POLITICA
La reforma electoral tensiona la “mayoría oficialista” en el Senado, en medio de una creciente desconfianza en el Gobierno
La reforma política no llega en el mejor momento del oficialismo en el Senado. El índice de inflación, que acumula 10 meses de alzas, y la interminable saga de problemas que tienen como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son dos pesados lastres con los que la bancada que conduce Patricia Bullrich (Capital) tendrá que lidiar si quiere reeditar el paso victorioso con el que el Gobierno caminó durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Más allá de que Bullrich es una optimista empedernida y que se muestra confiada en que podrá retomar la senda triunfante, lo cierto que en las últimas semanas la marcha de la agenda oficialista en el Senado había mostrado una fuerte desaceleración, en coincidencia con la aparición de las complicaciones patrimoniales de Adorni.
Tampoco parece ayudar la superpoblación de iniciativas que la administración de Javier Milei busca colocar en el centro de la escena para que se deje de hablar de las interminables internas de la Casa Rosada y del impacto del estancamiento económico en las fuerzas dialoguistas.
“Patricia ha mostrado muñeca y es buena haciendo malabares, pero tener tantas pelotitas en el aire podría terminar en que, al final, no salga nada”, le confió a este diario un senador libertario al tiempo que enumeraba, ayudándose con los dedos de una mano, los proyectos que el Gobierno ha enviado al Senado en el último mes.
La lista muestra una pesada carga legislativa. Antes que la reforma política, que entró el miércoles, el Poder Ejecutivo había enviado los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica seis leyes; una serie de modificaciones a la ley de salud mental, el acuerdo de pago con los dos últimos grupos de tenedores de bonos de 2001 y más de un centenar de pliegos de jueces nacionales y federales.
Como si toda esta carga fuera poca, el Gobierno envió un proyecto que busca penalizar el fraude con pensiones por invalidez. Sin embargo, detrás del título se esconde un intento de burlar el cumplimiento de la ley de emergencia en materia de atención a la discapacidad que el Congreso aprobó en dos oportunidades el año pasado y que se convirtió, junto a la de financiamiento universitario, en el Waterloo legislativo de la gestión libertaria durante 2025.
“Volvieron los errores del año pasado: envían proyectos sin consultar a nadie y se piensan que nosotros podemos hacer magia con 21 votos”, se quejó un operador oficialista en referencia a la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que impulsa el Gobierno como parte de la reforma política.
Tal como informó , la eliminación de las primarias suma fuertes rechazos y es muy difícil que se pueda concretar. La UCR, el peronismo en todas sus vertientes y algunos bloques independientes no quieren saber nada con quitar de la cancha una herramienta que les podría servir para ordenar sus internas de cara a las elecciones del año próximo.
“Esto sólo le sirve al Gobierno”, le dijo a este diario la radical Carolina Losada (Santa Fe), quien siempre sostiene que su llegada al Congreso fue producto de las internas abiertas. “Sin internas primarias deciden las cúpulas partidarias, estoy en contra”, se sumó su correligionario Maximiliano Abad (Buenos Aires) cuyo voto suele funcionar como una suerte de “souvenir del clima” que anticipa si al oficialismo le esperan cielos despejados o tiempos tormentosos en el tratamiento de sus iniciativas.
A pesar de los malos augurios y de los contratiempos, la jefa de los senadores oficialistas mantiene su optimismo. Aunque sabe que los números variarán según el tema, confía en que podrá armar una mayoría para cada uno de los desafíos que le plantea la Casa Rosada.
Las cuentas de Bullrich se basan en un universo de 42 senadores integrado por 21 oficialistas, 10 radicales, tres de Pro y otros ocho de fuerzas provinciales y bloques independientes. Quedan afuera de sus cálculos 28 peronistas de declarado perfil anti-Milei y los dos senadores por Santa Cruz −José María Carambia y Natalia Gadano−, que no comulgan con las ideas del gobierno nacional, aunque sin las estridencias ni el rechazo a libro cerrado cerril del kirchnerismo.
Para aprobar la reforma electoral, el oficialismo necesita de 37 votos afirmativos obligatorios y Bullrich cree tenerlos. Considera que las nuevas reglas de juego para conformar partidos serán compartidas por las grandes fuerzas y coaliciones, y que también contará con el respaldo de los provinciales, porque no juegan en la cancha nacional.
Sin embargo, hay algunos puntos que permanecen en la oscuridad. Al rechazo inicial de la eliminación de las PASO se le suma el capítulo que le abre la puerta al financiamiento privado, tema siempre tabú a la hora de discutir reformas electorales.
A favor de Bullrich juega su flexibilidad. Desde que llegó al Senado, en diciembre del año pasado, mostró una gran capacidad y paciencia para sentarse a negociar con la oposición dialoguista. No sólo para escuchar, sino también para atender los reclamos y trasladarlos a la Casa Rosada.
“Hay una diferencia notable con los vecinos de Diputados. Mientras a Martín Menem se le caen capítulos del Presupuesto en pleno recinto porque no se anima a discutir las órdenes de la Casa Rosada, la Bullrich logró que la escuchen cuando les dice que tienen que cambiar algo porque no están los votos”, destaca un senador peronista.
Fue lo que pasó en la reforma laboral y la reducción del impuesto a las ganancias. Tras tres semanas de negociaciones, Bullrich logró que la Casa Rosada aceptara que no estaban los votos para aprobarlo y fue eliminado del texto antes de que se discutiera en el recinto.
“¿Cuántos votos tenía para Ganancias?”, le preguntó a la senadora libertaria la misma noche que la reforma laboral se discutía en el Senado. “Ninguno”, respondió Bullrich, riéndose con picardía y dando a entender que nunca pasó de tener más que los 21 votos del oficialismo. Se había guardado esa carta para jugarla en la Casa Rosada el martes previo a la sesión.
Los debates que se vienen en el Senado obligarán a Bullrich a poner en juego esa capacidad para convencer a Javier y Karina Milei de que siempre hay que ceder algo para llevarse el premio mayor. También necesitará que la economía empiece a dar señales de reactivación y que Adorni deje de hacerle daño al Gobierno, pero esas son variables que exceden a los senadores oficialistas.
Gustavo Ybarra,Conforme a
La diputada radical Agostina Villaggi denunció al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa por presunto adoctrinamiento político en escuelas primarias de la provincia. La legisladora presentó un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación y difundió un video con detalles de la situación en su cuenta oficial de Instagram.
Villaggi detalló que en el Colegio Don Bosco, ubicado en la ciudad de Formosa, a estudiantes de cuarto grado se les imparte el denominado “modelo formoseño” en el área de Ciencias Sociales.
“Es una política pública que la instaló el gobernador Insfrán a partir de materiales didácticos de la provincia, donde su asunción en 1995 como gobernador aparece como un hito histórico, sin repasar la historia previa u otros gobernadores en el cargo”, sostuvo hoy la legisladora, en declaraciones a radio Mitre. “Este texto en particular no tiene que ver con nuestra geografía, flora y fauna. Parece un balance de gestión de repertorio de datos que no condicen con la realidad”, agregó.
Según Villaggi, se trata de actividades pedagógicas en la que se “le piden a los niños que no se instala el pensamiento crítico”. “Les preguntan: ¿desde que año empiezan las transformaciones en Formosa? Dos minutos antes, les dijeron desde el año 1995, momento que Insfrán asume la gobernación«, remarcó.
En el video, la diputada afirmó que “se les está diciendo a niños de entre 9 y 10 años que durante la gestión actual del gobernador en Formosa se hicieron escuelas, hospitales, rutas, acceso a agua potable, además se les pide que hagan una valoración del modelo formoseño”.
Villaggi, quien había sufrido un episodio de violencia de una patota de mujeres el año pasado durante una actividad de campaña, calificó esta práctica como “un claro caso de adoctrinamiento político” y afirmó que “se está instalando en la conciencia de niños de la escuela primaria una ideología política, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y por la ley nacional de Educación”.
Tras la visibilización del planteo, Villaggi recibió el apoyo de Lucy Aguayo, docente y convencional constituyente mandato cumplido por la UCR, quien manifestó que el diseño curricular provincial no obliga a impartir proyectos de gobierno específicos. Aguayo expresó su preocupación por la posibilidad de una orientación partidaria en el ámbito educativo, que podría ir en contra de la Constitución de Formosa.
La exintegrante de la Junta de Clasificación aclaró que no puede asegurar que la práctica denunciada por la diputada alcance a todo el sistema educativo provincial y diferenció la enseñanza de la historia local de la exaltación de una gestión en particular.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la documentación presentada por Villaggi será incorporada al expediente correspondiente, junto con materiales y testimonios recogidos de docentes y autoridades educativas.
Respuesta del gobierno de Gildo Insfrán
En respuesta a la denuncia, Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria de Formosa, aseguró en declaraciones a AGENFOR que “la enseñanza de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de la provincia no responde a un mero eslogan partidario, sino a los preceptos consagrados en la propia Constitución Provincial, recientemente sancionada”.
Meza criticó a la oposición por, según él, solicitar “censura” bajo el argumento de defender la libertad y sostuvo que “quieren borrar de los libros la historia reciente de la provincia porque contradice el relato centralista que ellos defienden”.
El funcionario provincial argumentó que “enseñar lo que fuimos, lo que somos y lo que construimos juntos en Formosa es un acto de soberanía cultural, memoria y orgullo provincial”.
En marzo, se conoció otra situación de uso partidario de las escuelas en Formosa, cuando el gobernador Insfrán se hizo entrevistar por alumnos durante la inauguración de una escuela EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. Los chicos solo se dedicaron a elogiar su gestión en una muy cuestionada puesta en escena, como parte de un programa radial que hacen los niños en el marco de sus tareas educativas.
“¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“, fue uno de los pasajes comentados por los chicos. “Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió otro de los niños.
El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.
Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.
Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.
Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.
“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.
A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.
Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.
Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.
Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común”.
“También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras”, agregó.
También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
el polémico capítulo,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
El Gobierno porteño aseguró que arreglar los destrozos en el Congreso costará $468 millones
Después de los graves incidentes ocurridos anoche en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que arreglar los destrozos costará $468 millones.
El Gobierno porteño tuvo que desplegar un operativo especial para restaurar la zona durante la madrugada con trabajos de limpieza y reparación que ya concluyeron.
Entre los principales destrozos se registraron contenedores quemados, veredas rotas y tres patrulleros vandalizados: dos autos y una camioneta.
Cómo se distribuyen los costos de los daños
El Gobierno porteño detalló el desglose de los gastos necesarios para devolver la zona a su estado original. El rubro más costoso fue la reparación del pasto, que demandó $270 millones.
La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, sumó $130 millones.
Por su parte, el arreglo del equipamiento urbano implicó otros $38 millones, mientras que la reposición de plantas requirió $30 millones.
El operativo de limpieza y los daños a vehículos policiales
A pesar de la magnitud de los destrozos, la Ciudad logró limpiar la zona en pocas horas. Los equipos de limpieza trabajaron durante la madrugada para retirar escombros y reparar los daños más urgentes.
Además de los daños en el espacio público, los incidentes dejaron vidrios rotos en dos patrulleros y una camioneta policial, lo que sumó más complicaciones al operativo de recuperación.
La marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes y al menos 26 detenidos
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un fuerte enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes que se extendió durante varias horas desde las 17 y siguió hasta pasadas las 21. Se contabilizaban al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos policías.
Todo comenzó al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras unas primeras horas de marcha pacífica, la policía lanzó gases y camiones hidrantes contra manifestantes que buscaban tirar las vallas.
La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio.
Los incidentes comenzaron recién alrededor de las 17, cuando varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarles escombros a las fuerzas federales. Hubo al menos nueve detenidos, según un reporte policial de las 21.
Seguridad desplegó la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitó solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
Las fuerzas desconcentraron la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. También se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegó a apostar un camión hidrante sobre las vías del metrobus.
Según se informó desde el gobierno de Jorge Macri, una oficial de la policía de la Ciudad resultó herida “con traumatismo en un codo por un piedrazo”. Los efectivos porteños intervinieron para repeler manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Y rompieron los vidrios de un patrullero”, se informó.
Congreso, Incidentes, gobierno de la Ciudad
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