El sector de las energías renovables en la Argentina atraviesa un momento de incertidumbre normativa tras el vencimiento de la Ley 27.191 en diciembre pasado. Esta legislación, que funcionó como el gran motor para el despliegue de las distintas tecnologías de la industria de las energías limpias garantizaba un marco de previsibilidad que hoy se encuentra formalmente ausente.

Sin un nuevo paraguas legal, la industria advierte sobre el riesgo de un vacío que frene las inversiones previstas para los próximos años y expuestas a lo que en algún momento se denominó el «impuesto al viento», un concepto que surgió como una respuesta de la industria ante los intentos de municipios y provincias -principalmente en la región patagónica- de aplicar tasas por el uso del espacio aéreo o por la inspección de torres eólicas.

Estas administraciones locales argumentaban que las ráfagas eran un recurso natural del dominio público que debía tributar, de forma similar a las regalías que paga el petróleo, y si bien la exposición pública permitiría adelantar que no se darán situaciones similares en el futuro, no se descartan otros típos de cánones o tributos.

Desde mediados del año pasado, diversos sectores impulsaron un proyecto para prorrogar los beneficios, pero la iniciativa perdió estado parlamentario ante la falta de oportunidad de su tratamiento en el recinto. Posteriormente, se intentó incluir un artículo específico en la Ley de Presupuesto para subsanar la situación, pero tambien se dio de baja el capítulo como parte de la negociación política con la oposición.

La industria y el futuro de las renovables

Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, explicó a iProfesional que «lo que caducó fueron los beneficios fiscales que la ley tenía hasta diciembre. Hay solamente dos aspectos que al sector le importan y que para la industria son trascendentes en términos de financiamiento y en términos de decisión de inversión que básicamente son la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal«.

Respecto al complejo escenario parlamentario y la pérdida de estado del proyecto anterior, el directivo explicó la hoja de ruta para este año: «Volvemos a la carga para tratar de que este año esta norma pueda verse plasmada en términos de prórroga su vigencia como una norma autónoma fundamentalmente… lo que se necesita básicamente es eso: la aprobación de esta norma que dé seguridad jurídica y estabilidad fiscal».

Al analizar el éxito del marco legal previo, Ruiz Moreno aportó cifras contundentes sobre el desarrollo alcanzado en la Argentina: «La inversión global del sector en términos de eólica y solar es cercano a los 10.000 millones de dólares, una cifra realmente importante e impactante para un sector que tiene bastante pocos años… representan unos 7.000 MW instalados y funcionando».

Finalmente, sobre el ritmo actual de la industria frente a la incertidumbre, aclaró que el interés sigue vigente pero condicionado: «De ninguna manera se ha detenido, los proyectos continúan tanto los que estaban en construcción como los que están en cartera; pero claramente con un escenario de seguridad jurídica, estabilidad fiscal y una macroeconomía creciendo, el proceso tendría claramente una dinámica mayor».

La seguridad juridica y fiscal

En este contexto, el Poder Ejecutivo decidió retomar la iniciativa mediante un nuevo proyecto de ley que busca dar una solución de largo plazo. El eje central de la propuesta oficial, plasmado en una norma que incluye varios otros temas del sector energético, apunta a prolongar por 20 años -hasta el 31 de diciembre de 2045- los beneficios de estabilidad que originalmente planteaba la normativa previa.

De esta manera, se intenta restablecer un horizonte de largo plazo para una actividad que requiere de una fuerte inversión de capital inicial y que busca la protección contra la presión impositiva de las jurisdicciones locales.

El proyecto establece de forma taxativa que el acceso y uso de fuentes renovables no podrán ser gravados por ningún tipo de tributo específico, canon o regalías. Esta restricción alcanza a los tres niveles del Estado: Nación, provincias y municipios, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, blindando la rentabilidad de los proyectos frente a cambios en las políticas locales.

Desde el punto de vista técnico, la prórroga del Artículo 17 de la Ley 27.191 es vista como la clave para mantener la competitividad de los proyectos en el país. La posibilidad de que un parque solar o eólico sea alcanzado por tasas sorpresivas encarece el costo de capital y, por ende, el precio final de la energía. Al garantizar que no habrá nuevos costos tributarios por dos décadas, el Gobierno busca equiparar las condiciones locales con las de otros mercados regionales.

Durante años, la transformación digital en finanzas estuvo asociada a hacer más eficiente lo que ya existía. Digitalizar planillas, automatizar tareas puntuales o mejorar reportes. Hoy el cambio es distinto: la inteligencia artificial no está simplemente acelerando procesos, está modificando la manera en que las empresas administran, interpretan y toman decisiones sobre su información financiera.

Ese cambio llega en un momento donde las organizaciones enfrentan más transacciones, más exigencias regulatorias, más complejidad operativa y, al mismo tiempo, menos margen para decidir tarde. En ese contexto, seguir gestionando con lógica manual empieza a convertirse en un límite para el crecimiento.

Buena parte de la administración financiera funcionó bajo una lógica artesanal. Procesos construidos “a la Excel”, controles manuales y validaciones que dependían casi exclusivamente de la intervención humana. Ese modelo permitió operar durante mucho tiempo, pero hoy empieza a mostrar sus costos: lentitud, errores, falta de trazabilidad y dificultades para escalar.

La aparición reciente de agentes autónomos amplió de manera significativa la cantidad de problemas que la inteligencia artificial puede ayudar a resolver. El ejemplo más instalado suele ser el uso de bots para atención al cliente, pero el verdadero impacto empieza a verse cuando la tecnología entra en procesos centrales del negocio.

Hoy ya puede aplicarse en conciliación de movimientos, contabilización, automatización de flujos de dinero vía APIs bancarias, detección de anomalías, análisis de comportamiento de usuarios, recuperación de información impositiva de comprobantes o generación automática de indicadores financieros.

Sin embargo, el mayor cambio no pasa únicamente por hacer más rápido lo que antes demandaba horas de trabajo manual.

La principal ventaja de estas herramientas es su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, detectar contradicciones, encontrar patrones y señalar relaciones que muchas veces no resultan evidentes para una persona.

Esto modifica directamente la lógica de decisión. Hasta hace poco, muchas definiciones financieras se analizaban en ciclos trimestrales. Hoy, con datos más accesibles y herramientas más sofisticadas, ciertos desvíos, oportunidades o señales de alerta pueden detectarse en cuestión de días, e incluso en horas.

En plataformas como la nuestra ya estamos viendo ese cambio de forma concreta. La incorporación de inteligencia artificial en validación de comprobantes, automatización de rendiciones y detección de inconsistencias en gastos permite reducir tiempos operativos y mejorar la calidad de la información disponible para tomar decisiones.

Hay un punto importante que suele pasarse por alto: la inteligencia artificial no reemplaza el diseño de procesos.

Existe cierta expectativa de que incorporar IA automáticamente vuelve más robusta una operación. En realidad, ocurre lo contrario. Si los procesos son frágiles, si los sistemas no generan registros de auditoría adecuados o si no existe una correcta segmentación de permisos, el valor de la tecnología se reduce considerablemente.

La inteligencia artificial no corrige desorden. Lo acelera.

Por eso, antes de pensar en automatización, las empresas necesitan construir bases sólidas: datos confiables, procesos claros y reglas de operación consistentes. Recién sobre esa estructura la tecnología puede amplificar resultados.

También conviene revisar otra idea bastante instalada: que innovar implica moverse más rápido que la regulación.

En realidad, muchas veces sucede exactamente lo contrario.

Hoy la inteligencia artificial puede ayudar a cumplir mejor con requisitos regulatorios, fortalecer controles internos y mejorar capacidades de monitoreo. En ámbitos sensibles como prevención de lavado de dinero, trazabilidad de operaciones o análisis de alertas, las nuevas herramientas pueden aportar velocidad, profundidad y capacidad de análisis que hasta hace poco eran muy difíciles de alcanzar de forma manual.

Eso sí: la responsabilidad sigue siendo humana. Los algoritmos asisten, procesan y ordenan. Pero la decisión final, la interpretación normativa y el criterio profesional continúan estando en manos de las personas.

Quizás uno de los efectos más relevantes de este cambio es el nuevo lugar que empieza a ocupar el área financiera dentro de las organizaciones.

Deja de ser solamente un espacio de control operativo para convertirse en un área con mayor capacidad de anticipación estratégica.

Cruzar información histórica con datos actuales permite identificar patrones, revisar decisiones pasadas con nueva evidencia y entender con más claridad qué está funcionando realmente en el negocio y qué estaba oculto detrás del ruido operativo.

Las compañías que logren hacer eso van a tener una ventaja competitiva difícil de replicar.

El autor es Chief Information Officer & Co-Founder de Kuru

ATE anunció un cese de tareas por 24 horas. Advirtió que «se está poniendo en riesgo a la población» y apuntó que es un ajuste del 30% del organismo.

06/05/2026 – 07:12hs

El consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso un cese de actividades de 24 horas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para este jueves, en rechazo a la decisión del gobierno de despedir a unos 700 empleados del organismo y la eliminación de 1.000 funciones de las 3.000 que actualmente desarrolla. Según la organización gremial, la Casa Rosada intenta llevar adelante una reducción del 30% del organismo.

El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que la administración libertaria «intenta destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad» y remarcó: «El INTI depende en buena medida del desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar».

«Ponen en riesgo a la población», advierte el gremio

Señaló que «no aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población» y apuntó: «El gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario».

El titular de ATE subrayó que «tampoco vamos a aceptar que se pierda personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria en cuya formación invertimos todas las argentinas y los argentinos» y añadió que «este vaciamiento que el gobierno pretende llevar adelante generará consecuencias muy graves«.

Aguiar sostuvo que «además alertamos sobre la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar» y denunció: «Hacemos directamente responsable al gobierno por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar».

Principales líneas de trabajo que dejarían de realizarse

Desde ATE explicaron que mediante la Resolución 42/26 del organismo, el gobierno pretende desarticular numerosas líneas de trabajo, entre las que se incluyen:

• Ensayos microbiológicos clave en alimentos (detección de Salmonella, Escherichia coli, Listeria)
• Control de contaminantes como micotoxinas
• Análisis de calidad de agua y efluentes (potabilidad, metales, compuestos orgánicos)
• Servicios de metrología y calibración de instrumentos (termómetros, prensas, equipos electrónicos)
• Ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica/electrónica y control de combustibles (naftas, gasoil)
• Componentes de seguridad en transporte (ascensores, automotriz)

En este marco, el sindicato anunció que llevará a cabo una nueva asamblea el martes 12 en la sede del INTI para definir la continuidad del plan de acción, al tiempo que recordó que ante la escalada del conflicto, el gobierno «militarizó el edificio central del organismo con presencia de Gendarmería Nacional» y añadió que «en este escenario es que el presidente del instituto, Miguel Romeo, tuvo que retirarse escoltado por las fuerzas de seguridad durante su visita la semana pasada».