POLITICA
La pulseada política entre Tierra del Fuego y la Casa Rosada por el control del puerto de Ushuaia
USHUAIA.-La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional el 21 de enero pasado genera tensiones políticas, reclamos laborales y preocupación en uno de los sectores clave de la economía fueguina: el turismo. Además, podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.
Ángel Brisighelli, presidente de la federación que reúne a los empresarios turísticos de la zona, advirtió que la principal preocupación radica en las consecuencias de la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada.
“Lo que inquieta es la pelea política y cómo eso puede afectar la dinámica del puerto a futuro”, sostuvo Brisighelli en Radio Provincia.
El gobierno de la provincia, a cargo de Gustavo Melella, ha mantenido una postura crítica frente a la intervención, sobre todo, por la falta de información oficial por parte de los interventores. Y ahora recurrió a la Justicia para retomar el control.
El interventor es Iñaki Miguel Arreseygor. Fue designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para encabezar la intervención operativa y administrativa. Junto con él, designaron hace algunas semanas a Fernando Ariel Polizzi, alineado con el senador nacional Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza). Polizzi estaba antes al frente del PAMI fueguino.
El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Miguel Ramírez, denunció “un avasallamiento” y fue crítico de la intervención. “El balance que hacemos de estos meses es sumamente negativo. Es un avasallamiento y una intervención de facto que tuvo la Nación con falsedades y con inventos sobre situaciones que el puerto no tenía”, dijo a .
Ramírez remarcó que el puerto tenía su certificado de operación normal e incluso avanzaba trabajos en forma conjunta con la Nación para futuras reparaciones. “Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa, y el posicionamiento geopolítico. En la mitad de la temporada entró gente que no tenía idea sobre cómo manejar un puerto, tiraron por la borda la confianza que supimos construir desde la pandemia, que nos costó muchísimo poder recuperar. Fuimos el único puerto que sólo canceló una temporada”, dijo.
“Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile. Por eso también es un balance negativo. Acá hay incertidumbre, no hay comunicación ni contacto con la gente de la intervención ni siquiera el gobernador, la vicegobernadora o nosotros como autoridades podemos ingresar al puerto, no dejan ingresar a legisladores ni a nadie, es una anarquía. Hay quejas por parte de los operadores y de los agentes marítimos de cómo son las operaciones, de los planos, que nosotros trabajamos con meses de antelación”, argumentó Ramírez su malestar con la intervención.
“Las empresas están pidiendo los certificados de desratización, que nosotros teníamos al día hasta diciembre, mes previo a la intervención. Ahora los están pidiendo las empresas por la situación de alarma sanitaria y todavía no les contestaron, lo que nos hace presuponer que no tienen certificados de estos meses, o sea de enero a la fecha”, advirtió Ramírez ante el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero.
“Eso no significa que el hantavirus haya salido del puerto de la ciudad, pero sí que se redujeron al máximo todas las medidas de controles que estábamos haciendo: controles de equipaje, escaneo de maletas, controles de personas, de personal, de cámaras. Hoy la Prefectura Nacional Argentina también es cómplice de este avasallamiento y de esta irrupción, el prefecto mayor que está acá responde a órdenes nacionales y lamentablemente lo consideramos cómplice de esta usurpación”, denunció Ramírez.
La temporada que viene aparece como incierta: “Tenemos contacto con la Asociación de Líneas de Crucero de Gran Porte y la IATTO que operan turismo antártico, pero hay incertidumbre sobre cómo se va a operar y quien estará a cargo de la operación en la temporada 2026-2027”.
Preocupa que el beneficio de lo que sucede perjudique las recaladas locales y que los barcos migren a Chile. “Hay empresas que ya eligen Punta Arenas por la incertidumbre que esto genera. Tenemos el buque Ushuaia que en vez de estar parando acá eligió Punta Arenas por la improvisación de gente que hoy tiene el poder, gente que avasalla. No en vano la intervención fue a las 12 de la noche, con patovicas. No siguieron los canales comunes o formales que suponiendo que estaba todo tan mal deberían haber seguido”, enfatizó Ramírez.
Autoridades portuarias afirmaron a que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con su área legal, un estudio jurídico de Buenos Aires y personal propio hizo presentaciones ante la Corte Suprema sobre la intervención y la Fiscalía también estaría tomando intervención directa para defender los intereses de la provincia. “Tenemos el historial del puerto desde 1992 con la ley 24.093 de traspaso de puertos a la provincia. La Corte Suprema tiene el historial desde junio de 1992 de lo que hizo la provincia por el Puerto de Ushuaia”, señalaron.
El conflicto adquiere una dimensión aún más compleja por la situación de los trabajadores portuarios.
Desde el mismo 21 de enero, empleados del puerto denuncian que no han podido ingresar a sus puestos laborales, lo que derivó en un fuerte reclamo del sector. La falta de respuestas concretas ha ido incrementando el malestar, y en los últimos días surgieron advertencias sobre posibles medidas de fuerza que podrían impactar directamente en la operatoria.
La posibilidad de que el conflicto laboral escale preocupa tanto al ámbito político como al sector privado. El puerto de Ushuaia no solo es una infraestructura estratégica para la provincia, sino también un punto neurálgico para el turismo antártico y la actividad económica regional. Cualquier interrupción en su funcionamiento podría tener consecuencias en la llegada de cruceros, el abastecimiento y la imagen del destino a nivel internacional.
En este contexto, distintos sectores coinciden en la necesidad de avanzar hacia una instancia de diálogo que permita descomprimir la situación. La combinación de intervención nacional, falta de información oficial, conflicto con los trabajadores y tensión política configura un escenario de incertidumbre que contrasta con la normalidad operativa registrada durante el verano.
Por ahora, el Puerto de Ushuaia sigue funcionando, pero el foco ya no está únicamente en su capacidad operativa, sino en la estabilidad institucional y política que garantice su continuidad sin sobresaltos.
“Quieren manejar el puerto a 3 mil kilómetros, quieren el negocio, no les interesan el puerto ni los fueguinos”, denuncian los más críticos.
Por su parte, a pesar de no dar declaraciones ni entrevistas acerca de la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) oficializó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para el recambio y renovación del sistema de defensas del muelle. Según se informó desde Buenos Aires a través de gacetilla oficial “la obra contempla la provisión y colocación de 75 nuevas defensas, en reemplazo de equipos deteriorados, con roturas y diferencias de tamaño que actualmente impiden su correcto funcionamiento, particularmente en los sitios 3 y 5”.
El anuncio realizado días atrás marca el inicio de una etapa de obras estructurales que, según la propia intervención, llega luego de “tareas iniciales de emergencia y mantenimiento que habrían permitido sostener la operatoria durante la temporada alta sin inconvenientes”.
Desde la ANPYN se aseguró que el financiamiento de esta obra proviene “íntegramente de los ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria”, pero no se brindaron precisiones sobre el volumen de recursos administrados desde la intervención ni sobre su asignación detallada, más allá de la promesa de mecanismos de licitación con acceso público.
Desde el entorno de la intervención sostienen que ninguna de estas obras estaba contemplada en el presupuesto previo del puerto. En este contexto, el inicio de las obras aparece no solo como un paso necesario para la infraestructura, sino también como un intento de mostrar resultados concretos tras cuatro meses de intervención en medio de las dudas sobre el manejo económico del puerto de Ushuaia.
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POLITICA
Roberto García Moritán confirmó su candidatura como jefe de Gobierno porteño en 2027: “Voy a jugar”
El empresario Roberto García Moritán analizó esta mañana, durante una entrevista en Infobae a las Nueve, la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza por la jefatura de la Ciudad en 2027 y confirmó su acercamiento al Partido Demócrata Progresista para postularse como candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027.
En el mismo diálogo, el exlegislador de CABA y exministro de Desarrollo Económico, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, bajo la conducción de Jorge Macri, planteó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se volvió un eje de negociación entre espacios nacionales. Y habló de la exposición mediática que tuvo por su anterior matrimonio con la modelo y empresaria Pampita.
El exdiputado vinculó la pelea política nacional con el control de la Ciudad de Buenos Aires y dijo que el distrito es un objetivo central para los principales armados. “Gobernar Buenos Aires es como gobernar París, es como gobernar Madrid, es como gestionar una gran capital global”, comparó.
La disputa electoral por CABA
En su análisis, afirmó que el PRO buscará retener el distrito y que La Libertad Avanza intentará disputarlo con candidatos propios. “El PRO no la quiere perder. Hay una codicia por parte de La Libertad Avanza, una necesidad, una mirada, un deseo de Karina Milei de decir: ahí pongo a alguien de La Libertad Avanza a competir, a jugar y a ganarnos”, dijo.
Consultado sobre la fortaleza electoral del macrismo en el territorio porteño, admitió que no es una tarea sencilla. “No. Por eso están hace tantos años”, afirmó, y agregó que ve margen para “cambios en la gestión” en sintonía con lo que definió como un “cambio de época”.
De cara a 2027, Moritán confirmó su integración al Partido Demócrata Progresista, que conduce Óscar Moscariello, con el objetivo de armar un nuevo frente electoral. “Para mí es una oportunidad y estoy dispuesto a jugarlo. Voy a competir con Libertad Avanza, con el PRO, con aparatos electorales en funcionamiento y con mucho financiamiento y militancia. Yo voy a jugar con lo que tengo”, afirmó sobre su futura candidatura.
Según explicó el empresario, con su postulación buscará interpelar a votantes que hoy se reparten entre el PRO y La Libertad Avanza. “Lo que mejor nos define a nosotros somos liberales humanistas. Somos liberales desde la concepción económica, pero no dejamos nunca a nadie afuera. Pensamos en la gente”, afirmó.
En cuanto al diagnóstico económico y social, puso el foco en la clase media y en las pymes familiares. “Creo que el proyecto que estamos trabajando tiene que ver con volver a contener a la clase media, que me parece que es la más castigada en todo este proceso, la pyme familiar, que la está pasando mal y necesita políticas activas”, dijo.
Y agregó: “La responsabilidad del desastre y del momento que estamos viviendo tiene que ver con el populismo. Estas son las consecuencias de 80 años de populismo”, sostuvo, y planteó como objetivo reconvertir la matriz productiva y promover inversión privada.
Su paso por la Legislatura, la experiencia como “outsider” y el rol de López Murphy
El empresario recordó su ingreso a la política en la Legislatura porteña, convocado por Ricardo López Murphy, y describió que llegó sin experiencia previa en cargos públicos. “Entré de un día para el otro. Mi actitud en esa Legislatura era la de un tipo que venía del sector privado a defender los intereses del sector privado y que no le responde a la política”, señaló.
Según su relato, esa posición generó tensión con otros bloques. “La cantidad de veces que me dijeron: ‘Si seguís así con esa actitud, no te aprobamos más leyes’”, recordó. En ese tramo, afirmó: “Fui el diputado que más leyes sacó en los dos años que estuve”.
Moritán dijo que sostuvo ese estilo aun con costos personales. “Siempre dije lo que quise. No tenía padrino, no tenía apoyo político, y siempre fue muy incómodo para el sistema”, planteó.
Por otro lado, García Moritán denunció “operaciones políticas” tras su salida del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que su salida ministerial en CABA estuvo marcada por “una cama muy mal intencionada” en el que, según dijo, confluyeron sectores políticos y mediáticos. “El primero que habló de esto fue un periodista kirchnerista que en ese momento tenía un programa en Canal Nueve, que lo único que usaba era para operar, pero una pavada sin sentido”, afirmó.
Al referirse a su gestión, aseguró que al asumir encontró una estructura de 2.500 personas y que la redujo a 300. También dijo que la mayoría de los empleados provenían de la administración anterior y que no contaba con “referentes técnicos” propios.
Sobre la cobertura periodística del episodio, planteó: “Cuando te toma de punto, el periodismo, empieza una situación que es compleja de revertir porque instalan ideas, son líderes de opinión y eso genera un efecto que después no te permite tener una defensa proporcionada”, sostuvo. En esa línea, afirmó: “Todos los medios están al servicio de la política, todos responden a una terminal política”, reiteró.
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POLITICA
El financista Ariel Vallejo habló antes de declarar ante la Justicia: “No me detengo en traiciones”
Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, declarará esta mañana ante el juez federal Luis Armella por la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad. La declaración estaba prevista para las 10, pero se postergó para las 11:30 horas.
El financista había sido citado para el 5 de mayo pero sus abogados le recomendaron que no se presentara porque había varias apelaciones pendientes. Ese día, la fiscal Cecilia Incardona llegó a pedir su detención. El juez Armella se negó a detener y pospuso la indagatoria para hoy.
En la previa de su declaración, Vallejo hizo un posteo en sus redes sociales en el que volvió a hablar de “traidores”, la misma palabra que utilizó cuando reveló las primeras investigaciones en su contra: “En este camino entendí que las circunstancias muestran las verdaderas prioridades de cada uno. No me detengo en traiciones ni en quienes eligieron otro rumbo”. Y agregó: “Sigo enfocado en mi trabajo, en mis proyectos y en la gente que sí estuvo a la altura. El tiempo siempre pone a cada uno en su lugar, y yo me quedo tranquilo sabiendo que siempre actué de frente, con honestidad y convicción”.
Según pudo saber este medio, Vallejo presentará un escrito pero también podría contestar preguntas. “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”, arranca la presentación a la que tuvo acceso .
Algunos de esos planteos siguen vigentes. Por ese motivo, la estrategia de la defensa apunta a esperar una definición. “En relación con los hechos calificados como retención indebida e intermediación financiera, mi defensa técnica ha articulado un planteo de nulidad que se encuentra pendiente de resolución. Por tal motivo, y a fin de no afectar la estrategia defensiva ni anticipar manifestaciones que podrían tornarse abstractas según el resultado de aquella incidencia, me reservo formular las aclaraciones pertinentes una vez resuelto el referido planteo, si así correspondiere”, explica el escrito.
Vallejo está acusado de una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que les habrían generado ganancias ilegales a sus empresas. En la causa se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.
En el caso de Argentinos Juniors, la fiscal Incardona destacó al momento de pedir la indagatoria que Sur Finanzas le cobró al club una comisión de $200 millones para cambiar cheques por un total de $600 millones, es decir, una quita del 33,3%. “Sur Finanzas solo le transfirió $400.000.000, absorbiendo una diferencia de $200.000.000 (una quita inmediata del 33.33%) justificada bajo un CFT encubierto del 100%. A su vez, tomó un préstamo de $200.000.000 a devolver en 10 cuotas, donde la financiera le debitaba mensualmente $10.000.000 bajo el concepto ficticio de “Comisión por préstamo otorgado”, explicó la fiscal.
Sobre ese punto, la defensa del financista, a cargo de Mauricio D’Alessandro, decidió esperar a que declaren el resto de los imputados. “Me reservo prestar declaración sobre este punto luego de que declaren quienes son sindicados -en principio- como autores del hecho, oportunidad en la cual evaluaré la necesidad de ampliar mi descargo”, dice el escrito que dejó Vallejo en el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Además de Vallejo, en esta causa están citados a indagatoria la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, y a dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado también incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
Además del vínculo con los clubes, en el expediente se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP”. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”.
Entre otros bienes, se investiga la compra de una Ferrari California, que se inscribió a nombre de Cluster Palace Beach, la sociedad que Vallejo había creado para abrir un parador en la Costa. Ese auto, que en el mercado local puede llegar a costar hasta 350.000 dólares, solía estar estacionado en la puerta de la sede central de Sur Finanzas. El resto de los autos de lujo fueron puestos a nombre de familiares cercanos. Hasta hace poco tiempo, según los registros oficiales, la madre de Vallejo fue “propietaria” de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018).
Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.
que estuvo detenida al comienzo de la investigación.,Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.,Nicolás Pizzi,Sur Finanzas,AFA,Conforme a,Sur Finanzas,,Salpica al tenis. El tesorero de la AAT, involucrado en el escándalo judicial del financista ligado a Chiqui Tapia,,LN+. Moretti habló sobre el dinero recibido de Sur Finanzas y defendió a «Chiqui» Tapia,,Investigación. La Justicia analiza transferencias por supuesto juego ilegal que llegan hasta Sur Finanzas PSP
POLITICA
Congreso: con la oposición en desventaja numérica, el oficialismo logró frenar la ofensiva contra Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, logró que La Libertad Avanza y los diputados aliados del PRO, la UCR y bloques que responden a gobernadores rechacen cualquier intento de la oposición para volver a sentarlo en el recinto de la Cámara de Diputados. La estrategia opositora quedó postergada, al menos hasta después del Mundial que empezará en poco más de 15 días en los Estados Unidos.
La disputa volvió a exponer la realidad numérica de la Cámara baja. Martín Menem y Gabriel Bornoroni buscaron no solo avanzar con proyectos del oficialismo, sino también garantizar el blindaje político del ministro coordinador. Del otro lado, Unión por la Patria y otras bancadas no logran reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto y, por ahora, postergan sus aspiraciones.
Los intentos de la oposición
Desde hace tres semanas, el socialista Esteban Paulón busca la interpelación de Manuel Adorni, primero con el pedido de una sesión especial junto a su bancada, a la de Provincias Unidas, al Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Tras el fracaso de la frustrada sesión, sumaron en un nuevo pedido a UxP de Germán Martínez con un amplio temario de propuestas sociales lanzadas por el peronismo.
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Incluso sumaron para el debate los pedidos de interpelación de los ministros de Economía, Luis Caputo y de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el incumplimiento de la implementación de la sancionada Ley de Financiamiento Universitario. La superposición de la sesión propuesta por el oficialismo, donde aprobó los proyectos de ley Hojarasca y Zonas Frías, frustró nuevamente a la oposición la pasada semana.
Los aliados del oficialismo
El partido violeta, con sus 95 diputados nacionales, garantiza el control de la Cámara de Diputados, ya que ante sus necesidades lo acompañan el PRO, la UCR y las fuerzas que responden a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua; y de Salta, Gustavo Sáenz, nucleados en Innovación Federal. La bancada de Producción y Trabajo de San Juan, que responde a Marcelo Orrego y, según los debates, a la neuquinidad de Rolando Figueroa.
Lo mismo hacen los peronistas de Tucumán, controlados por el gobernador Osvaldo Jaldo, y de Catamarca de Raúl Jalil. Esa estrategia de acompañamiento no solo la lleva adelante Martín Menem; también se suma, en el diálogo con los jefes provinciales, el ministro del Interior, Diego Santilli.
A partir de esa realidad política de la Cámara baja, La Libertad Avanza ya piensa en el segundo semestre del Congreso con los tratamientos de los proyectos que el Poder Ejecutivo envió: la Ley de Lobby y el super-Rigi, los proyectos sobre Ludopatía y Etiquetado Frontal fueron al Senado. Y por supuesto, mantener blindado al ministro Adorni.
La construcción de mayorías
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que la interpelación del jefe de Gabinete requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras. En Diputados, eso implica 129 votos.
Si tras la interpelación, la Cámara decide avanzar con la moción de censura, con la intención de remover al funcionario nacional, requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en cuestión. Esa es la propuesta que presentó el diputado Nicolás del Caño del Frente de Izquierda.
La oposición necesita primero lograr el quorum para abrir el recinto de la Cámara: 129 diputados sentados en sus bancas. Luego, como los proyectos que solicitaron la interpelación no tienen dictamen de las comisiones respectivas, necesitan dos tercios del Cuerpo para poder habilitar sus tratamientos. Una mayoría inalcanzable para el escenario que tiene diputados.
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Las aspiraciones de UxP, Provincias Unidas y el resto de las bancadas fue la de emplazar, es decir, fijarles fecha de tratamiento, a las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento, lideradas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, respectivamente, para que convoquen a la discusión.
El Congreso que viene
Con ese blindaje, La Libertad Avanza ya piensa en el segundo semestre parlamentario y en el tratamiento de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, como la Ley de Lobby y el Super RIGI.
Mientras tanto, la oposición no logra unificar una postura común como sí ocurrió durante el período parlamentario 2025, cuando avanzó con el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. Además, el inicio del mundial de fútbol amenaza con paralizar la actividad legislativa en las próximas semanas.
Manuel Adorni, Oposición, Diputados
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