Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.

La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.

Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.

Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.

Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.

Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.

La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.

El fallo de la Corte

El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.

Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.

Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.

Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.

En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).

En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.

El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.

A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.

Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.