POLITICA
La refundación de la Justicia de Milei y Mahiques: un inicio endogámico y con nombres negociados con gobernadores
La refundación del Poder Judicial que anunció el presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobó los pliegos de 74 nuevos jueces y fiscales está caracterizada, en esta primera etapa, por un dominio endogámico de integrantes de la propia familia judicial.
Un análisis de la lista de nombramientos muestra lazos de parentesco o relaciones laborales dentro del propio Poder Judicial.
También exhibe magistrados impulsados por gobernadores aliados de la Casa Rosada, que mantiene la renovación dentro del mismo poder político.
Los nombres representan una primera tanda para cubrir las vacantes, pero no ocuparán los cargos más sensibles de la Justicia nacional y federal.
Los lugares más delicados aparecen en los tribunales de Comodoro Py 2002, que se analizarán en el Senado más adelante.
De una primera lectura de los nombres de los 74 candidatos a los que el Senado le dio ahora luz verde, se destaca primero el revuelo político que generó la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata cuyo nombramiento el propio Gobierno había intentado bloquear por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.
Ahora, el presidente Milei se resiste a firmar el decreto de su designación. Es su facultad.
A pesar de que el Senado le dobló el brazo a Milei al aprobar el dictamen de Michelli, el Gobierno puede festejar que esta tanda representa los primeros nombramientos judiciales de la actual gestión después de dos años y medio.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había llegado al cargo con más de 360 vacantes en el Poder Judicial federal. No se designaban jueces en esta cantidad desde hace diez años.
Todos los futuros magistrados que llegaron hasta aquí en la etapa de selección lo hicieron porque aprobaron con suficiencia un examen técnico en el Consejo de la Magistratura, pasaron entrevistas personales, fueron votados en ese organismo por sus pares, por abogados, por diputados, por senadores y por académicos, y luego el Poder Ejecutivo los eligió de una terna. Algunos concursaban hace más de diez años para estos cargos.
En la lista —más allá de Michelli— sobresalen otros nombres que reafirman la idea de que los candidatos, ahora a tiro de decreto para ser jueces o fiscales, son del riñón del Poder Judicial, ya sea por ser hijos o esposas de magistrados o por haber tenido como jefes a algunos influyentes jueces.
El sociólogo Juan José Nardi expone en su etnografía La familia judicial que, más allá de que el Consejo de la Magistratura pretende nombrar jueces según sus méritos, el modelo se perpetúa porque los candidatos necesitan de padrinos, madrinas y lobbistas de la propia justicia o el Gobierno para llegar al cargo. Y esas lealtades perduran y explican las relaciones en el tiempo.
En la lista que aprobó el Senado está Emilio Rosatti, que se convertirá en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Su pliego fue enviado por el Ejecutivo y generó debate. Dos votos del kirchnerismo fueron en contra.
Otro ejemplo es el de Juan Andrés Moldes, cuyo pliego fue aprobado para ser fiscal de primera instancia en el fuero Penal Económico. Es hijo del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, de ascendencia en la justicia federal y fallecido en 2024. Juan Andrés Moldes, hijo, concursó con éxito y está a un paso de convertirse en fiscal. Su padre se jactaba de no haber llegado a su cargo por esa vía. “Quédese tranquilo. Yo no llegué por concurso”, decía un cartel colocado en su escritorio.
Laureano Durán es otro de los candidatos con el pliego aprobado por el Senado para ser designado camarista en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la Sala I. Es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán, fanático hincha de Gimnasia y Esgrima y con fluidos vínculos con el peronismo bonaerense de Julio Alak. Laureano Durán sigue los pasos de su padre.
También fue aprobado el pliego de Nicolás Pacilio para el Tribunal Oral Criminal N° 1. Se trata de un joven secretario de la Cámara Federal que es hijo de Antonio Pacilio, excamarista federal de La Plata.
Varios de los pliegos aprobados corresponden a cónyuges de magistrados que intervienen en causas de alto impacto político, como por ejemplo Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga al presidente Javier Milei en la causa $LIBRA.
El pliego de Juan fue aprobado como jueza federal de primera instancia de Hurlingham. Ingresó a Comodoro Py hace tres décadas y es secretaria de la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Su designación fue de las más debatidas y aprobada por unanimidad.
En este capítulo también destaca el pliego de Yamile Susana Bernan como camarista de la Cámara del Crimen. Es la esposa de Diego Guerendiain, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia cuando estaba al mando de Mariano Cúneo Libarona.
Guerendiain fue desplazado por diferencias con Sebastián Amerio, el entonces viceministro.
También fueron considerados para jueces y fiscales secretarios y excolaboradores directos de los jueces federales más importantes de Comodoro Py.
Así, María Julia Sosa, designada como futura jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, si Milei firma su decreto, es secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini de Comodoro Py 2002.
El juez federal instruyó las causas de mayor perfil contra la expresidenta Cristina Kirchner: Vialidad, donde fue condenada, y Hotesur y Los Sauces. El kirchnerismo votó en contra de su designación. Fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados.
También fue aprobado el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo, quien se desempeña como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Es exsecretario letrado del juzgado del juez federal Ariel Lijo. Milei intentó llevar a Lijo a la Corte y no logró los votos de los senadores.
El juzgado de Lijo lleva hoy la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS y la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es la tercera vez que Arzubi Calvo es propuesto para el cargo de juez y, finalmente ahora, su pliego fue aprobado por unanimidad.
Pablo Ezequiel Wilk tiene acuerdo del Senado para el Tribunal Oral Federal dos de La Plata y es secretario del juzgado federal de Luis Armella.
En el caso de Jésica Yael Sircovich, fue aprobado su pliego como jueza del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y es secretaria de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ivana Quinteros, histórica secretaria de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py 2002, fue designada como jueza del Tribunal Oral Criminal 20.
La tanda de nombres incluyó a algunos magistrados con trayectorias políticas cercanas al macrismo, como Jorge Djivaris, ahora a punto de ser designado camarista en lo Comercial en la Sala B, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
Su postulación para la Sala B de la Cámara Comercial -que interviene en la causa vinculadas al concurso preventivo y quiebra de Correo Argentino S.A, generó una impugnación que lo acusaba falsamente de ser familiar del ministro Mahiques. El propio Djivaris desmintió el vínculo ante la Comisión de Acuerdos. La senadora Patricia Bullrich pidió que esa aclaración quedara en actas y fue aprobado por mayoría.
Santiago Vismara, con acuerdo del Senado como fiscal general ante los tribunales en lo criminal y correccional, fue fiscal designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. También fue firmante de la solicitada de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales identificada con el kirchnerismo. Su inclusión en una tanda impulsada por La Libertad Avanza generó sorpresas y su pliego fue aprobado por unanimidad.
En apenas tres meses, Mahiques envió más de 150 pliegos en distintas tandas. La Comisión de Acuerdos del Senado trabajó a ritmo acelerado para otorgarles dictamen.
El pasado jueves 4 de junio lo logró, luego de tensión política, idas y venidas y una lista que primero era de 50 jueces y fiscales y luego llegó a los 74 incluyendo a Michelli y la cobertura de vacantes en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa.
Al menos seis de cada diez candidatos enviados por el Gobierno ya se desempeñaban dentro del Poder Judicial, en busca de ascensos o traslados a cargos de mayor jerarquía. Muy pocos casos provinieron de fuera del sistema, según calculó Chequeado.
Entre los candidatos hay un 69% de la Ciudad de Buenos Aires y un 31% de tribunales del interior del país.
En el interior, la distribución es muy desigual: casi la mitad del cupo provincial se lo lleva la propia provincia de Buenos Aires —La Plata, San Martín y Hurlingham suman 13 pliegos (el 17,6% del total), y 10 pliegos son para el resto del país. Incluyen las provincias de Santa Fe, Mendoza y Formosa, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos..
Así Mendoza obtuvo dos designaciones: un defensor público, que es Carlos Agustín Parma, y un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones.
Se trata de Sebastián Guillermo Soneira, exfuncionario de confianza del gobernador Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional. Soneira fue director de Personas Jurídicas y Cornejo apoyó activamente su postulación.
Fue designado originalmente por el gobernador Cornejo y permaneció en el cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suarez. Al momento de su designación judicial, ejercía como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal provincial, cargo que ocupaba desde finales de 2025.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a la que ingresa Soneira es el tribunal de mayor relevancia en la provincia, pues allí se analizan casos de narcotráfico, delitos fiscales y conflictos de derechos humanos.
En Santa Fe fueron aprobados tres pliegos de jueces donde el gobernador Maximiliano Pullaro pujó por sus designaciones, en el contexto de la crisis de seguridad por el narcotráfico. Pullaro se reunió con el ministro Mahiques para gestionar la cobertura de vacantes en la Justicia federal de su provincia.
Además, en esa lista está el ahora posible juez Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal federal de Juicio de Santa Fe, y Walter Alberto Rodríguez, con acuerdo para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe.
En Rafaela prosperó el pliego de Santiago Saux como juez federal con el que se cubre una vacante de seis años en un juzgado que controla el 30% del territorio provincial y la ruta del narcotráfico hacia el puerto de Rosario.
En Neuquén fue designado Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio. El magistrado propuesto fue asesor de la ministra kirchnerista Nilda Garré y en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por el allanamiento a una comunidad mapuche. También fue denunciante en el caso Lago Escondido. Se desempeña como defensor federal en Neuquén desde hace años. Su pliego fue incorporado por pedido del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
En Salta fue aprobado el pliego de Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal de Primera Instancia n.º 2; sin vínculos políticos, encabezó el orden de mérito del concurso.
Salta es gobernada por Gustavo Sáenz, un peronismo que mantiene relaciones de convivencia con el gobierno nacional.
En Bariloche se le dio acuerdo a Leandro Agustín Gómez Constenla como juez federal. Obtuvo el mayor puntaje en el concurso y el juzgado estaba vacante desde agosto de 2019.
En Formosa obtuvo el acuerdo el pliego de Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio. Fue víctima de abusos del poder policial en Formosa bajo la gestión de Gildo Insfrán y su designación es casi una declaración antioficialista.
endogámico,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La Libertad Avanza reúne a sus principales referentes en Río Gallegos para fortalecer el armado en Santa Cruz
La Libertad Avanza realiza este viernes en Río Gallegos un encuentro con fuerte contenido político que reúne a dirigentes nacionales, legisladores y referentes provinciales del espacio. Bajo el nombre Foro Austral de la Libertad, la actividad busca consolidar el armado libertario en Santa Cruz rumbo al calendario electoral de 2027.
El evento se desarrolla desde las 15 en un salón ubicado sobre la avenida Magallanes y cuenta con la presencia de alrededor de medio centenar de dirigentes vinculados al oficialismo nacional. La apertura estará a cargo del diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán.
Entre los referentes nacionales que confirmaron su participación figuran Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde, María Celeste Ponce y el senador Juan Carlos Pagotto, además de otros dirigentes del espacio.
Según trascendió en medios santacruceños, el encuentro también podría servir para formalizar el lanzamiento de Guzmán como candidato a gobernador de Santa Cruz por La Libertad Avanza, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial.
Leé también: En el Gobierno admiten que las declaraciones de Milei sobre Adorni causaron impacto y profundizaron la incertidumbre
La jornada estará organizada en cuatro paneles temáticos que abordarán algunos de los principales ejes de la agenda política del oficialismo.
El primero, titulado “Las reformas para una Argentina potencia”, estará enfocado en las transformaciones económicas e institucionales impulsadas por el Gobierno nacional y contará con las exposiciones de Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde y Rubén Argomil.
Luego será el turno del panel “La otra cara del sistema: consecuencias de las falsas denuncias”, en el que participarán Lilia Lemoine, Juan Carlos Pagotto, María Celeste Ponce y Álvarez Martínez.
Tras un receso, el foro continuará con el debate “Reforma electoral: más transparencia, menos privilegios”, donde expondrán Guillermo Montenegro, Gonzalo Guzmán Coraita, Adrián Núñez y Gladys Montiel.
El cierre estará dedicado a uno de los conceptos que el oficialismo convirtió en una de sus principales banderas políticas: “La batalla cultural: la defensa de las ideas de la libertad”. En ese panel disertarán Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Gabriel Ballerini, María Emilia Orozco y nuevamente Lilia Lemoine.
Con esta actividad, La Libertad Avanza busca profundizar su presencia territorial en Santa Cruz y comenzar a delinear la estrategia política con vistas a las próximas elecciones provinciales.
La Libertad Avanza, Santa Cruz, Elecciones
La Cámara Federal de Casación decidió revisar el polémico fallo que liberó al Rey de la Salada, Jorge Castillo, parte de su familia y colaboradores, acusados de lavado de dinero.
El fallo es de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Por eso la causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora que se derrumbó en abril pasado, ahora puede resucir.
La justicia había ordenado liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.
El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.
El tribunal platense decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.
Ahora, los jueces de la Casación decidieron que van a revisar esa medida tras admitir un recurso de la fiscalía en ese sentido.
La Cámara Federal de La Plata había argumentado que no existían pruebas suficientes para mantenerlos procesados por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal había ordenado la inmediata libertad de todos los detenidos y dejado sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.
Los camaristas habían criticado la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado firmado por el juez Luis Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.
La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.
La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.
Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.
También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.
Todos ahora están nuevamente en la mira de la Justicia.
La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.
La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
megaferia La Salada,Hernán Cappiello,Conforme a
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Cooperativistas prendieron fuego la entrada de la municipalidad de La Plata y rompieron vidrios
El humo, el fuego y las piedras protagonizaron la mañana de este viernes en La Plata, luego de que una manifestación de cooperativistas frente a la municipalidad local derivara en serios incidentes que culminaron con la detención de 19 personas.
Antes de las 10 de la mañana se congregó frente al edificio municipal un grupo de personas para reclamar por el cese de las contrataciones directas a cooperativas por parte del gobierno que encabeza Julio Alak para los servicios de limpieza de zanjas, cortes de césped y barrido en todo el partido de La Plata. De hecho, ya se llamó a licitación pública y a las 13.30 de hoy vencía el plazo para la compra de pliegos por parte de los interesados.
La protesta se desarrolló de forma pacífica, pero cuando parecía que llegaba a su fin y comenzaría la desconcentración, primero comenzaron a llover piedras sobre el frente del edificio municipal, causando destrozos de ventanas, y luego aparecieron el fuego y el humo negro causados por la quema de neumáticos en la entrada, muy cerca de la puerta principal.
Tras haber cortado la calle 12 entre 51 y 53, generando lógicos inconvenientes para la circulación de vehículos, un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la municipalidad. Al ser repelidos, comenzaron los incidentes.
La llegada de refuerzos policiales hizo que los manifestantes se dispersaran hasta su retirada final.
Según explicaron desde la administración de Alak, por un lado, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 6769) establece la obligatoriedad de adjudicar obras y servicios públicos mediante licitación pública, a los efectos de brindarle transparencia a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, el gobierno local fue intimado por el Tribunal de Cuentas provincial para que deje de contratar cooperativas de manera directa, algo que el municipio hacía desde 2011.
Algunos de los manifestantes afirmaron que el gobierno platense les ofreció compensar las contrataciones que dejará de realizar con tarjetas sociales de 200 mil pesos. También indicaron que los mismos funcionarios que les habían prometido que no habría despidos, este viernes no los quisieron recibir en la municipalidad.
Más allá de que sus tareas no fueron incluidas en la licitación, recolectores y recicladores acompañaron la manifestación por temor a perder sus fuentes de trabajo.
Tras las 19 detenciones, las organizaciones involucradas convocaron a una nueva manifestación, pero frente a la Comisaría 1° de La Plata, para exigir las liberaciones de sus compañeros, de los cuales varios pertenecen al Frente de Organizaciones en Lucha. Además, responsabilizaron al intendente Alak por “las detenciones arbitrarias”.
A raíz de los enfrentamientos, cinco policías recibieron heridas leves.
Luego de los incidentes, la municipalidad presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentados a la autoridad. Además, desde el gobierno local afirmaron que la “organización política” que encabezó la manifestación “pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad”.
“Si el municipio la hubiese contrataba nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, agregaron.
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