El usuario residencial de ingresos bajos o medios apenas paga el 32% del costo real de la energía eléctrica en la Argentina, y esta cobertura parcial de la tarifa hogareña obliga al Estado nacional a financiar el 68% restante del sistema mediante subsidios directos. Es decir que el esfuerzo fiscal del Gobierno y el encarecimiento de los servicios públicos todavía no logran corregir el desequilibrio estructural del sector.

Los datos surgen del Monitor Eléctrico de abril de 2026 elaborado por la RICSA Alyc, según el cual el Precio Estacional (PEST) de la energía mayorista registró una suba del 36,4% interanual en pesos al alcanzar los $86.929 por megavatio-hora (MWh).

Sin embargo, la brecha de subsidios en el servicio eléctrico persiste porque conviven realidades opuestas: mientras los usuarios residenciales sin subsidio cubren el 93% del costo real abonando unos $107.430/MWh, el segmento base paga una tarifa regulada de apenas $37.693/MWh, quedando muy lejos de los u$s 84,0 por MWh que promedia el costo monómico total del mercado asignado.

La oscilación de las variables operativas y climáticas encareció la generación local durante abril y amplió la necesidad de asistencia pública. La temperatura media en el Gran Buenos Aires se ubicó en 19,7 °C , una marca que superó en 1,3 °C al registro de abril de 2025 y en 1,8 °C al promedio histórico otoñal. Este factor meteorológico estiró el uso de los equipos de climatización y provocó un salto del 7,7% interanual en la demanda eléctrica global, traccionada principalmente por el consumo residencial.

El desequilibrio entre oferta y demanda

A la mayor presión de la demanda se sumó un frente crítico en el lado de la oferta, y es que la generación del parque nuclear argentino sufrió una severa contracción del 51,9% interanual. Las centrales nucleares, que aportan energía de base limpia y a costos previsibles, pasaron de despachar 898 GWh en abril del año pasado a tan solo 432 GWh en el mes bajo análisis. Esta merma dejó un bache de 466 GWh que obligó al sistema a recalcular su estrategia para garantizar el abastecimiento de la red.

La respuesta operativa para cubrir el faltante nuclear consistió en incrementar el uso del parque de generación térmica. El despacho termoeléctrico subió un 13,3% interanual para inyectar unos 721 GWh adicionales al sistema interconectado. Al tener que quemar un volumen superior de combustibles fósiles, el Costo Marginal Operativo (CMO) de la electricidad en dólares experimentó un salto del 37,2% mensual y se ubicó en un promedio de u$s 86,2 por MWh, un encarecimiento de la energía.

En paralelo, el mercado eléctrico continuó exhibiendo su histórica segmentación operativa entre bloques regulados y áreas expuestas a precios de mercado. El segmento de Generación Asignada, orientado a abastecer a la demanda estacionalizada residencial con precios fijados por la autoridad regulatoria, representó el 49% de la oferta total con 5.372 GWh. En contraposición, el Mercado Spot y el Mercado a Término (MAT) explicaron el 36% y el 15% restante de la energía comercializada.

La composición del costo monómico final ratifica por qué el mercado asignado resulta más oneroso para las arcas públicas. Mientras que el Precio Spot totalizó u$s 72,8 por MWh, el Costo Asignado trepó hasta los u$s 84,0 por MWh debido a que el precio específico de la energía para blindar a los usuarios regulados promedió los u$s 60,7 por MWh frente a los u$s 52,7 por MWh del mercado no regulado. 

Los datos consolidados demuestran que la quita de subsidios eléctricos se encuentra ante un techo difícil de perforar bajo las condiciones macroeconómicas actuales. Cada evento imprevisto en la generación o cada oscilación hacia arriba en el termómetro se traduce en una mayor dependencia del parque térmico de gas, elevando los costos de un sistema monómico que el usuario residencial base todavía mira de lejos en sus boletas finales.

Los subsidios energéticos se duplicaron  

De acuerdo a otro informe, a pesar del severo ajuste implementado sobre las cuentas públicas y el sostenimiento del superávit fiscal a fuerza de recortes en el gasto real, las partidas de subsidios destinadas a sostener el sistema energético nacional exhibieron para el equipo económico que encabeza Luis Caputo una preocupante tendencia alcista durante el arranque del año.

Los subsidios energéticos registraron un incremento del 105% medidos en dólares durante los primeros cuatro meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un desembolso total de u$s1.240 millones, algo que enciende alarmas en el Palacio de Hacienda por su impacto sobre la sostenibilidad de la política sectorial.

La consultora especializada Economía y Energía explicó que esta fuerte expansión de las transferencias estatales encuentra su explicación principal en la reconfiguración del sector eléctrico, donde el costo de abastecimiento residencial promedio sufrió una escalada del 18% interanual, ubicándose en torno a los u$s81 por megavatio-hora (USD/MWh). 

El alza estuvo traccionada de manera directa por las reformas normativas aplicadas al parque de generación, las cuales conllevaron una mayor remuneración para las centrales hidroeléctricas binacionales y concesionadas, encareciendo de modo sistémico la provisión mayorista de energía que debe absorber la demanda prioritaria.

El gobierno de Javier Milei propone la desregulación del mercado de biocombustibles en la Argentina y fundamenta el cambio en la madurez alcanzada por el sector, el impacto fiscal del régimen vigente y las posibilidades de inserción internacional. Según la posición oficial, el esquema de protección establecido en 2007 ya no responde a las condiciones actuales de la industria.

La semana pasada ingresó al Senado un proyecto promovido por Patricia Bullrich, resultado de casi dos años de diálogo entre la Secretaría de Energía y representantes de la cadena productiva. La iniciativa, que cuenta con amplio apoyo político, plantea aumentar el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil de 7,5% a 10% y el de bioetanol en las naftas de 12% a 15%, incorporar motores Flex Fuel y establecer un sistema electrónico para la comercialización.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.

Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.

La Ley 26.093 fijó la mezcla obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles, estableciendo un corte del 12% de bioetanol en la nafta y del 7,5% de biodiésel en el gasoil, junto con incentivos fiscales para la construcción de plantas productoras. El objetivo fue promover alternativas energéticas renovables en un contexto internacional marcado por el alto precio del petróleo.

De acuerdo con la visión oficial, el sector productivo argentino de biocombustibles, principalmente biodiésel y bioetanol de maíz, alcanzó una escala industrial y tecnológica que permite competir sin precios administrados ni un mercado cautivo. El Gobierno considera que la industria cuenta con capacidad instalada y acceso a materias primas competitivas a nivel internacional.

Entre los argumentos presentados, el Gobierno señala el costo fiscal del régimen actual. Estima que los beneficios impositivos generaron un gasto de 6.000 millones de dólares en 15 años, sumado a una pérdida de divisas de 1.400 millones de dólares por exportaciones agrícolas no realizadas, debido a la obligación de destinar parte de la producción de maíz y soja al mercado interno de biocombustibles.

La estructura del sector es otro punto central de la argumentación oficial. Si bien el objetivo original fue promover la participación de pequeñas y medianas empresas, la mayor parte de la capacidad productiva está concentrada en grandes grupos empresarios. Un caso citado es el Grupo Bahía Energía, que controla seis empresas y concentra el 22,5% de la producción total asignada, lo que, según la postura oficial, limita la competencia.

La eficiencia energética de los biocombustibles es un aspecto señalado por el Gobierno y se sirve de datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) que indican que el etanol ofrece un 75% del poder energético de la nafta y el biodiésel un 87% del gasoil. Esta diferencia reduce la autonomía de los vehículos y representa un costo adicional para los usuarios.

El oficialismo considera que el contexto internacional resulta favorable para la inserción externa de los biocombustibles argentinos. La Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y el principal proveedor global de aceite de soja, materias primas esenciales para la producción de biodiésel y bioetanol. De acuerdo con la visión oficial, la apertura del mercado permitiría desarrollar una industria menos dependiente de regulaciones locales y con mayor proyección exportadora.

En el caso del bioetanol de caña de azúcar, la posición oficial reconoce las particularidades de las economías regionales del noroeste argentino, donde la sobreoferta global y las restricciones a la exportación plantean la necesidad de un tratamiento diferenciado para ese segmento.

El debate legislativo en torno a la desregulación se desarrolla con posiciones encontradas entre distintos sectores, pero el Gobierno sostiene que un mercado más abierto responde a la necesidad de mejorar la asignación de recursos públicos, reducir distorsiones y fortalecer la competitividad de la producción nacional.

Mientras el Gobierno celebra los récords en exportaciones -que permiten el fuerte flujo de dólares que entran a la economía- los analistas ponen la lupa sobre las importaciones, y no esconden su preocupación por el escaso vigor que muestran las compras desde el exterior. Por lo pronto, la última encuesta REM corrigió a la baja, otra vez, su previsión de importaciones, en coincidencia con la capacidad ociosa de las plantas fabriles.

Las únicas importaciones que siguen creciendo son las de bienes de consumo final y automóviles -lo que en la jerga se denomina como «compras Temu»-, que ya representan la cuarta parte del total.

En cambio, el resto -maquinaria e insumos de la industria- sigue decreciendo, en línea con las expectativas de que el próximo dato del EMAE vuelva a mostrar números en rojo tras la breve ilusión del mes anterior.

Para algunos, esa situación una señal de que la industria seguirá en recesión, y con un nivel de capacidad ociosa tan alto que no amerita la compra de bienes de capital. Por caso, la consultora Analytica consigna «predominio de señales débiles en la demanda interna, la industria pesada y el sector automotriz», y pronostica una caída de 0,8% interanual para el EMAE de abril. 

¿Adiós a la restricción externa?

Otros van más allá y creen que Argentina está viviendo un cambio de modelo, en el que ese bajo nivel de importaciones se corresponde con un nuevo escenario en el que ramas enteras de la producción perderán competitividad.

Es el caso de la consultora LCG, que compara la situación actual con la del año 2017. Y observa que, pese a que en ambos momentos se registra el mismo nivel de «atraso cambiario», ahora hay un sólido superávit comercial y posible superávit en cuenta corriente, mientras que el gobierno macrista sufría déficits de las cuentas externas.

Y concluye que el gran factor que posibilitó esa diferencia fue Vaca Muerta, que no sólo transformó un crónico déficit energético en un superávit: sacó del mapa la clásica «restricción externa».

Durante décadas, se consideraba que esa era una de las debilidades más difíciles de resolver para la economía argentina: como para crecer un punto del PBI se necesitaba aumentar tres puntos las importaciones, los dólares que generaba el campo nunca alcanzaban para reactivar a la industria. Eso llevaba a los tradicionales ciclos del «stop and go», y justificaba los planteos de regulaciones cambiarias, que tuvo su máxima expresión en el «cepo» de la era kirchnerista.

En definitiva, el nuevo panorama hace que un dólar de $1.400 no implique una presión en el que todos los importadores salgan corriendo a acumular stock por temor a una devaluación inminente. En principio, es una situación festejable, como de hecho la celebra Javier Milei en los discursos en los que critica a los teóricos de la restricción de dólares.

Pero, por otra parte, hay un creciente temor a que en la economía argentina se instale la llamada «enfermedad holandesa», como denominan los economistas a la situación en que se da un equilibrio de tipo de cambio bajo, que no permite competir a la industria y genera alto desempleo.

«Ahora, el sector de hidrocarburos está haciendo su aporte (junto con el optimismo para emitir ONs en dólares) para ocultar el síntoma del atraso cambiario. Tenemos márgenes afectados en varias empresas, pero no tenemos síntomas en la balanza de pagos. Esta enfermedad (holandesa) es asintomática al principio, pero está«, indica el reporte de LCG

Y advierte que ese modelo no está libre de un riesgo de crisis traumática: «Hoy, de hecho, ya empezó a mostrar síntomas en su impacto en empresas y en el empleo. Puede madurar de a poco, pero el desenlace (en una forma distinta a la de una crisis de balanza de pagos) puede ser repentino».

Recalculando a la baja

Al comienzo, la explicación que se daba para explicar la caída importadora era que, como en los meses previos a la elección legislativa de octubre se había generado una expectativa devaluatoria, se habían concretado importaciones «por las dudas» cuyo objetivo era acumular stock aprovechando un tipo de cambio que se percibía bajo.

Sin embargo, ese argumento, que era entendible en el momento inmediatamente posterior a la elección, ya va perdiendo fuerza siete meses después de realizada la elección. Tanto que los economistas creen que el bajón importador no es un accidente sino una tendencia estable en la economía.

Por lo pronto, la última encuesta REM entre expertos de bancos y consultoras confirmó la visión del mercado sobre el rumbo económico: cada vez se espera una mayor distancia entre exportaciones e importaciones. La buena noticia es que ayuda a la estabilidad financiera y a atenuar la sensación de riesgo ante el exigente calendario de pagos de deuda.

Pero, por otro lado, reafirmar que la crisis de los sectores «perdedores del nuevo modelo» no será apenas pasajera, sino que puede ser una tendencia de largo plazo. El REM ya recortó en u$s3.500 millones su previsión inicial, y hay analistas que creen que el próximo informe tendrá una proyección de u$s77.000 millones.

Incluso hay, entre los expertos, algunos que llegan más lejos y hasta creen que las importaciones serán menores que las del año pasado. Por caso, un informe de inversión Morgan Stanley pronostica que el volumen de las compras será de apenas u$s74.700 millones.

¿Señales de mejora?

A esta altura del año pasado, las importaciones ascendían a un promedio mensual de u$s6.000 millones, mientras que este año cayeron a u$s5.630 millones. De mantenerse esa media, el año terminaría incluso por debajo de lo que proyectan los economistas, en torno de u$s68.000 millones.

Esto implica que, pese a todo, hay una expectativa de que en el segundo semestre pueda haber una leve recuperación. Parte de esa suba se explicará por motivos «no positivos», como una mayor necesidad de importaciones de gas licuado de petróleo, de manera de suplir una mayor demanda ante las bajas temperaturas invernales.

Pero, otra parte, podría estar protagonizada por la industria. «Empiezan a darse algunas de las condiciones para que, muy gradualmente, las importaciones salgan del amesetamiento del último año y medio», observa Jorge Vasconcelos, economista jefe de Fundación Mediterránea.

Y enumera entre esas condiciones la baja de interés para los créditos, un aumento en el poder adquisitivo de la exportación y, finalmente, una mayor apreciación del peso -que abarata las compras del exterior-.

Pero, de momento, las importaciones más dinámicas siguen siendo las de productos de consumo final que compiten con la producción local. Es algo que se nota particularmente en rubros como la indumentaria y los electrodomésticos.

Y el gobierno ha dejado en claro que su apertura comercial no está fundada sólo en una vocación ideológica liberal, sino que es, sobre todo, parte de su estrategia anti inflacionaria. En un contexto en el que los alimentos y los servicios públicos empujan el promedio del IPC al alza, los bienes importados hacen de contrapeso.

Hablando en números, mientras la inflación acumulada enero-abril fue de 12,3%, la ropa apenas aumentó 5,9% y los electrodomésticos un 8,8%.