POLITICA
El kirchnerismo quiere negociar con Kicillof una reforma electoral integral: los tres temas a discutir y una sorpresa
La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta en los últimos días con la difusión de chats entre dirigentes del kirchnerismo y funcionarios del entorno del gobernador bonaerense. Pero detrás de ese episodio de alto impacto político empezó a consolidarse una discusión más relevante y de largo alcance: las reglas electorales con las que la provincia de Buenos Aires llegará a 2027.
El debate no aparece en el vacío. La semana pasada, el gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto de reforma política que incluye la eliminación de las PASO nacionales, cambios en el financiamiento partidario, criterios de mayor transparencia y nuevas exigencias para la subsistencia de partidos sin representación efectiva, los llamados “sellos de goma”.
Ese movimiento del oficialismo nacional aceleró conversaciones dentro del principal distrito electoral del país. En el espacio que responde a Cristina Fernández de Kirchner entienden que, si se va a abrir una discusión sobre reglas electorales, Buenos Aires no puede quedar atada a decisiones fragmentadas ni improvisadas. La idea que empezó a circular es avanzar en una negociación integral.
Fuentes partidarias, en diálogo con Infobae, explicaron que la consigna interna es clara: las reformas electorales deben discutirse en años no electorales, con previsibilidad institucional y tiempo político suficiente, no cuando la competencia ya está lanzada y cada movimiento queda leído en clave de conveniencia coyuntural.
Bajo esa lógica, distintos referentes del kirchnerismo consideran que antes del Mundial debería existir, al menos, un entendimiento político general sobre el cronograma bonaerense y sobre los principales cambios en debate. Admiten que una ley integral en pocas semanas luce compleja, pero creen posible arribar a consensos previos que ordenen la discusión posterior.
La agenda que imaginan incluye tres ejes centrales y una novedad que sorprendió incluso dentro del sistema político: la posibilidad de aceptar la Boleta Única de Papel para la elección general provincial.
El primer punto son las reelecciones de intendentes
Es uno de los debates más sensibles de la política bonaerense desde que durante la gestión de María Eugenia Vidal se sancionó la ley que limitó mandatos consecutivos. Desde entonces, el expediente reaparece cíclicamente en la Legislatura.
En el kirchnerismo no existe una objeción conceptual a revisar esa norma. Por el contrario, muchos dirigentes sostienen que debe prevalecer la voluntad popular y que un jefe comunal con respaldo electoral no debería quedar impedido de competir nuevamente.
Sin embargo, remarcan que ese tema no puede resolverse como una urgencia aislada ni como una transacción puntual entre bloques. La intención es integrarlo a una discusión más amplia del sistema electoral.
El segundo eje son las PASO
Mientras a nivel nacional avanzó la decisión oficial de eliminarlas y distintos sectores políticos cuestionan costos y utilidad, en el kirchnerismo bonaerense prevalece una defensa pragmática de las primarias. No las reivindican como una bandera doctrinaria, sino como una herramienta para ordenar internas dentro de un espacio con múltiples liderazgos territoriales.
Hoy el peronismo provincial convive con intendentes fuertes, La Cámpora, movimientos sociales, sindicalismo y el armado propio del gobernador. En ese mapa, las PASO aparecen como un mecanismo para canalizar tensiones sin trasladar toda la disputa a una negociación cerrada de cúpulas.
Por eso, la posición que hoy gana fuerza es sostener las PASO con boleta partidaria tradicional para la competencia interna.
Allí aparece la sorpresa.
La sorpresa es el debate de la Boleta Única de Papel para la elección general
Durante años, el kirchnerismo fue uno de los sectores más críticos de ese sistema. Lo cuestionó por razones políticas y operativas. Sin embargo, en la discusión actual emergió una postura más flexible: no descartarlo si integra un acuerdo general, junto con el resto de las reformas.
Incluso, circula una alternativa mixta: PASO con boleta partidaria y elección general con Boleta Única de Papel. El razonamiento es político y técnico al mismo tiempo. En una primaria, donde compiten listas dentro de un mismo frente, la boleta tradicional conserva valor estratégico. En una general, la boleta única podría simplificar el proceso y agilizar la votación .
Otro punto es el calendario electoral de 2027
En este punto, las fuentes consultadas remarcaron una diferencia central con la estrategia aplicada el año pasado: el kirchnerismo quiere elecciones unificadas con la nacional y no desdobladas.
La experiencia de 2025, cuando la provincia votó separada del calendario presidencial, dejó cuestionamientos internos. En el espacio de Cristina Kirchner consideran que Buenos Aires, por peso político y volumen electoral, debe votar junto con la elección nacional.
La lectura es doble. Por un lado, unificar reduce incertidumbre institucional. Por otro, preserva la centralidad política del principal distrito del país y evita una discusión adicional dentro del propio peronismo.
Hasta ahora, no existe una mesa formal para avanzar en esta agenda. Pero el mensaje político ya fue transmitido: si se van a modificar las reglas del juego, debe hacerse en una negociación global.
Después del capítulo electoral, la interna se proyecta sobre la estrategia opositora frente al gobierno libertario.
Fuentes partidarias en diálogo con Infobae señalaron que Máximo Kirchner rechaza la idea de construir solamente un “frente anti Milei”. Según esa mirada, una coalición asentada exclusivamente en el rechazo al Presidente sería insuficiente e incluso podría frustrarse rápidamente.
La posición que impulsa el actual referente de La Cámpora es otra: construir una propuesta programática con contenidos concretos, que naturalmente termine reuniendo a quienes se oponen al rumbo libertario, pero no desde una consigna negativa sino desde una agenda positiva.
Los chats filtrados que dominaron la semana quedaron atravesados por ese trasfondo político. En esas conversaciones se expusieron fuertes diferencias entre sectores del kirchnerismo, con Mayra Mendoza como una de las voces más duras, y funcionarios cercanos al gobernador.
Dentro del espacio relativizan el valor político de esas filtraciones y cuestionan la difusión de conversaciones privadas. Pero admiten que dejaron al descubierto el nivel de tensión entre el kirchnerismo y el armado político propio del mandatario provincial.
En ese contexto, otro dato saliente fue la reciente asunción del gobernador al frente del Partido Justicialista bonaerense, una señal de acumulación interna que no pasó inadvertida en ningún sector del peronismo.
A eso se sumó el acto en el Teatro Roma junto a Jorge Ferraresi, donde se escuchó con fuerza el canto de “Axel Presidente”, otra muestra de que la proyección nacional del gobernador ya empezó a tomar forma en parte de su entorno.
Ese movimiento convive con una realidad conocida en el peronismo bonaerense: ya hay varios dirigentes anotados para la carrera sucesoria provincial.
Fuentes partidarias en diálogo con Infobae mencionaron entre los nombres en circulación a los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Julio Alak, de La Plata; Mayra Mendoza, de Quilmes; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; y Federico Achával, de Pilar, entre otros.
La conclusión que se repite en la dirigencia es que, con tantos actores en movimiento, las PASO conservan sentido político y las reglas electorales no pueden improvisarse.
Por eso, detrás de la pelea pública y de los chats que dominaron la agenda, lo que ya empezó es otra discusión: cómo se ordenará el peronismo bonaerense y bajo qué reglas llegará a la disputa decisiva de 2027.
POLITICA
Cacace defendió la reforma sobre propiedad privada y aseguró que el límite para la compra de tierras “desalienta proyectos productivos”
La Cámara de Senadores discute un proyecto de ley que apunta a reforzar la protección de la propiedad privada en Argentina. El debate se da tras múltiples cambios en el texto, con el Ejecutivo retirando el capítulo sobre tierras para conseguir consensos. El Gobierno busca dar una señal de seguridad jurídica a inversores y propietarios, mientras persisten diferencias políticas y sociales sobre el alcance de estas reformas.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, sostuvo que la mayor parte de los cambios introducidos al proyecto afectaron el capítulo de tierras. “Donde más cambios hubo en la discusión fue en el tema tierras”, sostuvo en Infobae Al Mediodía.
Según Cacace, esa reforma buscaba facilitar la llegada de inversión extranjera, especialmente en sectores productivos como la forestación en provincias del litoral. Explicó que la ley vigente fija un límite de mil hectáreas para la compra de tierras por extranjeros y prohíbe adquisiciones en zonas de frontera, lo que, según su visión, impide proyectos de gran escala.
Cacace afirmó: “Lo que más necesita Argentina es inversión extranjera directa”. Señaló que las restricciones actuales desalientan proyectos productivos. “Hay proyectos como los forestales, que requieren a veces 70.000 hectáreas para que tenga sentido como unidad productiva. Con mil no se hace nada”, remarcó.
Restricciones para extranjeros y debate sobre inversión
El funcionario explicó que la Constitución argentina garantiza los mismos derechos a extranjeros y nacionales para adquirir bienes raíces. “La Constitución dice: ‘Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, entre ellos a comprar bienes raíces y a enajenarlos’”, citó Cacace.
Reconoció que la actual tenencia de tierras por extranjeros no supera el 6% a nivel nacional, pero insistió en que el límite de superficie y las restricciones en zonas de frontera funcionan como trabas para la inversión.
Cacace señaló que la titularidad de la tierra no implica dominio sobre los recursos naturales: “Si yo compro una propiedad, no soy dueño ni del agua, ni de las minas, ni de los minerales, ni del petróleo. El Estado en Argentina tiene el dominio público”, enfatizó.
El capítulo de tierras quedó fuera del dictamen que se debatió en el recinto, pero el Gobierno anunció que insistirá en tratar el tema por separado para buscar una legislación específica.
Cambios en la ley de expropiaciones
El proyecto endurece los requisitos para que el Estado avance con expropiaciones. Cacace afirmó que “todo lo que está haciendo esta regulación, es decir, tiene que ser más difícil expropiar”. Explicó que la iniciativa exige una declaración precisa de utilidad pública, indemnización previa y justa, y elimina las expropiaciones genéricas. El funcionario consideró que el nuevo texto protege mejor a los propietarios frente al Estado.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del lucro cesante en las indemnizaciones. “Si el Estado te expropia, te tiene que reponer realmente el valor de lo que tenías. Si yo tenía un establecimiento productivo ahí y me haces perder de ganar un montón de dinero, indemnizámelo. Eso es el lucro cesante. Antes no existía como concepto”, detalló Cacace. El afectado podrá reclamar y probar en juicio el daño económico sufrido por la expropiación, más allá de la tasación oficial.
Modificaciones a la ley de manejo del fuego
El proyecto modifica la ley vigente sobre manejo del fuego y reduce la prohibición de cambio de uso tras incendios. Cacace aclaró que la reforma no habilita automáticamente el cambio de destino productivo tras un incendio, sino que traslada a las provincias la potestad de definir el ordenamiento territorial. “No es que se está flexibilizando en el sentido de que se sanciona esto y ahora se puede hacer cualquier cosa. Hay que respetar los ordenamientos territoriales que las provincias hacen”, sostuvo.
La iniciativa mantiene la protección absoluta sobre los bosques nativos, donde no se permite cambiar el uso nunca, y flexibiliza el régimen en otras áreas como humedales y bosques implantados. El funcionario explicó que la competencia ambiental está compartida entre Nación y provincias y que serán estas últimas las que determinen los usos posibles tras un incendio, según los relevamientos periódicos.
Objetivos oficiales y efectos esperados
Cacace consideró que el objetivo central del proyecto es “dejar a la propiedad privada con mucho más respeto y con inviolabilidad”. Destacó que la ley también extiende la vigencia de la ley Pierri para regularización dominial y prevé mecanismos más rápidos para desalojos. El funcionario remarcó que la reforma da una señal a propietarios y posibles inversores sobre el respeto al derecho de propiedad.
El secretario de Desregulación reconoció que la discusión generó conflicto y costo político, pero sostuvo que “cuando uno está dispuesto a reformar, siempre va a pagar costo político y siempre se van a generar estas discusiones”. Añadió que el Gobierno apunta a crear condiciones estables, con reglas claras y seguridad jurídica, para atraer inversiones productivas al país.
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POLITICA
“Macri me alentó a que lo hiciera”: Hernán Lacunza dijo que consensuó su candidatura presidencial con colegas del Pro
El exministro de Economía de Cambiemos Hernán Lacunza ratificó este sábado su intención de competir como precandidato presidencial por el Pro en las próximas elecciones y afirmó que conversó sobre su postulación con el exmandatario Mauricio Macri, quien le dio su respaldo.
“Hablé con el presidente Macri y me alentó a que lo hiciera. También lo consensué con algunos colegas dentro del partido”, sostuvo el economista en conversación con Radio Mitre, aunque remarcó que el partido “se desdibujó en los últimos años” y “perdió nitidez” en su propuesta.
Sobre la gestión del presidente Javier Milei, Lacunza diferenció el ajuste fiscal de la necesidad de inversión en infraestructura. “No todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”, matizó.
“Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis porque vamos a empezar a caernos en los baches”, advirtió.
También se refirió al rumbo económico y destacó el aporte del Gobierno a la estabilización, aunque señaló desequilibrios en la actividad productiva. “El modelo genera poco empleo y está enfocado en la cordillera y la Pampa Húmeda. Hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción que quedan afuera”, enumeró.
“Está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”, comparó, al diferenciar un modelo productivo de uno financiero.
Al ser consultado sobre si su candidatura podría ser considerada “funcional al kirchnerismo” por “dividir a la derecha o centro-derecha”, Lacunza respondió: “Me parece que ese argumento es filosóficamente pobre. ‘Que no aparezca nada mejor por si aparece algo peor’. Es condenarnos a lo que hay”, sostuvo.
Su anuncio y la reacción del Gobierno
El dirigente del Pro ya había expresado su voluntad de postularse en julio de este año, durante una entrevista con el canal A24. “Le va a hacer bien al país que haya opciones de corte liberal, pero con otra jerarquía institucional”, afirmó en aquella oportunidad.
Según pudo saber , en la Casa Rosada le restaron importancia los dichos del exministro de Hacienda. Fuentes del Gobierno entienden que el Pro busca condicionar a La Libertad Avanza (LLA) de cara a un posible acuerdo en la ciudad de Buenos Aires.
“Con la candidatura de Lacunza quieren demostrar que es creíble que pueden hacerle un daño a la reelección del Presidente para poner sobre la mesa un acuerdo en la Ciudad”, afirmaron desde la dirigencia libertaria.
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POLITICA
Reforma por falsas denuncias: una especialista advirtió que el proyecto “castiga denunciar” la violencia de género
El Senado abrió el debate sobre un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en causas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la senadora Carolina Losada, despertó cuestionamientos entre organizaciones especializadas, que advierten que la reforma podría tener un efecto contrario al que busca: desalentar las denuncias de quienes sufren violencia.
Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.
“El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.
Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.
Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.
“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.
Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.
En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.
La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.
“Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.
Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.
Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.
En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.
“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.
Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.
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