La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó a las empresas especializadas en inteligencia artificial (IA) a publicar información detallada sobre su huella ambiental y pidió a los gobiernos que exijan reportes estandarizados sobre el impacto de esta tecnología en el consumo de energía, agua y suelo.

La recomendación figura en el informe “Costo ambiental del consumo energético de la IA: huellas de carbono, agua y tierras”, difundido el miércoles por Naciones Unidas. El documento advierte que el rápido crecimiento de la industria de la inteligencia artificial podría generar una presión cada vez mayor sobre las redes eléctricas, los recursos hídricos y la disponibilidad de terrenos destinados a centros de datos.

“Lo que mostramos aquí probablemente sea solo la punta del iceberg”, declaró a la AFP Kaveh Madani, director del Instituto Universitario de Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH). El funcionario sostuvo que existe una falta de información sobre los efectos ambientales de la industria y reclamó una mayor apertura por parte de las empresas. “Debemos exigir más transparencia. Los proveedores deben proporcionar esta información”, afirmó.

Según el informe, el mercado mundial de la inteligencia artificial experimentará una fuerte expansión durante la próxima década. Naciones Unidas estima que el sector pasará de un valor de 189.000 millones de dólares en 2023 a 4,8 billones de dólares en 2033.

El crecimiento previsto implica una demanda creciente de infraestructura tecnológica. Los centros de datos, instalaciones que albergan los servidores necesarios para operar sistemas de IA y otros servicios digitales, consumieron 448 teravatios-hora (TWh) de electricidad en 2025.

El estudio señala que, si ese nivel de consumo correspondiera a un país, ocuparía el undécimo lugar a nivel mundial, inmediatamente detrás de Francia, que registró un consumo de 468 TWh.

Las proyecciones de Naciones Unidas indican que para 2030 el consumo eléctrico de estos centros podría alcanzar aproximadamente 945 TWh. De concretarse ese escenario, las emisiones asociadas llegarían a unas 399 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂).

Como referencia, el informe indica que las emisiones netas del Reino Unido alcanzaron 367 millones de toneladas en 2025.

El documento también pone el foco en el uso intensivo de agua que requiere la infraestructura tecnológica. Según las estimaciones presentadas, el consumo hídrico de los centros de datos podría alcanzar los 9,3 billones de litros para 2030. La cifra equivale a las necesidades anuales de agua de toda la población del África subsahariana, de acuerdo con el informe.

Además, Naciones Unidas calcula que la superficie total ocupada por los centros de datos podría superar en más de 18 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York.

El informe dedica un apartado específico al impacto de los servicios de inteligencia artificial generativa. Según sus estimaciones, solo ChatGPT podría procesar alrededor de 2.500 millones de solicitudes por día. Esa actividad representaría cerca de 383 gigavatios-hora (GWh) de electricidad al año, una cantidad suficiente para cubrir el consumo anual de casi tres millones de personas en África subsahariana.

Los investigadores también advierten que no todas las aplicaciones de IA generan la misma demanda energética. Entre las más intensivas figuran los sistemas de generación de video, cuyos requerimientos eléctricos pueden superar ampliamente a los de otras herramientas.

“Los videos generados por IA son los más voraces”, señala el informe, que añade que un video corto puede consumir tanta electricidad como cientos de imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Naciones Unidas también alerta sobre una distribución desigual de los costos ambientales asociados a esta industria. Aunque la mayoría de los centros de datos especializados en IA se concentra en Estados Unidos, China y la Unión Europea, buena parte de las consecuencias derivadas de la extracción de minerales y del tratamiento de residuos afecta a países en desarrollo.

Madani subrayó que el objetivo del informe no es cuestionar la utilidad de la inteligencia artificial. “No es un informe anti-IA”, afirmó.

El director de UNU-INWEH agregó que la intención es anticipar los efectos de la expansión tecnológica. “Simplemente decimos que debemos supervisar de manera proactiva sus impactos para poder mitigarlos, para poder controlarlos antes de que sea demasiado tarde”, sostuvo.

Entre las recomendaciones incluidas en el documento figura la necesidad de que las empresas tecnológicas “hagan visible lo invisible” mediante la publicación de datos sobre la huella energética y ambiental tanto del entrenamiento de los modelos como de la generación de respuestas para los usuarios.

Asimismo, la ONU propone que los gobiernos incorporen la creciente demanda de inteligencia artificial en sus planes energéticos y que los centros de datos se instalen lejos de regiones que enfrentan escasez de agua.

El informe también plantea cambios de hábitos por parte de los usuarios. Sus autores recomiendan evitar el uso de herramientas de inteligencia artificial para tareas que pueden resolverse mediante tecnologías convencionales.

Según el estudio, una búsqueda en internet asistida por IA puede consumir hasta diez veces más energía que una búsqueda tradicional.

“¿Necesita ChatGPT para encontrar una receta?”, planteó Miriam Aczel, investigadora de la UNU-INWEH. La especialista sostuvo que decisiones simples por parte de los usuarios pueden contribuir a disminuir el impacto ambiental asociado a estas tecnologías. Muchos cambios de comportamiento sencillos pueden “reducir la huella ecológica”, declaró a la AFP.

(Con información de AFP)

House Democrats scored a rare victory on Wednesday after the chamber voted to advance a security package providing new military aid for Ukraine and imposing steep sanctions on Russia.

The Democrat-sponsored legislation cleared a procedural vote 218-204 with all Democrats present voting in the affirmative. Seven members of the House Republican conference supported the measure in a notable display of defiance against GOP leadership. 

The defecting Republicans included Reps. Don Bacon, R-Neb., Brian Fitzpatrick, R-Pa., Mike Lawler, R-N.Y., Michael McCaul, R-Texas, Max Miller, R-Ohio, and Joe Wilson, R-S.C. Additionally, Rep. Kevin Kiley, I-Calif., an independent who caucuses with Republicans, also voted to advance the bill. 

The security package would reaffirm U.S. support for Ukraine and NATO, authorize more than $1 billion in new military assistance, support Ukraine’s postwar reconstruction, and impose new sanctions on Russia and entities that support its war effort if Moscow continues the war, among other provisions. 

ANOTHER NATO ALLY SIGNS ONTO EUROPEAN NUCLEAR UMBRELLA AS CONTINENT BOOSTS SELF-DEFENSE

The measure now heads for a vote on final passage, where it is expected to pass as soon as Thursday. 

Its fate in the Republican-controlled Senate remains uncertain, where a bipartisan effort to impose sweeping sanctions on Russia has stalled for more than a year despite overwhelming support. Trump is expected to veto the legislation if it reaches his desk.

The vote came after Democrats and a handful of Republicans teamed up to force consideration of the legislation over the objections of House Speaker Mike Johnson, R-La., who controls the floor. 

Fitzpatrick, Bacon and Kiley crossed party lines to sign the Democratic-led discharge petition, a legislative maneuver that allows lawmakers to trigger a vote on legislation with majority support.

«This is our opportunity to provide the leverage that could prove decisive in ending this conflict on acceptable terms in a way that will deter future Russian aggression,» Kiley, an independent lawmaker, told Fox News Digital in an interview.

«It’s just inconceivable that we should not be having additional sanctions against working with Putin,» Rep. Joe Wilson, R-S.C., who supported the underlying bill’s advancement, told Fox News. «Over and over again, we need to be standing with the courageous people of Ukraine.»

«We need to stop what Putin is doing, which is trying to resurrect the Soviet Union,» he added.

Rep. Kevin Kiley, I-Calif., was the 218th signature on the discharge petition forcing a vote on the Ukraine Support Act. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc.)

6 HOUSE REPUBLICANS DEFY TRUMP ON KEY AGENDA ITEM IN DEM-PUSHED VOTE

The measure was vigorously opposed by Republican leadership, who argued the pro-Ukraine measure was poorly drafted and undermined the administration’s efforts to end the years-long conflict, which has been estimated to have killed hundreds of thousands.

The bill calls for NATO countries to increase defense spending to 2% of GDP prior to NATO’s Washington Summit — an event that occurred nearly two years ago in July 2024. Trump also secured a newer commitment from allies in 2025 to hike defense spending to 5% of their economic output over the course of a decade. 

Additionally, the legislation mandates that Radio Free Europe/Radio Liberty, a taxpayer-funded outlet, have its funding restored after the Trump administration sought to cut off the outlet’s congressionally approved funding in 2025. Federal courts later ordered the funding restored amid an ongoing legal battle.

The Russia-Ukraine war has continued with no end in sight, despite Trump’s vow to end the conflict upon returning to office.

Proponents of the Ukraine Support Act argue that the legislative branch should pressure the Trump administration to take a harder line against Russian President Vladimir Putin.

«This is the moment for Congress to assert itself,» Kiley told Fox News Digital. «We’re seeing just further brutality on the part of Russia now, and so I think that if Congress gets involved in a meaningful way, it could provide the decisive leverage to finally bring about a resolution.»

The successful discharge petition is the latest instance in which a majority of lawmakers have worked around Johnson’s opposition to put legislation on the floor. 

«Democrats have repeatedly governed in the minority as if we were in the majority, and we’re going to do so again this week,» House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., said Tuesday, arguing his party is displaying support for «the free world, for democracy, for truth and the Ukrainian people» by forcing a vote on the security package. 

House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., speaks with reporters as he walks to his office after a press conference at the U.S. Capitol in Washington, D.C., on March 27, 2026. (Samuel Corum/Getty Images)

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The use of discharge petitions, a rarely used tool historically deployed by the minority, has exploded under Johnson’s leadership.

A coalition of Democrats and a handful of Republicans has used the legislative maneuver to force votes on legislation compelling the release of the Epstein files, extending legal protections to Haitian nationals and overturning a regulation targeting federal employees’ collective bargaining rights.

La crisis política que vive Bolivia amenaza con derivar en un enfrentamiento entre la población de las ciudades y del campo, tras casi un mes de bloqueos de carreteras que afectan la provisión de alimentos, medicamentos y combustibles sobre todo en el área andina y que ya han dejado al menos nueve muertos, en medio de varios episodios en los que la gente ha intentado desbloquear las rutas.

Los analistas Pedro Portugal y Gabriela Canedo advirtieron, en declaraciones a EFE, sobre el riesgo de los choques por una fractura casi atávica por razones étnicas y culturales, pero también por una supuesta inacción ante el conflicto del Gobierno Rodrigo Paz, cuya renuncia piden los sectores movilizados.

«El Gobierno no está haciendo absolutamente nada, es como si estuviese esperando que la población que le apoya se enfrente a los bloqueadores y se resuelva esta cuestión en un enfrentamiento entre civiles, en vez de que sea una intervención estatal», dijo Portugal, especialista en temas indígenas.

En varias regiones hubo incidentes y amagos de enfrentamiento entre pobladores del campo y las zonas urbanas a favor y en contra de los bloqueos, pero los analistas observan en esos episodios indicios de una polarización que puede escalar a choques civiles, como ha ocurrido otras veces en Bolivia.

Portugal consideró importante recordar que Paz llegó al poder con el apoyo de «sectores populares e indígenas» que votaron en sus comunidades por consigna, no tanto por él, sino por su vicepresidente, Edmand Lara, por su «extracción plebeya».

La Federación de Campesinos Tupac Katari reclama a Paz por la supuesta «traición» que supuso haber aprobado primero medidas a favor de empresarios del oriente boliviano, antes de pactar con los sectores de la zona andina que le votaron y también por su distanciamiento de Lara, quien se declaró opositor al Gobierno.

A juicio del analista, la «ruptura» explica los bloqueos de los campesinos, que también tienen como fondo histórico la conflictiva relación de los indígenas con el Estado debido a la persistencia de la pobreza y por su exigencia de ser parte del mismo, «pero no en una posición subordinada, sino protagónica».

Los bloqueos de carreteras son una medida histórica de lucha de esos sectores desde 1781, cuando una rebelión indígena liderada por Tupac Katari castigó a La Paz durante varios meses, impidiendo el paso de alimentos para la población española, criolla y mestiza.

La consecuencia de las protestas actuales son al menos nueve fallecidos, de los que seis son personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los bloqueos, además del desabastecimiento de alimentos y medicamentos.

Para la socióloga Canedo, el conflicto muestra la persistencia del «fantasma del 2019», en alusión a la crisis vivida ese año cuando el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) renunció denunciando un supuesto golpe de Estado, ante una ola de protestas sociales por denuncias de un fraude a su favor en las fallidas elecciones generales, luego anuladas.

La crisis provocó 37 muertos, varios de ellos afines a Morales, en lugares como el barrio de Senkata, en el Alto, y la localidad de Sacaba, (centro), en enfrentamientos civiles y tras intervenciones militares.

«Hemos tenido una pausa de seis años y ahora, con el cambio de Gobierno hace seis meses, tenemos nuevamente esto y el fantasma del 2019 y sabemos las consecuencias», apuntó Canedo.

En la actual crisis, agregó, hay una «efervescencia de los discursos racistas» que están detonando las «heridas históricas», pero se trata de un problema estructural que sale a flote provocando más polarización.

«Los problemas pueden ser económico sociales, pero lo que se toca son las identidades étnicas», sostuvo.

Más allá de la discriminación mutua entre habitantes del campo y la ciudad, el contexto muestra una mayoría «que sufre las peores condiciones sociales y económicas» ante «una minoría que sí goza de privilegios», agregó.

A su juicio, si el Estado no equilibra las condiciones de igualdad para sectores vulnerables, existe el riesgo de que la sociedad se dirija a «un ajuste de cuentas» con «resentimiento, revancha y odio».