POLITICA
La Sala D de la Cámara Civil, el tribunal que blinda a la AFA desde hace años y que volvió a favorecerla
La Sala D de la Cámara Civil, para no tener casi jueces, es bastante eficiente blindando a la AFA ante sus problemas judiciales. Lo viene haciendo desde 2024 y ahora, con los mismos jueces que entonces, volvió a solucionarle sus problemas.
Hay un solo camarista titular en la Sala D de la Cámara Civil. Es Gabriel Rolleri, designado por un decreto de Alberto Fernández, pero su nombre lo acercó a oídos de Cristina Kirchner un abogado cercano a la AFA.
Pertenece a la lista Celeste de la Asociación de Magistrados, cercana al peronismo. Allí están sus padrinos judiciales.
El Senado le prestó acuerdo con el mensaje PE N° 28/21, en el mismo lote en que también avaló la designación de Maximiliano Caia, el otro camarista que como suplente acompañó a Roleri en el voto de hoy y que lo viene acompañando en favor de la AFA desde 2024.
Esta vez -con un tercer voto del subrogante Juan Manuel Converset– la Sala D de la Cámara Civil evitó que la Inspección General de Justicia, que es el organismo que controla a las empresas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, pudiera analizar sus balances, que están cuestionados en la justicia penal por supuesta administración fraudulenta.
La solución para quitar del medio a la IGJ y prohibirle a sus veedores que controlen a la AFA fue reconocer el domicilio de la organización en un terreno baldío de Pilar, provincia de Buenos Aires, en jurisdicción de Axel Kicillof, y no del control de un organismo del gobierno nacional.
La AFA tiene su sede en la calle Viamonte 1366, como sabe todo el mundo que camina por la ciudad y pasa frente al edificio histórico cuyo capitel está adornado con el escudo de la organización e identificado con un cartel que dice Asociación del Fútbol Argentino, en grandes letras mayúsculas blancas.
El fallo de la sala D de la Cámara Civil se precipitó luego de que quedara firme la decisión para que sea la justicia en lo penal económico con el juzgado de Verónica Straccia, la que investigue el supuesto fraude en la AFA.
Antes de que sea la justicia penal la que pida los balances y empiece un largo peritaje, la Cámara Civil decidió sacarle esa posibilidad a los veedores de la IGJ, que en tres semanas podrían haber producido un informe que echara luz sobre las irregularidades denunciadas en los libros de la organización.
No había tiempo para que se completara la Sala D de la Cámara Civil con otro de los jueces titulares ya elegido. Es que a Rolleri lo acompañará como camarista —cuando el Senado le dé acuerdo y Javier Milei lo designe— Agustín Raúl Rubiero, exintegrante del tribunal de disciplina de la AFA, cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y que llegó como candidato desde el lugar 22 de la lista de mérito en el concurso del Consejo de la Magistratura. Rubiero era fiscal laboral, no especialista en derecho civil.
Rolleri participó del Concurso N° 405, donde estaba en el puesto 12 del orden de mérito (con 157,25 puntos), y quedó en segundo lugar de la quinta terna. Es doctor de la UBA, subdirector del Posgrado en Derecho Sucesorio allí y profesor en esa universidad y en La Plata, Lomas, Palermo y la UCA, entre otras.
Su colega, subrogante en este fallo, fue Maximiliano Caia, que fue designado también pror decreto de Alberto Fernández. En el concurso 405 estaba en el segundo puesto en el orden de mérito (con 185,45 puntos), y era el primero de la segunda terna.
Viene de carrera del fuero y tiene actividad académica y numerosas publicaciones, Caia tiene la carrera judicial más larga dentro del tribunal; toda su trayectoria transcurrió en la Cámara Civil.
Converset es el único de los tres con presencia activa en redes sociales, donde se presenta como juez y docente. También expone su pertenencia a Independiente de Avellaneda.
La futura llegada de Rubiero a la Cámara Civil -donde fue propuesto por el ministro Mahiques, es mirada con lupa. Llegó desde la lista complementaria del concurso tras la renuncia de uno de los postulantes de la terna, Alejandro José Laje.
Rubiero había quedado en el puesto 22 del orden de mérito general del Concurso 405, en la lista complementaria con 134 puntos. Mahiques aprovechó la renuncia de Laje para colocar a Rubiero desde la lista complementaria. No consideró a los otros dos de la terna.
Los fallos de la polémica
Rubiero integró el Tribunal de Apelaciones de la AFA, que revisa las sanciones disciplinarias de la entidad desde diciembre de 2021.
El primer conflicto llegó a la Sala D después de que la IGJ, bajo la conducción de Daniel Vítolo, impugnara la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024, realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza.
Talleres de Córdoba —opositor a Tapia, presidido por Andrés Fassi— había presentado una denuncia ante la IGJ cuestionando la convocatoria para la renovación anticipada del mandato: Tapia intentaba reelegirse un año antes del vencimiento de su período.
La IGJ declaró la “irregularidad e ineficacia total” de la asamblea y limitó los puntos que se podían tratar; prohibió la reelección, la reforma estatutaria y la mudanza a la provincia de Buenos Aires.
La AFA ignoró la resolución y realizó la asamblea de todas formas: Tapia fue reelecto hasta 2028 con 44 votos sobre 45 posibles, con Pablo Toviggino como tesorero y Juan Román Riquelme como vicepresidente.
Rolleri y Caia otorgaron el recurso de apelación de la AFA con efecto suspensivo, lo que dejó en pie todo lo actuado en la asamblea mientras se resolvía el fondo.
Tres semanas después, la Sala D dictó el fallo de fondo donde declaró la nulidad de la resolución de la IGJ que invalidaba la asamblea y convalidó la reelección de Tapia hasta 2028.
El fallo sostuvo que la asamblea aprobó todo “por unanimidad del voto de los delegados” sin que ninguno de los presentes “estimara cercenado alguno de sus derechos”. Sobre Talleres, los camaristas calificaron sus argumentos como “meramente subjetivos” y señalaron que el club cordobés no había presentado lista de candidatos, por lo que sus objeciones constituían “una mera expectativa”.
La cuestión de si la AFA tenía derecho a adelantar las elecciones un año antes del vencimiento del mandato quedó sin respuesta.
Además, los descensos de la Liga Profesional fueron eliminados y la mudanza a Pilar fue convalidada como decisión asamblearia.
Ahora, a comienzos de mes, la misma sala dictó una medida cautelar para proteger los balances de la AFA y la Superliga. Frenaron la intimación de la IGJ para acceder a los libros del período 2022-2025.
La resolución de Caia, Converset y Rolleri llegó horas antes del inicio del Mundial. La cautelar bloqueó el acceso de los veedores a la documentación contable en un momento en que el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Gerchunoff, había detectado indicios graves: señaló que la posible falsedad de los balances “está funcionalmente conectada con una maniobra defraudatoria más amplia, consistente en una posible administración infiel de fondos pertenecientes a la AFA”, vinculada a la empresa estadounidense Tourprudenter LLC.
Gerchunoff advirtió además que el cambio de domicilio a Pilar no podía ser analizado “como un hecho aislado, sino como parte del mismo patrón de opacidad, fragmentación y resistencia a la fiscalización”.
Y así se llega al fallo de hoy, el definitivo, donde la Sala D anuló la Resolución Particular 140/2026 de la IGJ y la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 16 de marzo de 2026 por Mahiques, que había ordenado una intervención en grado de veeduría por 180 días hábiles.
El tribunal dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y declaró que el control de legalidad corresponde en adelante a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
El fallo calificó la actuación de la IGJ como “arbitraria”, extralimitada en sus competencias y afectada por “graves defectos de motivación”.
Señaló que la IGJ “desatendió palmariamente la oportuna decisión de este Tribunal” y que se colocó “por encima” de su par provincial. Blindaje total.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Fentanilo mortal: los organismos del Estado que debían controlar a los laboratorios están bajo la lupa del juez y la fiscal
Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, avanza a paso firme en la segunda etapa de la investigación sobre el fentanilo contaminado que está asociado a 90 muertes de pacientes. El expediente ya tiene a 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, directivos y responsables de la elaboración del potente anestésico.
En esta segunda etapa, la pesquisa pone la lupa sobre los organismos de control responsables de certificar la calidad de los medicamentos que se comercializan y que los laboratorios cumplan con las estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Se trata de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.
En el juzgado de Kreplak esperan que en los próximos días la fiscal Roteta presente su dictamen impulsando la acción respecto de los funcionarios de la autoridad de control como por ejemplo ANMAT e INAME.
En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, por medio de la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae donde se estableció que se produjeron demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.
La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, el dueño de HLB Pharma.
La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.
Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hace dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Mario Lugones. No obstante, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.
“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”
La fiscalía ya anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del voluminoso expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la investigación: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”.
Los fiscales también sostuvieron: La suma de estas irregularidades y deficiencias —dolosas o culposas—, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.
La fiscal Roteta fue muy crítica (como el juez) sobre la actitud pasiva que habría tenido la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.
La fiscal también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.
En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.
De esa manera la fiscal María Laura Roteta describió en detalle la posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.
Ahora el juzgado de Kreplak espera el dictamen de la fiscalía sobre las acciones a impulsar sobre los funcionarios que estaban a cargo de los controles a los laboratorios.
“No surgen controles posteriores”
El juez también se manifestó sobre la ANMAT y el INAME de manera crítica. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados, entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro, expresó:
• “La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. Del expediente no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas.”
• “Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto.”
• “Pese al reporte cursado por el nosocomio entrerriano (de contaminación bacteriana), basado en estudios realizados por sus profesionales, la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote. Sin embargo, como se sabe, el brote efectivamente existió e, incluso, tomó estado público.”
El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar que se subsanaron falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.
El juez señaló que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada recién con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.
El camarista federal Javier Leal de Ibarra querelló al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por calumnias e injurias y lo desafió a probar ante la Justicia la acusación de evasor que hizo contra el magistrado.
“Jamás le escamoteé un centavo al fisco”, dijo Leal de Ibarra luego de que Tailhade denunciara en la red X que se acogió al beneficio de la inocencia fiscal porque había “negreado” dinero.
Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, presentó la querella criminal por los delitos de calumnias e injurias contra Tailhade ante el fuero federal de la Capital Federal.
El magistrado acusó al diputado de haberle imputado en forma falsa un delito, la evasión de impuestos, en un mensaje publicado en la red social X que ya supera las 18.000 visualizaciones.
En esa publicación, el diputado escribió que el magistrado “entró al régimen de Inocencia Fiscal después de haber negreado durante años un montón de guita”, lo trató de “amo y señor” de su tribunal y cerró con una frase difamatoria: “Esta es la mugre del Poder Judicial”.
“Jamás mantuve un peso en negro ni le escamoteé un centavo al fisco”, respondió Leal de Ibarra en su escrito de demanda, donde recordó que lleva 47 años en la Justicia sin una sola observación a su conducta.
La presentación sostiene que el diputado “faltó a la verdad a cambio de un puñado de reacciones en una red social”, y que no opinó ni conjeturó, sino que dio por cierto un hecho falso, a sabiendas de su falsedad.
Leal de Ibarra consideró que no cabe la defensa de que se trató de un asunto de interés público. “No hay interés público que ampare la mentira”, señaló, y dijo que “la libertad de expresión, por elevada que sea su jerarquía, no comprende el derecho a deshonrar con falsedades”.
El juez le da la posibilidad a Tailhade de probar lo que dijo, siendo consciente de que es falso y advirtió que su cargo no lo pone por encima de la ley: “La banca no es un fuero para la calumnia”, señaló, con el patrocinio del abogado Mariano Fragueiro Frías.
Leal de Ibarra pidió que se condene al diputado como autor de los delitos contra el honor y que la sentencia se publique a su costa. “Me difamó al atribuirme, falsamente, un delito que jamás cometí”, sostuvo el magistrado.
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POLITICA
Por decisión de Karina Milei, trasladarán la biblioteca histórica de la Casa Rosada para liberar espacio en las oficinas
Luego de que circulara en las redes un video de empleados de Casa Rosada lanzando desde una escalera libros del archivo de la Secretaría de Legal y Técnica, el Gobierno confirmó que mudará la biblioteca de planta baja con un fin todavía incierto.
Se trata del archivo histórico de la Casa de Gobierno que recopila todas las publicaciones del Boletín Oficial y otros materiales vinculados a la administración nacional, fuentes de información tanto para los funcionarios del Ejecutivo como para historiadores.
Según pudo saber TN, los archivos se reubicarán en un área dependiente de la Secretaría que conduce María Ibarzabal Murphy a la cual no se podrá acceder si no se pertenece al sector. A su vez, en Balcarce 50 afirmaron que algunos tomos se digitalizarán, pero no todos.
El traslado de la biblioteca fue registrado por un periodista acreditado. Una vez vaciadas, las oficinas serán readecuadas para un uso que todavía no fue especificado. La decisión depende de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
La disputa por el espacio en la Casa Rosada
La mudanza de despachos y las cuestiones operativas en Balcarce 50 dependen del departamento técnico a cargo de Marité Berdasco, la arquitecta a cargo de restaurar la Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri.
La funcionaria regresó al Palacio de Gobierno por decisión de Karina Milei para ocupar el cargo de directora Nacional de Planificación Estratégica, Patrimonio e Infraestructura Edilicia.
Durante la gestión de Cambiemos, la biblioteca abandonó su lugar histórico en el primer piso, cerca de la sala de periodistas. En aquel entonces, Berdasco reacondicionó la vieja biblioteca como oficinas de jefatura de Gabinete, una modificación que se mantuvo durante el gobierno de Alberto Fernández.
Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, su hermana Karina instrumentó nuevas reformas. Desde rebautizar el “Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario” creado por el kirchnerismo como el “Salón de los Próceres” hasta reemplazar el “Salón de los Pueblos Originarios” por el “Salón Héroes de Malvinas”, además de otros cambios más profundos.
Leé también: El lapidario posteo de Javier Milei contra Florencia Peña por la fake news sobre el papá de Messi
Entre ellos, la secretaria General de la Presidencia tomó posesión del despacho principal de la Jefatura de Gabinete en mayo de 2024, tras el desplazamiento de Nicolás Posse. Así, el entrante Guillermo Francos siguió ocupando las oficinas del Ministerio del Interior en planta baja, junto al Patio de las Palmeras.
Allí es donde actualmente radica el actual ministro coordinador, Manuel Adorni, quien comparte el espacio con el titular de la cartera de Interior, Diego Santilli.
Karina Milei, biblioteca, Casa Rosada
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