POLITICA
La refundación de la Justicia de Milei y Mahiques: un inicio endogámico y con nombres negociados con gobernadores
La refundación del Poder Judicial que anunció el presidente Javier Milei luego de que el Senado aprobó los pliegos de 74 nuevos jueces y fiscales está caracterizada, en esta primera etapa, por un dominio endogámico de integrantes de la propia familia judicial.
Un análisis de la lista de nombramientos muestra lazos de parentesco o relaciones laborales dentro del propio Poder Judicial.
También exhibe magistrados impulsados por gobernadores aliados de la Casa Rosada, que mantiene la renovación dentro del mismo poder político.
Los nombres representan una primera tanda para cubrir las vacantes, pero no ocuparán los cargos más sensibles de la Justicia nacional y federal.
Los lugares más delicados aparecen en los tribunales de Comodoro Py 2002, que se analizarán en el Senado más adelante.
De una primera lectura de los nombres de los 74 candidatos a los que el Senado le dio ahora luz verde, se destaca primero el revuelo político que generó la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la candidata cuyo nombramiento el propio Gobierno había intentado bloquear por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon.
Ahora, el presidente Milei se resiste a firmar el decreto de su designación. Es su facultad.
A pesar de que el Senado le dobló el brazo a Milei al aprobar el dictamen de Michelli, el Gobierno puede festejar que esta tanda representa los primeros nombramientos judiciales de la actual gestión después de dos años y medio.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había llegado al cargo con más de 360 vacantes en el Poder Judicial federal. No se designaban jueces en esta cantidad desde hace diez años.
Todos los futuros magistrados que llegaron hasta aquí en la etapa de selección lo hicieron porque aprobaron con suficiencia un examen técnico en el Consejo de la Magistratura, pasaron entrevistas personales, fueron votados en ese organismo por sus pares, por abogados, por diputados, por senadores y por académicos, y luego el Poder Ejecutivo los eligió de una terna. Algunos concursaban hace más de diez años para estos cargos.
En la lista —más allá de Michelli— sobresalen otros nombres que reafirman la idea de que los candidatos, ahora a tiro de decreto para ser jueces o fiscales, son del riñón del Poder Judicial, ya sea por ser hijos o esposas de magistrados o por haber tenido como jefes a algunos influyentes jueces.
El sociólogo Juan José Nardi expone en su etnografía La familia judicial que, más allá de que el Consejo de la Magistratura pretende nombrar jueces según sus méritos, el modelo se perpetúa porque los candidatos necesitan de padrinos, madrinas y lobbistas de la propia justicia o el Gobierno para llegar al cargo. Y esas lealtades perduran y explican las relaciones en el tiempo.
En la lista que aprobó el Senado está Emilio Rosatti, que se convertirá en juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe y es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Su pliego fue enviado por el Ejecutivo y generó debate. Dos votos del kirchnerismo fueron en contra.
Otro ejemplo es el de Juan Andrés Moldes, cuyo pliego fue aprobado para ser fiscal de primera instancia en el fuero Penal Económico. Es hijo del fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, de ascendencia en la justicia federal y fallecido en 2024. Juan Andrés Moldes, hijo, concursó con éxito y está a un paso de convertirse en fiscal. Su padre se jactaba de no haber llegado a su cargo por esa vía. “Quédese tranquilo. Yo no llegué por concurso”, decía un cartel colocado en su escritorio.
Laureano Durán es otro de los candidatos con el pliego aprobado por el Senado para ser designado camarista en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en la Sala I. Es hijo del fallecido camarista federal Alberto Ramón Durán, fanático hincha de Gimnasia y Esgrima y con fluidos vínculos con el peronismo bonaerense de Julio Alak. Laureano Durán sigue los pasos de su padre.
También fue aprobado el pliego de Nicolás Pacilio para el Tribunal Oral Criminal N° 1. Se trata de un joven secretario de la Cámara Federal que es hijo de Antonio Pacilio, excamarista federal de La Plata.
Varios de los pliegos aprobados corresponden a cónyuges de magistrados que intervienen en causas de alto impacto político, como por ejemplo Ana María Cristina Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga al presidente Javier Milei en la causa $LIBRA.
El pliego de Juan fue aprobado como jueza federal de primera instancia de Hurlingham. Ingresó a Comodoro Py hace tres décadas y es secretaria de la Sala I de la Cámara Federal desde 2018. Su designación fue de las más debatidas y aprobada por unanimidad.
En este capítulo también destaca el pliego de Yamile Susana Bernan como camarista de la Cámara del Crimen. Es la esposa de Diego Guerendiain, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia cuando estaba al mando de Mariano Cúneo Libarona.
Guerendiain fue desplazado por diferencias con Sebastián Amerio, el entonces viceministro.
También fueron considerados para jueces y fiscales secretarios y excolaboradores directos de los jueces federales más importantes de Comodoro Py.
Así, María Julia Sosa, designada como futura jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, si Milei firma su decreto, es secretaria del juzgado del juez Julián Ercolini de Comodoro Py 2002.
El juez federal instruyó las causas de mayor perfil contra la expresidenta Cristina Kirchner: Vialidad, donde fue condenada, y Hotesur y Los Sauces. El kirchnerismo votó en contra de su designación. Fue aprobada con los votos del oficialismo y aliados.
También fue aprobado el pliego de Javier Matías Arzubi Calvo, quien se desempeña como juez del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Es exsecretario letrado del juzgado del juez federal Ariel Lijo. Milei intentó llevar a Lijo a la Corte y no logró los votos de los senadores.
El juzgado de Lijo lleva hoy la causa por presuntas irregularidades en la ANDIS y la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Es la tercera vez que Arzubi Calvo es propuesto para el cargo de juez y, finalmente ahora, su pliego fue aprobado por unanimidad.
Pablo Ezequiel Wilk tiene acuerdo del Senado para el Tribunal Oral Federal dos de La Plata y es secretario del juzgado federal de Luis Armella.
En el caso de Jésica Yael Sircovich, fue aprobado su pliego como jueza del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y es secretaria de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ivana Quinteros, histórica secretaria de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py 2002, fue designada como jueza del Tribunal Oral Criminal 20.
La tanda de nombres incluyó a algunos magistrados con trayectorias políticas cercanas al macrismo, como Jorge Djivaris, ahora a punto de ser designado camarista en lo Comercial en la Sala B, quien fue subsecretario de Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
Su postulación para la Sala B de la Cámara Comercial -que interviene en la causa vinculadas al concurso preventivo y quiebra de Correo Argentino S.A, generó una impugnación que lo acusaba falsamente de ser familiar del ministro Mahiques. El propio Djivaris desmintió el vínculo ante la Comisión de Acuerdos. La senadora Patricia Bullrich pidió que esa aclaración quedara en actas y fue aprobado por mayoría.
Santiago Vismara, con acuerdo del Senado como fiscal general ante los tribunales en lo criminal y correccional, fue fiscal designado por la procuradora Alejandra Gils Carbó. También fue firmante de la solicitada de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales identificada con el kirchnerismo. Su inclusión en una tanda impulsada por La Libertad Avanza generó sorpresas y su pliego fue aprobado por unanimidad.
En apenas tres meses, Mahiques envió más de 150 pliegos en distintas tandas. La Comisión de Acuerdos del Senado trabajó a ritmo acelerado para otorgarles dictamen.
El pasado jueves 4 de junio lo logró, luego de tensión política, idas y venidas y una lista que primero era de 50 jueces y fiscales y luego llegó a los 74 incluyendo a Michelli y la cobertura de vacantes en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta, Bariloche y Formosa.
Al menos seis de cada diez candidatos enviados por el Gobierno ya se desempeñaban dentro del Poder Judicial, en busca de ascensos o traslados a cargos de mayor jerarquía. Muy pocos casos provinieron de fuera del sistema, según calculó Chequeado.
Entre los candidatos hay un 69% de la Ciudad de Buenos Aires y un 31% de tribunales del interior del país.
En el interior, la distribución es muy desigual: casi la mitad del cupo provincial se lo lleva la propia provincia de Buenos Aires —La Plata, San Martín y Hurlingham suman 13 pliegos (el 17,6% del total), y 10 pliegos son para el resto del país. Incluyen las provincias de Santa Fe, Mendoza y Formosa, Neuquén, Salta, Río Negro y Entre Ríos..
Así Mendoza obtuvo dos designaciones: un defensor público, que es Carlos Agustín Parma, y un vocal de la Cámara Federal de Apelaciones.
Se trata de Sebastián Guillermo Soneira, exfuncionario de confianza del gobernador Alfredo Cornejo, aliado del Gobierno nacional. Soneira fue director de Personas Jurídicas y Cornejo apoyó activamente su postulación.
Fue designado originalmente por el gobernador Cornejo y permaneció en el cargo durante todo el mandato de Rodolfo Suarez. Al momento de su designación judicial, ejercía como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal provincial, cargo que ocupaba desde finales de 2025.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a la que ingresa Soneira es el tribunal de mayor relevancia en la provincia, pues allí se analizan casos de narcotráfico, delitos fiscales y conflictos de derechos humanos.
En Santa Fe fueron aprobados tres pliegos de jueces donde el gobernador Maximiliano Pullaro pujó por sus designaciones, en el contexto de la crisis de seguridad por el narcotráfico. Pullaro se reunió con el ministro Mahiques para gestionar la cobertura de vacantes en la Justicia federal de su provincia.
Además, en esa lista está el ahora posible juez Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal federal de Juicio de Santa Fe, y Walter Alberto Rodríguez, con acuerdo para el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe.
En Rafaela prosperó el pliego de Santiago Saux como juez federal con el que se cubre una vacante de seis años en un juzgado que controla el 30% del territorio provincial y la ruta del narcotráfico hacia el puerto de Rosario.
En Neuquén fue designado Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio. El magistrado propuesto fue asesor de la ministra kirchnerista Nilda Garré y en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por el allanamiento a una comunidad mapuche. También fue denunciante en el caso Lago Escondido. Se desempeña como defensor federal en Neuquén desde hace años. Su pliego fue incorporado por pedido del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi.
En Salta fue aprobado el pliego de Diego Anzorreguy para el Juzgado Federal de Primera Instancia n.º 2; sin vínculos políticos, encabezó el orden de mérito del concurso.
Salta es gobernada por Gustavo Sáenz, un peronismo que mantiene relaciones de convivencia con el gobierno nacional.
En Bariloche se le dio acuerdo a Leandro Agustín Gómez Constenla como juez federal. Obtuvo el mayor puntaje en el concurso y el juzgado estaba vacante desde agosto de 2019.
En Formosa obtuvo el acuerdo el pliego de Gerardo Daniel Cacace como juez del Tribunal Federal de Juicio. Fue víctima de abusos del poder policial en Formosa bajo la gestión de Gildo Insfrán y su designación es casi una declaración antioficialista.
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POLITICA
Tras el fallo de la Corte, Elisa Carrió reclamó a Diputados que rechace el DNU de extranjerización de tierras
La líder fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió este miércoles a la Cámara de Diputados que rechace el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales y dejó sin efecto los límites que esa norma establecía para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El reclamo se produjo un día después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado la inconstitucionalidad de ese artículo.
“El DNU que contiene la derogación de la prohibición de límites de compra de tierras a extranjeros es de nulidad absoluta y debe ser rechazado inmediatamente por ambas cámaras. Habiéndolo hecho el Senado, debe ser tratado de manera urgente por la Cámara de Diputados, de no hacerlo, la Cámara de Diputados es cómplice del Poder Ejecutivo”, escribió en su cuenta de la red social X.
La dirigente de la Coalición Cívica sostuvo además que la medida constituye un “poder autoritario” que “afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina” y responsabilizó por ello al Presidente y a los ministros que firmaron el decreto.
Y acusó: “Se los dije hace más de 20 años: vienen por el agua y la tierra. Ahora lo que viene es la Inteligencia Artificial (IA) y el agua dulce. Todos cómplices. Que Dios los perdone. Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para la enajenación de la Nación Argentina. Última matriz de saqueo. O tomamos conciencia o estamos fritos”.
Qué decidió la Corte
La Corte Suprema revocó este martes la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que en diciembre de 2023 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal fundamentó su decisión en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, no estaba legitimado para iniciar esa acción y no existía un caso o controversia que habilitara la intervención judicial.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. La Corte Suprema revocó ese fallo este martes.
La Corte aclaró expresamente que su decisión no supone un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 ni implica una interferencia sobre las facultades del Congreso.
La consecuencia práctica del fallo es que volvió a quedar vigente el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras. De esta manera, quedaron sin efecto los límites que establecía esa norma para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Ley 26.737 establecía, entre otras restricciones, que las tierras en manos de extranjeros no podían superar el 15% de la superficie de cada territorio nacional, provincial y departamental, y fijaba además un límite de 1000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo.
Críticas de la oposición
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, diferentes diputados de la oposición criticaron la decisión del Máximo Tribunal de Justicia y lo calificaron como “vergonzoso” y “escandaloso”.
Uno de los primeros fue el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón, quien solicitó una sesión especial en la Cámara baja para tratar el tema. “Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para Derogar el DNU 70/23″, dijo.
A su crítica se sumó el diputado izquierdista Nicolás del Caño: “Una institución monárquica como la Corte Suprema, integrada por solo ¡3 personas!, revierte lo que millones logramos en las calles el 6 de agosto (…) Parece que a los cortesanos no les llegó la información de que el admirador de Thatcher ahora se hizo ‘malvinero’. Una farsa de quienes saquean y entregan todo. Como hicimos contra el 2×1 en beneficio de los genocidas, tenemos que derrotarlos en las calles».
Por su parte, el diputado de Fuerza Patria Martín Soria expresó: “A meses de que el Pueblo y el Congreso dijeran NO a la ley de extranjerización del territorio de Milei, la Corte Suprema aparece para hacer lo que el gobierno no pudo. No quedan dudas, esta Corte está ocupada por empleados de los intereses extranjeros”.
También de la Coalición Cívica se manifestó el diputado Maximiliano Ferraro. “Mientras se lavan la cara con un proyecto de ley de “soberanía nacional”, van a extranjerizar la tierra estratégica de la Argentina sin límite alguno”, dijo y agregó: “La sociedad ya se expresó, y también lo hizo el Senado. Lo que no prosperó en el Congreso no pueden sostenerlo con un DNU. No lo podemos permitir. Tenemos que volver a salir todos a reclamar, pacíficamente, protección para la tierra y los recursos estratégicos de los argentinos. A nosotros, diputados y senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”.
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La reacción de Javier Milei al cruce en Diputados entre Juan Grabois y dos legisladores libertarios: “Esto es lo que enfrentamos a diario”
Luego del escándalo en Diputados entre Juan Grabois y parte de los legisladores libertarios, donde intercambiaron insultos y amenazas, se generó otro fuerte cruce en redes sociales que involucró al presidente Javier Milei. “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de X. Minutos más tarde, Grabois redobló la apuesta: “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores”.
Este miércoles hubo insultos, gritos y forcejeos durante el plenario de las comisiones que analiza la iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
La tensión comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos puntos del proyecto. En medio de su intervención se produjo un cruce con el libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz.
En ese momento, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su asiento, atravesó parte del salón y fue hacia Guzmán. Entre ambos hubo un intercambio de manotazos mientras otros legisladores intentaban frenar la discusión.
POLITICA
Mayra Mendoza vistió un pantalón de Boca durante una sesión en la Legislatura, recibió críticas y salió al cruce
La diputada bonaerense kirchnerista Mayra Mendoza respondió a las críticas que recibió por la ropa que utilizó durante una sesión de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La polémica se generó luego de que se viralizara un video en el que se la observa participando de la ceremonia de izamiento de la bandera con un saco azul combinado con un pantalón deportivo Adidas con las tradicionales tres tiras amarillas, una indumentaria que varios usuarios asociaron con Boca Juniors.
“¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?”, cuestionó en el inicio de su descargo en X.
La legisladora publicó el mensaje este miércoles por la mañana, después de que trascendiera la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras.
Asimismo, la exintendente de Quilmes sostuvo que los ataques que recibió reflejan “los prejuicios y el odio que han inoculado en una parte de nuestra sociedad”. Según planteó, parte de las críticas estuvieron acompañadas por descalificaciones vinculadas tanto a su identidad política como a aspectos personales.
“Creen que diciéndome ‘negra’ o ‘kuka’ me ofenden, o que con eso pueden solucionar alguno de los problemas que estamos viviendo. Quiero decirles algo: ‘kuka’ es una identidad de la que me siento profundamente orgullosa. Y ‘negra’ tampoco me ofende, soy morocha y me encanta”, expresó en la red social.
Y añadió: “Quienes se detienen en una boludez como esta lean también lo que está pasando a su alrededor y reflexionen”, expresó.
La diputada enumeró una serie de temas que, según ella, deberían ocupar el centro de la discusión pública. Entre ellos mencionó “las decisiones que toma la Justicia, qué pasa con nuestra soberanía, con nuestros recursos y, fundamentalmente, con las instituciones y la democracia”.
También cuestionó a quienes priorizan las formas por sobre el contenido en la evaluación de los dirigentes y funcionarios. “Quizás prefieren jueces vestidos de traje, solemnes, que se creen con derecho a decidir sobre sus vidas, su patrimonio y su libertad”, escribió.
“Personalmente, prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”, sostuvo.
La dirigente kirchnerista también explicó que utiliza la marca deportiva desde su juventud y confirmó su simpatía por Boca Juniors. Fue en ese contexto que formuló la frase que concentró buena parte de la repercusión de su descargo: “Soy de Boca, ¿cuál es el delito?”.
Mendoza además pidió elevar el nivel del debate y volvió a remarcar que la discusión sobre su atuendo resulta secundaria frente a otros asuntos de interés público. “Por favor, eleven el nivel”, reclamó.
“La ropa se cambia”, señaló luego. Y agregó: “Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos”.
En el cierre del posteo, manifestó: “En serio: abran los ojos. Pero no para mirar la ropita. Para mirar lo que está pasando como argentinos”.
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