ECONOMIA
La única fábrica de zapatillas Adidas y Nike en el país mudó parte de su producción a Paraguay
La invasión de importados, combinada con el alza de los costos operativos y la ausencia de alicientes crediticios para un sector que atraviesa un fuerte endeudamiento, sigue complicando la producción local de indumentaria y calzado. Ese nicho atraviesa una instancia de crisis muy parecida a la que golpea a las empresas de la electrónica, signada por los despidos, la baja de persianas y la relocalización de plantas productivas. DFAC, Textilana, la dueña de Mauro Sergio y Eseka, la compañía que produce las marcas Cocot y Dufour, son ejemplos contundentes del mal momento de las textiles. En el ámbito del calzado, en tanto, Dass, la única fabricante de calzado para Adidas, Umbro, Fila y Nike en la Argentina, inició el año plagada de versiones que anticipaban el cierre de su planta en Eldorado, en la provincia de Misiones. Si bien no llegó al paro total en esas instalaciones, ahora se conoció otra decisión tomada por esa firma bajo control de inversionistas brasileños.
En 2025, Dass bajó la persiana de sus instalaciones productivas en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Y ahora trascendió que las máquinas que dejaron de operar en ese punto bonaerense fueron reactivadas para producir las marcas de la firma en el vecino Paraguay.
Dass pone las fichas en Paraguay
De acuerdo a sendos matutinos, dicha infraestructura fue desplegada en una planta que Dass opera en el vecino país en alianza con la también brasileña Texcin y donde se brinda empleo a unos 600 operarios.
«El crecimiento de las industrias textil y de calzado del país vecino es la contracara exacta de lo que ocurre en Argentina desde 2024, cuando el gobierno nacional abrió la importación de pares terminados de manera irrestricta, hiriendo de muerte a la industria local», indicó al respecto Página 12. «Las máquinas de la planta de calzado deportivo y textil que el grupo Dass cerró en la provincia de Buenos Aires hace poco más de un año gozan de buena salud», añadió.
«Desde la nueva planta, para la que se invirtieron 40 millones de dólares, Dass fabrica para las mismas marcas que antes lo hacía en la localidad bonaerense: Fila, Asics y Champion, entre otras. Las operaciones comenzaron en marzo y la inauguración contó con la presencia del ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme», detalló la fuente.
En días recientes, Riquelme declaró ante medios paraguayos: «Estamos recibiendo a inversionistas brasileños, dueños de marcas como Fila y Umbro, además de fabricantes para firmas globales como Nike, ASICS y Champion. Hoy vemos las primeras prendas de Fila producidas en Paraguay».
«Las ventajas impositivas que ofrece Paraguay, sumadas a la disponibilidad de mano de obra, aumentan el interés de inversionistas brasileños en el sector textil. Esto representa para el país una oportunidad para seguir creciendo dentro de la industria de la confección, que en los últimos años registra una importante expansión con la instalación de compañías de Brasil que optaron por la producción bajo el régimen de maquila», añadieron fuentes del país limítrofe.
Dass mantiene su operación en Misiones
En medio de un contexto preocupante, la compañía viene de ratificar que continuará con su actividad en Misiones y, aunque Dass recortó casi 50 empleos en lo que va de 2026, existe un acuerdo con el gremio del sector para mantener la estabilidad productiva en Eldorado.
La confirmación también llegó de la mano de gremios clave de la actividad como la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). En ese sentido, Gustavo Melgarejo, titular del sindicato, declaró que Dass descartó el cierre definitivo en audiencias recientes con la cartera de Trabajo misionera y sendos representantes gremiales.
«La empresa descartó ya en las audiencias el cierre definitivo. Eso por ahí sería algo para poner un paño frío a la incertidumbre que muchas veces generan las redes sociales, más que nada. No sé cuál sería la intención por ahí de gente que anuncian el cierre de manera anónima en una página», se quejó el dirigente.
Igualmente, Melgarejo señaló que Dass aplicó una fuerte reducción de personal en este primer tramo del año.
«Tuvimos una reducción de 47 compañeros. Nosotros estuvimos en varias reuniones de conciliación dentro del Ministerio de Trabajo, donde también, aparte de la reincorporación de esos compañeros, pedíamos que no se aplique la nueva ley en la reforma en el caso de que siguieran más despidos», dijo a medios misioneros.
«Dentro de esa audiencia, la empresa dejó explícito que el personal que tiene estaría cubriendo los pedidos que llegarían hasta junio«, concluyó.
En Misiones, la firma pasó de mantener en operación unas 60 líneas de producción de manera simultánea a un presente de apenas 15 en estado de funcionamiento. En torno al personal de la compañía señalan que la fabricación en Eldorado fue mutando rápidamente a una actividad de «ensamblado» de calzado para, luego, sufrir el efecto de los importados.
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ECONOMIA
El barril de petróleo Brent superó los 116 dólares por primera vez en casi seis meses por la escalada en Medio Oriente
El precio del barril de Brent con entrega en diciembre superó este viernes la barrera de los 116 dólares en el mercado de futuros de Londres, algo que no ocurría desde finales de abril. El impulso responde al temor creciente por nuevas interrupciones en el suministro de crudo, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente.
El crudo de referencia en Europa tocó un máximo de 116,32 dólares durante la jornada, un 2,78% por encima del cierre del jueves, cuando había finalizado en 113,17 dólares. Hacia las 14:30 GMT, cotizaba en torno a los 116,20 dólares.
Detrás de la suba se encuentran los renovados temores por el abastecimiento desde el golfo Pérsico. El jueves, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado cuatro buques que, según Teherán, realizaban trasvases ilegales de petróleo, y afirmó que otros tres habían impactado contra minas al oeste del estrecho de Ormuz.
Las tensiones también escalan en Arabia Saudita, objetivo de ataques por parte de los hutíes de Yemen, aliados de Irán. La petrolera estatal Saudi Aramco ordenó el jueves la evacuación de su sede central en Dhahran y pidió a sus empleados que trabajaran de forma remota ante el deterioro de las condiciones de seguridad.
En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades cerraron de manera temporal las playas y zonas costeras de Umm Al Quwain tras detectar un vertido de petróleo proveniente de un buque cisterna, cuyo origen aún no fue esclarecido.
En Libia, la compañía petrolera estatal advirtió que el cierre de una válvula en un oleoducto podría forzar la paralización de la producción en los yacimientos que abastece, si no se restablece el flujo de crudo.
A la presión sobre el suministro se le suma la perspectiva de un enfrentamiento prolongado entre Washington y Teherán. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declaró al Financial Times que Estados Unidos podría encontrarse dentro de un año aún en una situación de bloqueo con Irán, sin un acuerdo sobre su programa nuclear, y subrayó que la Armada estadounidense tiene capacidad para mantener de manera indefinida el bloqueo de los puertos iraníes.
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ECONOMIA
Plan económico de Milei, bajo presión por inflación, empleo y consumo, según Financial Times
Mientras los indicadores oficiales muestran señales de alivio, se profundizan las dificultades para quienes enfrentan precios y salarios ajustados
Puntos importantes
El gobierno de Milei logró superávit fiscal y una fuerte desaceleración inflacionaria.
Sin embargo, la actividad económica, el empleo formal y el poder de compra cayeron.
El desafío es que la mejora macro se traduzca en el bienestar cotidiano, clave para su futuro político.
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ECONOMIA
Industriales denuncian que un municipio bonaerense crea una “aduana interior” y pone en riesgo a las fábricas
La tensión entre el sector industrial y el municipio bonaerense de Ramallo sumó un nuevo capítulo. Después de la implementación de un polémico peaje para el transporte de cargas, las autoridades locales avanzaron con la creación de un registro obligatorio para los transportistas, acompañado de permisos, controles y sanciones. La decisión provocó un fuerte rechazo de las entidades empresarias, que advirtieron sobre el riesgo de clausura de fábricas y denunciaron la creación de una suerte de “aduana interior” que encarece los costos de producción.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) cuestionaron las medidas adoptadas por el municipio, que afectan la circulación de camiones por la zona industrial y hacia el puerto de San Nicolás, un corredor estratégico para el movimiento de insumos, productos terminados y exportaciones.
El conflicto comenzó en septiembre, cuando el gobierno municipal estableció un peaje de entre $25.000 y $62.000 por viaje para los vehículos de carga que recorren apenas cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87. Según precisaron las entidades mediante un comunicado de prensa, la medida alcanza a más de 100 empresas argentinas y podría representar un costo anual de hasta $500 millones por compañía.
Sin embargo, lejos de limitarse al cobro del peaje, el municipio avanzó con nuevas disposiciones. El 19 de octubre aprobó una ordenanza que creó el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), mediante el cual los transportistas deben registrarse y tramitar autorizaciones para operar dentro del distrito.
La decisión encendió nuevas alarmas entre los industriales, principalmente por el régimen de sanciones previsto y por la responsabilidad que podrían asumir las empresas que contratan los servicios de transporte.
Las nuevas exigencias y el riesgo para las fábricas
De acuerdo con el comunicado difundido por Uipba y Adiba, el nuevo sistema municipal establece obligaciones administrativas similares a las que contemplaba el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024 como parte de las políticas de desregulación del transporte de cargas.
Las entidades consideran que la creación de registros y permisos a escala municipal implica reinstalar exigencias burocráticas que habían sido removidas con el objetivo de simplificar la actividad logística.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el esquema de penalidades previsto para quienes incumplan las disposiciones. Las sanciones pueden incluir multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos. Además, según denunciaron las organizaciones industriales, podrían derivar en el cierre de las fábricas que contratan a los transportistas.
El cuestionamiento se concentra especialmente en la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga. Esto significa que las industrias podrían afrontar consecuencias por eventuales incumplimientos de los transportistas contratados, aun cuando las infracciones correspondan a estos últimos. Para los industriales bonaerenses, esta disposición agrega incertidumbre a la operatoria de las compañías y representa una nueva carga administrativa sobre la producción.
La preocupación también está vinculada con el impacto que las restricciones a la circulación podrían generar sobre el abastecimiento de materias primas y el despacho de mercadería, en una zona donde el transporte pesado cumple un papel central para la actividad industrial.
Un peaje de hasta $62.000 por cinco kilómetros
El nuevo registro se suma a la controversia que comenzó en septiembre, cuando el municipio dispuso el cobro de un peaje para el transporte de cargas que utiliza el ex Camino Provincial 87.
Según denunciaron las entidades empresarias, el recorrido sujeto al pago comprende apenas cinco kilómetros y constituye el único acceso habilitado para el tránsito pesado, sin caminos alternativos disponibles para ese tipo de vehículos.
El esquema contempla tarifas que podrían oscilar entre $25.000 y $62.000 por viaje, dependiendo del transporte.
Las organizaciones industriales estimaron que el sistema afecta a más de 100 empresas y que, según la intensidad de sus operaciones logísticas, el costo podría alcanzar los $500 millones anuales por organización.
Otro aspecto cuestionado es el mecanismo de administración del cobro. De acuerdo con el comunicado, el sistema ya fue concesionado a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación.
La firma también instaló un pórtico de telepeaje sobre el corredor, mientras que el municipio comenzó a intimar a los transportistas, mediante WhatsApp y otros canales, para que soliciten el dispositivo TAG y completen el registro correspondiente.
Para los industriales, el cobro constituye una barrera económica a la circulación de mercaderías. Las entidades sostienen que un municipio no puede gravar productos por el solo hecho de atravesar su territorio, incluso cuando el cargo se presenta bajo la denominación de tasa vial.
La controversia adquiere especial relevancia por la ubicación del corredor, utilizado por empresas industriales y transportistas que operan en la zona y se dirigen hacia el puerto de San Nicolás.
La advertencia por las “aduanas interiores”
En el comunicado, Uipba y Adiba calificaron las iniciativas municipales como una nueva expresión del denominado “costo argentino”, al considerar que incorporan gastos logísticos sin generar valor adicional para las actividades productivas.
Las organizaciones señalaron que los nuevos registros, permisos y mecanismos de fiscalización incrementan la burocracia y contradicen las políticas nacionales orientadas a simplificar el transporte de cargas.
También cuestionaron que las disposiciones se implementen en un contexto de dificultades para el sector industrial, cuando las empresas buscan reducir costos para sostener su competitividad. Según las entidades, el encarecimiento de la logística repercute sobre el traslado de insumos, materias primas y productos terminados, con consecuencias para la industria, el comercio y las exportaciones.
El planteo no se limita a la situación particular de Ramallo. Los industriales advirtieron sobre el riesgo de que otros municipios adopten medidas similares, lo que podría multiplicar los costos para transportar una misma carga a través de distintas jurisdicciones.
En ese escenario, una empresa que necesite trasladar mercadería por varios distritos podría quedar expuesta a distintos peajes, registros y autorizaciones municipales durante un mismo recorrido. Las entidades consideraron que la proliferación de estas disposiciones podría configurar una red de barreras económicas superpuestas a lo largo del territorio nacional. Y las calificaron las iniciativas como inconstitucionales.
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