La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió modificar su estrategia judicial y dejará de apelar las sentencias que declaran inconstitucional el cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios. La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema mantuviera durante años un criterio reiterado en favor de jubilados que cuestionaron esos descuentos ante la Justicia.

La medida quedó formalizada a través de la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo. Allí se dispuso que los representantes fiscales no presenten nuevos recursos ante la Corte Suprema en este tipo de causas y que, incluso, desistan de los recursos ya iniciados que todavía no fueron resueltos.

Según sostuvo ARCA en el texto oficial, el cambio busca evitar “mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”, en un contexto en el que el máximo tribunal viene rechazando de manera sistemática las apelaciones del organismo.

La decisión de ARCA tiene como base el fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019. En ese caso, el tribunal declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias en la medida en que gravaban haberes jubilatorios.

El caso se convirtió en un antecedente central dentro del ámbito previsional y tributario. La demandante era una jubilada de 79 años que presentaba problemas de salud y que, según el expediente, sufría retenciones que representaban entre el 29,33% y el 31,94% de sus ingresos previsionales.

En aquel fallo, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco consideraron que el cobro del tributo, en esas condiciones, vulneraba principios constitucionales vinculados a la igualdad y a la protección de sectores en situación de vulnerabilidad.

La Corte sostuvo que el envejecimiento y la discapacidad constituyen factores que generan mayores necesidades económicas y que, por lo tanto, deben ser contemplados al momento de definir la carga tributaria sobre jubilados y pensionados.

Además, el tribunal ordenó reintegrar las sumas retenidas desde la presentación de la demanda y estableció que, hasta tanto el Congreso dictara una ley específica sobre la materia, no debían aplicarse descuentos por Ganancias sobre la prestación previsional de la demandante.

Con la nueva instrucción, ARCA definió que los representantes fiscales no deberán presentar recursos extraordinarios ante la Corte Suprema ni recursos de queja cuando esos planteos sean rechazados en instancias anteriores.

También se dispuso que, en aquellos expedientes en los que el recurso federal ya fue presentado pero todavía no fue tratado, el organismo deberá desistir de continuar con la apelación.

El documento firmado el 15 de mayo por Gustavo Heber Paturlannes, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la entonces AFIP, señala que la decisión se fundamenta en la “sostenida jurisprudencia” de la Corte Suprema a partir del precedente “García”.

En ese marco, ARCA instruyó a sus áreas jurídicas para que adapten la gestión judicial de los casos a la doctrina fijada por el máximo tribunal, mientras no exista un cambio de criterio por parte de la Corte o una nueva legislación del Congreso que establezca un régimen diferencial para jubilados en situación de vulnerabilidad.

Después del fallo “García”, la Corte Suprema continuó aplicando el mismo criterio en otros expedientes similares.

El tribunal incluso sostuvo que las modificaciones introducidas posteriormente en el impuesto a las Ganancias mediante la Ley 27.617 no alteraban el problema de fondo. Según entendió la Corte, esos cambios estuvieron basados en criterios patrimoniales y no contemplaron un tratamiento específico para jubilados en condiciones de vulnerabilidad por edad o enfermedad.

Por esa razón, el máximo tribunal siguió rechazando las apelaciones presentadas por el Fisco Nacional en distintos casos vinculados al descuento del impuesto sobre haberes previsionales.

La nueva postura de ARCA implica, en los hechos, reconocer que la estrategia judicial sostenida hasta ahora no venía teniendo resultados favorables para el organismo.

La instrucción también contempla la situación de las causas que todavía se encuentran en distintas instancias judiciales.

En los casos en que las cámaras federales ya vengan rechazando de manera sistemática las apelaciones del organismo contra fallos de primera instancia, los representantes fiscales deberán consentir esas decisiones respecto de la cuestión de fondo.

Sin embargo, ARCA aclaró que podrá continuar litigando en relación con honorarios profesionales y costas judiciales, con el objetivo de reducir gastos para el Estado.

De todos modos, la decisión no alcanzará a todos los expedientes. La norma establece excepciones para determinadas situaciones.

Por ejemplo, la nueva estrategia no se aplicará cuando quienes impulsan la demanda no tengan legitimación activa, como podría ocurrir con asociaciones o colegios profesionales. Tampoco regirá en aquellos casos en los que la representación fiscal considere que existen circunstancias particulares que permitan revertir el criterio judicial aplicado hasta el momento.

En el fallo “García”, la Corte Suprema también puso en conocimiento del Congreso la necesidad de avanzar en una legislación específica para jubilados y pensionados.

El tribunal consideró que debía existir un tratamiento diferencial que contemple tanto la situación de vulnerabilidad derivada de la edad o de problemas de salud como la capacidad contributiva de cada persona.

Hasta el momento, según surge de la resolución de ARCA, no se dictó una norma que modifique ese escenario de fondo. Por eso, el organismo resolvió adecuar su actuación judicial a la doctrina que viene sosteniendo la Corte Suprema desde 2019.

La medida marca un cambio relevante en la postura oficial frente a los reclamos judiciales de jubilados que cuestionan el descuento del impuesto a las Ganancias sobre sus haberes y anticipa que, salvo excepciones, el Estado dejará de insistir ante la Corte con apelaciones sobre este tema.

Las acciones tecnológicas lastraron a los mercados estadounidenses a la baja este martes, en un rango de 0,7% a 0,8%-, mientras los inversores sopesaron las aparentes señales de progreso hacia el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El precio del petróleo terminó mixto. El crudo intermedio de Texas subió 0,1%, a USD 104,40 el barril para entregar en julio. La variedad Brent del Mar del Norte cedió 0,6% a USD 111,40 el barril.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,5%, a 2.774.731 puntos.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street registraron mayoría de bajas, encabezadas por Banco Supervielle (-6,3%), Grupo Galicia (-5,6%), Banco Francés (-5,4%) y Banco Macro (-4,6%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- experimentaron una baja de 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, subió seis unidades para Argentina, en los 547 puntos básicos.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano continuó presionando a las bolsas, ya que la tasa de referencia a 10 años superó nuevamente el 4,6% a primera hora del martes. La preocupación por una mayor inflación impulsó los rendimientos de los bonos, mientras que los bloqueos en el estrecho de Ormuz provocaron un repunte en los precios del petróleo.

En Wall Street se debate si la Reserva Federal subirá las tasas de interés para controlar la inflación. Esto podría poner en riesgo el interés por las acciones de crecimiento, y las elevadas valoraciones de las acciones de inteligencia artificial están en el punto de mira.

El optimismo sobre una posible solución se apoderó de los mercados después de que el presidente Donald Trump declarara el lunes que se están llevando a cabo “negociaciones serias” y que existe una “muy buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Añadió que, a petición de sus aliados del Golfo, había suspendido la acción militar contra Irán prevista para el martes.

La publicación de los resultados de Nvidia (-0,8%) el miércoles 20 es el evento más importante de la semana. Las expectativas de los inversores para la empresa más valiosa del mundo son altísimas . Además, Nvidia es un indicador clave para el sector de la inteligencia artificial, que ha cobrado cada vez más importancia para sostener los mercados en medio de la inflación y la incertidumbre geopolítica.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, afirmó que “la tercera semana de mayo comenzó con una rueda de alta volatilidad y reconfiguración de expectativas. En el plano internacional, la tensión geopolítica dio un respiro de último minuto luego de que Donald Trump postergara un ataque militar inminente contra Irán, permitiendo que el petróleo y los rendimientos de los bonos globales estabilizaran su marcha”.

“El Merval en dólares se ubica en un nivel de soporte relevante cerca de los 1.800 puntos. El sector energético exhibe mayor firmeza técnica y fundamental, impulsado por el interés de inversores institucionales extranjeros y anuncios de inversión por parte de YPF. El mercado monitorea con atención si estos valores actúan como piso para un eventual rebote o si la volatilidad internacional presiona hacia una corrección mayor”, evaluaron los expertos de Rava Bursátil.

“El mercado global centra su atención en el balance trimestral de Nvidia -miércoles 20 de mayo en el after-, empresa que concentra el 9% de la capitalización del índice S&P 500. El aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 y 30 años genera presión sobre los mercados emergentes y otros activos de riesgo. En Brasil, las expectativas de tasas de interés más altas y el contexto político afectan el desempeño de los activos», agregaron desde Rava Bursátil.

Un hogar del AMBA necesita $249.834 en mayo para cubrir servicios básicos, con una suba del 17,5% impulsada por tarifas y mayor consumo invernal

19/05/2026 – 14:30hs

Un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $249.834 en mayo para cubrir sus necesidades de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público lo que implica un alza de 17,5% con relación abril.

Esta cifra corresponde a un grupo familiar que no cuenta con subsidios estatales y refleja el gasto necesario para mantener el consumo energético y la movilidad básica en la región.

Si se realiza la comparación con el mismo mes del año anterior, el costo total de la canasta de servicios públicos presenta una suba del 50%, situándose por encima de la evolución general de los precios en el mismo periodo.

Los datos utilizados para este análisis provienen del último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET).

De acuerdo con el informe, el alza mensual se explica por la actualización de los cuadros tarifarios y por el incremento estacional en la demanda de energía debido a la proximidad del invierno.

El rubro de mayor impacto y las claves detrás del aumento de costos

El rubro que mostró el mayor impacto en el presupuesto del hogar fue el gas natural, cuya factura final para un usuario promedio aumentó un 53,3% en comparación con abril.

Según el documento, «la combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 53,3%», haciendo referencia al incremento de los cargos fijos y variables junto al hecho de que el consumo suele duplicarse en esta época del año.

Para un usuario del segmento N1, el costo mensual de este servicio alcanzó los $49.972. Por su parte, el gasto en energía eléctrica para un hogar sin subsidios subió un 37,8% mensual.

El reporte detalla que «el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio«. En este caso, la factura promedio para un consumo representativo se ubicó en $52.811.

El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso económico dentro de la canasta, con un costo de $110.438 por mes, aunque en mayo solo registró un aumento del 3%.

En cuanto al servicio de agua potable, el gasto promedio fue de $36.612, lo que representó una suba del 5,9% mensual explicada por ajustes tarifarios y la presencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.

La canasta de servicios sube muy por encima de la inflación y presiona los ingresos

La presión de estos servicios sobre los ingresos de los trabajadores es mayor que en años anteriores. Actualmente, la canasta completa representa el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799.

El informe destaca la disparidad histórica al señalar que «desde diciembre de 2023 hasta el mes de mayo de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 800% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 231%«.

En la actualidad, las tarifas que pagan los hogares del AMBA cubren, en promedio, el 58% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado nacional financia el 41% restante a través de subsidios. Este nivel de cobertura estatal se mantuvo sin cambios significativos respecto a los valores registrados en abril.