Tras los cortocircuitos del Gobierno de comienzos de año con los industriales, el ministro de Economía, Luis Caputo recibió al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, junto con otras autoridades de la entidad empresarial. El encuentro, que se extendió por más de una hora y medía, se centró en la discusión de diferentes ejes para el sector productivo. Y pese a la expectativa que había en la previa sobre algún tipo de anuncio, no se produjo ninguno.

La reunión giró en torno a la situación actual del mercado de capitales y la búsqueda de alternativas que permitan reducir el costo financiero para las empresas. También conversaron también sobre la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales para mejorar la competitividad de los bienes transables. El diálogo buscó avanzar en medidas que permitan aliviar la carga tributaria sobre las empresas, en un contexto donde la presión impositiva constituye uno de los principales reclamos del sector productivo argentino.

Uno de los puntos destacados por el ministro Caputo fue el impacto de los impuestos y tasas provinciales y municipales en la estructura de costos. Los presentes coincidieron en la importancia de que los gobiernos subnacionales acompañen el esfuerzo nacional en torno a la baja de tributos. Aunque resulta complica que los gobernadores y los intendentes en medio de la caída de la coparticipación y el bajo reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) decidan bajar impuestos.

La UIA hizo una descripción el panorama actual de la actividad industrial, y manifestó su preocupación por “la demora en la reactivación de algunos sectores -lo que afecta a la industria en general y especialmente a las PyMEs-”, así como también en las “distorsiones que persisten para la actividad productiva en materia tributaria, financiera, logística y laboral”.

“La reducción gradual del costo argentino es fundamental para que los sectores que compiten globalmente puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y sostener inversión, empleo y crecimiento”, señalaron desde la entidad fabril.

En tal sentido, los industriales llevaron propuestas para fomentar la actividad, facilitar el financiamiento de las PyMEs y morigerar la presión impositiva. También presentó una agenda específica orientada a aliviar la situación financiera de las industrias, que incluyó “la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, la ampliación de herramientas de reducción de contribuciones patronales para sectores en crisis y la postergación del pago de contribuciones patronales para economías regionales”.

En materia tributaria, el organismo propuso una disminución progresiva de impuestos, vinculada a la consolidación de las cuentas públicas, el aumento de recursos y el crecimiento de la economía. Entre las alternativas analizadas, se debatió lograr un nuevo acuerdo fiscal entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios que permita reducir la carga impositiva sobre la industria y mejorar su competitividad.

“La industria es un sector transable, que compite todos los días con productos y empresas del mundo. En ese sentido, la UIA planteó que la industria viene realizando un importante esfuerzo de adecuación y reordenamiento para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia internacional. Desde enero de 2024 a marzo de 2026, la inflación en los productos de la industria fue de 134,6%, mientras que el IPC promedio alcanzó el 221,5%”, sostuvieron desde la UIA.

Los representantes de la unión resolvieron avanzar con el trabajo técnico junto al equipo liderado por Pablo Lavigne y coordinar una próxima reunión con el Ministro en un plazo de 60 días, con el objetivo de analizar la evolución de la actividad económica y los progresos en los temas abordados.

A pesar de la duración del encuentro y la presencia de autoridades clave, no se registró ningún tipo de anuncio concreto al finalizar la reunión. Según pudo saber Infobae con participante del encuentro continuarán las conversaciones que se mantienen desde febrero a pesar del enfrentamiento público del presidente Javier Milei con el CEO de Techint, Paolo Rocca, que bajo su tono en las últimas semanas.

En la sede de la UIA existía expectativa ante la posibilidad de que Economía anunciara alguna medida concreta, sobre todo en materia de impuestos. Aunque era difícil que sucedería ya que hace nueve meses la recaudación viene en caída, lo que cada vez hace más complicado mantener el superávit fiscal y otorga menos margen de maniobra. El ministro de Economía, en diferentes oportunidades, confesó que su propósito es recaudar más, reafirmando que la situación de las finanzas públicas no permite grandes concesiones.

En la reunión también estuvo presente el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, con quien las autoridades de la UIA se habían juntado el martes de la semana pasada. Se trata del funcionario que mantiene dialogo directo con la entidad antes de que los pedidos y reclamos lleguen al ministro Caputo. Mientras que del sector industrial participó Rodrigo Pérez Graciano (Stellantis), David Uriburu (Techint), Luis Tendlarz (Federación de la Industria Textil) y Eduardo Nouguez (Ledesma).

En febrero, la UIA ya había propuesta una serie de medidas orientadas a favorecer la recuperación del rubro. Entre las iniciativas presentadas para reducir los costos laborales no salariales, sobresalió la posibilidad de permitir que las contribuciones patronales se computen a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el ámbito de las exportaciones, en esa oportunidad se discutió la continuidad del proceso de eliminación de derechos de exportación en sectores aún alcanzados y la posibilidad de incrementar los reintegros para exportaciones, con foco en manufacturas de origen industrial y alimentos. Para las actividades industriales vinculadas a la construcción, se analizaron medidas para estimular la compra de insumos, como la devolución del IVA en consumos realizados con tarjetas de crédito y débito.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su estrategia judicial y dejará de apelar las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios. La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema mantuviera durante años un criterio reiterado en favor de jubilados que cuestionaron esos descuentos ante la Justicia.

La medida quedó formalizada a través de la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo. Allí se dispuso que los representantes fiscales no presenten nuevos recursos ante la Corte Suprema en este tipo de causas y que, incluso, desistan de los recursos ya iniciados que todavía no fueron resueltos.

Según sostuvo ARCA en el texto oficial, el cambio busca evitar “mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, en un contexto en el que el máximo tribunal viene rechazando de manera sistemática las apelaciones del organismo.

La decisión de ARCA tiene como base el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019. En ese caso, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias en la medida en que gravaban haberes jubilatorios.

El caso se convirtió en un antecedente central dentro del ámbito previsional y tributario. La demandante era una jubilada de 79 años que presentaba problemas de salud y que, según el expediente, sufría retenciones que representaban entre el 29,33% y el 31,94% de sus ingresos previsionales.

En aquel fallo, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco consideraron que el cobro del tributo, en esas condiciones, vulneraba principios constitucionales vinculados a la igualdad y a la protección de sectores en situación de vulnerabilidad.

La Corte sostuvo que el envejecimiento y la discapacidad constituyen factores que generan mayores necesidades económicas y que, por lo tanto, deben ser contemplados al momento de definir la carga tributaria sobre jubilados y pensionados.

Además, el tribunal ordenó reintegrar las sumas retenidas desde la presentación de la demanda y estableció que, hasta tanto el Congreso dictara una ley específica sobre la materia, no debían aplicarse descuentos por Ganancias sobre la prestación previsional de la demandante.

Con la nueva instrucción, ARCA definió que los representantes fiscales no deberán presentar recursos extraordinarios ante la Corte Suprema ni recursos de queja cuando esos planteos sean rechazados en instancias anteriores.

También se dispuso que, en aquellos expedientes en los que el recurso federal ya fue presentado pero todavía no fue tratado, el organismo deberá desistir de continuar con la apelación.

El documento firmado el 15 de mayo por Gustavo Heber Paturlannes, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la entonces AFIP, señala que la decisión se fundamenta en la “sostenida jurisprudencia” de la Corte Suprema a partir del precedente “García”.

En ese marco, ARCA instruyó a sus áreas jurídicas para que adapten la gestión judicial de los casos a la doctrina fijada por el máximo tribunal, mientras no exista un cambio de criterio por parte de la Corte o una nueva legislación del Congreso que establezca un régimen diferencial para jubilados en situación de vulnerabilidad.

Después del fallo “García”, la Corte Suprema continuó aplicando el mismo criterio en otros expedientes similares.

El tribunal incluso sostuvo que las modificaciones introducidas posteriormente en el impuesto a las Ganancias mediante la Ley 27.617 no alteraban el problema de fondo. Según entendió la Corte, esos cambios estuvieron basados en criterios patrimoniales y no contemplaron un tratamiento específico para jubilados en condiciones de vulnerabilidad por edad o enfermedad.

Por esa razón, el máximo tribunal siguió rechazando las apelaciones presentadas por el Fisco Nacional en distintos casos vinculados al descuento del impuesto sobre haberes previsionales.

La nueva postura de ARCA implica, en los hechos, reconocer que la estrategia judicial sostenida hasta ahora no venía teniendo resultados favorables para el organismo.

La instrucción también contempla la situación de las causas que todavía se encuentran en distintas instancias judiciales.

En los casos en que las cámaras federales ya vengan rechazando de manera sistemática las apelaciones del organismo contra fallos de primera instancia, los representantes fiscales deberán consentir esas decisiones respecto de la cuestión de fondo.

Sin embargo, ARCA aclaró que podrá continuar litigando en relación con honorarios profesionales y costas judiciales, con el objetivo de reducir gastos para el Estado.

De todos modos, la decisión no alcanzará a todos los expedientes. La norma establece excepciones para determinadas situaciones.

Por ejemplo, la nueva estrategia no se aplicará cuando quienes impulsan la demanda no tengan legitimación activa, como podría ocurrir con asociaciones o colegios profesionales. Tampoco regirá en aquellos casos en los que la representación fiscal considere que existen circunstancias particulares que permitan revertir el criterio judicial aplicado hasta el momento.

En el fallo “García”, la Corte Suprema también puso en conocimiento del Congreso la necesidad de avanzar en una legislación específica para jubilados y pensionados.

El tribunal consideró que debía existir un tratamiento diferencial que contemple tanto la situación de vulnerabilidad derivada de la edad o de problemas de salud como la capacidad contributiva de cada persona.

Hasta el momento, según surge de la resolución de ARCA, no se dictó una norma que modifique ese escenario de fondo. Por eso, el organismo resolvió adecuar su actuación judicial a la doctrina que viene sosteniendo la Corte Suprema desde 2019.

La medida marca un cambio relevante en la postura oficial frente a los reclamos judiciales de jubilados que cuestionan el descuento del impuesto a las Ganancias sobre sus haberes y anticipa que, salvo excepciones, el Estado dejará de insistir ante la Corte con apelaciones sobre este tema.

La inflación mayorista tuvo una variación de 5,2% en abril y acumuló un aumento de 30,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El INDEC reveló nuevo dato de inflación mayorista.

Por último, el índice de precios básicos del productor (IPP) creció 4,8% en abril. El avance estuvo explicado por un incremento de 7,5% en productos primarios y 3,7% en productos manufacturados y energía eléctrica.

El IPP captura la evolución de precios en la primera etapa de comercialización. Su suba refleja que los productores enfrentan costos más altos, una presión que eventualmente puede trasladarse al consumidor final.

Los rubros que más subieron en abril

El Indec detalló las variaciones respecto al mes anterior. El mayor incremento se registró en Petróleo crudo y gas, seguido por Productos pesqueros, Productos refinados del petróleo y Sustancias y productos químicos.

Los 10 rubros mayoristas que más aumentaron fueron:

• Petróleo crudo y gas: 22,9%
• Productos pesqueros: 16,8%
• Productos refinados del petróleo: 13,6%
• Productos de caucho y plástico: 7,4%
• Sustancias y productos químicos: 5,1%
• Muebles y otros productos industriales: 4,6%
• Tabaco: 3,3%
• Productos de minerales no metálicos: 3,1%
• Papel y productos de papel: 2,6%

La lista deja en claro que cuatro de los cinco primeros puestos están directa o indirectamente relacionados con la cadena de hidrocarburos. Solo Productos pesqueros escapa a esa dinámica.

El impacto del petróleo no solo se sintió en combustibles. También golpeó a industrias derivadas como la química, el plástico y el caucho, que dependen de insumos petroleros para su producción.

Inflación minorista: las proyecciones para los próximos meses

La inflación de abril se ubicó en el 2,6%, según el Índice de Precios al Consumidor que cada mes publica el INDEC. Se trata de una buena noticia para el Gobierno, que viene de afrontar diversas polémicas.

Según el organismo, además, la cifra interanual fue del 32,4% y el acumulado registrado en lo que va de 2026 es del 12,3% Vale recordar que, con este nuevo dato, se rompe la tendencia de 10 meses al hilo con precios al alza.

«La división con mayor alza mensual en abril de 2026 fue Transporte (4,4%); y la de menor, Recreación y cultura (1%)», indicó el organismo a través de X.

Y añadió: «En abril de 2026, GBA fue la región con mayor suba mensual (2,8%), escoltada por Noreste (2,7%) y Patagonia (2,6%)».

En este sentido, desde Balance explicaron lo siguiente: La inflación de abril se ubicó en 2,6% m/m, por debajo de nuestra proyección y en línea con el consenso (Balanz: 2,7% m/m; REM: 2,6% m/m; BBG: 2,5% m/m), llevando la variación interanual a 32,4% a/a. El dato estuvo impulsado por una suba de 2,5% m/m en bienes y de 2,6% m/m en servicios. La dinámica estuvo explicada principalmente por los componentes regulados, que aumentaron 4,7% m/m, mientras que los precios estacionales se mantuvieron sin cambios (0,0% m/m)».

Y añadieron: «Las mayores subas se registraron en Transporte (+4,4% m/m), Educación (+4,2% m/m) y Comunicación (+4,1% m/m). Por otro lado, Cultura y Recreación mostró un aumento moderado de 1,0% m/m, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5% m/m».

En síntesis, la espera de que la inflación se ubique por debajo del 2% parece extenderse varios meses a lo previsto, mientras el precio de dólar refleja una menor alza a lo proyectado tiempo atrás.

Por qué la inflación no perfora el 2% mensual

Claudio Caprarulo, director de Analytica, afirma que la expectativa hacia los próximos meses es que el ritmo inflacionario seguirá retrocediendo, pero de manera leve. Por ahora, no prevé que vuelva a perforar el 2% mensual. Afirma que el piso lo producen varios componentes inerciales y se suman los efectos del repunte del precio internacional del petróleo, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente. Esto último impacta sobre los costos de los combustibles, lo que arrastra a varias categorías y ejerce presión sobre los precios de la economía de manera generalizada.

«La dinámica para los próximos meses aún es compleja. La categoría de precios regulados sigue teniendo una incidencia considerable sobre el IPC, que impide al nivel general acercarse nuevamente al 2% mensual, a pesar de que el Gobierno insiste en forzar el ancla cambiaria y los salarios para traccionar hacia abajo el índice de la inflación», agrega Lucio Garay Méndez, economista jefe de EcoGo.

Garay Méndez sostiene que si el índice inflacionario no perfora muy pronto el 2% mensual, probablemente habrá que esperar un tiempo prolongado para que ocurra. Advierte que si el ritmo no desacelera tras las medidas del Gobierno (ancla cambiaria y mínima actualización salarial), se «corre el riesgo de necesitar una corrección en el tipo de cambio», lo que posteriormente se trasladaría a la inflación. Esto último, en caso de ocurrir, postergaría el proceso de desaceleración de la inflación de manera profunda, como la que se registró en los dos primeros años de la gestión de Milei.