POLITICA
Los sentimientos negativos dominan la conversación digital sobre los Milei por el caso $LIBRA y los escándalos de Adorni
El dominio de La Libertad Avanza (LLA) sobre la conversación digital volvió a sufrir un revés en marzo. En el último mes, el caso $LIBRA y la controversia que rodea a Manuel Adorni por el incremento de su patrimonio dominaron la discusión asociada a Javier Milei en las plataformas y contribuyeron a consolidar una imagen presidencial mayoritariamente negativa en redes sociales.
El dato surge del último informe de la consultora Ad Hoc, que releva mensualmente la conversación digital. Según el estudio, en el tercer mes del año, los sentimientos negativos hacia el primer mandatario volvieron a imponerse en las plataformas: se ubicaron en torno al 52%, el mismo nivel que en febrero. Ese rechazo −que en febrero respondía fundamentalmente a la reforma laboral− estuvo motorizado por las controversias en torno al ministro coordinador y las últimas relevaciones en la investigación por la criptomoneda.
Ambos temas dominaron la conversación digital en un mes complejo para el gobierno nacional. Según datos de la consultora, el caso $LIBRA acumuló un total de 1.253.000 menciones, mientras que la figura de Adorni concentró 2.765.000 referencias, siete veces más que el mes pasado. Dichas menciones impactaron, en los dos casos, sobre la imagen del Presidente, aunque bajo mecanismos distintos.
“La diferencia fundamental entre ambos escándalos reside en el tipo de impacto para el Presidente. $LIBRA impacta directamente en la conversación sobre Milei por los vínculos con Karina [Milei] y por el accionar del Presidente promoviendo la ‘moneda’. El caso Adorni impacta indirectamente: el grueso de las menciones son ‘por fuera’ de la conversación digital sobre el primer mandatario”, explica el informe de Ad Hoc.
Otro de los temas protagónicos del último mes fue la Asamblea Legislativa. De cuatro conceptos principales que dominaron la agenda −Karina Milei, Adorni, $LIBRA y apertura de sesiones−, este último fue el único que le aportó positividad al Presidente.
Además de la imagen digital de Milei, tanto el caso $LIBRA como la polémica en torno a Adorni afectaron las percepciones sobre sus protagonistas en las plataformas. En marzo, la hermana del primer mandatario concentró un sentimiento digital negativo del 78%, mientras que, en el caso de Adorni, ese rechazo se ubicó en un 69%. “Casi ocho de cada 10 menciones a Karina Milei fueron negativas vinculadas mayoritariamente con la causa $LIBRA”, señala la consultora.
En tanto, las menciones al ministro coordinador alcanzaron su pico máximo el 12 de marzo, a raíz de su descargo televisivo luego de que se conociera que su esposa Bettina Angeletti había integrado la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos por la “Argentina Week”. La expresión “deslomarse” utilizada por el funcionario para justificar el viaje de su pareja generó una catarata de reacciones en las comunidades opositoras, que aprovecharon la ocasión para recordar el decreto 712/24 que prohíbe llevar familiares en aviones oficiales y exigían conocer la declaración jurada del patrimonio de Adorni.
La conversación en torno a su figura retrocedió significativamente en los días siguientes, pero volvió a activarse luego de que se conociera que la familia Adorni había adquirido una propiedad en Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La conferencia de prensa en la que el ministro se negó a dar explicaciones sobre su patrimonio y su vuelo privado a Punta del Este y la revelación de sobre la compra de su departamento en Caballito, en noviembre pasado, generaron nuevamente picos de actividad en torno a su figura en redes sociales.
Esa secuencia −según señala en informe− deja en evidencia las dificultades del gobierno libertario para cerrar las crisis comunicacionales. Tal como había sucedido con los vínculos del exdiputado José Luis Espert con Fred Machado, las entrevistas y muestras de apoyo de dirigentes del oficialismo no alcanzaron para desactivar la conversación digital.
“El caso Adorni y el caso Espert tuvieron intentos de cierre: entrevistas, notas, tuits y apoyo de funcionarios. Estos en general alimentaron la conversación y profundizaron la crisis. En el caso de Andis [por el presunto cobro de coimas en el área de Discapacidad] ni siquiera hubo intento de confrontar”, indica la consultora.
A más de un año del escándalo por la criptomoneda, el Gobierno tampoco logró controlar la conversación digital sobre $LIBRA, que tuvo su máximo de menciones mensuales tras la filtración de los audios del lobista Mauricio Novelli.
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El economista Diego Bossio, exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires y exdirector ejecutivo de la ANSES, entre 2009 y 2015, cuestionó la gestión de Javier Milei y planteó que el objetivo de cualquier programa económico debe medirse por el bienestar social: “La victoria es que la gente viva mejor”.
El miembro fundador del centro de estudios económicos Equilibra dijo, durante una entrevista en Infobae al Amanecer, que el Gobierno “no inspira confianza” y vinculó ese clima con el riesgo país, la caída del consumo y la falta de inversión. Además, se refirió a la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva, durante el Tedeum de ayer en la Catedral Metropolitana, la interna del peronismo y negó el “riesgo kuka”.
“El gobierno no inspira confianza. El riesgo país de la Argentina es el doble que el promedio de América Latina. La sociedad está rota y el peronismo está en crisis profunda”, dijo Bossio. Según su análisis, la falta de previsibilidad desalienta la inversión y posterga una recuperación sostenida.
El economista comparó la situación actual con otros procesos de estabilización y sostuvo: “Si el éxito lo medimos solo por bajar la inflación, estamos lejos. (Domingo) Cavallo, a los 30 meses, tenía una inflación mensual de 0,7%; hoy tenemos 2,4%”. En su lectura, hay señales de orden macroeconómico, pero el consumo sigue deteriorado y la mejora no llega a los hogares.
“Hoy la mora en tarjetas de crédito y en préstamos está en máximos históricos”, afirmó. Para Bossio, el problema central es político: “No hay confianza en la política ni en el gobierno, y eso imposibilita cualquier plan de estabilización”, resumió.
Su visión del mensaje de García Cuerva en el Tedeum
Bossio respaldó el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, pronunciado durante el Tedeum posterior a los actos por el 25 de Mayo, y lo interpretó como una señal frente a la confrontación: “Mensaje que recibo y mensaje que suscribo y acompaño. El método político, el diálogo, es necesario para que Argentina tenga acuerdos y mejore la calidad de vida”.
También cuestionó el tono de Javier Milei: “El Presidente permanentemente agrede”. Y diferenció el contenido de la homilía del posicionamiento partidario: “La nota de García Cuerva es profunda: no descalifica la política, sino los métodos”, razonó.
Ý agregó: “No podés estabilizar la economía si no tenés orden político. Y el orden solo se logra mediante acuerdos”, afirmó, al insistir en que la discusión económica no puede separarse del funcionamiento de la dirigencia.
Peronismo, autocrítica y salarios
Bossio planteó una autocrítica sobre el estado del peronismo: “De las últimas ocho elecciones nacionales, perdimos seis. Ganamos solo dos presidenciales y todas las legislativas se perdieron”. En esa línea, describió una falta de cohesión interna y de capacidad para reconstruir una agenda común.
Frente al temor de sectores empresarios sobre un eventual regreso del kirchnerismo, fue terminante: “El riesgo kuka no existe. El verdadero problema es que el gobierno actual no inspira confianza”. En ese tramo, insistió con la idea de que el mercado no reacciona solo a variables económicas: “No reacciona porque no hay confianza política, ni siquiera entre propios”.
“El peronismo tiene que volver a ser confiable, no solo para los mercados, sino para los argentinos”, sostuvo, y planteó que el desafío requiere ampliar la base política y social.
Consultado por el deterioro del poder adquisitivo, Bossio afirmó: “El salario real está por debajo del promedio de los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández”. Atribuyó parte de la caída del ingreso disponible a que “tarifas, alquileres y servicios” aumentaron por encima de la inflación.
También vinculó la retracción del consumo y el aumento del endeudamiento con la falta de crecimiento y de un programa orientado a mejorar el empleo: “La forma genuina de mejorar el salario es aumentando la productividad”. En su evaluación, la inversión se mantiene baja por la falta de confianza y por antecedentes macroeconómicos: “El propio empresariado argentino tiene incertidumbre, no solo por el Gobierno, sino por la historia y los defaults”. Y cerró con un dato para contextualizar el estancamiento: “El PBI de Argentina hoy es 7% más bajo que el pico de 2011”.
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POLITICA
Milei envió un proyecto a Diputados para regular el lobby y obligar a transparentar reuniones con funcionarios
El Poder Ejecutivo envió a Diputados un proyecto para regular la actividad conocida como lobby y crear un régimen obligatorio de registro de reuniones, contactos e intermediaciones entre funcionarios públicos y actores privados. La iniciativa, titulada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, alcanza tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y obliga a transparentar quién busca influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué temas.
“Es una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus diferentes propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones públicas”, sostiene el proyecto en sus fundamentos. Allí también aparecen conceptos poco habituales en el discurso libertario, como “transparencia”, “control público”, “previsibilidad” y “publicidad”, más ligados con sus aliados de Pro y la UCR.
En el oficialismo, sin embargo, aseguran que la propuesta está inspirada en el modelo de regulación vigente en Estados Unidos.
“La ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado”, argumenta el texto enviado al Congreso.
El proyecto crea dos herramientas centrales. Por un lado, un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente todas las personas físicas o jurídicas que quieran ejercer la actividad. Por otro, un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con lobistas, detallando fecha, participantes, organismo involucrado y tema tratado.
La definición de “gestión de intereses” es amplia. Incluye cualquier actividad destinada a influir sobre decisiones públicas: desde leyes y regulaciones hasta contrataciones, subsidios, beneficios fiscales, licencias, concesiones o designaciones. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros, de manera gratuita u onerosa.
El régimen obliga a los gestores a informar quiénes son sus clientes o beneficiarios finales, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. Además, deberán presentar reportes trimestrales con el detalle de todas las gestiones realizadas.
La iniciativa también establece incompatibilidades. Los funcionarios públicos no podrán actuar como gestores de intereses mientras ejerzan cargos en el Estado y, una vez que abandonen la función pública, tendrán una prohibición de dos años para realizar lobby ante el organismo donde trabajaron o sobre asuntos en los que hubieran intervenido. La restricción se extiende a empresas bajo su control.
Uno de los capítulos más sensibles está dedicado a la gestión de intereses extranjeros. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando la actividad se realiza en representación de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior. En esos casos, la autoridad de aplicación podrá exigir documentación adicional y reportes especiales por razones vinculadas a defensa, seguridad, inteligencia o relaciones exteriores.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir desde cinco hasta 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos de ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencia. También contempla penas de prisión -de seis meses a tres años- para quienes realicen gestiones sin estar inscriptos, oculten beneficiarios reales o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas sensibles como defensa, recursos naturales o infraestructura crítica.
La iniciativa ya despertó cuestionamientos opositores. El diputado Esteban Paulón (Socialismo) sostuvo en X que el Gobierno impulsa la regulación “tarde”, después de la aprobación de proyectos que, según planteó, reflejaron la influencia de sectores empresarios y corporativos. También vinculó la iniciativa con el denominado “Super RIGI”, al que definió como un proyecto alineado con intereses privados extranjeros.
El proyecto lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de los ministros, Diego Santilli (Interior) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
@JMilei,pic.twitter.com/mp7R3kZhTg,May 26, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,,Cuadernos de las Coimas. La expareja de Centeno dijo que fue testaferro de él y que Baratta “hizo desaparecer” anotaciones,,Caso Sur Finanzas. Ariel Vallejo habló antes de declarar ante la Justicia: “No me detengo en traiciones”,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,Congreso Nacional,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,,»Celestes» vs. «verdes». El oficialismo anuló el concurso para la Defensoría del Niño y reabre la disputa por el perfil del cargo,,¿El fin del etiquetado frontal? Esto es lo que se sabe del nuevo proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
POLITICA
Ley de Financiamiento Universitario: vuelven las clases públicas de la UBA y habrá una frente a la Corte Suprema
En medio de la disputa por fondos entre el Gobierno y las universidades, la UBA organizará una jornada de clases públicas que tendrá su punto central frente al Palacio de Tribunales. El reclamo es por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa, que se desarrollará este martes desde las 11, incluirá clases abiertas y exposiciones académicas convocadas por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba).
Los docentes de la Universidad de Buenos Aires reclaman que los jueces de la Corte Suprema definan su intervención en el expediente, que se encuentra bajo análisis, tras la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al aceptar un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
“Señores jueces: que Milei cumpla la ley. Nos encontramos en Tribunales en el marco de la jornada de clases públicas, para defender el sistema universitario nacional y exigir la plena implementación de la ley de financiamiento universitario”, informaron desde Feduba.
La Ley de Financiamiento establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
El Ejecutivo les propuso días atrás a los rectores de las universidades transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo al Congreso para reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal, según pudo saber TN.
No obstante, la reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene desde 2024 y derivó en tres movilizaciones federales. La primera marcha se realizó en abril de ese año.
El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, luego que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Esta situación profundizó el conflicto con las universidades, que reclaman su implementación efectiva.
En paralelo, la discusión avanzó en la Justicia. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.
Por otra parte, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.
Además, para 2026 establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%. Es decir, si el IPC es mayor que la variación estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento.
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