POLITICA
Las claves del armado peronista que se mete en la discusión opositora: lazos con Córdoba y un nuevo programa económico
“Necesitábamos un espacio para sentirnos cómodos. Que tenga una mirada federal. Y que ponga en agenda temas de las economías regionales sobre los que el peronismo no está hablando”. Un legislador nacional encontró en esas oraciones un desahogo frente a su fastidio reprimido contra el kirchnerismo, fuerza con la que no se siente cómodo, al igual que muchos de los dirigentes que ayer estuvieron en Parque Norte, en el primer encuentro del PJ Federal.
El lema que corrió por los pasillos de los salones fue claro: “No es contra nadie”. Cada dirigente que participó del encuentro peronista tuvo una percepción similar respecto al objetivo de la convocatoria. Ninguno de los presentes está alineado a Cristina Kirchner. Tampoco a Axel Kicillof. Tal vez por eso no estuvieron en la conversación de rosca política, ni en ninguno de los más de diez discursos que hubo arriba del escenario.
La interna bonaerense no fue tema. Tampoco el pedido de libertad de Cristina Kirchner, ni la precandidatura de Axel Kicillof, ni la posibilidad de que Sergio Massa pueda volver a ser candidato. La conversación pasó por la construcción de un programa económico nuevo, por la necesidad de volver a las calles a militar una idea y por la convicción de no poner límites en la construcción política.
El peronismo federal abrió el debate del interior del país en Parque Norte, pero lo seguirá, durante todo el año, en cuatro o cinco provincias de la Argentina. Para sostener el armado y darle continuidad a la integración de sectores, la intención de los organizadores es llevar el mismo formato de debate a otros puntos geográficos. Existe una necesidad urgente del espacio de dar señales más claras de hacia dónde quiere ir el peronismo si es gobierno. Y para eso es clave discutir un nuevo programa.
Dentro del nuevo esquema político creen que lo importante es contener a distintos sectores de campo justicialista. Muchos de ellos alejados del esquema principal donde el kirchnerismo sigue teniendo predominancia. Si bien son sectores que tienen una postura crítica con el mundo K, la gran mayoría cree que deben estar dentro de un gran esquema nacional. En todo caso, ese será un problema que se resolverá el año que viene, en una gran PASO.
“En este momento al peronismo lo que más le conviene es una PASO. Porque está tan disperso y dividido que lo único que puede legitimar a un candidato son los votos”, reflexionó uno de los dirigentes con mayor preponderancia en el armado federal. El mecanismo electoral que puso en vigencia Cristina Kirchner durante su primer mandato como presidenta, es ahora una clave para la organización de una fuerza política atomizada y agrietada por las internas.
Uno de los datos relevantes de la jornada de ayer fue la presencia de veinte intendentes del peronismo cordobés que conduce Martín Llaryora. Estuvieron Sergio Temporini (Colazo), Osvaldo Villar (La Playosa), Jorgelina Domínguez (Bengolea), Gisela Barrionuevo (Santa Eufemia) y Fernando Miguel Ruíz Díaz (Pozo del Molle), entre otros. Fue una señal de acercamiento después de tantos años de desencuentros.
“Fue un encuentro interesante. Todo lo que se aleje del kirchnerismo nos parece digno”, resaltaron en el gobierno de Llaryora, donde siguen poniendo un límite muy fuerte al armado en el que conviven Cristina Kirchner y Axel Kicillof. “Discursivamente nos resulta atrayente, va en el sentido de lo que venimos diciendo. Pero nosotros estamos concentrados en Córdoba”, agregaron.
El gobierno de Córdoba tiene como principal foco de atención el desarrollo de la gestión provincial y trabajar por la reelección de Llaryora. “Con la gestión consolidada vamos a empezar a mirar el escenario nacional para decidir cuándo y en qué condiciones ponemos la fecha de la elección”, indicaron a Infobae desde el Panel, como se le llama a la casa de gobierno en Córdoba.
Lo cierto es que la intención del Gobernador es trabajar en su reelección y, en el caso de ser electo, que le queden las manos libres para poder jugar en el escenario nacional. Mientras tanto, abrió un canal de comunicación con el PJ Federal que fue desatacado por la dirigencia presente ayer en el encuentro político. La gran mayoría considera que hay que ampliar el armado con una mirada federal y que el peronismo cordobés no puede quedar afuera de esa lógica.
Esa misma mayoría entiende que es momento de armar un plan económico nuevo, donde el orden fiscal sea una de las principales banderas y donde se vuelva a poner en agenda la producción y el empleo, que no son parte de la agenda del actual gobierno. “No tenemos que perder lo que nos representa, pero tenemos que ayornarnos”, sintetizó un legislador del interior en la tarde de ayer.
En términos de construcción política, lo que buscan es que el espacio armado por el peronismo federal sirva para aglutinar a los sectores que no tienen representación. Que no están en La Cámpora, ni en el Frente Renovador, ni en el MDF. Ni están bajo el paraguas del cristinismo. El peronismo del interior necesitaba un lugar de referencia, un punto de encuentro para dialogar, para sentirse parte, y ese lugar vio la luz en la tarde de ayer.
En los pasillos de Parque Norte hubo coincidencias respecto a la forma en la que debe seguir este esquema hacia adelante. Mantener la horizontalidad, conservar el espacio de debate, darle lugar a las necesidades de las economías regionales y contener a los sectores que quieren militar una nueva causa. El peronismo del interior se empezó a ordenar con nombres propios conocidos en la delantera y con cientos de dirigentes que empiezan a sentir que hay un canal para hacer correr sus pretensiones, sus preocupaciones y sus objetivos.
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POLITICA
La Justicia investiga si Adorni hizo más compras para su casa del country y analiza chats entre su secretaria y el contratista Tabar
La Justicia puso la lupa sobre las conversaciones entre el contratista Matías Tabar y Gisela Kocsis, la secretaria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para determinar si, además de una compra de colchones por más de $8 millones, se adquirieron otros elementos destinados a la casa del funcionario en el country Indio Cuá.
La investigación también avanzará con la citación de Kocsis como testigo y con el peritaje del teléfono celular del contratista.
La nueva línea de investigación surgió luego de que se comprobara que la factura de una compra realizada en junio de 2025 en Rosen The Store, por $8.183.303,25, fue emitida a nombre de Kocsis, que además habría pagado en efectivo.
La operación ya había quedado bajo análisis del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió información sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la compra, el domicilio de entrega y la documentación respaldatoria para establecer quién fue el destinatario final de los bienes.
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Ahora, la fiscalía también examina conversaciones entre Tabar y la secretaria del jefe de Gabinete. Según la información incorporada al expediente, Kocsis le enviaba fotografías al contratista de distintos productos vinculados con el equipamiento de una vivienda.
Entre los elementos sobre los que intercambiaron mensajes figuran colchones, un lavarropas, un lavavajillas y muebles para la casa. La investigación busca determinar si, además de los productos ya detectados, existieron otras compras relacionadas con el inmueble de Adorni en Indio Cuá.
La operación que ya fue identificada corresponde a la adquisición en Rosen The Store de tres colchones, almohadas, un edredón o cubrecamas y juegos de sábanas, por un total de $8.183.000.
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Las nuevas medidas se suman a una batería de pruebas ordenadas por Pollicita en la causa por presunto crecimiento patrimonial injustificado de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. En una resolución de cinco páginas, el fiscal dispuso distintos requerimientos para profundizar varias líneas de investigación patrimonial.
Entre ellas, pidió información sobre eventuales vínculos laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, incluyendo documentación sobre designaciones, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
También solicitó una certificación amplia de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, y otra persona, con el objetivo de obtener información sobre los hechos investigados, las personas involucradas y eventuales referencias a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni (el padre del jefe de Gabinete) que pudieran tener relación con la pesquisa actual.
Otra de las medidas apunta a reconstruir los gastos vinculados con el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, el fiscal requirió los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
La intención es determinar aspectos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros gastos que están bajo análisis en el expediente.
La investigación sobre las compras para la vivienda también se apoya en la declaración de Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la propiedad. A principios de mayo, el empresario declaró ante la Justicia que las obras costaron 245 mil dólares, fueron abonadas en efectivo y sin factura, y se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
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Según su testimonio ante la fiscalía, durante ese período se realizaron trabajos en distintos sectores de la propiedad de 400 metros cuadrados, incluyendo pisos, tareas en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado íntegramente por Adorni. Precisó que el pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo de 190 mil dólares a lo largo de 2025. El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó detalles sobre las personas que participaron en las obras.
Manuel Adorni
POLITICA
El gobernador de La Rioja impulsa una ley provincial para disputarle a San Juan tierras que se volvieron estratégicas
CÓRDOBA.- Dos meses después de haber puesto en duda la legitimidad de los límites entre La Rioja y San Juan vigentes desde 1968, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto para ratificar el rechazo histórico de esas fronteras y dejar abierta la puerta para nuevas acciones legales para reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina. Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, dijo que no puede una norma provincial alterar los límites.
Aunque el tema es de larga data, se reactualizó por el proyecto de cobre Vicuña, instalado en San Juan, pero que para abastecerse necesita pasar por La Rioja. En abril, la Justicia riojana suspendió por 30 días las operaciones y cerró caminos estratégicos en territorio riojano porque consideró que no se había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja.
Fue entonces cuando Quintela ratificó los cuestionamientos. Ahora, el proyecto de ley busca reafirmar la posición de que el acuerdo limítrofe firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue perjudicial para sus intereses territoriales.
Según el gobierno riojano, significó un “despojo” de áreas que históricamente le pertenecían y que hoy incluyen zonas de enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos.
El decreto-ley 18.004, de diciembre de 1968, fija los límites entre ambas provincias a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. Sin embargo, en 1973, la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento.
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado riojana a «impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses» de la provincia en las áreas en disputa.
A la discusión histórica se le suma una económica. En los últimos años, la cordillera sanjuanina se convirtió en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero de la Argentina con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y, especialmente, el distrito Vicuña.
De hecho, las acciones que podría instrumentar la Fiscalía de Estado son para salvaguardar los recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros ubicados en la zona de conflicto.
Orrego, cuando el conflicto se renovó, dio a conocer un comunicado oficial. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, dijo el gobernador, aunque en rigor se trató de una norma firmada por Onganía y por Guillermo Borda, por entonces ministro del Interior.
Ahora Orrego afirmó: “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión”.
En 2021, Quintela había reclamado una participación riojana en las regalías del proyecto Josemaría; años después, cuestionó la pertenencia de zonas emblemáticas como el área de Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos y paleontológicos del país.
En el proyecto de ley que impulsa, crea en la órbita legislativa una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que tenga carácter permanente. La integrarán siete diputados provinciales, respetando la proporcionalidad política, y tendrá miembros consultivos como historiadores, geógrafos, peritos en cartografía y especialistas en minería.
La comisión deberá sistematizar los antecedentes históricos y, fundamentalmente, coordinar canales de diálogo directos con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso de la Nación.
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POLITICA
El boom de Vaca Muerta pone en jaque a Añelo: la ciudad creció un 142% y la infraestructura no alcanza
La localidad de Añelo, ubicada en la provincia del Neuquén, en la Patagonia argentina enfrenta un fuerte crecimiento poblacional impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, mientras la infraestructura urbana no logra acompañar ese proceso. El aumento de habitantes y la llegada de familias desde otras provincias exigen respuestas de los distintos niveles del Estado y del sector privado para ordenar la expansión de la localidad neuquina.
El intendente de la ciudad, Fernando Vanderette solicitó que las familias no se trasladen a la ciudad sin una oferta laboral confirmada. El jefe comunal sostuvo que la infraestructura actual no alcanza para absorber la llegada constante de nuevos habitantes y advirtió sobre las dificultades para brindar servicios esenciales.
María Delia Porta, investigadora del Estudio de Desarrollo Urbano Territorial del Área de Vaca Muerta del Laboratorio de Ideas Sostenibles, explicó en Infobae en Vivo que el fenómeno responde a un crecimiento demográfico acelerado que supera la capacidad de respuesta de la ciudad.
El crecimiento poblacional presiona sobre los servicios
Porta señaló que Añelo no nació con el desarrollo de Vaca Muerta. Recordó que la localidad existe desde fines del siglo XIX y que el cambio llegó con el auge de la explotación hidrocarburífera iniciado alrededor de 2012.
La investigadora indicó que la ciudad creció un 142% entre los censos de 2010 y 2022. Además, estimó que recibe cerca de 1.500 habitantes por año y que su población supera los 10.000 habitantes.
“Imagínense para un pueblo de unos 6.500 habitantes recibir 1.500 habitantes por año. Lo que eso implica a nivel demanda de infraestructura, demanda de servicios básicos, equipamiento comunitario, salud, educación y vivienda”, afirmó.
Porta explicó que ese incremento también expandió la superficie urbana. Según describió, la ciudad avanzó de manera horizontal y aumentó la demanda sobre redes de gas, saneamiento, calles y equipamiento comunitario.
La especialista sostuvo que el crecimiento poblacional avanzó más rápido que las obras necesarias. “La población creció entre censos un 142%. La mancha crece de manera exponencial. No llegamos con la infraestructura”, expresó.
También detalló que Añelo registra un déficit habitacional estimado del 60%, con predominio de problemas vinculados a la calidad de las viviendas antes que a la falta de nuevas construcciones.
La planificación urbana aparece como un eje central
Porta remarcó que la ciudad todavía cuenta con oportunidades para ordenar su desarrollo. Indicó que el 50% de las parcelas permanecen sin construir y consideró que ese espacio permite completar la trama urbana antes de extenderla.
“Tal vez no tiene tanto sentido que la ciudad siga creciendo de forma horizontal, sino que hay muchas oportunidades para su completamiento”, sostuvo.
La investigadora afirmó que esos terrenos podrían albergar viviendas, escuelas, hospitales, centros de salud y espacios verdes para mejorar la calidad urbana.
También planteó la necesidad de avanzar sobre un plan de ordenamiento territorial. Según explicó, ese instrumento permite definir hacia dónde crecer, qué sectores preservar y dónde localizar nuevas actividades productivas y de servicios. “Empecemos por un plan que ordene el territorio y que genere los acuerdos para entender para dónde y cómo tiene que crecer la ciudad”, afirmó.
Porta agregó que el municipio no puede afrontar ese desafío en soledad. Señaló que la provincia, la Nación y el sector privado deben coordinar políticas para responder a una demanda que involucra a toda la región de Vaca Muerta.
La migración y la calidad de vida forman parte del desafío
La especialista explicó que Añelo integra un sistema regional de ciudades y que parte de los trabajadores elige radicarse en Neuquén capital por su oferta educativa, sanitaria, recreativa y cultural. También destacó que muchas personas llegan a la localidad atraídas por las oportunidades vinculadas a la actividad petrolera, aunque no siempre consiguen empleo en ese sector.
Según datos relevados por el Laboratorio de Ideas Sostenibles, más del 60% de los mayores de 18 años que viven en Añelo no completó el nivel secundario. Porta señaló que esa situación genera un desajuste entre la demanda de mano de obra calificada y la oferta laboral disponible.
La investigadora indicó que una parte importante de la población encuentra trabajo en gastronomía, hotelería y otros servicios asociados a la industria hidrocarburífera.
Respecto del mensaje del intendente, sostuvo que resulta razonable frente al contexto actual. “Hay mucha gente que se traslada sin una oportunidad laboral confirmada. Los salarios son altos, pero también el costo de vida es muy alto”, afirmó.
Porta consideró que el desarrollo futuro dependerá de la capacidad para ampliar la infraestructura, mejorar las viviendas y planificar el crecimiento urbano. También destacó la importancia de definir un modelo de ciudad que acompañe la expansión económica sin comprometer la calidad de vida de sus habitantes.
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