Luego de que la inflación marcara 3,4% en marzo, las principales consultoras coinciden en que abril mostrará una desaceleración en el ritmo de suba de precios. Las estimaciones más optimistas ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2,4% mensual, lo que le daría al Gobierno un respiro en materia inflacionaria.

Sin embargo, el alivio sería parcial y de corta duración. Hacia adelante, los analistas advierten que mayo estará atravesado por nuevas presiones, tanto por factores locales —como el ajuste de tarifas y transporte— como por el impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, que ya encarece los costos energéticos.

Inflación en alimentos: subas sobre el cierre del mes

Uno de los datos que siguieron de cerca las consultoras fue la evolución de alimentos y bebidas, el rubro de mayor incidencia en el índice general.

El relevamiento de LCG mostró que este segmento aumentó 1,3% en la cuarta semana de abril, consolidando tres semanas consecutivas de aceleración. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba fue de 1,7%.

Dentro del rubro, los mayores incrementos se registraron en lácteos, carnes y bebidas, mientras que los panificados mostraron bajas que ayudaron a moderar el promedio general. Aun así, una quinta parte de los productos relevados presentó aumentos, reflejando una dispersión de precios elevada.

En la misma línea, Eco Go midió una suba semanal de 0,5% en alimentos en la última semana del mes, por encima del 0,3% de las dos semanas previas. Con estos datos, proyectó un alza de 2,5% para el nivel general de precios en abril.

IPC de abril: consultoras estiman mejor resultado respecto de marzo

Otra de las consultoras que anticipó una desaceleración fue C&T, que relevó una suba de 2,4% en precios minoristas para el Gran Buenos Aires.

De confirmarse este dato, la inflación interanual bajaría levemente, de 32,6% a 32,1%. Uno de los factores que explican la desaceleración es la moderación en el rubro educación, que en marzo había trepado 12% por el inicio del ciclo lectivo y en abril se ubicó cerca del 5%.

En alimentos y bebidas, C&T registró un incremento cercano al 1%, luego de dos meses con subas superiores al 3%. En particular, la carne avanzó 2%, el menor ritmo desde septiembre del año pasado, mientras que frutas y verduras mostraron caídas que ayudaron a contener el índice.

Transporte y regulados: señales mixtas

En otros rubros, el comportamiento fue dispar. Transporte registró una suba cercana al 4%, impulsada por combustibles, aunque hacia la segunda mitad del mes comenzó a estabilizarse.

En servicios públicos, en tanto, la presión fue menor en abril, especialmente en gas y electricidad, lo que ayudó a moderar el impacto en el rubro vivienda.

Por su parte, la indumentaria mostró subas por encima del promedio, en línea con el cambio de temporada otoño-invierno, mientras que bienes y servicios varios se vieron afectados por aumentos en productos de cuidado personal.

Mayo arranca con aumentos y presión externa

Pese a la desaceleración de abril, el escenario para mayo aparece más desafiante. El principal factor de riesgo proviene del frente externo: la guerra en Medio Oriente ya impacta en los precios internacionales de la energía.

Según la consultora Economía & Energía, el costo de importación de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil aumentará hasta un 30% durante el invierno. Esto llevaría el costo del gas a unos 5,3 dólares por millón de BTU, levemente por encima del año pasado, mientras que la generación eléctrica también se encarecerá.

Si bien el impacto directo sería acotado por la baja incidencia del gas importado en la matriz local, se suma a otros aumentos ya en marcha.

Desde mayo, los colectivos en el AMBA subieron 5,4%, con boletos mínimos que superan los $750 en la Ciudad y los $900 en la provincia. También se actualizaron peajes y tarifas de gas, con subas escalonadas según el nivel de consumo.

Un escenario abierto para la inflación

En este contexto, las consultoras advierten que la desaceleración de abril podría ser transitoria. La combinación de subas en precios regulados, mayor costo energético y volatilidad internacional plantea un panorama incierto para los próximos meses.

El comportamiento de los combustibles, las decisiones del Gobierno en materia de tarifas y la evolución del conflicto en Medio Oriente serán claves para determinar si la inflación logra consolidar una tendencia a la baja o si vuelve a acelerarse en el corto plazo.

El Gobierno nacional puso en marcha el lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un sistema incorporado en la Ley N° 27.802, aprobada en marzo, que busca incentivar el empleo formal en el sector privado. La medida se oficializó mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, que definió los parámetros necesarios para su aplicación.

La reglamentación establece los principales lineamientos para el uso del régimen, incluyendo quiénes pueden acceder, los procedimientos administrativos y los beneficios otorgados. El decreto detalla requisitos, plazos y condiciones, además de la manera en que se aplicarán las reducciones en las contribuciones patronales que prevé la ley.

Los empleadores que quieran adherir deberán registrar a los trabajadores bajo el nuevo esquema ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Ese será el período en el que se podrá hacer uso del régimen.

El RIFL está disponible para todos los empleados inscriptos, pero si el alta se realiza a partir del 10 de diciembre de 2025, la empresa sólo podrá incluir hasta el 80% de su plantilla dentro de este régimen. Si la contratación se efectuó antes, no existen restricciones en cuanto a la proporción de empleados.

En cuanto a los trabajadores que podrán ser incorporados bajo este esquema, la reglamentación contempla: personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desempleados durante los seis meses previos a la contratación, monotributistas y empleados del sector público en cualquiera de sus niveles. El texto aclara que los trabajadores pueden tener ingresos de otras actividades, ya sea en el régimen general o el simplificado, sin perder los beneficios.

• Quienes no tenían una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025.
• Quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos a la contratación.
• Personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas).
• Personas que se desempeñan en el sector público, ya sea nacional, provincial o municipal.

Uno de los principales atractivos del RIFL es la reducción de las contribuciones patronales, que suelen ubicarse entre el 18% y el 20,4% según el tipo de empresa. Ahora, todas tributarán un 5% durante los primeros 48 meses desde el inicio de la relación laboral. De ese porcentaje, el 2% se destinará al SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, mientras que el 3% restante irá al subsistema del INSSJP (Ley N° 19.032).

Aún resta que ARCA defina los procedimientos específicos para el alta de los nuevos empleados bajo este régimen. Sí se especifica que no podrán incluirse trabajadores que hayan estado en la misma empresa y se desvincularon dentro de los últimos doce meses.

El decreto mantiene los aportes adicionales para determinados sectores, como el petrolero y el eléctrico, que deberán seguir abonando un 2% extra en contribuciones. También confirmó que la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatoria: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes. Este fondo debería comenzar a regir el 1 de junio, aunque existe la opción de retrasar su implementación hasta 180 días. Para quienes sean dados de alta bajo el RIFL, el aporte al FAL no se deducirá de las contribuciones patronales y deberá pagarse por separado.

El régimen prevé que si se detectan incumplimientos o causales de exclusión, los empleadores perderán los beneficios y deberán regularizar las contribuciones omitidas, con los intereses y sanciones que correspondan. ARCA será responsable de los controles y de la instrumentación de los mecanismos de recomposición.

A diferencia de antiguos programas, el RIFL no está pensado para regularizar empleo no registrado de manera masiva. En caso de que una empresa intente blanquear a un trabajador completamente en negro, podría perder el beneficio si se detecta la infracción.

Dentro de la reforma laboral se incluyó un apartado específico para fomentar el registro formal de trabajadores. Este segmento está contemplado a partir del artículo 168° y los artículos siguientes, y establece medidas orientadas a regularizar vínculos laborales que presentan irregularidades en su registración. A diferencia del RIFL, este capítulo de la reforma sí apunta directamente a normalizar situaciones de empleo con deficiencias registrales. Por el momento, este apartado no fue reglamentado, por lo que aún no se encuentra operativo.

El Salvador ha experimentado un aumento en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) tras la implementación y expansión de la facturación electrónica, según detalla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de Naciones Unidas, en su Panorama Fiscal 2026, divulgado este lunes. Esta innovación tecnológica, impulsada por el Ministerio de Hacienda de El Salvador, se consolidó en 2025 al incorporar a más contribuyentes, lo que optimizó la trazabilidad de las operaciones comerciales y fortaleció la fiscalización tributaria en el país.

La facturación electrónica consiste en la emisión, transmisión, validación y almacenamiento digital de comprobantes fiscales, con la misma validez legal que sus equivalentes en papel. Este sistema permite automatizar los cruces de información, identificar inconsistencias y asegurar un mayor control sobre las transacciones económicas. De acuerdo con CEPAL, la culminación de este proceso en El Salvador potenció la recaudación del IVA, especialmente en el segmento de las importaciones, que contribuyó a los ingresos tributarios del Estado durante 2025.

El Salvador superó los USD 2,100 millones en recaudación fiscal durante el primer trimestre de 2026, según reportó el Ministerio de Hacienda. El crecimiento, impulsado principalmente por el IVA, el impuesto sobre la renta y los aranceles a la importación, representa un avance del 8.3% respecto al mismo periodo del año anterior, con un impacto directo en la disponibilidad de recursos para el Estado durante el resto del año.

Al cierre de marzo de 2026, El Salvador alcanzó ingresos tributarios y contribuciones por USD 2,018.5 millones, superando en USD 163 millones el monto de 2025, lo que equivale a un alza del 8.8%, conforme al reporte de Hacienda. El impuesto al valor agregado (IVA) lideró la recaudación, al sumar 1,048 millones, un crecimiento del 11.3% y USD 106.2 millones adicionales respecto al año previo. Dentro del IVA, las declaraciones aportaron 518.3 millones, incrementándose un 17.2%, mientras que el gravamen sobre importaciones ascendió a 529.8 millones, con un alza de 30.1 millones frente a 2025.

La administración tributaria salvadoreña, siguiendo avances observados en otros países de la región, amplió la obligatoriedad de la facturación electrónica, lo que redujo los errores involuntarios en las declaraciones y disminuyó los costos de cumplimiento para los contribuyentes. Este avance tecnológico se complementó con la automatización de procesos y servicios fiscales, tales como la presentación y pago en línea de impuestos, notificaciones digitales y devoluciones automáticas, que facilitaron el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.

El impacto positivo de la facturación electrónica sobre la recaudación del IVA ha sido documentado en América Latina. En El Salvador, la medida se destacó como un factor esencial para el crecimiento de los ingresos fiscales vinculados a las transacciones internas y externas. El informe de CEPAL subraya la importancia de los cambios normativos y la integración de tecnologías para fortalecer la administración tributaria, aumentar la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión.

El informe de la CEPAL también aborda los desafíos que persisten en materia de evasión tributaria. El estudio situó la tasa de evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en El Salvador en 36.1 %, nivel que, aunque inferior al de países como Guatemala o Ecuador, representa una pérdida significativa de recursos potenciales para el Estado. La evasión afecta no solo la equidad y sostenibilidad fiscal, sino también la percepción de legitimidad del sistema tributario entre los ciudadanos.

CEPAL recomienda que, para reducir la evasión y maximizar el impacto de las tecnologías digitales, como la facturación electrónica, El Salvador continúe invirtiendo en la modernización de sus sistemas tributarios y en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la administración fiscal. Las estrategias deben incluir, además, la cooperación internacional, el intercambio de información y la evaluación periódica de los instrumentos adoptados para asegurar la eficacia y equidad de la política fiscal.