POLITICA
La pulseada política entre Tierra del Fuego y la Casa Rosada por el control del puerto de Ushuaia

USHUAIA.-La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional el 21 de enero pasado genera tensiones políticas, reclamos laborales y preocupación en uno de los sectores clave de la economía fueguina: el turismo. Además, podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.
Ángel Brisighelli, presidente de la federación que reúne a los empresarios turísticos de la zona, advirtió que la principal preocupación radica en las consecuencias de la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada.
“Lo que inquieta es la pelea política y cómo eso puede afectar la dinámica del puerto a futuro”, sostuvo Brisighelli en Radio Provincia.
El gobierno de la provincia, a cargo de Gustavo Melella, ha mantenido una postura crítica frente a la intervención, sobre todo, por la falta de información oficial por parte de los interventores. Y ahora recurrió a la Justicia para retomar el control.
El interventor es Iñaki Miguel Arreseygor. Fue designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para encabezar la intervención operativa y administrativa. Junto con él, designaron hace algunas semanas a Fernando Ariel Polizzi, alineado con el senador nacional Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza). Polizzi estaba antes al frente del PAMI fueguino.
El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Miguel Ramírez, denunció “un avasallamiento” y fue crítico de la intervención. “El balance que hacemos de estos meses es sumamente negativo. Es un avasallamiento y una intervención de facto que tuvo la Nación con falsedades y con inventos sobre situaciones que el puerto no tenía”, dijo a .
Ramírez remarcó que el puerto tenía su certificado de operación normal e incluso avanzaba trabajos en forma conjunta con la Nación para futuras reparaciones. “Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa, y el posicionamiento geopolítico. En la mitad de la temporada entró gente que no tenía idea sobre cómo manejar un puerto, tiraron por la borda la confianza que supimos construir desde la pandemia, que nos costó muchísimo poder recuperar. Fuimos el único puerto que sólo canceló una temporada”, dijo.
“Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile. Por eso también es un balance negativo. Acá hay incertidumbre, no hay comunicación ni contacto con la gente de la intervención ni siquiera el gobernador, la vicegobernadora o nosotros como autoridades podemos ingresar al puerto, no dejan ingresar a legisladores ni a nadie, es una anarquía. Hay quejas por parte de los operadores y de los agentes marítimos de cómo son las operaciones, de los planos, que nosotros trabajamos con meses de antelación”, argumentó Ramírez su malestar con la intervención.
“Las empresas están pidiendo los certificados de desratización, que nosotros teníamos al día hasta diciembre, mes previo a la intervención. Ahora los están pidiendo las empresas por la situación de alarma sanitaria y todavía no les contestaron, lo que nos hace presuponer que no tienen certificados de estos meses, o sea de enero a la fecha”, advirtió Ramírez ante el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero.
“Eso no significa que el hantavirus haya salido del puerto de la ciudad, pero sí que se redujeron al máximo todas las medidas de controles que estábamos haciendo: controles de equipaje, escaneo de maletas, controles de personas, de personal, de cámaras. Hoy la Prefectura Nacional Argentina también es cómplice de este avasallamiento y de esta irrupción, el prefecto mayor que está acá responde a órdenes nacionales y lamentablemente lo consideramos cómplice de esta usurpación”, denunció Ramírez.
La temporada que viene aparece como incierta: “Tenemos contacto con la Asociación de Líneas de Crucero de Gran Porte y la IATTO que operan turismo antártico, pero hay incertidumbre sobre cómo se va a operar y quien estará a cargo de la operación en la temporada 2026-2027”.
Preocupa que el beneficio de lo que sucede perjudique las recaladas locales y que los barcos migren a Chile. “Hay empresas que ya eligen Punta Arenas por la incertidumbre que esto genera. Tenemos el buque Ushuaia que en vez de estar parando acá eligió Punta Arenas por la improvisación de gente que hoy tiene el poder, gente que avasalla. No en vano la intervención fue a las 12 de la noche, con patovicas. No siguieron los canales comunes o formales que suponiendo que estaba todo tan mal deberían haber seguido”, enfatizó Ramírez.
Autoridades portuarias afirmaron a que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con su área legal, un estudio jurídico de Buenos Aires y personal propio hizo presentaciones ante la Corte Suprema sobre la intervención y la Fiscalía también estaría tomando intervención directa para defender los intereses de la provincia. “Tenemos el historial del puerto desde 1992 con la ley 24.093 de traspaso de puertos a la provincia. La Corte Suprema tiene el historial desde junio de 1992 de lo que hizo la provincia por el Puerto de Ushuaia”, señalaron.
El conflicto adquiere una dimensión aún más compleja por la situación de los trabajadores portuarios.
Desde el mismo 21 de enero, empleados del puerto denuncian que no han podido ingresar a sus puestos laborales, lo que derivó en un fuerte reclamo del sector. La falta de respuestas concretas ha ido incrementando el malestar, y en los últimos días surgieron advertencias sobre posibles medidas de fuerza que podrían impactar directamente en la operatoria.
La posibilidad de que el conflicto laboral escale preocupa tanto al ámbito político como al sector privado. El puerto de Ushuaia no solo es una infraestructura estratégica para la provincia, sino también un punto neurálgico para el turismo antártico y la actividad económica regional. Cualquier interrupción en su funcionamiento podría tener consecuencias en la llegada de cruceros, el abastecimiento y la imagen del destino a nivel internacional.
En este contexto, distintos sectores coinciden en la necesidad de avanzar hacia una instancia de diálogo que permita descomprimir la situación. La combinación de intervención nacional, falta de información oficial, conflicto con los trabajadores y tensión política configura un escenario de incertidumbre que contrasta con la normalidad operativa registrada durante el verano.
Por ahora, el Puerto de Ushuaia sigue funcionando, pero el foco ya no está únicamente en su capacidad operativa, sino en la estabilidad institucional y política que garantice su continuidad sin sobresaltos.
“Quieren manejar el puerto a 3 mil kilómetros, quieren el negocio, no les interesan el puerto ni los fueguinos”, denuncian los más críticos.
Por su parte, a pesar de no dar declaraciones ni entrevistas acerca de la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) oficializó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para el recambio y renovación del sistema de defensas del muelle. Según se informó desde Buenos Aires a través de gacetilla oficial “la obra contempla la provisión y colocación de 75 nuevas defensas, en reemplazo de equipos deteriorados, con roturas y diferencias de tamaño que actualmente impiden su correcto funcionamiento, particularmente en los sitios 3 y 5”.
El anuncio realizado días atrás marca el inicio de una etapa de obras estructurales que, según la propia intervención, llega luego de “tareas iniciales de emergencia y mantenimiento que habrían permitido sostener la operatoria durante la temporada alta sin inconvenientes”.
Desde la ANPYN se aseguró que el financiamiento de esta obra proviene “íntegramente de los ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria”, pero no se brindaron precisiones sobre el volumen de recursos administrados desde la intervención ni sobre su asignación detallada, más allá de la promesa de mecanismos de licitación con acceso público.
Desde el entorno de la intervención sostienen que ninguna de estas obras estaba contemplada en el presupuesto previo del puerto. En este contexto, el inicio de las obras aparece no solo como un paso necesario para la infraestructura, sino también como un intento de mostrar resultados concretos tras cuatro meses de intervención en medio de las dudas sobre el manejo económico del puerto de Ushuaia.
intervención del Puerto de Ushuaia,la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada,el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero,Sol Agusti,Tierra del Fuego,Conforme a,,Análisis. Las dos paradojas de Milei,,Retroceso. Por sexto mes consecutivo, el Gobierno cayó en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella,,Del desplante al saludo. Javier Milei y Jorge Macri mostraron otra postal en el Tedeum y en el Cabildo,Tierra del Fuego,,Tras fracasar su venta. El fabricante de los aires acondicionados Electra y Fedders fue declarado en quiebra,,En bandadas. Aves únicas que seducen a turistas y sobrevuelan un relleno sanitario bajo la lupa,,Turismo a tope y normalidad cotidiana. Cómo vive la ciudad que el mundo observa por el brote de hantavirus en un crucero
POLITICA
Máximo Kirchner presentó un proyecto para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso

Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.
El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.
La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.
El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.
El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.
El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.
El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.
Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.
La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la «BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.
En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.
La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.
La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.
Kristalina Georgieva,FMI,Argentina,Buenos Aires,visita oficial,economía
POLITICA
Pablo Quirno, el canciller militante que sigue el modelo de Marco Rubio y suma tensión a la pelea con Lula

“Los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”, gritó Javier Milei y recogió los aplausos de la convención del Partido Liberal en San Pablo, que el sábado proclamó a Flávio Bolsonaro como candidato a presidente para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva, calificado por el mandatario argentino, en ese mismo acto, de “ladrón” y “presidiario”.
Lo escuchaban extasiados en el escenario, como parte de la delegación, pero fuera de cámara, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, encargado de la diplomacia nacional, quien luego reposteó en sus redes sociales el discurso completo del Presidente, repleto de insultos y referencias críticas hacia su par brasileño y las políticas que lleva adelante. El ataque fue contestado por Lula a través del llamado a consultas de Brasil de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.
gentileza
La faceta “militante” del canciller, evidenciada en distintas oportunidades y compromisos, siempre al lado del Presidente, guarda similitudes con el estilo del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien combina los ritos de la diplomacia con una defensa irrestricta de las posturas ideológicas del presidente Donald Trump.
Quirno discutió en las redes con quienes criticaban el discurso de Milei en San Pablo y justificó los ataques con el argumento de que Lula da Silva había aportado asesores suyos a la campaña presidencial de Sergio Massa. En la misma línea, el jefe de gabinete, Diego Santilli, afirmó ayer que el oficialismo brasileño había dicho “barbaridades sobre el hoy Presidente” durante la campaña electoral que terminó con el triunfo libertario.
“Lo de Quirno no ayuda”, dicen en Itamaraty en referencia al canciller y su presencia en el encuentro con el alcalde de San Pablo, Tarcisio de Freitas, donde también estuvo Bolsonaro, con alfombra azul (símbolo del liberalismo) acompañando el ingreso del mandatario argentino. “La presencia de Quirno forma parte del mismo paquete, al cual ya reaccionamos fuerte”, contestaron a este diario desde Brasilia. Quirno no habló del episodio diplomático durante su paso, también acompañando al Presidente, en el cierre de la Exposición Rural en Palermo.
Desde que asumió el cargo en reemplazo de Gerardo Werthein, hace nueve meses, la actual cabeza de las relaciones exteriores argentinas acentuó la férrea alianza con Estados Unidos e Israel como principales ejes, pero a la vez exhibió un notorio lado B, que se muestra en las redes sociales, combinando ironía con el lenguaje agresivo y los ásperos modos que el presidente Javier Milei y el ejército digital libertario utilizan a diario para descalificar opositores, periodistas de medios de comunicación y voces que disienten con el relato oficial.
“Todavía no empezó el horario de protección al menor y el ministro Luis Caputo se pasea desnudo con [Luis] Majul”, escribió en abril pasado Quirno en su cuenta de X. Estaba mirando, en vivo, a su amigo y antiguo compañero desde el gobierno de Mauricio Macri en un reportaje con LN+, en el que el ministro de Economía defendía el otorgamiento de créditos millonarios a funcionarios y empleados públicos desde el Banco Nación.
“¡Me gustaría ir y pasar una semana!”, le contestó el canciller por aquellos días y en inglés al usuario Gavin Short, poblador de Malvinas, que lo invitaba a conocer las “Falklands”. En otro posteo de respuesta a otro presunto isleño, autodenominado Mr. Falkland, Quirno sostuvo: “No hay razón por la que no pudiéramos confiarnos el uno al otro. No hay mejor manera que acercarnos más para construir esa confianza”. La cordialidad del intercambio no cayó bien a la oposición al Gobierno, aunque Quirno endureció el discurso de soberanía de Malvinas con el correr de los meses.
“Un canciller no puede entrar en el barro”. le espetó un usuario de X. «¿ Por qué no?“, le contestó Quirno, sin complejos por su estilo desenfadado, que consigue adhesiones fervorosas entre los tuiteros y youtubers que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. “Ave Quirno” es una de las frases de representantes de las Fuerzas del Cielo cada vez que el canciller publicita en las redes reuniones que lleva adelante desde el Palacio San Martín. A la vez, sostiene el vínculo de cercanía con Karina Milei, compañera casi infaltable de viajes internacionales junto al Presidente, como el de San Pablo, el fin de semana.
Aunque siempre negó tener interés en ocupar el cargo, distintos funcionarios incluyeron durante semanas a Quirno entre los posibles reemplazos de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete, cargo que finalmente asumió Santilli hace poco menos de un mes. Durante la participación argentina en la Copa Mundial de futbol, Quirno se ocupó de desmentir a distintos medios de prensa que hablaban de una supuesta incomodidad del Presidente con Lionel Messi y parte del seleccionado por la bandera “Las Malvinas son argentinas”, mostrada luego del partido con Inglaterra.
Scioli, a distancia
En lo que hace al vínculo con Brasil, bien lejos parecen haber quedado las gestiones de buenos oficios del entonces embajador en Brasil, Daniel Scioli, para aquietar los ánimos entre Milei y Lula, una vez que ambos comenzaran su relación como presidentes. A Scioli, que supo cultivar un buen vínculo con Lula y a la vez con el expresidente Jair Bolsonaro y que hoy es secretario de Turismo y Ambiente, lo reemplazó Daniel Raimondi, diplomático de carrera de bajísimo perfil, quien luego de cerrar su celular fue a darle anoche explicaciones al canciller brasileño Mauro Vieira por los dichos del Presidente que encendieron una nueva trifulca diplomática entre los vecinos del Mercosur.
fue contestado,férrea alianza,en abril pasado,créditos millonarios,https://t.co/tOOuKELZ6t,July 25, 2026,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
El gremio de los trabajadores estatales le escribió una carta a Kristalina Georgieva en su visita a la Argentina

En el marco de la visita institucional de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina, los trabajadores estatales de la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Economía presentaron una carta dirigida a la titular del organismo multilateral para repudiar su encuentro con el presidente Javier Milei.
“Para su visita a la Argentina, que incluirá un paso por el Ministerio de Economía, no espere alfombra roja, no espere pétalos de rosas. El organismo que usted preside ha exigido y aplaudido los recortes en personal y en nuestros salarios en los últimos 8 años, desde que firmaron un acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri», comienza la misiva.
El gremio de los trabajadores enumeró los acuerdos del FMI con los distintos gobiernos argentinos: “Luego realizaron otro acuerdo con Alberto Fernández, del que también obtuvieron el congelamiento salarial y del plantel, y ahora se encuentran tutelando a la Argentina, también bajo el gobierno de Javier Milei. Durante el gobierno de Macri y, nuevamente, durante el gobierno de Milei, los préstamos son realizados bajo condición de ajuste. Luego, cuando toca la hora de pagar una deuda injusta, exigen reforzar el ajuste».
“El condicionamiento no se detiene ni al prestar ni al cobrar. ¿Por qué decimos que la deuda es injusta? Porque los préstamos que se otorgaron fueron fugados por los más ricos y por las empresas más grandes del país. Ustedes lo saben muy bien, y se trata de una figura prohibida por su propio estatuto: se supone que el FMI viene a cubrir problemas transitorios de balanza de pagos, no a dar dólares para un pequeño sector social”, señalaron.
Y sumaron: “Luego nos piden que paguemos todos la factura, pero es claro que no se trata de una deuda, sino de una estafa, un préstamo político. Se beneficiaron los ricos, las grandes empresas, creció la pobreza, el desempleo, el pluriempleo, cayeron los salarios, y los gobernantes de cada momento tuvieron un poco más de espalda para no aplicar los lógicos controles de capitales».
La carta de los trabajadores de ATE
“Para su visita a la Argentina, que incluirá un paso por el Ministerio de Economía, no espere alfombra roja, no espere pétalos de rosas. El organismo que usted preside ha exigido y aplaudido los recortes en personal y en nuestros salarios en los últimos 8 años, desde que firmaron un acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri.
Luego realizaron otro acuerdo con Alberto Fernández, del que también obtuvieron el congelamiento salarial y del plantel, y ahora se encuentran tutelando a la Argentina, también bajo el gobierno de Javier Milei. Durante el gobierno de Macri y, nuevamente, durante el gobierno de Milei, los préstamos son realizados bajo condición de ajuste. Luego, cuando toca la hora de pagar una deuda injusta, exigen reforzar el ajuste.
El condicionamiento no se detiene, ni al prestar ni al cobrar. ¿Por qué decimos que la deuda es injusta? Porque los préstamos que se otorgaron fueron fugados por los más ricos y por las empresas más grandes del país. Ustedes lo saben muy bien, y se trata de una figura prohibida por su propio estatuto: se supone que el FMI viene a cubrir problemas transitorios de balanza de pagos, no a dar dólares para un pequeño sector social.
Luego nos piden que paguemos todos la factura, pero es claro que no se trata de una deuda sino de una estafa, un préstamo político. Se beneficiaron los ricos, las grandes empresas, creció la pobreza, el desempleo, el pluriempleo, cayeron los salarios, y los gobernantes de cada momento tuvieron un poco más de espalda para no aplicar los lógicos controles de capitales
A nosotros, trabajadores del Estado, cada peso que nos ajustaron nos hizo más miserables, cada puesto de trabajo por despidos, jubilaciones y retiros, cada salario que se vio reducido a la mitad en estos 8 años, obligó a reforzar la precarización de cada hogar para llevar un plato de comida a la mesa. La categoría más baja de nuestro convenio colectivo (F0), con sus $491.106, no llega al tercio de la canasta familiar que el Indec ($1.531.472,9) utiliza para medir la pobreza. Se encuentra aún más lejos de la canasta que el Frente de Sindicales Unidos calculó con la metodología del sindicato de Aceiteros los consumos familiares mínimos ($3.000.352). Es decir, los sueldos que el FMI aplaude compran el 16% de lo que necesitamos para vivir dignamente.
La pérdida salarial se repite para el caso de los ingresos de profesionales, en este caso una persona del plantel permanente con título universitario y 10 años de experiencia (B3), que gana $1.606.078 y apenas llega al piso de la canasta familiar del Indec, cuando en el mes previo al acuerdo con el FMI del 2018 la duplicaba. Compartimos un par de gráficos para que se entienda, haciendo ver que cada barra roja representa la caída salarial en ese mes respecto al mes de referencia (abril de 2018, que no fue un mes especialmente bueno): en ambos casos vemos que las recetas del FMI sólo conducen a profundizar la pérdida de ingresos. La pérdida acumulada asciende a 33 salarios en ambos casos.
El ajuste nunca es neutro en términos de género, impacta especialmente sobre las mujeres y disidencias que sostienen centralmente el trabajo no remunerado y las estrategias de supervivencia hogareñas. Seguramente no le van a preguntar a Luis Caputo por el despido de Natasha Narmora, compañera despedida que había sido contratada en marco del (incumplido) cupo laboral travesti-trans. Pero veremos en sus informes las palabras ‘salvaguardas’ sobre políticas sociales y de género, sin que se les haya movido un músculo de la cara ante la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el congelamiento del Programa Acompañar para las personas que sufren la violencia machista, el fin de los envíos de profilácticos a hospitales. Las palabras ofensivas del presidente que en enero de 2025 equiparó la homosexualidad con la pedofilia no merecieron ningún cuestionamiento del organismo.
La perspectiva de géneros del FMI se acaba cuando se apagan las luces de los salones en Washington. La preocupación por la pobreza y las condiciones de vida de la gente desaparecen cuando sus funcionarios se sientan en los aviones.
Nuestra trayectoria salarial fue peor que la de otros sectores de nuestra clase trabajadora, cada vez es más penoso vivir del propio salario en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional, cada uno de los países que votan en el directorio y aprueban los préstamos y los planes de ajuste, tienen la responsabilidad. Por eso repudiamos esta visita y exigimos el fin del tutelaje económico para terminar con el ajuste impuesto para pagar esta estafa».
visita institucional,Kristalina Georgieva,FMI,Javier Milei,Conforme a
ECONOMIA3 días agoVocero de Milei dijo que un dólar a $1.800 es «posible» y la City alerta por fin de la paz cambiaria
POLITICA3 días agoConvivencia pacífica o tensión administrada: el PRO define cómo pararse frente al gobierno de Milei rumbo a 2027
POLITICA2 días agoCuentapropismo emocional en lo profundo del conurbano


















