Un hogar del AMBA necesita $249.834 en mayo para cubrir servicios básicos, con una suba del 17,5% impulsada por tarifas y mayor consumo invernal

19/05/2026 – 14:30hs

Un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $249.834 en mayo para cubrir sus necesidades de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público lo que implica un alza de 17,5% con relación abril.

Esta cifra corresponde a un grupo familiar que no cuenta con subsidios estatales y refleja el gasto necesario para mantener el consumo energético y la movilidad básica en la región.

Si se realiza la comparación con el mismo mes del año anterior, el costo total de la canasta de servicios públicos presenta una suba del 50%, situándose por encima de la evolución general de los precios en el mismo periodo.

Los datos utilizados para este análisis provienen del último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET).

De acuerdo con el informe, el alza mensual se explica por la actualización de los cuadros tarifarios y por el incremento estacional en la demanda de energía debido a la proximidad del invierno.

El rubro de mayor impacto y las claves detrás del aumento de costos

El rubro que mostró el mayor impacto en el presupuesto del hogar fue el gas natural, cuya factura final para un usuario promedio aumentó un 53,3% en comparación con abril.

Según el documento, «la combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 53,3%», haciendo referencia al incremento de los cargos fijos y variables junto al hecho de que el consumo suele duplicarse en esta época del año.

Para un usuario del segmento N1, el costo mensual de este servicio alcanzó los $49.972. Por su parte, el gasto en energía eléctrica para un hogar sin subsidios subió un 37,8% mensual.

El reporte detalla que «el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio«. En este caso, la factura promedio para un consumo representativo se ubicó en $52.811.

El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso económico dentro de la canasta, con un costo de $110.438 por mes, aunque en mayo solo registró un aumento del 3%.

En cuanto al servicio de agua potable, el gasto promedio fue de $36.612, lo que representó una suba del 5,9% mensual explicada por ajustes tarifarios y la presencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.

La canasta de servicios sube muy por encima de la inflación y presiona los ingresos

La presión de estos servicios sobre los ingresos de los trabajadores es mayor que en años anteriores. Actualmente, la canasta completa representa el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799.

El informe destaca la disparidad histórica al señalar que «desde diciembre de 2023 hasta el mes de mayo de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 800% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 231%«.

En la actualidad, las tarifas que pagan los hogares del AMBA cubren, en promedio, el 58% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado nacional financia el 41% restante a través de subsidios. Este nivel de cobertura estatal se mantuvo sin cambios significativos respecto a los valores registrados en abril.

Ya no resulta una novedad: bajo la administración Milei, la economía argentina atraviesa una metamorfosis profunda. Bajo el nuevo paradigma macroeconómico y el impulso de flamantes marcos normativos como el RIGI y el RIMI para medianas empresas, existe una reconfiguración total.

El nuevo mapa productivo privilegia actividades como la energía y la minería, con Vaca Muerta en el centro de la escena. En un contexto de apertura externa.

Sin embargo, este proceso de «destrucción creativa» muestra dos caras extremadamente opuestas: mientras sectores estratégicos ligados a los sectores «ganadores» del modelo proyectan inversiones multimillonarias y miles de empleos, el tejido empresarial tradicional sufre una sangría histórica que no da tregua.

El motor de la inversión: Energía, Minería y Agroindustria

Una investigación especial de los técnicos de la Fundación Mediterránea detectó que las inversiones anunciadas durante el último año y medio dibujan una Argentina con nuevos polos para la economía.

La Patagonia lidera el ranking con inversiones por u$s12.284 millones, impulsada fundamentalmente por los proyectos de shale oil y gas en Vaca Muerta, consolidando a Neuquén y Río Negro como el epicentro energético del país.

En segundo lugar, la región de Cuyo registra anuncios por u$s10.146 millones, con San Juan como protagonista indiscutido ante la reactivación de la minería de cobre y oro.

El podio lo completa el NOA con u$s7.705 millones de inversiones programadas, donde el «triángulo del litio» (Salta y Catamarca) y la agroindustria tucumana captan el grueso de los fondos.

Más atrás, la Región Centro suma u$s4.894 millones, con Buenos Aires enfocada en fertilizantes y siderurgia, y CABA en tecnología y real estate.

¿Cuántos y qué tipo de empleos se están creando?

La gran incógnita es si estos dólares se traducen en trabajo para los argentinos, muchos de los cuales están perdiendo sus puestos en la industria tradicional.

Diego Coatz, ex economista jefe de la UIA y actual director del think tank I+D, calcula que la industria pierde a razón de nueve puestos cada hora.

El informe del IERAL destaca que la Patagonia encabeza la creación de empleo con 35.564 puestos proyectados. Un dato revelador es que un solo proyecto de gas y petróleo estima generar 19.000 empleos, lo que demuestra que, aunque es una industria capital intensiva, tiene un efecto multiplicador masivo en la cadena de valor de servicios y construcción local, afirma la investigación de la FM.

En la región de Cuyo se proyectan 27.575 empleos, traccionados por la minería y la industria alimenticia en San Luis.

Un caso destacable es el del NEA que, a pesar de tener un volumen de inversión menor (u$s2.658 millones), logra una mejor eficiencia social: proyecta 13.718 empleos, casi la misma cantidad que la Región Centro. Esto se explica por la forestoindustria en Corrientes, donde una sola planta de celulosa prevé crear 13.000 puestos de trabajo, subrayando el potencial de las industrias de base natural para generar empleo masivo.

En contraste, el NOA, con inversiones elevadas en litio, proyecta 11.150 empleos, una cifra más moderada que sugiere que la minería de minerales críticos requiere de políticas adicionales para fomentar proveedores locales y ampliar su base laboral.

La otra cara: La crisis del tejido empresarial PyME

Mientras los grandes anuncios brillan en el sur y el norte, los datos de Fundar revelan una realidad dramática para el empresariado tradicional.

Desde que asumió la gestión de Milei en noviembre de 2023, «se han perdido 24.437 empresas en Argentina«, dice el último reporte de la Fundación, que representa una caída del 4,8% del total.

«La peor caída en los primeros 27 meses de un gobierno», superando incluso los registros de la pandemia, concluye la investigación.

El impacto sectorial de esta destrucción es el siguiente:

• Transporte y almacenamiento: Perdió el 15,7% de sus empresas (6.193)
• Inmobiliarios: Registró una caída del 11,98% (3.555)
• Construcción: Sufrió una baja del 9,6% (2.089 empresas)

Entre las provincias argentinas, las más afectadas son La Rioja (-17,4%), Catamarca (-12,8%) y Chaco (-11,3%).

La única excepción a esta regla de hierro es Neuquén, que logró aumentar su cantidad de empresas en un 2,1%, reafirmando que hoy es el único oasis en el mapa productivo nacional gracias al boom de Vaca Muerta.

La licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía Paraná-Paraguay, llegó a su instancia final este martes. Tras la apertura de las ofertas económicas, tanto Jan De Nul como DEME presentaron la misma propuesta económica, en el nivel mínimo permitido por el pliego. Por la diferencia técnica obtenida en la etapa anterior, la primera se perfila como adjudicataria para operar, mantener y modernizar la principal ruta fluvial de exportaciones del país y la región durante los próximos 25 años.

El proceso, iniciado en diciembre de 2025, enfrentó a dos multinacionales belgas: Jan De Nul, actual operadora del dragado de la hidrovía, y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME). La brasileña DTA Engenharia participó en la primera etapa, pero no superó la evaluación técnica.

Según pudo saber Infobae, ambas empresas presentaron ofertas económicas en los mínimos de las bandas establecidas. Sin embargo, la diferencia técnica lograda por Jan De Nul en la etapa anterior —más de 24 puntos sobre 80 posibles— la posiciona con ventaja frente a su competidora.

Las compañías propusieron el mismo valor mínimo de tarifa para cada tramo: USD 3,80 para la etapa 0, USD 4,65 para la etapa 1 y USD 5,78 para la etapa 2, lo que suma USD 14,23 por el recorrido completo de la hidrovía. De acuerdo con datos oficiales, esta rebaja representará un ahorro anual de entre USD 35 y USD 40 millones para los usuarios, ya que la tarifa de peaje podría descender un 15 por ciento. La definición final, a cargo del Gobierno, se conocerá en el próximo mes.

“La oferta económica presentada tanto por Jan de Nul como por DEME, fue de USD 3,80, lo que reduce 50 centavos lo que se paga hoy, generando un ahorro de 13,5%. Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización. El objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país”, expuso en un comunicado el Ministerio de Economía.

El concesionario deberá hacerse cargo de la modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía, con inversiones constantes y sin respaldo estatal para los riesgos comerciales. El contrato contempla, además, una ganacia mínima del 6% para el operador, calculado sobre los peajes efectivos cobrados, y un esquema de monitoreo permanente de las inversiones y el servicio.

La hidrovía, que se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros, es la puerta de salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas, principalmente granos y productos industriales que se embarcan en las terminales de Rosario, uno de los mayores nodos agroexportadores del mundo. Además, es la vía elegida por cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países que junto con la Argentina firmaron en 1992 el acuerdo internacional que rige la navegación y el transporte comercial en la región.

“Es un proceso que ha sido validado por todo el sector privado y productivo del país. Concluida la evaluación económica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanzará, tal como está planificado, a la adjudicación y a la firma del contrato de concesión, que contempla una inversión estimada en torno a los USD 10.000 millones”, concluye el comunicado de la cartera comandada por Luis ‘Toto’ Caputo.

El esquema de licitación, alineado con estándares internacionales, prevé que el concesionario reciba ingresos estimados en USD 15.000 millones a lo largo de los 25 años que dura el contrato, en función de los peajes cobrados a barcos y barcazas que transitan la red fluvial. El pliego proyecta un ingreso promedio anual de USD 618,6 millones, sustentado en el volumen de cargas transportadas y el movimiento de buques por los ríos Paraná y Paraguay.

La adjudicación de la hidrovía llega luego de un primer intento de licitación, declarado nulo en febrero de 2025 tras recibir una sola oferta. El proceso actual, en cambio, logró competencia técnica y económica entre dos de las mayores empresas del sector a nivel mundial.

Entre los objetivos explícitos del nuevo proceso está la reducción de las tarifas que pagan los usuarios del sistema. Según estimaciones de la autoridad de control de los puertos, las tarifas de peaje podrían bajar al menos 15% respecto de los niveles actuales.

El sector exportador, las cámaras industriales y portuarias celebraron la publicación de la resolución que da por finalizada la etapa técnica y esperan que la adjudicación agilice la modernización de la vía. De hecho, según consignaron en un comunicado conjunto la UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA-CEC, la Cámara de Puertos Privados y la de Actividades Portuarias, “la Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal vía de navegación de la Argentina. Por ella se mueven el 80% de las exportaciones del país, el 95% del transporte de contenedores, y el 100% de las exportaciones de la industria automotriz. Dado la relevancia estratégica que esta vía fluvial tiene para la producción industrial nacional, los usuarios estamos convencidos que no se puede perder más tiempo y seguir poniendo en riesgo la competitividad argentina”.

La concesión de la hidrovía fue durante 25 años responsabilidad del consorcio integrado por Jan De Nul y la argentina Emepa. Tras la caducidad del contrato en 2021, el Estado nacional asumió la administración directa, contratando a Jan De Nul para el dragado y balizamiento. Con la nueva concesión, el sistema volverá a manos privadas bajo estrictas condiciones de inversión y control estatal.