propia intervención, llega luego de “tareas iniciales de emergencia y mantenimiento que habrían permitido sostener la operatoria durante la temporada alta sin inconvenientes”.
Desde la ANPYN se aseguró que el financiamiento de esta obra proviene “íntegramente de los ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria”, pero no se brindaron precisiones sobre el volumen de recursos administrados desde la intervención ni sobre su asignación detallada, más allá de la promesa de mecanismos de licitación con acceso público.
Desde el entorno de la intervención sostienen que ninguna de estas obras estaba contemplada en el presupuesto previo del puerto. En este contexto, el inicio de las obras aparece no solo como un paso necesario para la infraestructura, sino también como un intento de mostrar resultados concretos tras cuatro meses de intervención en medio de las dudas sobre el manejo económico del puerto de Ushuaia.
intervención del Puerto de Ushuaia,la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada,el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero,Sol Agusti,Tierra del Fuego,Conforme a,,Análisis. Las dos paradojas de Milei,,Retroceso. Por sexto mes consecutivo, el Gobierno cayó en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella,,Del desplante al saludo. Javier Milei y Jorge Macri mostraron otra postal en el Tedeum y en el Cabildo,Tierra del Fuego,,Tras fracasar su venta. El fabricante de los aires acondicionados Electra y Fedders fue declarado en quiebra,,En bandadas. Aves únicas que seducen a turistas y sobrevuelan un relleno sanitario bajo la lupa,,Turismo a tope y normalidad cotidiana. Cómo vive la ciudad que el mundo observa por el brote de hantavirus en un crucero
POLITICA
El PJ Federal le hizo un guiño al campo y vuelve a poner en debate el programa económico del peronismo
El PJ Federal, que se presentó el 1 de mayo en Parque Norte e impulsó un debate sobre el plan económico que debe tener el peronismo si vuelve a ser gobierno, sumó un segundo acto para consolidar la propuesta y dar cuenta, hacia el interior del país, que el espacio, sin candidato nacional, tiene los brazos abiertos para recibir propuestas y nombres propios.
En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el esquema que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával, le hizo un guiño al campo, al ponerlo en el vértice de las prioridades que debe tener la actualización del programa económico del peronismo. Un sector que ha vivido momentos de mucha tensión con el PJ durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
“Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional”, indicaron los federales en el documento emitido este lunes, bajo el título “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”, en el cierre del acto central. Fue, claro está, un mensaje sobre las decisiones del pasado que tuvieron el sello K.
El peronismo federal quiere cerrar la grieta que existe con el campo desde el 2008 a esta parte. Con altibajos, pero con tensiones sistemáticas, el PJ ha tenido una relación marcada por las descalificaciones y los reproches con el sector agropecuario. Entre las heridas que este espacio considera que hay que suturar está el vínculo con los productores y sus representantes institucionales y políticos, que tiempo atrás confluyeron en lo que fue llamada la Mesa de Enlace.
La idea que manifiestan tiene que ver con “dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales” y “plantear la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional”, según expresó uno de los dirigentes presentes a este medio.
“La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”, explicaron los federales, dándole mayor volumen al debate de la fuerza política respecto al plan económico que debe tener el justicialismo si logra volver al poder.
En el documento final, enumeraron ocho propuestas para mejorar las condiciones del sector agropecuario. Se refirieron a una reforma integral impositiva; una nueva ley de semillas; la modificación en la ley de riego; una modernización de rutas, puertos, caminos rurales y ferrocarriles para tener una mejor logística de conectividad; darle mayor impulso a las economías regionales; el fortalecimiento de organismos técnicos; incentivos y financiación para renovar la maquinaria agrícola; y mayor capacitación y formalidad en el trabajo rural.
“La política para el sector agropecuario y agroindustrial debe estar firmemente orientada a generar mayor producción de todas y cada una de las cadenas productivas, de la soja al girasol, de las peras al limón, de las nueces a las almendras, de la carne bovina a la aviar, de las semillas de última generación a la producción orgánica”, expresaron los dirigentes en el documento.
Al igual que en el encuentro en Parque Norte, uno de los presentes más destacados fue el co-secretario general de la CGT, Christian Jerónimo. También acompañaron el diputado mendocino Emir Félix; el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; el legislador puntano Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional y ex gobernador entrerriano Gustavo Bordet; los legisladores santafesinos Roberto Mirabella y Marcelo Lewandowski; la diputada porteña Kely Olmos y el diputado jujeño Guillermo Snopek.
En la lista aparecen también el senador nacional por San Luis Fernando Salino; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el secretario de Integración Territorial del Gobierno de Córdoba, Nadir Nifuri, que fue enviado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el diputado misionero Alberto Arrúa, la legisladora correntina Celeste Ascúa y varios dirigentes de Chaco como Josefina Gonzalez, Javier Martínez, Marcela Duarte y Judith Gómez.
En el grupo que estuvo arriba del escenario hubo también varios intendentes y legisladores del peronismo entrerriano como Isa Castagnino, Gustavo Bastian, Adriana Meza Torres, Adrián Fuertes, Rosario Romero, Lorena Arrozogaray, Martín Oliva, Adán Bahl, Marianela Marclay, José Lauritto, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Ricardo Bravo
En el PJ federal consideran que con la propuesta de debate que hicieron en Parque Norte, un mes y medio atrás, abrieron una discusión que no estaba instalada en el peronismo. La principal tiene que ver con la importancia del equilibrio fiscal en el plan económico. El kirchnerismo dio su mirada pública y puso sobre la mesa otra postura. Lo más importante de ese movimiento fue desempolvar los prejuicios y las miradas ideologizadas para empezar a discutirlas con tiempo y de cara a la gente.
Durante su discurso, Tolosa Paz consideró que “las decisiones del peronismo que viene se deben tomar en función de representar y reflejar a la Argentina federal” y remarcó que el espacio que representa tiene la voluntad de profundizar el debate sobre “los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro”. En ese sentido, agregó: “No hay economía que funcione con la gente pasándola mal”.
A su turno, Juan Manuel Olmos aseguró: “Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos”. En su presentación, hizo una referencia a la ex presidenta de la Nación y su condena. “Creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027″, sentenció.
La aparición de Cristina Kirchner en un par de discursos fue uno de los cambios que hubo en los mensajes de la jornada. En Parque Norte nadie la había nombrado. Parece ser una señal de cercanía, lo que no implica poner su causa política y penal en el principal lugar de la agenda política.
Por su parte, Guillermo Michel dio un mensaje de futuro electoral. “Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Además, planteó que el desafío de la fuerza política en su conjunto es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.
Uno de los discursos más potentes del acto fue el del mendocino Emir Félix. “No podemos caer en la trampa de quedar presos de las internas y los candidatos. Tenemos que abrazar a todos. Los peronistas tenemos que estar cerca, entender lo que sucede y tener propuestas claras, para construir un andamio que pueda elevar a nuestros candidatos”, precisó.
Además, autocrítica mediante, consideró: “Tenemos que readaptar las ideas a la nueva realidad de la Argentina. Tenemos que recalcular lo que hemos venido planteando. No podemos ir hacia un 2027 con una foto vieja de lo que sucedió anteriormente en la Argentina. Hay una realidad nueva. Hay que entender cuál es la realidad en cada rincón e interpretarla”
El PJ Federal propuso, en primera instancia, debatir sobre la importancia del equilibrio fiscal en un eventual gobierno peronista. Ayer sumó a esa agenda de debate el vínculo político y productivo con el campo, y las reformas que deberían realizarse para que el sector tenga una mejora en sus condiciones productivas y de conectividad. Temas centrales de un programa económico que debe ser debatido hacia el interior del peronismo. Porque, en el fondo, la intención principal es construir una alianza en unidad con todos las ramas internas, para poder ser competitivos en el 2027.
PJ Federal en Entre Rios
POLITICA
Sur Finanzas: las nuevas indagatorias apuntan a la ex cúpula directiva del Club Atlético Banfield
La causa judicial que vincula a la AFA con Sur Finanzas toma un nuevo impulso esta semana: el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó declaraciones indagatorias para los ex directivos del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker, además de los representantes legales de las personas jurídicas Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
La medida llega semanas después de que cinco de los imputados del entorno del financista Maximiliano Ariel Vallejo, amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se negaran a responder preguntas ante el tribunal.
La resolución, dictada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, se enmarca en la causa FLP 29107/2025, caratulada “Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303, denunciante Auriga League S.A.“. La acusación sostiene que una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield operó de manera independiente pero conectada con el holding Sur Finanzas, al que la fiscalía ubica como el núcleo operativo de una estructura profesionalizada en el lavado de activos.
El instrumento central de esa maniobra habría sido el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, constituido en 2012, y la empresa Banfileños S.A., ambas controladas por las mismas personas que dirigían el club.
Las fechas de las indagatorias
El juez Armella fijó tres fechas para las comparecencias ante el tribunal, con sede en Lomas de Zamora:
- 18 de junio, a las 10:00 hs.: Eduardo Juan Spinosa
- 18 de junio, a las 10:30 hs.: Federico José Spinosa
- 24 de junio, a las 10:00 hs.: Ignacio Javier Uzquiza
- 24 de junio, a las 10:30 hs.: Oscar Fabián Tucker
- 25 de junio, a las 10:00 y 10:30 hs.: los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña
A todos los imputados se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, prohibición de contactarse con los otros imputados y restricción para alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial. La Dirección Nacional de Migraciones fue notificada de las restricciones de salida.
Los cargos y el rol de cada imputado
Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del Club Atlético Banfield, y también presidente de Banfileños S.A. y del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, enfrenta la imputación más grave del grupo.
La fiscalía lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado por la habitualidad. La acusación lo ubica como el vértice de toda la estructura: desde su posición en el club, derivaba los ingresos hacia la fiduciaria que él mismo controlaba. Esa operatoria quedó plasmada, según el expediente, en endosos manuscritos de cheques del Banco Bica incautados durante el allanamiento a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, donde puede leerse de puño y letra de Spinosa la instrumentación del desvío hacia la cuenta del fideicomiso.
Federico José Spinosa, hermano del anterior y ex vicepresidente de Banfileños S.A., responde a la imputación como miembro de la asociación ilícita, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado.
La fiscalía señala que aportó su firma y su rol de intraneus para consolidar las obligaciones abusivas contraídas por el club. Figura también como firmante de los dos contratos de mutuo celebrados en julio y octubre de 2023 con Sur Finanzas Group S.A., por los que el club se comprometió a devolver en menos de seis meses un total de USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses.
Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero de Banfield y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), está imputado por asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautor. La acusación destaca que, desde el control de la tesorería, suscribió junto a los hermanos Spinosa los mutuos usurarios en los que la dirigencia declaró haber recibido un millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.
Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente del club, es imputado por asociación ilícita en calidad de miembro y lavado de activos agravado por la habitualidad. Según la fiscalía, garantizó desde la vicepresidencia la continuidad política y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente.
La acusación identifica a esas dos entidades como el núcleo del esquema de opacidad diseñado para reciclar los fondos desviados del club: cualquier financiamiento externo obtenido por Banfield quedaba automáticamente canalizado a través del vehículo fiduciario administrado por las mismas autoridades que conducían la institución.
El antecedente: silencio y una defensa solitaria
El juez Armella ya había citado a declarar a seis personas del entorno de Vallejo. Cinco de ellas —Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista; María Fernanda Sena Argis; Bárbara Denise Sena Argis; Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez, se negaron a responder preguntas ante el tribunal. Esa actitud no produce efectos procesales adversos, dado que el artículo 18 de la Constitución Nacional impide interpretar ese silencio como indicio de culpabilidad.
El único que se defendió ante los investigadores judiciales fue Maximiliano Ariel Vallejo. Lo hizo el 26 de mayo: entregó un escrito, respondió únicamente las preguntas de su propia defensa y se proclamó inocente. “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”, sostuvo en ese documento.
De manera oral, calificó el expediente como una causa “mediática” y afirmó que sobre él pesaba una percepción de culpabilidad “por dichos populares de los medios”. Sobre los USD 110.000 en moneda extranjera hallados durante los allanamientos, dijo que habían sido adquiridos legalmente tras el levantamiento del cepo cambiario en 2025.
Frente a la imputación por lavado de activos, sostuvo: “Debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay”. Respecto de los contratos de mutuo con el Club Atlético Banfield, se definió como “un simple sponsor” que le hizo “un préstamo al presidente de una entidad” y cerró su intervención con una frase terminante: “Me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”.
El contexto de la causa
La investigación tomó estado público tras los allanamientos del 1 de diciembre de 2025 en la sede de Sur Finanzas y en varios clubes de fútbol. En esos operativos se secuestraron biblioratos físicos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, que confirmaron la existencia de operaciones con 16 entidades deportivas: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.
La fiscalía considera a este último el caso paradigmático de la estrategia de captura de instituciones civiles para utilizarlas como herramientas de reciclaje de activos. Según la acusación, Sur Finanzas funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones a través de esas 16 entidades.
La escena vuelve a repetirse. Manuel Adorni quiso poner fin a las sospechas que penden sobre su cabeza política y, otra vez, abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus movimientos patrimoniales. La corrección de sus declaraciones juradas y las respuestas públicas que dio la semana pasada no sólo sumaron contradicciones. También mostraron el regreso de una faceta estructural de la coreografía de poder del Gobierno de Javier Milei, pero ahora recargada. El game of chicken como política de Estado: eso de responder a los desafíos de la oposición o de la ciudadanía acelerando al máximo, a ver quién se corre primero. Dio forma a la gestión mileísta ni bien llegó al poder. Y hechos de los últimos días indican que se potenció hasta lo impensado.
En la última semana, hubo dos ejemplos del todo o nada con el que responde Milei a las presiones que intentan desviarlo de su camino. En un caso, el de Adorni, las chances del Gobierno son una obra en construcción: está pendiente el último ladrillo que determine quién gana la pulseada, si el oficialismo o la oposición. En el otro, el conflicto con las universidades, al Gobierno le torcieron la mano aunque lo presentó como una victoria. Vale la pena pensar por qué en un caso frena y en el otro, acelera.
Con el pie en el acelerador
El caso Adorni, todavía abierto, es una aceleración y escalada en la construcción de una realidad paralela que desafía los hechos evidentes a los ojos de la Argentina. Más allá de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito que está lejos de llegar a un veredicto, el último miércoles, por LN+, el mismo Adorni dejó claro que mintió abiertamente el 29 de abril en su presentación en la Cámara de Diputados: “Nunca existió ocultación alguna”, había sostenido en abril. El miércoles pasado, “la ocultación” salió a la luz de boca, y también de puño y letra, del mismo Adorni.
Y, sin embargo, Milei ratificó el apoyo a su jefe de Gabinete. Por el momento, aún con esa prueba incuestionable sobre la mesa, Milei no está dispuesto a poner el pie en el freno con todo o a dar un volantazo hacia la banquina para evitar la colisión: sigue sosteniendo a Adorni.
El game of chicken se eleva ahora a la enésima potencia: el acelerador rompe el velocímetro. Se ve en varios puntos. Primero, permanece en su cargo un jefe de Gabinete responsable de un “crimen político” grave, mentirle abiertamente a todos: a la Cámara de Diputados en presentación oficial, al Presidente que celebró aquella intervención, al pleno de los ministros del Gabinete que salieron en su apoyó aquel día y a la ciudadanía toda.
La escena del “crimen” fue un informe de gestión obligatorio por mandato constitucional. Con eso solo, sin necesidad de esperar a una sentencia judicial, en una democracia clásica alcanzaría para renunciarlo. En cambio, en una democracia en tiempo de Argentina mileísta, la institucionalidad se reescribe.
Es cierto que desde 1994, cuando se creó la figura de jefe de Gabinete, la adhesión a la obligación de presentarse en el Congreso es baja, según un informe de Chequeado. El top 5 lo ocupan Jorge Capitanich, en el puesto 1, en 2002 y 2013-2015, con un 57 por ciento de cumplimiento; le sigue Marcos Peña durante la presidencia de Cambiemos, con un 56 por ciento; en el puesto tres, Eduardo Bauzá, en el menemismo, con un 50 por ciento y en el cuarto puesto, Jorge Rodríguez, también en los años de Menem, con un 38 por ciento. En la quinta posición está el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, con un 36 por ciento de cumplimiento.
Y está claro que en las presentaciones ante el Congreso, la narrativa de los jefes de Gabinete responde a la lógica política: muchas de las respuestas que dan son discutibles e, incluso, basadas en información falsa. Esa mecánica es condenable, pero se integra dentro del tablero político donde se mueven oficialismo y oposición con estrategia distinta.
Pero la anomalía de Adorni es triple y es de otro nivel: debió haber ido al menos dos veces al Congreso desde que fue nombrado en noviembre, pero no lo hizo; la única vez que fue lo hizo no sólo para informar sobre la marcha del Gobierno sino también para responder por su situación personal, la acusación de enriquecimiento ilícito; y lo más grave, mintió sin vueltas.
El otro punto del todo o nada al extremo por parte del oficialismo es la estrategia argumentativa de Adorni en la entrevista realizada por José Del Rio. La batería de herramientas para desmentir la realidad convierten a sus respuestas en un caso único de estrategia política, más allá de la cronología de su patrimonio, que desafía la verosimilitud. Adorni usó todas las municiones posibles.
Volvió al “deslomado”, esta vez en versión “eran tiempos donde no dormíamos”, en referencia a los primeros meses de gobierno y la presión que debía soportar el Gobierno “con un país al borde del precipicio”. Evitó responder preguntas puntuales basadas en hechos comprobados y optó por refugiarse en la falacia del hombre de paja, eligiendo desacreditar cuestionamientos a su figura basados en hechos falsos y así victimizarse. Justificó su declaración jurada de 2023 al llegar al poder como fruto de la presión en medio de su ingreso a la función pública y su falta de experiencia. Reconoció varios delitos, tipificables como evasión y omisión maliciosa, para esquivar el de enriquecimiento ilícito. Puso a sus hijos como excusa para justificar la compra de nuevas propiedades y mudanzas. Se victimizó para argumentar en favor de su cambio de estilo de vida: la búsqueda de seguridad personal y familiar. Usó una premisa ideológica de La Libertad Avanza y de Milei para justificar la evasión: “no lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” sin registrar, o quizás sí, que siguió aplicando la misma premisa en plena presidencia de Milei. Extendió un abrazo de oso a Patricia Bullrich para comprometerla con su cercanía en su defensa: “Nos llevamos tan bien con Bullrich que este miércoles le compré una torta porque el jueves es su cumpleaños y se lo vamos a festejar en la mesa política”. Y el dardo más cuestionable, buscó convertir a toda la ciudadanía en cómplice: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.
Bajo el ojo aprobatorio de Milei y Karina Milei, Adorni jugó al game of chicken apretando el acelerador hasta el extremo de la manipulación a cielo abierto del principio de realidad y de la confianza y la credulidad ciudadana.
Milei v universidades, ¿derrota oficialista?
En el caso del conflicto universitario, durante meses, el Gobierno jugó al game of chicken con el sistema universitario público, hasta que se bajó: perjudicó a miles de estudiantes que, en muchos casos perdieron el primer cuatrimestre, acorralados entre la rigidez del Gobierno y el reclamo de docentes y no docentes, con caída salarial del 40 por ciento.
Una vez sancionada la Ley de Financiamiento Universitario el 21 de agosto del año pasado, el Gobierno resistió con todo: después del triunfo de septiembre, la vetó; esquivó el rechazo del veto por parte del Congreso, y la sanción definitiva de octubre con el DNU 759/2025, que suspendió la aplicación de la ley hasta que se determine la fuente de financiamiento; respondió al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el DNU con apelación en segunda instancia; recusó a los jueces de primera y segunda instancia; elevó un recurso extraordinario ante la Corte, que todavía está pendiente; y también recusó a los tres miembros de la Corte por su condición de docentes universitarios, lo que fue rechazado.
El miércoles, después de alcanzar un entendimiento con el CIN y con la firma de un acuerdo con los gremios nacionales paritarios, pareció que había obtenido un triunfo: acordó una actualización de salarios docentes y no docentes del 24,33 por ciento cuando la Ley de Financiamiento Universitario determina un 50 por ciento de actualización para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023.
Sin embargo, fue la primera derrota de 2026 en la gobernabilidad mileísta vía game of chicken: el Gobierno tuvo que bajarse de un argumento clave de su política fiscal para evitar, o al menos posponer, un fallo adverso de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La premisa de que no se puede aprobar una ley que aumente el gasto público sin señalar el origen de los fondos quedó desmentida por el mismo Luis Caputo que dio la venia para asignar nuevas partidas y frenar ese conflicto.
Además, las universidades conservaron la bala de plata: el reclamo central, la aplicación y cumplimiento de la Ley de Financiamiento, sigue vigente ante la Corte.
“Desprendimiento mesiánico”
Con esos dos casos quedó confirmada una psicología política de Milei: una especie de desprendimiento mesiánico de Milei, un juego de todo o nada donde Milei dice, incluso, estar dispuesto a perder una elección con tal de sostener sus premisas. Esa lógica de ejercicio del poder condicionó la gobernabilidad en buena parte de 2025, con el todo o nada aplicado a los casos Garrahan, discapacidad y universidades. Lo frenó durante unas semanas la derrota de septiembre de 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Aflojó después del triunfo nacional de octubre: ya no fue necesario. Con la oposición más dura atontada por la victoria mileísta, que contrastó con la derrota bonaerense, Milei tuvo el camino más libre. Pero la lógica volvió con Adorni, mientras que aflojó finalmente con universidades.
¿Por qué el Gobierno se bajó del game of chicken con las universidades pero todavía no está claro que lo haga con Adorni? En el caso de las universidades, fuentes autorizadas de la UBA ven la conveniencia del Gobierno y una negociación posible con la Corte Suprema. Según esa versión, el nombramiento como juez de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no sería ajeno a esas conversaciones.
El Gobierno no tenía señales de lo que podía decidir la Corte. El rechazo de la Corte a la recusación por ser docentes encendió una señal de alarma en el Gobierno. Para el Gobierno, un fallo de la Corte a favor de la Ley los habría obligado a una expansión del gasto universitario de un 50 por ciento en salario: lograron cerrar por la mitad. El acuerdo alcanzado beneficia esa lógica fiscal y le quita presión social a la Corte, que ahora gana tiempo para el fallo de fondo. Eventualmente, la cuestión puede volverse abstracta si antes llega la negociación en el Congreso por el presupuesto 2027. El pragmatismo le puso un freno al game of chicken.
En el caso Adorni, hay más dilemas. Por un lado, desafía esa propensión al “desprendimiento mesiánico” extremo de Milei. Por otro lado, está la cuestión electoral: Milei sigue con atención la brecha entre la mejora de indicadores macro, inflación incluida, y la percepción social de la economía. Hay convencimiento de que si esa brecha se acorta y crece la aprobación económica, Adorni pesará menos.
Queda abierta la cuestión: si Milei sigue conociendo y representando mejor que nadie a su electorado o si, por el contrario, está construyendo los límites de su apoyo popular.
Luciana Vázquez,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,»No va a prosperar». Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado,,Senado. La oposición construye una mayoría para avanzar contra Adorni y el Gobierno activa gestiones con las provincias,,Debate interno. El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso Adorni
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán: incluso si reabre el estrecho de Ormuz, el petróleo tardaría semanas o meses en fluir plenamente
Palermo contó el detrás de escena de su conmovedor encuentro con Scaloni en la conferencia: “Yo soy medio sensible”
El PJ Federal le hizo un guiño al campo y vuelve a poner en debate el programa económico del peronismo
Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
La euforia global empuja el riesgo país a la baja pero dos detalles del acuerdo con Irán reavivan la cautela entre inversores
¿Como le fue a Marcelo Bielsa en sus debuts en los Mundiales?
Jan De Nul defendió el proceso de licitación de la Hidrovía con una carta a las principales entidades vinculadas a la vía navegable
Diputados de la Coalición Cívica denunciaron penalmente a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas
La polémica por las criptomonedas de Adorni: cómo funciona la trazabilidad y qué puede revelar una billetera
Gripe aviar: la Argentina vuelve a exportar carne de pollo a Chile y Perú tras superar los controles sanitarios
POLITICA2 días agoLa polémica por las criptomonedas de Adorni: cómo funciona la trazabilidad y qué puede revelar una billetera
- POLITICA2 días ago
Tras las explicaciones de Adorni, el PRO y la UCR se distancian del oficialismo y cruje el apoyo legislativo
- DEPORTE1 día ago
Gaspi, reconocido streamer argentino, falleció en un accidente aéreo en Brasil
