POLITICA
La UBA insistió con su reclamo por la falta de fondos para los hospitales universitarios y apuntó contra el Gobierno

El conflicto abierto entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas con una publicación del vicerrector Emiliano Yacobitti, en donde mostró una carta que afirma que el Poder Ejecutivo no giró los fondos para los hospitales universitarios.
El documento en cuestión es una respuesta que realizó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en donde reconoce que todavía no se dispusieron los fondos para las instituciones médicas. Según el escrito, allí se reconoció expresamente que no hubo, hasta la fecha, transferencia alguna correspondiente a los fondos destinados a los hospitales universitarios.
En tanto, Yacobitti el accionar del Poder Ejecutivo y señaló: “Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de @AleCiroAlvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios. A confesión de parte… Cumplan la ley”.
La carta firmada por Álvarez precisa: “De forma complementaria, en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley de Presupuesto 2026 se dispone que, además de los créditos por universidad, una asignación específica de $79.763.113.948 debe ser destinada a la totalidad de los hospitales universitarios del sistema. Esta asignación de crédito no se encuentra distribuida por institución. Es por ello que desde esta Subsecretaría de Políticas Universitarias se están evaluando los criterios y parámetros para una distribución eficiente de estos fondos entre todas las universidades nacionales que cuentan con hospitales universitarios”.
El eje central de la controversia gira en torno a la partida “Hospitales Universitarios”, contemplada en la Ley de Presupuesto 2026. La universidad reclama la transferencia de $75.371.896.068, lo que representa el 94,5% del total previsto para los hospitales universitarios del país. El Gobierno, en cambio, sostiene que esos recursos no pertenecen a una sola institución y que deben distribuirse entre todas las universidades nacionales que cuentan con hospitales, de acuerdo con criterios objetivos.

Este nuevo cruce se originó luego de que Álvarez difundiera en redes sociales planillas con partidas presupuestarias asignadas a todas las universidades nacionales bajo el concepto de “función salud”. Sin embargo, omitió publicar los fondos específicos consignados en el presupuesto para los hospitales universitarios, un punto que fue subrayado por las autoridades de la UBA.
“Resulta inadmisible, que con amenazas de medidas de fuerza, pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado a todos los hospitales universitarios nacionales del país, queriendo imponer a esta Subsecretaria cómo distribuir esta partida presupuestaria en su favor”, señala el documento que publicó Yacobitti.
En declaraciones a Infobae, Álvarez sostuvo: “El Estado Nacional está al día con todas las transferencias que corresponden de acuerdo al presupuesto”. El funcionario rechazó la acusación de desfinanciamiento y puntualizó que “las autoridades de la UBA le están exigiendo al Estado Nacional el 94% de todo ese monto para la UBA. O sea que dejan alrededor de $4.000 millones para los tres hospitales de Córdoba, el hospital universitario de Chaco, los de Cuyo y el de La Plata”. Agregó: “Es un criterio de ´siempre primero la UBA´. Nosotros dijimos: eso no, esto tiene que estar de acuerdo a criterios objetivos”.
Desde el Ejecutivo, detallaron que mensualmente la UBA percibe $4.882.724.440 para gastos de funcionamiento. Ese monto incluye partidas para salud ($150.388.873), educación ($4.674.185.203) y ciencia y tecnología ($58.150.364). Los funcionarios remarcan que estas transferencias se realizan con regularidad y que no existe retraso en esos conceptos.

A todo esto, desde la Universidad de Buenos Aires convocaron a una nueva marcha federal universitaria para el próximo martes 12 de mayo. La concentración tendrá un acto principal a las 17 en la Plaza de Mayo.
La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.
La citación se realizó oficialmente a través de un video, en el cual las instituciones subrayaron: “Ya marchamos. Ya defendimos la educación pública, gratuita y de excelencia. Y lo logramos. Juntos. Sin embargo, decidieron no escucharnos. Nadie debería estar por encima de la ley. Vos ya decidiste. El pueblo argentino ya decidió. Eso es vivir en democracia”.
El reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia. Uno de los ejes centrales es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
POLITICA
Felipe Solá: “La justicia busca limitar el poder de Cristina por miedo político”

En una entrevista con Infobae al Regreso, el excanciller Felipe Solá aseguró que la situación judicial de Cristina Kirchner responde a “miedo político”, defendió la unidad partidaria de cara a 2027 y advirtió sobre la crisis de representación del peronismo en la oposición a Javier Milei.
Durante su participación, Solá se mostró tajante al analizar el presente del peronismo: “No le están hablando al pueblo argentino”. Al referirse a la situación de la exvicepresidenta, fue enfático: “Las condiciones hiperrestrictivas se deben al miedo político. Es miedo, miedo político a Cristina Kirchner”.
Felipe Solá y la justicia frente a Cristina Kirchner
Solá relató sus visitas a Cristina Kirchner y rechazó la idea de prisión como castigo: “Las cárceles no son para castigo. La justicia no es castigo. Es preservar a los que no han delinquido”. Sostuvo que las restricciones impuestas a la exvicepresidenta tienen una motivación política: “Hace falta mostrarle el poder, el poder. La justicia le tiene que mostrar el poder para limitar el poder. Es miedo político a Cristina Kirchner”.
Según su análisis, el trato judicial hacia dirigentes como Julio De Vido y Héctor Timerman también estuvo atravesado por el odio político: “Eso es odio político. Contra De Vido hay odio político, contra Cristina hay odio político, y contra Timerman lo ocasionaron la muerte”. Comparó, además, los privilegios y limitaciones de la prisión domiciliaria respecto a otros casos y remarcó la desigualdad en el accionar de la justicia.
La crisis del peronismo y la búsqueda de liderazgo
Al abordar el presente del peronismo, Solá fue autocrítico con la dirigencia: “El peronismo está tratando de encontrar el lenguaje para hablarle a los argentinos. Es difícil”.
Reconoció la crisis de comunicación y representación que atraviesa el principal partido opositor y señaló: “No le están hablando al pueblo argentino”.
Sobre Axel Kicillof, destacó su transparencia y honestidad: “Es un tipo absolutamente transparente. Nunca jamás le han encontrado nada, ni además se lo pueden buscar porque lo conozco”.

Consideró que es el candidato “más lanzado” de cara a 2027, aunque advirtió sobre los riesgos de una campaña prematura y la aparición de “outsiders”.
Respecto a las provincias y la coparticipación, Solá remarcó que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada fiscalmente y defendió la gestión de Gildo Insfrán en Formosa: “Formosa es la provincia con mejor índice de Gini del país. Mejor índice de igualdad dentro de la sociedad, Formosa, ¿no? Así como Corea es en el mundo, bueno, es Formosa la Corea argentina”.
Frente a la discusión sobre la unidad partidaria, fue categórico: “Creo absolutamente en la unidad. Un fósforo se puede romper. Quince fósforos juntos ya es más difícil. Cien fósforos, andá a rompelos. Creo en la unidad”.
Economía, concentración de mercado y advertencias sobre inteligencia artificial
Solá puso el foco en la economía y la inflación, describiendo un panorama de mercados cautivos y concentración oligopólica: “¿Cuántas empresas alimentarias fuertes que pueden hacer acuerdos de precios crees que hay en el país? Muy poquitas”.

Advirtió sobre la falta de competencia y la ausencia de regulaciones: “Este es un mundo de mercados cautivos sin regulación. Está abandonado a los poderosos”. Sobre el ajuste fiscal, se diferenció de las posturas dogmáticas: “No creo en la regla de si tenés déficit cero, cueste lo que cueste, como ocurre en este momento”.
Planteó que la economía argentina requiere un abordaje flexible y criticó el método de medición de la inflación: “Seguimos con una inflación del treinta y pico por ciento. Y una inflación falsa, porque está medida con un modelo del 2004”.
En el cierre, alertó sobre el avance de la inteligencia artificial sin regulación estatal: “El uso de la inteligencia artificial sin ningún tipo de regulación ejemplificado por el señor Thiel, que vino a la Argentina con su empresa Palantir, le salió el Vaticano. Palantir la usa para la guerra, etcétera. Palantir entró a la Argentina y ahora nos avisan que va a ser la empresa que esté detrás del gemelo. El gemelo vendría a ser aquel que quiere reemplazar el pensamiento humano, ¿no es cierto? Esa es la noticia más fuerte”.
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POLITICA
La Justicia frenó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial

La Justicia falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en su pedido de dar marcha atrás a la Resolución 42/26 del gobierno nacional, que disponía la cesación de la prestación de más de 900 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Tras la medida publicada en abril, los empleados estatales habían denunciado un intento de “desmantelamiento” del organismo para justificar más de 700 despidos.
Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de San Martín acató la medida cautelar que presentó el gremio, en la que exigía que las autoridades del INTI se abstengan de aplicar la resolución. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo. Es un triunfo para los estatales”, celebró en sus redes sociales Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó y definió a la cautelar como un “avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.
En tanto, apuntó contra el Gobierno: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más”.
A mediados de abril, el Gobierno dio de baja más de 900 servicios que el INTI prestaba y aclaró que se trataba de una medida en consecuencia de la “baja demanda”. La resolución, además, fue impulsada en el marco de los recortes que el Ejecutivo establece sobre el organismo desde 2024.
Tal como informó , los casi 1000 servicios que fueron suprimidos tenían que ver, entre otros, con ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, E. coli, Listeria) y control de contaminantes como micotoxinas; análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos); servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos); ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil) y para componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz).
Noticia en desarrollo.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial,Conforme a,,El mensaje del Tedeum. La bronca oculta de Milei con la Iglesia,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones del tedeum y la expansión de la interna libertaria,,Entrevista en LN+. El financista Vallejo insistió en que la causa “está tirada de los pelos” y dijo que manejaba US$500.000 por día
POLITICA
Del pacto fiscal a una gran reforma tributaria: el plan del Gobierno para cumplir con el FMI

El Gobierno apunta a reformar el Monotributo como parte de un rediseño tributario más amplio, pero condiciona cualquier cambio al déficit cero. En el Ejecutivo dicen puertas adentro que el régimen está “quebrado” y lo ubican entre los capítulos que analiza el equipo económico para la reforma tributaria que se comprometió a trabajar con el Fondo Monetario Internacional.
La definición no implica, sin embargo, una reforma de shock. En la Casa Rosada reconocen que todavía no hay un proyecto definitivo y que el Ministerio de Economía trabaja sobre distintas alternativas. La idea que gana terreno en la mesa chica de Javier Milei es dividir la reforma en etapas para evitar un impacto fiscal que complique el equilibrio de las cuentas públicas.
“No vamos a admitir déficit. La idea es que sea una reforma escalonada y que no rompa el equilibrio de las cuentas”, aseguran en Nación. En otro sector del oficialismo advierten que el Gobierno sigue “ajustado de caja” y que una baja tributaria fuerte antes de las elecciones solo podría avanzar si se compensa con más recorte del gasto o con un salto de la actividad.
La estrategia que evalúa el Ejecutivo es separar los cambios en proyectos distintos. Entre las opciones, se evalúa incluir en el primer tramo incluir medidas de simplificación, revisión de beneficios fiscales, ajustes sobre regímenes especiales y cambios en el Monotributo. Las bajas más costosas -como una reducción más profunda de retenciones, impuesto al cheque o una reforma amplia del IVA- quedarían subordinadas al margen fiscal y a la negociación con gobernadores.
El diagnóstico sobre el Monotributo es uno de los puntos más sensibles. En el Gobierno sostienen que el esquema genera incentivos para que contribuyentes y pequeños negocios no crezcan, no pasen al régimen general o fragmenten actividades para evitar una carga impositiva mayor. Por eso, una de las alternativas en análisis apunta a ordenar la transición hacia autónomos, IVA y Ganancias, reducir saltos bruscos entre categorías y achicar la brecha con el régimen general.
En Nación buscan presentar ese capítulo como una medida de ordenamiento y no como una suba de impuestos. La dificultad política es que el Monotributo alcanza a profesionales independientes, comerciantes, prestadores de servicios y otros pequeños contribuyentes, una base amplia y sensible en términos electorales. Por eso, en la Casa Rosada no lo piensan como una reforma aislada, sino como una pieza dentro de un paquete escalonado.
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El compromiso con el FMI refuerza esa lógica. El organismo planteó que la reforma debería mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema, racionalizar gastos tributarios y permitir una reducción gradual de “impuestos distorsivos”. La letra chica del programa no apunta a una baja inmediata y generalizada de tributos, sino a una reforma fiscalmente neutra: bajar algunas cargas, pero compensarlas con ampliación de base, reducción de exenciones o recortes de gasto.
En el oficialismo admiten que ese punto marca el límite central de la discusión. La Casa Rosada quiere mostrar una hoja de ruta ante el FMI y ante el sector privado, pero no quiere resignar recaudación sin tener garantizada una compensación. Sostienen que primero debe consolidarse el equilibrio fiscal y recién después avanzar sobre las bajas de impuestos más costosas.
El otro eje será el pacto fiscal con las provincias. El equipo económico que lidera Luis Caputo busca abrir una negociación con gobernadores para incluir Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. En Nación sostienen que una baja de impuestos nacionales tendría poco efecto sobre el “costo argentino” si las provincias y los municipios no acompañan con una reducción de tributos locales.
El contexto fiscal con las provincias también llega tensionado por la evolución de los recursos automáticos. Según IARAF, en abril de 2026 el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias y CABA $5,584 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a los $4,362 billones girados en el mismo mes de 2025. Eso implicó una suba nominal del 28%, pero, descontado el efecto de la inflación, representó una caída real del 3,2%. En el caso de la coparticipación estricta -contar transferencias originadas en leyes complementarias ni compensaciones-, el descenso habría sido de 3,7% real.
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A eso se suma la última reestructuración presupuestaria. La decisión administrativa 20/2026 dispuso rebajas en créditos presupuestarios para cumplir con el equilibrio previsto en el Presupuesto 2026. En ese marco, el Ministerio del Interior tuvo un recorte de $320.671 millones, con una baja de $320.711 millones en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, principalmente vinculado a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las transferencias no automáticas.
El Gobierno quiere negociar con las provincias una baja de impuestos subnacionales, pero al mismo tiempo mantiene cerrada la caja nacional y recorta partidas vinculadas al vínculo financiero con los distritos. En la Casa Rosada creen que esa tensión obliga a avanzar por tramos y a evitar una reforma integral que concentre todos los costos políticos y fiscales en una sola ley. Nación ya experimentó dificultades por el capítulo de Ganancias de la reforma laboral, que terminó retirando.
Gobierno, Reforma Tributaria, MONOTRIBUTO, pacto fiscal
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