San Juan atraviesa una oportunidad histórica impulsada por la creciente demanda mundial de cobre, la transición energética y la consolidación de proyectos mineros de escala global, que han colocado a la provincia en una posición estratégica no recordada en su historia. En ese contexto, resulta razonable discutir cómo transformar la inversión minera en un mejor empleo, desarrollo territorial, fortalecimiento de proveedores, capacidades industriales y generación de valor agregado local.

Sin embargo, esa discusión encuentra un límite que no puede ignorarse: la Constitución Nacional. Un proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, en tratamiento legislativo, esboza una finalidad deseada: aumentar la participación de trabajadores sanjuaninos, promover proveedores locales, generar información económica y fortalecer el vínculo entre minería y desarrollo territorial.

La cuestión relevante no es establecer un fin, sino los medios elegidos para alcanzarlo. Y es precisamente allí donde aparecen los interrogantes constitucionales.

La Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. San Juan posee amplias facultades para regular la actividad minera y diseñar políticas destinadas a maximizar sus beneficios económicos y sociales, pero ese dominio no equivale a una soberanía económica absoluta. Las provincias ejercen sus competencias dentro de un sistema federal que garantiza la existencia de un mercado nacional libre de barreras internas y sin discriminaciones territoriales.

Los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Constitución prohíben las aduanas interiores. Los artículos 14 y 16 garantizan la libertad de trabajar, comerciar y ejercer toda industria lícita, así como la igualdad ante la ley. A su vez, el artículo 75, inciso 13, reserva al Congreso Nacional la regulación del comercio interjurisdiccional. Por ello, las provincias no pueden utilizar sus facultades regulatorias para crear ventajas competitivas para actores locales ni dificultar el acceso al mercado de empresas radicadas en otras jurisdicciones.

La Corte Suprema ha mantenido una posición consistente sobre esta cuestión. En numerosos precedentes vinculados a tributos y regulaciones provinciales, ha declarado inconstitucionales aquellas normas que favorecen a contribuyentes locales o perjudican a operadores provenientes de otras provincias, ya que, cuando una regulación genera ventajas territoriales obligatorias, termina fragmentando el mercado nacional. Aunque no exista formalmente una aduana, el efecto económico puede resultar equivalente.

La Corte también ha señalado que las provincias no pueden utilizar mecanismos regulatorios o fiscales para obligar indirectamente a las empresas a radicarse localmente para poder competir en igualdad de condiciones. Ese criterio resulta especialmente relevante para analizar cualquier normativa que vincule beneficios económicos o acceso al mercado con requisitos de residencia, domicilio fiscal o localización territorial.

La iniciativa propone objetivos de contratación de trabajadores locales equivalentes al 80% de las nóminas laborales vinculadas a los proyectos mineros y metas de participación de proveedores locales del 60% de las adquisiciones y contrataciones. La mina Veladero, con más del 90% de empleo local, muestra que no se necesitó de una ley: fueron bienvenidas las políticas de innovación y desarrollo de proveedores. Pero la situación cambia cuando las metas dejan de ser instrumentos de promoción para convertirse en obligaciones sujetas a control y sanción.

En este punto surge una tensión constitucional evidente. La libertad de contratación, la igualdad de acceso al empleo y la libre circulación de trabajadores dentro del territorio argentino se verían afectadas si las preferencias territoriales pasan a operar como condiciones obligatorias.

Una cosa es promover la competitividad de las empresas locales mediante capacitación, financiamiento, asistencia técnica o transferencia tecnológica. Otra, muy distinta, es imponer cuotas obligatorias de contratación basadas en el domicilio o la radicación de los oferentes. Mientras la primera alternativa fortalece la capacidad competitiva local, la segunda puede convertirse en un espanto para la confianza de los inversores.

La misma preocupación aparece respecto de determinados requisitos previstos para acceder a categorías de proveedor local o beneficios contemplados por la norma, tales como exigencias vinculadas al domicilio legal y fiscal en San Juan, la residencia previa de trabajadores, porcentajes de participación local en el capital societario o la registración provincial de vehículos afectados a la actividad.

La verdadera pregunta es cómo generar desarrollo local sin afectar los principios básicos del federalismo económico argentino. San Juan necesita proveedores competitivos, empleo calificado, innovación y la mayor integración posible de la minería con el resto de la economía provincial. Pero esos objetivos deben alcanzarse respetando la Constitución.

La experiencia internacional demuestra que los programas más exitosos de desarrollo local son aquellos que construyen competitividad, fortalecen empresas, promueven innovación y facilitan la transferencia tecnológica. Crean condiciones para que los proveedores locales ganen mercados por eficiencia y capacidad, no por protección regulatoria.

La minería puede convertirse en una verdadera herramienta de desarrollo para toda la provincia. Por esa importancia, toda norma debe construirse respetando la Constitución. La discusión no es si los gobiernos deben promover el desarrollo local: el verdadero debate debería girar en cómo hacerlo.

Una política pública moderna debe ser capaz de alcanzar simultáneamente tres objetivos: generar desarrollo local, respetar la Constitución y ser capaz de atraer, incluso, grandes inversiones. Es el desafío. No desaprovechemos esta nueva oportunidad.

El autor es abogado, especialista en negocios mineros