POLITICA
La refundación de la Justicia de Milei y Mahiques: un inicio endogámico y con nombres negociados con gobernadores
La refundación del Poder Judicial que anunció el presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobó los pliegos de 74 nuevos jueces y fiscales está caracterizada, en esta primera etapa, por un dominio endogámico de integrantes de la propia familia judicial.
Un análisis de la lista de nombramientos muestra lazos de parentesco o relaciones laborales dentro del propio Poder Judicial.
También exhibe magistrados impulsados por gobernadores aliados de la Casa Rosada, que mantiene la renovación dentro del mismo poder político.
Los nombres representan una primera tanda para cubrir las vacantes, pero no ocuparán los cargos más sensibles de la Justicia nacional y federal.
Los lugares más delicados aparecen en los tribunales de Comodoro Py 2002, que se analizarán en el Senado más adelante.
De una primera lectura de los nombres de los 74 candidatos a los que el Senado le dio ahora luz verde, se destaca primero el revuelo político que generó la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata cuyo nombramiento el propio Gobierno había intentado bloquear por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.
Ahora, el presidente Milei se resiste a firmar el decreto de su designación. Es su facultad.
A pesar de que el Senado le dobló el brazo a Milei al aprobar el dictamen de Michelli, el Gobierno puede festejar que esta tanda representa los primeros nombramientos judiciales de la actual gestión después de dos años y medio.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había llegado al cargo con más de 360 vacantes en el Poder Judicial federal. No se designaban jueces en esta cantidad desde hace diez años.
Todos los futuros magistrados que llegaron hasta aquí en la etapa de selección lo hicieron porque aprobaron con suficiencia un examen técnico en el Consejo de la Magistratura, pasaron entrevistas personales, fueron votados en ese organismo por sus pares, por abogados, por diputados, por senadores y por académicos, y luego el Poder Ejecutivo los eligió de una terna. Algunos concursaban hace más de diez años para estos cargos.
En la lista —más allá de Michelli— sobresalen otros nombres que reafirman la idea de que los candidatos, ahora a tiro de decreto para ser jueces o fiscales, son del riñón del Poder Judicial, ya sea por ser hijos o esposas de magistrados o por haber tenido como jefes a algunos influyentes jueces.
El sociólogo Juan José Nardi expone en su etnografía La familia judicial que, más allá de que el Consejo de la Magistratura pretende nombrar jueces según sus méritos, el modelo se perpetúa porque los candidatos necesitan de padrinos, madrinas y lobbistas de la propia justicia o el Gobierno para llegar al cargo. Y esas lealtades perduran y explican las relaciones en el tiempo.
En la lista que aprobó el Senado está Emilio Rosatti, que se convertirá en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Su pliego fue enviado por el Ejecutivo y generó debate. Dos votos del kirchnerismo fueron en contra.
Otro ejemplo es el de Juan Andrés Moldes, cuyo pliego fue aprobado para ser fiscal de primera instancia en el fuero Penal Económico. Es hijo del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, de ascendencia en la justicia federal y fallecido en 2024. Juan Andrés Moldes, hijo, concursó con éxito y está a un paso de convertirse en fiscal. Su padre se jactaba de no haber llegado a su cargo por esa vía. “Quédese tranquilo. Yo no llegué por concurso”, decía un cartel colocado en su escritorio.
Laureano Durán es otro de los candidatos con el pliego aprobado por el Senado para ser designado camarista en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la Sala I. Es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán, fanático hincha de Gimnasia y Esgrima y con fluidos vínculos con el peronismo bonaerense de Julio Alak. Laureano Durán sigue los pasos de su padre.
También fue aprobado el pliego de Nicolás Pacilio para el Tribunal Oral Criminal N° 1. Se trata de un joven secretario de la Cámara Federal que es hijo de Antonio Pacilio, excamarista federal de La Plata.
Varios de los pliegos aprobados corresponden a cónyuges de magistrados que intervienen en causas de alto impacto político, como por ejemplo Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga al presidente Javier Milei en la causa $LIBRA.
El pliego de Juan fue aprobado como jueza federal de primera instancia de Hurlingham. Ingresó a Comodoro Py hace tres décadas y es secretaria de la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Su designación fue de las más debatidas y aprobada por unanimidad.
En este capítulo también destaca el pliego de Yamile Susana Bernan como camarista de la Cámara del Crimen. Es la esposa de Diego Guerendiain, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia cuando estaba al mando de Mariano Cúneo Libarona.
Guerendiain fue desplazado por diferencias con Sebastián Amerio, el entonces viceministro.
También fueron considerados para jueces y fiscales secretarios y excolaboradores directos de los jueces federales más importantes de Comodoro Py.
Así, María Julia Sosa, designada como futura jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, si Milei firma su decreto, es secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini de Comodoro Py 2002.
El juez federal instruyó las causas de mayor perfil contra la expresidenta Cristina Kirchner: Vialidad, donde fue condenada, y Hotesur y Los Sauces. El kirchnerismo votó en contra de su designación. Fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados.
También fue aprobado el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo, quien se desempeña como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Es exsecretario letrado del juzgado del juez federal Ariel Lijo. Milei intentó llevar a Lijo a la Corte y no logró los votos de los senadores.
El juzgado de Lijo lleva hoy la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS y la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es la tercera vez que Arzubi Calvo es propuesto para el cargo de juez y, finalmente ahora, su pliego fue aprobado por unanimidad.
Pablo Ezequiel Wilk tiene acuerdo del Senado para el Tribunal Oral Federal dos de La Plata y es secretario del juzgado federal de Luis Armella.
En el caso de Jésica Yael Sircovich, fue aprobado su pliego como jueza del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y es secretaria de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ivana Quinteros, histórica secretaria de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py 2002, fue designada como jueza del Tribunal Oral Criminal 20.
La tanda de nombres incluyó a algunos magistrados con trayectorias políticas cercanas al macrismo, como Jorge Djivaris, ahora a punto de ser designado camarista en lo Comercial en la Sala B, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
Su postulación para la Sala B de la Cámara Comercial -que interviene en la causa vinculadas al concurso preventivo y quiebra de Correo Argentino S.A, generó una impugnación que lo acusaba falsamente de ser familiar del ministro Mahiques. El propio Djivaris desmintió el vínculo ante la Comisión de Acuerdos. La senadora Patricia Bullrich pidió que esa aclaración quedara en actas y fue aprobado por mayoría.
Santiago Vismara, con acuerdo del Senado como fiscal general ante los tribunales en lo criminal y correccional, fue fiscal designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. También fue firmante de la solicitada de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales identificada con el kirchnerismo. Su inclusión en una tanda impulsada por La Libertad Avanza generó sorpresas y su pliego fue aprobado por unanimidad.
En apenas tres meses, Mahiques envió más de 150 pliegos en distintas tandas. La Comisión de Acuerdos del Senado trabajó a ritmo acelerado para otorgarles dictamen.
El pasado jueves 4 de junio lo logró, luego de tensión política, idas y venidas y una lista que primero era de 50 jueces y fiscales y luego llegó a los 74 incluyendo a Michelli y la cobertura de vacantes en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa.
Al menos seis de cada diez candidatos enviados por el Gobierno ya se desempeñaban dentro del Poder Judicial, en busca de ascensos o traslados a cargos de mayor jerarquía. Muy pocos casos provinieron de fuera del sistema, según calculó Chequeado.
Entre los candidatos hay un 69% de la Ciudad de Buenos Aires y un 31% de tribunales del interior del país.
En el interior, la distribución es muy desigual: casi la mitad del cupo provincial se lo lleva la propia provincia de Buenos Aires —La Plata, San Martín y Hurlingham suman 13 pliegos (el 17,6% del total), y 10 pliegos son para el resto del país. Incluyen las provincias de Santa Fe, Mendoza y Formosa, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos..
Así Mendoza obtuvo dos designaciones: un defensor público, que es Carlos Agustín Parma, y un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones.
Se trata de Sebastián Guillermo Soneira, exfuncionario de confianza del gobernador Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional. Soneira fue director de Personas Jurídicas y Cornejo apoyó activamente su postulación.
Fue designado originalmente por el gobernador Cornejo y permaneció en el cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suarez. Al momento de su designación judicial, ejercía como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal provincial, cargo que ocupaba desde finales de 2025.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a la que ingresa Soneira es el tribunal de mayor relevancia en la provincia, pues allí se analizan casos de narcotráfico, delitos fiscales y conflictos de derechos humanos.
En Santa Fe fueron aprobados tres pliegos de jueces donde el gobernador Maximiliano Pullaro pujó por sus designaciones, en el contexto de la crisis de seguridad por el narcotráfico. Pullaro se reunió con el ministro Mahiques para gestionar la cobertura de vacantes en la Justicia federal de su provincia.
Además, en esa lista está el ahora posible juez Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal federal de Juicio de Santa Fe, y Walter Alberto Rodríguez, con acuerdo para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe.
En Rafaela prosperó el pliego de Santiago Saux como juez federal con el que se cubre una vacante de seis años en un juzgado que controla el 30% del territorio provincial y la ruta del narcotráfico hacia el puerto de Rosario.
En Neuquén fue designado Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio. El magistrado propuesto fue asesor de la ministra kirchnerista Nilda Garré y en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por el allanamiento a una comunidad mapuche. También fue denunciante en el caso Lago Escondido. Se desempeña como defensor federal en Neuquén desde hace años. Su pliego fue incorporado por pedido del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
En Salta fue aprobado el pliego de Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal de Primera Instancia n.º 2; sin vínculos políticos, encabezó el orden de mérito del concurso.
Salta es gobernada por Gustavo Sáenz, un peronismo que mantiene relaciones de convivencia con el gobierno nacional.
En Bariloche se le dio acuerdo a Leandro Agustín Gómez Constenla como juez federal. Obtuvo el mayor puntaje en el concurso y el juzgado estaba vacante desde agosto de 2019.
En Formosa obtuvo el acuerdo el pliego de Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio. Fue víctima de abusos del poder policial en Formosa bajo la gestión de Gildo Insfrán y su designación es casi una declaración antioficialista.
endogámico,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Rogelio Frigerio ya piensa en su reelección en Entre Ríos: alianza con La Libertad Avanza y eventual eliminación de las PASO
Mientras el Gobierno nacional busca fortalecer sus vínculos en el Congreso, en las provincias comienzan a avanzar distintas negociaciones de cara a las elecciones del año próximo. Varios gobernadores mantienen un buen diálogo con la Casa Rosada y ya evalúan avanzar en alianzas políticas que les permitan sostener sus proyectos de reelección.
Uno de ellos es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que consolidó una relación colaborativa con el presidente Javier Milei y sus ministros.
En ese contexto, en la provincia también comenzó a discutirse una posible modificación del calendario electoral. Entre las alternativas que analiza el oficialismo aparece la eliminación de las elecciones primarias (PASO), aunque por el momento no existe un proyecto definido.
“No hay una decisión tomada sobre la eliminación de las PASO en la provincia”, señalaron cerca del gobernador. De todos modos, admitieron que la posibilidad está sobre la mesa: “Estamos más a favor de simplificar el calendario electoral en la provincia, pero todavía no hay un proyecto de ley. Estamos teniendo esa discusión en estos días”.
Leé también: Un foro libertario reunió en el Congreso a dirigentes de 10 países y destacó el liderazgo regional de Milei
La eventual eliminación de las primarias tendría un impacto directo en el armado electoral de 2027 y en la estrategia del oficialismo provincial. Sin PASO, las fuerzas políticas deberían definir internamente sus candidaturas por otros mecanismos y los acuerdos entre los distintos sectores adquirirían un peso todavía mayor.
Frigerio y una alianza cada vez más cerca de Milei
El otro eje de la estrategia del gobernador es el vínculo con La Libertad Avanza. En la Provincia reconocen que existe una relación de cooperación con Nación y que el objetivo es trasladar esa cercanía a un eventual frente electoral.
“Somos aliados con La Libertad Avanza, no hay ninguna duda. Tenemos una excelente relación. Hubo muchos anuncios y gestiones este año”, remarcaron desde el entorno de Frigerio.
La definición, sin embargo, no implica que el gobernador y el Presidente compartan todo el programa político. La apuesta pasa por construir una alianza a partir de los puntos de coincidencia y evitar que las diferencias impidan un acuerdo de cara a las elecciones.

“Es verdad que no somos lo mismo, pero creemos que tenemos que armar el frente más amplio posible, dándole importancia al núcleo de coincidencias que tenemos más que a las diferencias”, explicaron.
La estrategia busca ampliar el espacio oficialista provincial y, al mismo tiempo, evitar una competencia entre el sector de Frigerio y el armado libertario que pueda dividir el voto en 2027.
El objetivo: un segundo mandato
En ese escenario, el gobernador ya tiene definido su principal objetivo político para el próximo turno electoral: buscar un segundo mandato al frente de Entre Ríos.
La definición abre ahora una etapa de negociaciones para determinar cómo será el armado electoral. El vínculo con La Libertad Avanza, la eventual eliminación de las PASO y la incorporación de otros sectores que hoy integran el oficialismo provincial serán parte de esa discusión.
Frigerio también deberá encontrar un equilibrio entre mantener su identidad política y profundizar la alianza con Milei. Es uno de los referentes del PRO y uno de los pocos mandatarios provinciales que tiene el partido fundado por Mauricio Macri. La estrategia, por ahora, busca competir juntos allí donde existan coincidencias y evitar una dispersión de fuerzas que pueda favorecer a la oposición.
Con las elecciones de 2027 todavía lejos, Entre Ríos empieza así a convertirse en uno de los distritos donde el oficialismo provincial y La Libertad Avanza deberán definir si la alianza que funciona en la gestión puede transformarse también en un acuerdo electoral.
Rogelio Frigerio, Elecciones, PASO
POLITICA
La respuesta de Pablo Moyano sobre el escándalo que involucró a su hermano Facundo y a su novia
Este viernes el líder de Camioneros, Pablo Moyano, rompió el silencio con una particular respuesta al ser consultado sobre el escándalo que involucró a su hermano Facundo, imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad y lesiones leves en el contexto de violencia de género.
“Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver”, se limitó a decir primero ante la consulta de los periodistas. Luego, agregó: “Encima mi pibe se llama Facundo Moyano, yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano”. Tras eso, se retiró.
El sindicalista dio el presente en la marcha por San Cayetano convocada también en el centro porteño -además de en Liniers- y aprovechó para manifestarse en contra de la media sanción de la ley de propiedad privada que aprobó el Senado.
El miércoles, el día en que Facundo Moyano fue detenido en la vía pública sospechado de ejercer violencia contra su pareja, Candela Arizaga, su hermano Pablo no se manifestó al respecto y se mostró en una reunión con el dirigente social Esteban Gringo Castro previo a San Cayetano, que se celebra todos los 7 de agosto.
El escándalo de Facundo Moyano
El miércoles por la madrugada, Arizaga había sido registrada mientras corría y era perseguida por Moyano, su pareja, en el barrio porteño de Belgrano. En ese momento, ambos fueron interceptados por la Policía.
Tras ello, la modelo e influencer habló sobre lo sucedido desde el Hospital Pirovano, donde fue trasladada para su revisión. Por su parte, Moyano fue detenido en una comisaría e imputado. Luego fue liberado.
Horas después, en su segunda declaración, la mujer negó que haya sido golpeada o agredida por Moyano y aseguró que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes.
“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes. También habló de que ‘alucinó’ y que por eso salió corriendo”, explicaron fuentes cercanas al caso, en diálogo con .
En paralelo, se llevó a cabo un allanamiento sobre la casa de Moyano. El resultado del procedimiento resultó negativo. Las fuerzas de seguridad secuestraron un reloj inteligente, un USB y medicamentos.
Ayer, ante la fiscal Florencia Nocerez, quien conduce una fiscalía especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Ciudad, Arizaga volvió a declarar. “Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína. Yo venía con cambios en estado de ánimo y no fue una buena mezcla y tuve un brote psicótico”, dijo.
También negó haber discutido con Moyano. “No tuvimos ninguna discusión ni nada por el estilo. Ni siquiera tuvimos sexo”, aseguró.
La relación entre hermanos
Pablo y Facundo permanecen distanciados y sus diferencias se hicieron públicas a inicios de 2024, cuando protagonizaron un cruce de declaraciones.
El conflicto se generó a raíz de un paro general que había convocado la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la denominada ley ómnibus y el DNU que el Gobierno denominó “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.
Facundo se había expresado a favor de la medida, pero indicó que la movilización también debía contar con “una profunda autocrítica desde el peronismo, CGT y los dirigentes”. “Siempre le echan la culpa a otro, pero también tiene que ver con el desastre que se hizo durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández”, había manifestado.
Durante la marcha, que se desarrolló el 24 de enero de 2024, Pablo fue consultado por los dichos de su hermano. “No hablo de la farándula”, respondió.
Dos semanas después, en febrero, Facundo volvió a la carga: “Este año voy a hablar mucho de las ideas, poco de las personas. En este caso quiero hacer una aclaración: nada de lo que haya hecho, de lo que haga, diga o de lo que insinúe Pablo Moyano tiene que ver conmigo. Absolutamente nada. El dirigente sindical que yo conozco se llama Hugo Antonio Moyano (su padre), les guste o no”.
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Viraje en el Gobierno: de ahora en más priorizarán solo los proyectos centrales y enfriarán las reformas de Sturzenegger
Tras la media sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el Gobierno confluían distintas sensaciones. Por un lado, la satisfacción de haber obtenido la aprobación. Por otro, el impacto de los capítulos que debieron quedar en el camino por falta de apoyo. Por eso una certeza se instaló en las últimas horas en la Casa Rosada: de acá en adelante se deberán priorizar los proyectos “centrales” para el Gobierno, con la mira puesta en “cuidar” el vínculo con los aliados, en especial, de cara al desafío electoral de 2027.
“El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada era deseable que se debatiera hasta las últimas consecuencias”, sostuvo una importante voz de la Casa Rosada, que reconoció satisfacción en la media sanción.
Sin embargo, la misma fuente definió la fórmula para el futuro cercano: “No tensar la relación con los aliados”.
Nadie se atreve a asegurar que los proyectos impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, van a postergarse. Pero la evaluación de la estrategia se modificó. “Sus proyectos son importantes, el tema es el timing”, advertían.
En Balcarce 50 relativizaban las versiones de malestar con Sturzenegger surgidas del Congreso.
Sin embargo, admitían que hubo molestia por el conflicto que se desató con los prácticos navales, tras un decreto impulsado por el ministro. “Eso estuvo mal manejado”, reconocían en el oficialismo.
“En el tema de los prácticos faltó un paraguas respecto de qué pasaba si se paraban los sindicatos”, detallaron.
“Federico es muy importante para el presidente, es fundamental por todo lo que tiene que ver con desregulación; sus proyectos son muy importantes, el tema a veces es el timing”, insistían fuentes de Gobierno.
El traumático paso del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por el Senado afianzó una convicción en la Casa Rosada: con la mirada puesta en el futuro electoral, de ahora en más “cada negociación en el Congreso debe ser mirando la política”.
En ese esquema de prioridades, las iniciativas de Sturzenegger vinculadas a temas como venta de libros, farmacias e inmobiliarias, o el capítulo de Inteligencia Artificial en la ley de Sociedades, parecían quedar postergadas.
En la agenda más inmediata del gobierno aparecen prioridades como reforma de la carta orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal y reforma política, entre otras.
“Lo que tenemos que hacer es apuntar a las cosas más grandes, más trascendentes”, dijo la jefa del bloque libertario en el Senado en declaraciones radiales, Patricia Bullrich.
“No detenernos en detalles, en cosas que por ahí no son las fundamentales en la estructura de cambios que queremos hacer”, amplió. Bullrich priorizó proyectos específicos de calidad por sobre las leyes ómnibus.
La senadora evitó cargar responsabilidades, pero pidió que la producción parlamentaria “tenga un sentido”.
“Ayer, el Gobierno salió para adelante; se obtuvo media sanción, se intentó todo lo posible y se sacó lo que no pasaba, porque si se insistía, se hubiera caído”, reconoció una importante voz del Gobierno. Al mismo tiempo, en la Casa Rosada resaltaban la importancia del mensaje “para los inversores”, a nivel conceptual, de lo que significa un proyecto orientado a la protección de la propiedad privada.
Al mismo tiempo que reconocía la importancia, de cara a lo que viene, de que las discusiones que se den tienen que cuidar la discusión política.
En esa lógica ubicaban a la mesa política como “central” de cara a lo que viene. “Karina dio la orden de que todo pase por la mesa política”, apuntaban este viernes cerca de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.
Allí, semanalmente, confluyen las necesidades políticas y de gestión con las visiones estratégicas y de comunicación respecto de qué y cómo se necesita y conviene hacer.
“Todo proyecto tiene que pasar por la mesa”, repetían este viernes casi como un mantra en distintas terminales. Eso es lo que, explicaban, se viene conversando, con Karina Milei y Diego Santilli, que la encabezan, al frente de lo que pasa por allí.
“Es la mirada fundamental, la del control político”, ampliaban.
Además de la funcionaria y de Diego Santilli, en la mesa están Bullrich; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; el ministro Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
“Todo tiene que pasar por ahí”, repetían y resaltaban que en ese paso, las preguntas fundamentales más allá de los proyectos que se trabajan son fundamentalmente de tiempos políticos: “¿Es ahora?”, “¿Conviene?”, “¿Hay buen timing?”.
“La mesa ordenará lo que va ahora y más adelante”, fue una de las definiciones que emanaron esta jornada.
En lo inmediato, en el oficialismo buscan avanzar con el proyecto de ley de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que comenzará a tratarse a mediados de mes en la Cámara de Diputados y el proyecto de Inocencia Fiscal. “Hay que verlo todo estratégicamente. Cada negociación es muy sensible”, ampliaban.
En ese sentido resaltaban lo que esta madrugada sucedió con el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, más allá de las concesiones que debieron hacer prescindiendo de algunos capítulos. “Es uno de los proyectos fundamentales y hubo que sacar cosas porque sino no se sancionaba. Se logró la media sanción y está bien”, aseguraban.
En las filas del Ejecutivo también había una buena lectura de la labor de Bullrich en el tema. “Con ella está todo más que bien”, decían en Balcarce 50 y respetaban su hipótesis de que, como dijo públicamente al salir del recinto, si se trataba en julio, cuando se intentó inicialmente, el proyecto salía como estaba inicialmente. “Es una hipótesis”, mencionó uno de los consultados.
Bullrich, al salir del Senado, durante la madrugada apuntó a la demora que se dio a fines de junio, cuando al intentar llevar el tema al recinto, la oposición buscó colar la interpelación al por entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y el oficialismo debió replegarse. Aunque fue la única que lo dijo en público, la postura de Bullrich era compartida internamente por otros miembros del oficialismo que aún lamentan los impactos del caso que involucró al exministro coordinador.
A Bullrich también se le reconocía la reacción durante la noche del jueves, para cuidar la relación con los aliados. Fue por lo que hizo para que se corrigiera y pidiera disculpas el senador Joaquín Benegas Lynch que en su discurso los apuntó con la palabra “tibios”.
“Patricia lo quería matar”, aseguraron en el oficialismo. “Lo hizo ir a pedir perdón uno por uno”, ampliaban.
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