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Los húngaros deciden si el ultranacionalista Viktor Orban sigue en el poder, en una elecciones con repercusión en el mundo

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Los húngaros van este domingo a las urnas para elegir su próximo Parlamento, que deberá designar a su próximo primer ministro. Se enfrentan el veterano ultranacionalista Viktor Orban, que lleva 16 años en el poder, y Péter Magyar, antiguo aliado de Orban, conservador europeísta convertido en su némesis. Los sondeos aseguran que el Tiszma de Magyar (que significa “húngaro” en húngaro) va unos 10 puntos por delante del Fidesz de Orban. La población de Hungría es el 2,1% de la población de la Unión Europea y su economía apenas el 1,1% del bloque.

Estos datos dicen que lo que se celebra este domingo son unas pequeñas legislativas en un país centroeuropeo, pero en realidad lo que se juega es mucho más.

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Orban es el padrino político de toda una generación de dirigentes de extrema derecha en Europa y fuera de Europa. Es el caballo de Troya de Vladimir Putin y cada vez más de Donald Trump para destruir desde dentro la Unión Europea. Orban es el espejo exitoso en el que se miran todos los dirigentes de extrema derecha que son contrarios a la construcción política de la Unión Europea.

Un sistema electoral a medida

El actual premier construyó un sistema político en el que se vota cada cuatro años, pero donde los contrapesos democráticos no existen y la Justicia, los medios de comunicación públicos (y la mayor parte de los privados) y las grandes empresas están a la orden del primer ministro. Y Orban reformó las leyes electorales para hacer muy complejo sacarle del poder. En 2014, con el 45% de los votos, obtuvo el 70% de los escaños.

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Las leyes electorales dan un peso exagerado a las zonas rurales, más conservadoras y nacionalistas, quitándolo a las ciudades, más liberales y europeístas. Cuando se cierren las urnas este domingo podría ganar Magyar en votos con una clara ventaja y Orban en escaños con mayoría absoluta.

Ese es “el sistema” que Magyar pretende desmontar “ladrillo a ladrillo” para que Hungría vuelva a ser una democracia homologable a sus vecinas europeas. Magyar necesita una victoria rotunda, que sería una derrota para las extremas derechas europeas, para Putin, para Trump y en general para todos los movimientos autoritarios.

La deriva ultraderechista

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Viktor Orban empezó su carrera política en 1989 como un joven liberal y anticomunista. Se hizo famoso cuando micrófono en mano exigió la retirada de las tropas soviéticas de Hungría durante un homenaje a Imre Nagy, héroe de la resistencia democrática húngara de 1956 contra los soviéticos, lo que le costó la pena de muerte en 1958.

Orban mantuvo sus ideas liberales hasta que en 2002 perdió unas elecciones que creía ganadas. Aquella derrota cambió a Orban, quien se convirtió en un dirigente mucho más conservador y nacionalista. Su partido dejó de ser el partido liberal y urbano que había sido hasta entonces para pasar a ser una fuerza reaccionaria y populista. Y a partir de ahí llegaron los triunfos.

El “sistema Orban” se empieza a crear en 2010 cuando llega al poder tras una victoria aplastante. Lo ayuda la mala situación económica, provocada por la crisis financiera desatada en Estados Unidos en 2008 con la caída de Lehman Brothers.

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Lo primero que hizo Orban fue aprobar una nueva constitución que cambió el mapa electoral y blindó políticas conservadoras de cualquier reforma legal. Acto seguido rebajó la edad de jubilación de los jueces para forzar el retiro de decenas de magistrados y rellenar los tribunales con jueces afines. En estos años, según el recuento de medios independientes húngaros y de la región, ha entregado hasta 28.000 millones de euros en contratos a poco más de una decena de personas, todas de su círculo familiar y político más íntimo. Y la mayor parte de los medios de comunicación a oligarcas que financian una fundación de su partido.

Orban gobierna más como un monarca o un padrino mafioso que como un jefe de Gobierno democrático. Asentado en Hatvanpuszta, la enorme propiedad supuestamente de su padre construida en los terrenos de una antigua finca de los Habsburgo, con grandes jardines y hasta un zoo privado.

Peter Magyar, líder de la oposición conservadora en Hungría. Foto: REUTERS

El dinero de los fondos europeos, que equivale a casi el 5% del PBI húngaro, ha ido en parte a financiar a la élite cercana a Orban. Lörinc Mészáros, un amigo de Orban desde la infancia, pasó de ser instalador de gas a convertirse en el hombre más rico del país con una fortuna que supera los 4.500 millones de euros. Varios periodistas húngaros han contado en Bruselas desde hace años que Mészáros no es más que un testaferro de Orban. El otro personaje importante del clan es su yerno Istvan Tiborcz, quien ha aparecido en escándalos de corrupción varias veces sin consecuencias y cuyas empresas siguen recibiendo contratos públicos.

Orban fue protegido en Bruselas por el Partido Popular Europeo, la familia conservadora tradicional de la que formó parte su Fidesz hasta que su deriva ultraderechista forzó su expulsión en 2022. Pero siempre tuvo la protección de dirigentes como la alemana Angela Merkel. Su expulsión de la familia conservadora europea le llevó a acercarse a dirigentes de extrema derecha en la oposición, como la francesa Marine Le Pen o el español Santiago Abascal. Y, para ganárselos, a financiarlos. La campaña europea de VOX en 2024 la pagó un préstamo de un banco húngaro controlado por el Estado.

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Lazos con Moscú

Orban se echó en brazos de Moscú. Intentó bloquear cualquier tipo de ayuda europea a Ucrania. En las últimas semanas se han publicado las transcripciones de conversaciones de su canciller con la diplomacia rusa en la que le traslada secretos de conversaciones con homólogos europeos. Nadie se sorprendió excesivamente en Bruselas.

Rusia ha servido como un ejemplo del que Orban ha copiado la criminalización de la disidencia política como “injerencia extranjera”, la maquinaria de propaganda desinformativa, la represión de las ong y de la prensa independiente. Varios informes de agencias internacionales como Reuters aseguran que Moscú envió hace semanas a agentes del GRU (su servicio secreto vinculado a asesinatos y operaciones encubiertas en el extranjero) para manipular los resultados electorales.

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Hungría es hoy, en todos los baremos más seguidos, el país más corrupto de Europa y el país con menos libertad de prensa. Es el país de la región que peor ha aprovechado la lluvia de decenas de miles de millones de euros llovidos desde las instituciones europeas desde 2004, es uno de los países con más inflación del bloque y sus servicios sociales son de los peores de la región.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en un acto de campaña de Viktor Orban en Budapest, la semana pasada. Foto: REUTERS

Orban, a la vez, ha sabido mostrarse como un bastión de una supuesta Europa blanca y cristiana amenazada por el avance de valores liberales y la llegada de inmigrantes, aunque los emigrantes húngaros por el resto de Europa son decenas de veces más que los inmigrantes no europeos en Hungría. Pero Orban es admirado por las extremas derechas porque lleva cuatro legislaturas en el poder. Es tan admirado y es tan importante para ellas que la Administración estadounidense envió a Budapest a aplaudir a Orban al secretario de Estado Marco Rubio en marzo y al vicepresidente J.D. Vance la semana pasada.

Escenarios posibles

Los escenarios a partir de este domingo pueden ser muy distintos. Una victoria holgada del Tiszma de Magyar que le permita deshacer los cambios constitucionales del Fidesz de Orban devolvería al país a la senda de sus socios europeos en pocos años y acabaría con el mito de Orban. Sería una derrota simbólica importante para todas las extremas derechas.

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Pero hay un escenario que en Bruselas se teme incluso más que una victoria de Orban. Que de las urnas salga una victoria clara en votos de Magyar, pero gracias al sistema electoral diseñado a su medida, una victoria en escaños de Orban. La oposición difícilmente aceptaría que ganando en votos siguiera en la oposición. Y, como explicaba un diplomático polaco esta semana ante un café, “entraríamos en un escenario peligroso, porque Magyar tendría razones para echarse a la calle”.

El escenario que no ven los sondeos, el de una victoria holgada de Orban, haría que el primer ministro blindara aún más su sistema para que dentro de cuatro años la alternancia fuera aún más difícil.

Los húngaros votan, pero Europa entera contiene la respiración en las que serán las elecciones más importantes del este del bloque desde la caída del comunismo. Bruselas, Washington, Moscú, Kiev y decenas de otras capitales miran a Budapest, epicentro político mundial por un día.

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Obama-appointed judge with ties to anti-Trump conspiracy theory hit with misconduct complaint

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

FIRST ON FOX: U.S. District Judge Christopher Cooper is facing a judicial misconduct complaint from a conservative watchdog group, which argues he should have recused himself from a lawsuit involving President Donald Trump’s effort to rename the Kennedy Center.

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The Center to Advance Security in America (CASA) alleged that Cooper should have bowed out of the case because his wife, Amy Jeffress, has a history of representing what the group described as «anti-Trump» clients. In May, Cooper ruled against Trump by permanently blocking the renaming of the Kennedy Center after Rep. Joyce Beatty, D-Ohio, filed a lawsuit.

CASA filed a complaint with the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit on Wednesday, alleging Cooper failed to disclose or recuse himself despite what it called significant financial and professional interests stemming from his wife’s involvement in litigation against Trump.

«CASA is filing a judicial complaint against Obama-appointed DC District Court Judge Christopher Cooper for his potentially unethical behavior after his failure to recuse himself from the frivolous Kennedy Center lawsuit filed against President Trump, given his wife’s financial interests in opposing President Trump’s agenda through litigation,» CASA Director of Research and Policy Curtis Schube said in a statement.

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JUDGE WITH INTIMATE TIES TO DEM PARTY’S KEY RUSSIA HOAX PLAYERS BEHIND LATEST ANTI-TRUMP DECISION

A composite photo shows a worker on a lift at the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, alongside U.S. District Judge Christopher Cooper, who ruled that President Donald Trump’s name be removed from the building. (Getty / and the U.S. District Court of D.C.)

The complaint comes more than a week after Trump slammed Cooper for having a «conflict of interest,» pointing to Cooper’s wife, Amy Jeffress’, track record of representing Trump’s biggest foes, including former anti-Trump FBI lawyer Lisa Page, and currently representing former President Joe Biden, who is suing Trump’s Justice Department over the release of Robert Hur’s interview recordings.

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«Cooper’s wife is longtime Democrat activist and attorney Amy Jeffress. Jeffress is the former counsel to the January 6th committee, works as former President Biden’s personal lawyer, and currently represents Biden in ongoing litigation against President Trump,» Schube said. «There was a clear need for Cooper to recuse himself from this matter, or at the very least disclose these conflicts. By doing neither, Cooper caused — at the very least — an appearance of impropriety, which warrants a full investigation.»

The complaint does not challenge Cooper’s ruling itself, but it argues that his involvement in the case could raise reasonable questions about his ability to be impartial under the federal judiciary’s Code of Conduct.

The outside of John F. Kennedy Center.

Sign on the John F. Kennedy Center for the Performing Arts (Getty Images)

JONATHAN TURLEY: TRUMP’S KENNEDY CENTER NAME CHANGE WILL KEEP LAWYERS BUSY FOR YEARS

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«We are deeply concerned with the fact that a sitting federal judge did not recuse himself, and adjudicated to disposition, a case from which he and his spouse financially benefit,» the complaint states. «Indeed, a large portion of his wife’s business model appears to rely on handling litigation that is anti-Trump in nature.»

CASA argues that Cooper may have violated Canon 1, which requires judges to uphold the integrity and independence of the judiciary.

Read the complaint below. App users: Click here

«Canon 1 requires that a judge uphold the integrity and independence of the judiciary,» the filing states. «Judge Cooper, presumably, goes home every night to his wife whose career is predicated on suing President Trump.»

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CASA argued Cooper is in violation of Canon 2, which requires judges to avoid situations that could appear improper, even when no actual misconduct has occurred.

President Donald Trump speaking in the Oval Office of the White House

President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House in Washington on June 10, 2026. (Julia Demaree Nikhinson/AP Photo)

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«More specifically, Canon 2 lists occasions when the appearance of a relationship affects a judge’s ability to adjudicate a case: 1) when public confidence is hampered; and 2) when spousal relationships influence judicial conduct,» the complaint stated. «Both problems are present here.»

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The complaint also argues that Cooper violated Canon 3, which requires judges to remain fair and impartial and that recusal may be warranted when a judge’s spouse’s interests or potential partisan influences could reasonably raise questions about that impartiality.

The complaint concludes by urging the D.C. Circuit to investigate Cooper and determine whether disciplinary action is warranted.

Appointed by President Barack Obama, Cooper has served on the U.S. District Court for the District of Columbia in Washington, D.C., since 2014.

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Cooper has long been the target of conflict of interest allegations from Trump and his allies. The judge drew scrutiny during Special Counsel John Durham’s prosecution of former Clinton campaign-linked attorney Michael Sussmann, which was a part of Durham’s broader probe into the FBI’s Crossfire Hurricane investigation centered on the now-debunked Russian-Trump collusion theory.

Critics argued then that he should have recused himself because his wife, attorney Amy Jeffress, represented former FBI lawyer Lisa Page, a figure tied to the FBI’s Crossfire Hurricane investigation.

Fox News Digital reached out to Cooper and Jeffress for comment.

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Elecciones en Colombia: el inédito pedido de una diputada para suspender a Gustavo Petro de su cargo agita la campaña

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El pedido de una congresista para que el presidente Gustavo Petro sea suspendido de su cargo temporalmente ha causado una polémica en Colombia y discusiones jurídicas sobre su alcance, cuando falta poco más de una semana para la segunda vuelta electoral que definirá quién será el jefe de gobierno para los próximos cuatro años.

En el documento se solicita que Petro sea suspendido hasta el 21 de junio, día en que se votará la la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el populista de derecha Abelardo de la Espriella, en medio de una investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política.

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La medida cautelar fue radicada ante la Comisión de Acusaciones por parte de la diputada investigadora, Gloria Arizabaleta, miembro del partido oficialista Pacto Histórico, aunque varios juristas y especialistas en la Constitución explicaron que la orden debe ser estudiada por esa misma instancia, de manera que no es una decisión en firme y de acción inmediata.

El argumento central para separar de manera temporal del cargo al jefe de Estado, hasta el domingo de la segunda vuelta electoral, obedece a las investigaciones que esa Comisión le adelanta por su presunta participación en política, en el marco de la actual campaña presidencial. La justicia local impone límites a los funcionarios en tiempo electoral para no involucrarse en los comicios con opiniones a favor o en contra de los candidatos en disputa.

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Jorge Alejandro Ocampo, congresista miembro de la Comisión, aclaró en un video divulgado a la prensa que “no hay ninguna decisión tomada contra el presidente” por lo que continúa en funciones. Aseguró que la Comisión se reuniría este miércoles, pero indicó que el documento no está en la agenda a discutir.

Rechazo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la medida al argumentar que jurídicamente la Comisión no tiene la potestad por sí sola de suspender al presidente del país, menos aún cuando es un pedido de una sola congresista. “Sólo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara (baja) actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente”, explicó en la red social X.

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En el mismo sentido se pronunció el ex presidente Iván Duque (2018-2022), opositor al gobierno de Petro, quien recalcó que un congresista no puede suspender al presidente.

A su vez cuestionó que un pedido de ese calibre coincida con la campaña electoral. “¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones?”, publicó en X.

El candidato de la derecha populista, Abelardo de la Espriella, tras la elección del 31 de mayo. Foto: AFP

Según el procedimiento estipulado en las normas colombianas, en la Comisión de Investigación y Acusación los congresistas que la integran deben decidir si archivan las causas o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes. Ahí se estudia la acusación y, si es aprobada, se traslada al Senado que se encarga de enjuiciarlo.

Ese proceso de juicio político, en caso de completarse, tendría como última consecuencia la destitución presidencial, tras la cual, el Senado puede remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue judicialmente.

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El debate se da en el tramo final de la campaña para el balotaje del 21 de junio, en el que se enfrentarán el líder de derecha Abelardo de la Espriella -quien se impuso con el 43,74% de los votos en la primera vuelta- y el oficialista Cepeda, quien quedó segundo con el 40,90%.

«El día final de mi mandato saldré»

En medio de la polémica, Petro habló este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York. Sin mencionar el pedido de la diputada Arizabaleta, aseguró que al final de su mandato dejará el poder, aunque no sabe a «dónde» irá.

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«Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué», declaró Petro ante el Consejo de Seguridad.

Petro presidió una sesión del órgano de paz de la ONU sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio convocada por Colombia, que este mes ostenta la presidencia rotatoria del órgano.

Iván Cepeda, el candidato oficialista para las presidenciales en Colombia. Foto: REUTERS

Tras la intervención del secretario general, António Guterres, el mandatario colombiano dejó las funciones de presidente del Consejo para formular su declaración como líder colombiano.

«Asumo el papel que me corresponde a punto de terminar», apuntó.

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Petro aseguró que el próximo 7 de agosto, cuando termina su mandato, se marchará «como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia».

Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio.

El presidente cargó también contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por apoyar a De la Espriella, algo con lo que, según dijo, está «explícitamente rompiendo su Constitución».

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Petro condenó la violencia que ha tenido lugar en Colombia «en medio de las elecciones» pero celebró que «han sido de las más pacíficas de la historia».

«Veo surgir las amenazas», dijo sobre el proceso electoral al advertir de los riesgos de la inteligencia artificial cuando está «en manos de unos pocos».

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First on Fox: Trump admin opens new front in fraud crackdown targeting health insurers, drug middlemen

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FIRST ON FOX: The Trump administration is lifting the hood on federal health benefits programs that cover millions of Americans, ordering insurance carriers to tighten fraud controls as part of a broader crackdown on waste and abuse, Fox News Digital learned.

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«Working alongside the White House Task Force to Eliminate Fraud, OPM is taking additional steps to safeguard the premiums paid by federal employees and taxpayers, protect beneficiaries, and ensure health insurance companies are meeting the highest standards of accountability,» said Office of Personnel Management (OPM) director Scott Kupor to Fox News Digital.

OPM functions as the federal government’s human resources agency, overseeing civilian personnel policy and administering benefits for federal employees, retirees and their families.

OPM, partnered with the White House Task Force to Eliminate Fraud, is sending new compliance expectations on Wednesday to insurance carriers in the Federal Employees Health Benefits and Postal Service Health Benefits programs, directing them to strengthen fraud prevention, payment reviews, pharmacy benefit oversight, subcontractor accountability, audits and reporting, Fox News Digital learned. 

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READ: DR. OZ PUTS ALL 50 GOVERNORS ON NOTICE OVER BILLIONS LOST TO MEDICAID FRAUD

FEHB cost taxpayers about $70 billion and provided more than 8.2 million federal employees, family members, and other eligible individuals in in 2024. (Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images)

The push also targets pharmacy benefit managers, the drug-pricing middlemen that administer prescription drug benefits for health plans and negotiate with drugmakers and pharmacies.

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The FEHB program cost the government and enrollees about $70 billion in fiscal 2024 and covered more than 8.2 million federal employees, family members and other eligible individuals, according to the U.S. Government Accountability Office.

«OPM is a valuable partner and leader on the Task Force. The steps taken today will protect taxpayers and our federal workforce,» White House Task Force Executive Director Scott Brady told Fox News Digital.

OPM is also building a data science and audit team with the agency’s inspector general to review anonymized claims data and detect fraud, waste and overbilling more proactively.

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HOUSE GOP LAUNCHES NEW TASK FORCE, PROBES ALLEGED $250B MEDICAID FRAUD IN OHIO

Vice President JD Vance and Medicare and Medicaid Administrator Mehmet Oz speaking at the Eisenhower Executive Office Building

The White House Task Force has amped up its fraud investigations narrowing in on medical corruption. (Oliver Contreras / AFP via Getty Images)

The Government Accountability Office said in a July 2025 report that OPM should do more to manage fraud risks in the FEHB program, citing risks including benefit card sharing, improper inducements, insufficient or fraudulent documentation, kickbacks, marketing fraud, theft of personally identifiable information, provider ineligibility and self-referrals.

The announcement marks the latest crackdown in medical programs following the launch of a nationwide probe into Medicaid.

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Prescriptions

OPM has given orders to insurance companies handling federal employee health benefits to launch investigations into payments, pharmacy benefit oversights, and subcontractors. (Eric Thayer/Bloomberg via Getty Images)

CMS directed all 50 states to submit plans to revalidate high-risk Medicaid providers, including providers subject to less rigorous enrollment standards or operating without a National Provider Identifier in April.

Vice President JD Vance, who is leading the task force, amplified the call in May, saying during a news conference that states could lose federal funding if they fail to aggressively pursue Medicaid fraud.

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The push comes amid heightened focus on large-scale fraud cases, including Minnesota’s $250 million «Feeding Our Future» scheme, which became a national flashpoint in recent months. 

white house, health care, enforcement, donald trump, jd vance

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